Evaluación de la aplicación de políticas públicas de salud en la ciudad de Cartagena

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SALUD EN LA CIUDAD DE CARTAGENA

Julio Mario Orozco Africano

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Protección a la familia, la juventud y la niñez

Se implementará una política pública de infancia que proteja y fortalezca el capital humano de la infancia y le garantice sus derechos fundamentales. Esta se basa en el reconocimiento de los niños y niñas como sujetos sociales y como ciudadanos con derechos. La política enfatiza la necesidad de focalizar la atención de manera prioritaria hacia aquellos sectores de la infancia que se encuentran en mayor riesgo, en situación de desprotección por su extrema pobreza o pertenezcan a grupos vulnerables.

Esta política contempla los siguientes elementos:

- Se promoverá la atención en el medio familiar y social comunitario, mientras que se desincentivará la atención institucional y el internado. Para aquellos excluidos del sistema educativo y de los cuidados al menor, el ICBF desarrollará en concurrencia con los municipios programas especiales. La atención integral será coordinada entre los sectores responsables de garantizar los derechos fundamentales de la niñez.

- El ICBF se especializará en la formulación y dirección de las políticas para la niñez y la supervisión de los programas. La ejecución se confiará paulatinamente a las entidades territoriales y organizaciones comunitarias, teniendo en cuenta sus diferentes grados de desarrollo institucional

Se evaluarán diferentes alternativas de administración a través de ONG y se pondrán en operación aquellas que garanticen mayor cobertura, eficiencia y calidad en el servicio. Asimismo, se prevé que el esquema de supervisión sea contratado. Además, se implementarán consultas municipales para la formulación participativa de la política pública de infancia que permitan fortalecer a las entidades territoriales en su ejecución y seguimiento

- Con miras a optimizar el uso de los recursos y propiciar mayores coberturas, se profundizará el esquema de cofinanciación de los programas con recursos parafiscales, recursos de las entidades territoriales y otros, orientados a financiar las acciones y programas de prevención, atención integral y protección de la población infantil

- Se crearán nuevas modalidades de atención con estándares técnicos y efectividad probada por el ICBF que permitan ampliar la cobertura en función de las necesidades definidas por la comunidad y en favor de la niñez. Se diseñarán participativamente planes municipales de acción con proyectos y programas sostenibles y accesibles a la población infantil y sus familias, adaptados a sus necesidades y acordes a las diferencias culturales, con el compromiso de los diferentes sectores, instituciones y la comunidad. Los planes deben garantizar que los niños, niñas y sus familias participen en su construcción y seguimiento

- La asignación de los recursos parafiscales de cofinanciación se hará en función de las necesidades y los riesgos que se van a cubrir en las diferentes regiones y de los resultados en la gestión. Estos serán evaluados con indicadores de cobertura, eficiencia y calidad. De esta manera, los esfuerzos municipales para la consecución de mayores coberturas y mejor calidad de la atención serán reconocidos en las asignaciones anuales. En todos los casos, los esquemas de cofinanciación se aplicarán sobre la base de la totalidad de los recursos de gasto social para la familia y la niñez disponibles por parte de la Nación y los entes territoriales, con el fin de evitar la dispersión de programas y la duplicación de acciones

- Los Consejos para la Política Social (CPPS) serán los encargados de adaptar las políticas y los programas a las necesidades de cada población. En 2006 estarán funcionando CPPS en el 100% de los municipios del país, al igual que se habrán incorporado a los respectivos planes de desarrollo territorial los programas, proyectos y recursos de inversión que sean definidos para proteger y fortalecer el capital humano de la infancia. Esta será condición necesaria para acceder a los recursos de cofinanciación con rentas parafiscales

- Cada municipio definirá los medios de generación de la información, para la construcción del Índice de Bienestar de la Niñez y lo aplicará, para analizar las condiciones de los niños y niñas y orientar la ejecución de los recursos hacia acciones prioritarias. Así mismo, se aplicará la estrategia de “Talleres de Construcción de Política Pública de Infancia” para que las aspiraciones de la comunidad sean identificadas y tenidas en cuenta

