POLÍTICAS Y GESTIÓN PÚBLICA PARA EL ESTUDIO MUNICIPAL: CONSULTORÍA ESPECIALIZADA

POLÍTICAS Y GESTIÓN PÚBLICA PARA EL ESTUDIO MUNICIPAL: CONSULTORÍA ESPECIALIZADA

Maria Cecilia Montemayor Marin y otros

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EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS SOCIALES EN EL DESARROLLO REGIONAL

Lidia Rangel Blanco

INTRODUCCIÓN

La conciencia del desarrollo social y el bienestar de la humanidad es un logro muy reciente: la ONU, que es un organismo dedicado al análisis de las problemáticas sociales que aquejan al mundo, reconoce que existe la necesidad urgente de resolver graves problemas sociales, especialmente la pobreza, el desempleo y la marginación social, que afectan a todos los países.

La manera en que los gobiernos pueden incidir en el proceso de cambio estructural para modificar las condiciones en las que vive la sociedad es mediante la implementación de políticas públicas.

En este contexto, el propósito del presente trabajo es abordar el análisis de las políticas públicas en los distintos ámbitos de su aplicación, tomando a la pobreza, en cuanto a problemática social representativa del grado de desarrollo, y las políticas diseñadas e implementadas para abatirlas como una muestra del impacto en amplios sectores de la población, particularmente de nuestra región.

Se hace una crítica a las políticas sociales que prevalecen en la Zona Conurbada del Sur de Tamaulipas como desvinculadas de las necesidades de planificación para el desarrollo y en contraparte se enfatiza en lograr la vinculación entre la investigación social de los aspectos y problemáticas de la región y el diseño responsable de las políticas públicas que se puedan instrumentar para incidir efectivamente en ella.

Según la cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social (1995),dice que para sostener el desarrollo y la justicia social, es necesario un crecimiento económico de amplia base y sostenido, en el contexto del desarrollo sustentable; por consiguiente, es un elemento fundamental de las necesidades y aspiraciones de las personas del mundo entero y de las responsabilidades de los gobiernos y de todos los sectores de la sociedad civil: en términos económicos y sociales, las políticas y las inversiones más productivas son las que facultan a las personas para aprovechar al máximo sus capacidades, sus recursos y sus oportunidades.

El desarrollo para ser sustentable debe ser concebido como un proceso multidimensional en Interrelación temporal en el cual la trilogía equidad, competitividad y sustentabilidad, se basan en principios éticos, culturales, socioeconómicos, ecológicos, institucionales, políticos y técnico-productivos.

En México se le da gran relevancia a las políticas de asistencia dirigidas a atender la "emergencia social", es decir, cuya población objeto es aquella que se encuentra en situación de "vulnerabilidad social".

Esta población es la que no puede satisfacer sus necesidades como consecuencia de las restricciones de carácter estructural, que impiden la obtención de los recursos para el consumo, por vía del salario u otros ingresos monetarios. En este sentido, las políticas adoptadas por los países desarrollados de asistencia social para reducir las problemáticas sociales, cumplen dos funciones; de cobertura inmediata y de prevención. Lo que se ha estado arrastrando hasta la actualidad. Terry (1978), define a la política como una orientación verbal, escrita o implícita que fija la frontera proporcionada por límites y dirección general en la cual se desenvuelve la acción administrativa. Según Agesta (1993), considera que la política debe posee tres sentidos gramaticales:

a) La política como actuación del poder.

b) La política como disyunción , lucha y oposición

c) La política como actividad orientada a un fin.

Es de gran importancia diferenciar que es una política de estado, una política de desarrollo y una política pública para poder comprender el impacto que cada una ellas puede tener en un país o región.

Una política de Estado, es una definición estratégica sobre la manera de alcanzar la modernización de la economía en el largo plazo tal como lo han hecho otros países en el mundo (Buchanan, 1988). De este modo se debe entender que una política de Estado: primero, rebasa el limitado horizonte temporal de una administración, y segundo, va más allá de la definición de la política económica convencional, abocada al control de las variables macroeconómicas; pues define la estrategia para establecer en el largo plazo una política de Estado en materia de educación, salud, infraestructura, seguridad, empleo, desarrollo tecnológico, competitividad productiva etc. (Amezcua, 1997).

Por otra parte, para Suárez (1998), se considera como política de desarrollo a un conjunto de medidas institucionales adoptadas deliberadamente por el gobierno municipal, estatal o federal, y cuyo propósito es alcanzar metas (a corto, mediano o largo plazo) de contenido social, económico o político. La población debe ser el principal objetivo de una política de desarrollo, ya que es un desarrollo socialmente integrado y económicamente equilibrado el que es deseable alcanzar como meta a largo plazo (Duhau, 1991). En donde, la población desempeña el papel central, pues es a través de ella como estos cambios suceden.

Las políticas públicas son las acciones del gobierno, que buscan dar respuesta a las diferentes demandas de la sociedad, como señala Chandler y Plano (1993), se puede entender como uso estratégico de recursos para aliviar los problemas nacionales, es decir como lo plantea Easton, se trata de extraer recursos de la sociedad para volver a colocarlos en ella.

Por otra parte son el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, actuando directamente o a través de agentes y que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos.

En materia de políticas públicas podemos identificar dos grandes lineamientos: las políticas de prevención y las políticas de asistencia social; las políticas de primer nivel de prevención, de carácter estructural están constituidas por las políticas de empleo y por las políticas salariales. Entre las principales políticas sociales de prevención se consideran las siguientes: a) salud (políticas hospitalarias, vacunación, alimentación, saneamiento); b) educación; c) vivienda; d) infraestructura urbana y sanitaria (agua, drenaje, recolección de basura, luz, gas, pavimento); e) seguridad social (obras sociales, jubilación, pensiones). En el marco de las políticas de asistencia social, tenemos aquellas dirigidas a atender las necesidades de grupos en condiciones de "vulnerabilidad biológica" (ancianos, embarazadas y niños, enfermos crónicos, etc.); y otras destinadas a la atención de emergencias ocasionales (inundaciones, incendios, terremotos, etc.).

Al analizar las políticas públicas en México, es posible identificar una tendencia importante hacia modelos asistenciales y de control social, implementadas por un sistema político que buscaba permanecer en el poder y que se mantuvo en él por más de 70 años. El descuido que grandes sectores sociales padecieron durante los gobiernos nacionalistas de los años 70 y de las administraciones de las crisis de los años 80’s y 90’s fueron el caldo de cultivo para la evolución de un país con grandes necesidades y sobre todo con una profunda inequidad. Donde el incremento de pobreza y desempleo son en la actualidad de gran importancia para el gobierno. La toma de decisiones, los planes y programas son dirigidos a la atención de la pobreza y el desempleo, siendo este último uno de las causas por las que se incrementa el nivel de pobres. Sin duda, la pobreza es considerada uno de los problemas más críticos de nuestro tiempo y es también uno de los más explorados por la investigación social, a través de la cual se han hecho importantes avances teóricos. Sin embargo, también se puede decir que hay hasta el momento, una falta de consenso tanto en su definición como en su medición (Salles y Tuirán, 2000), aunque el énfasis en los niveles de ingreso ha llevado a la noción de pobreza más desarrollada en el mundo (Silva, 2000); de ahí que la línea internacional de pobreza esté marcada por el dólar diario disponible, o el ingreso o gasto de los hogares por unidad de tiempo (Boltvinik, 2001).

Actualmente México, esta sumergido en la pobreza; en contraste con las cifras oficiales que declaran que se ha abatido la pobreza extrema y que se ha avanzado considerablemente en reducir la pobreza de necesidades básicas. Boltvinik (2004) estima que el 80% de la población permanece en línea de pobreza y que si en el 2002 era considerado como un país de grados medios de pobreza, comparándolo con respecto a otros países de América Latina, ahora se puede considerar un país que se manifiesta en las diferentes clasificaciones de pobreza, como se muestra en la siguiente tabla.

Una persona es pobre cuando se encuentra en una situación precaria en la que carece de capacidades y oportunidades de desarrollo, lo que manifiesta en situaciones de escasos ingresos, insalubridad, desnutrición y vulnerabilidad a las enfermedades y a las inclemencias del medio ambiente, que por supuesto, inciden negativamente en sus oportunidades de sobrevivir y mejorar su calidad de vida (Ayala ,2005).

Las cuestiones relativas a pobreza han sido abordadas constantemente a lo largo del desarrollo de la economía como ciencia, aunque recientemente adquieren un mayor relieve, a partir de la toma de conciencia universal. La OCDE, ONU y el Banco Mundial han trabajado en la implementación de estrategias esenciales para reducir la pobreza, así como también en una serie de estudios basados en datos obtenidos de encuestas sobre el tema para definir la naturaleza y determinar los factores de pobreza de cada país.

Cada uno de estos organismos tiene su propia concepción de pobreza, lo cual ha dado lugar a instrumentos orientados a medirla, sus aproximaciones se encuentran en el momento de construir indicadores de pobreza. Tales como:

a) El índice de desarrollo humano mide el promedio del progreso y se basa en tres dimensiones: una vida larga y saludable, conocimientos y un nivel de vida digno.

b) El índice de pobreza humana, aplicado a países en desarrollo intenta la medición de las privaciones que los países en relación con las tres dimensiones que se han definido para el índice de desarrollo humano.

El Índice de Desarrollo Humano se ha definido como un pacto entre las naciones para eliminar la pobreza, comprometiéndose a mejorar las capacidades socioculturales. Se refieren a las posibilidades de llegar a ser un miembro apreciado en una comunidad. Se relacionan con el “status” social, con la dignidad y con otras condiciones de orden cultural consideradas indispensables para formar parte de una sociedad.

El segundo índice combina la probabilidad al nacer de no sobrevivir hasta los 40 años, la tasa de analfabetización de adultos, la población sin acceso sostenible a una fuente de agua mejorada y el número de niños con peso insuficiente para su edad. Otro de los enfoques que constituye un elemento vital en la lucha contra la pobreza es el incremento en el PIB y en el PIB per cápita, con reducciones en el desempleo y en la inflación, con incrementos en el salario mínimo, con reducciones en la desigualdad global y con incrementos (o al menos estabilidad)

La pobreza es de corte estructural, empezando por el propio sistema capitalista, la existencia de dos clases sociales los pobres y los ricos. Se ha incrementado debido a la ineficiencia de políticas asistenciales que dan como resultado la generación de más pobres.

Los programas y proyectos de política pública encaminados a corregir el problema de la pobreza son coordinados desde la Federación, recorre diversas escalas de administración pública: estatal, municipal y local, cada estado de la Republica tiene una coordinación encargada de dirigir a todas las instancias gubernamentales que participan para hacerlo realidad. Todas estas instancias no tienen capacidad de decisión sobre las etapas operativas de los programas, ya que todas las decisiones y procesos de planeación que se realizan son en las oficinas centrales de la ciudad de México, por lo que, teóricamente no tienen ninguna ingerencia en las fases de selección de los programas ni de intervención en procesos de evaluación. Notándose una claro centralismo en la toma de decisiones, sin considerar las carencias reales de cada región, despilfarrando recursos federales para mantener el poder político , sin una visión de fondo en las políticas que se aplican, trayendo consigo un sin fin de intereses de las clases pudientes y un deterioro social.

Si analizamos los planes municipales de la ZCST, encontramos que es un trazado en líneas muy generales del cumplimiento de la ley de desarrollo municipal donde sus principales preocupaciones son, en primer término, lograr la aceptación de la opinión pública a través de los servicios cotidianos como recolección de basura, alumbrado y obra material más perpetuar su paso por la administración con una obra monumental, no necesariamente en respuesta a una necesidad general.

Ha faltado visión para anticipar, a través de instrumentos institucionales, el desarrollo regional. En vez de eso, cada municipio de la conurbación ha creado organismos cuando los problemas se manifiestan, pero, por lo demás, son tan independientes entre sí que aunque trabajen sobre el mismo problema no tienen objetivos ni medios comunes. Así, los resultados obtenidos son tan independientes como los mismos organismos y obviamente están lejos de encontrarse articulados entre sí.

El cambio de ejecutivos en las entidades federativas, en las secretarías, en los organismos y dependencias públicos, obedeciendo al ciclo sexenal, o trianual, en el caso de los municipios, no despierta interés para invertir recursos en planeación de actividades de desarrollo a mediano y largo plazo. Los esfuerzos se concentran en programas propios y, por lo mismo, tampoco se manifiesta interés en la búsqueda de la coordinación de actividades con otras instituciones.

De aquí que se considere como fundamental para implementar una política de desarrollo el "institucionalizarla", es decir, el integrarla al "sistema" político-administrativo, no como un organismo más, sino como el resultado de organizar o de reformar administrativamente la participación de las instituciones competentes del ramo. Al institucionalizar la política de desarrollo se podrá, en cierto modo, asegurar la continuidad y trascendencia del futuro desarrollo.

Los esfuerzos de investigación de la problemática regional no han servido de base para el análisis, la planeación y la toma de decisiones, terminan siendo material de consulta para especialistas, cuando deben considerarse como una herramienta fundamental para el diseño de políticas de desarrollo que impacten a la sociedad en su conjunto.

Una política de desarrollo no puede soslayar el conocimiento puntual y objetivo de la problemática que trata, ya que en cada región, y siendo estrictos, en cada municipio tiene características particulares. Sería relevante estudiar, incorporando análisis cualitativos y en profundidad, tratando de comprobar si tratamos con fenómenos locales o reflejo de procesos más globales, y en qué medida el desarrollo de programas participativos a nivel de las comunidades, tiene influencia sobre esta relación. Es importante que se realicen evaluaciones de programas sociales, dentro de una perspectiva teórica crítica, que tomen en cuenta la naturaleza política de los problemas sociales y de las acciones emprendidas para hacerle frente.

Es urgente la vinculación entre la investigación de los problemas propios de la región y el diseño y planificación de políticas públicas incluyentes, democráticas, con amplia visión de futuro.

CONCLUSIÓN

En el contexto de la economía mexicana, los instrumentos impuestos por las instituciones internacionales para contrarrestar la problemática social, no han tenido un impacto significativo, se debe contemplar el proceso histórico, las características geográficas y las condiciones reales de la población para poder instrumentar estrategias esenciales adecuadas de desarrollo.

En una perspectiva nacional y regional es necesario promover los programas y los gastos sociales básicos, en particular los que afecten a los pobres y a los sectores vulnerables de la sociedad, protegiéndolos de recortes presupuestarios, aumentando al mismo tiempo la calidad y la eficacia de los gastos sociales; examinar las repercusiones de los programas de ajuste estructural en el desarrollo social, con inclusión, según proceda, de evaluaciones de los efectos sociales, teniendo presentes las diferencias por razón de sexo, y otros métodos pertinentes, a fin de elaborar políticas para reducir los efectos negativos y aumentar los positivos; promover un enfoque integrado del proceso de transformación, tomando en consideración las consecuencias sociales de las reformas y las necesidades de desarrollo de los recursos humanos; así como asegurar que se utilicen estadísticas e indicadores fiables para elaborar y evaluar las políticas y los programas sociales de modo que los recursos económicos y sociales se utilicen en forma eficiente y eficaz.

En este contexto, la manera en que los gobiernos pueden incidir en el proceso de cambio estructural para modificar las condiciones en las que vive la sociedad es mediante la implementación de políticas públicas. Entendemos por política pública un instrumento de trabajo mediante el cual se pretende alcanzar desde el Estado, en forma sistemática y coherente, ciertos objetivos de interés para el bienestar de toda la sociedad civil.

Por otro lado, una política pública debe estar sustentada en un cuerpo teórico que oriente los cursos de acción, así como la toma de decisiones, el establecimiento de prioridades y la asignación de recursos financieros en el ámbito público; de la misma manera la política debe crear los canales para trasmitir flujos de información entre el Estado y la sociedad Civil; finalmente, este instrumento de trabajo debe señalar los objetivos, recursos, señalar límites y plazos para el cumplimiento de las alianzas o acuerdos y llevar a la práctica la propuesta de trabajo (Pliego, 1998).

Desde un punto de vista metodológico la política pública debe originarse y formularse en forma sistemática y coherente, tratando de coordinar el tema espacial (Internacional, Nacional, Regional, Comunal y Micro - local), con el tema temporal (corto, mediano y largo plazo), considerando además su viabilidad política y financiera (Lahera, 1999).

El rol fundamental de la política pública es compatibilizar los intereses colectivos con el interés individual, sin perder de vista que la razón es alcanzar el bien común para poder tener posibilidades de desarrollo económico sustentable bien equilibrado.

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