- Con el fin de generar espacios más amplios para el desarrollo de la infancia, se adoptará la modalidad de hogares múltiples como mecanismo de atención social-comunitario. Para su construcción y sostenimiento concurrirán recursos de las Cajas de compensación familiar, los gobiernos territoriales, la Nación, las comunidades y otras fuentes privadas. A través de la estrategia Creciendo y Aprendiendo, se cualificará el progreso de los niños desde su gestación, coordinando su atención entre la familia, la comunidad y las instituciones del Estado. Se implementarán estrategias permanentes de capacitación a los padres, agentes educativos y cuidadores, en la comprensión de los niños y jóvenes como sujetos con derechos, pautas de crianza, valores, pedagogía del afecto, economía familiar, anticoncepción responsable, prevención de la violencia intrafamiliar y del maltrato infantil

- A partir de 2004 la focalización de los beneficiarios de los programas del Servicio público de bienestar familiar (SPBF) se hará a través del Sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales del Estado (Sisben) con prioridad en la población infantil menor de 5 años perteneciente a familias ubicadas en los niveles 1 y 2 del Sisben

- Se promoverá el cambio del Código del Menor hacia una Ley Marco de Infancia y Familia que refuerce los mecanismos jurídicos y legales de protección al menor, de tal forma que se castigue a quienes violen sus derechos y atenten contra su integridad, su desarrollo físico y moral, e incorpore la convención internacional de los derechos de los niños y demás tratados internacionales. En tal sentido, se definirán los instrumentos normativos y de aplicación de la justicia penal juvenil para los casos de infracción y contravención a la ley. En ellos se definirán elementos de protección y reeducación, así como la penalización de delitos atroces en cárceles especiales y la penalización de los sujetos que les inducen al crimen. Asimismo, se penalizará la violencia intrafamiliar. Con el propósito de garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños y jóvenes se pondrá en funcionamiento un mecanismo para la medición de su cumplimiento desde su propia percepción. Este permitirá orientar las acciones conjuntas desde la familia, la sociedad civil y el Estado

- Se dará el ordenamiento jurídico de las instituciones prestadoras del Servicio Público de Bienestar Familiar. Con este fin, se realizará un registro de instituciones y se diseñará un sistema de habilitación y acreditación que incentive la eficiencia y la calidad de los servicios

- El ICBF deberá reestructurarse para cumplir de mejor manera su función como cabeza sectorial en la formulación y dirección de políticas, el análisis de información, la asistencia técnica a los programas y el apoyo a las comunidades en sus proyectos de desarrollo. A los centros zonales del ICBF les corresponderá ejercer la Secretaría Técnica de los CPPS en el nivel municipal y administrar los programas del Instituto en concurrencia con los programas ejecutados por los municipios

- Se desarrollarán estrategias permanentes y continuas de comunicación y mercadeo social orientadas al fortalecimiento de la institución familiar, las cuales deberán ofrecer información útil a la familia como la administración del presupuesto familiar, la prevención de accidentes o prácticas saludables en el hogar, los mismo que el acceso a los servicios, la información sobre derechos, seguridad alimentaria, programas nutricionales y de desarrollo del menor. Igualmente, servirán como canal permanente para mejorar la interacción entre las instituciones y los ciudadanos y para construir de manera conjunta mejores condiciones de bienestar

- Para los niños y jóvenes con derechos vulnerados, el Estado buscará el restablecimiento de vínculos familiares y comunitarios, al tiempo que fortalecerá la protección integral con el propósito de recuperar el ejercicio pleno de sus derechos; en especial de aquellos víctimas de violencia intrafamiliar, de desplazamiento forzado, del abuso y del delito organizado, vinculados al conflicto armado, o declarados en abandono, para construir proyectos de vida que aseguren su desarrollo personal y social. Con el propósito de garantizar la preparación laboral e integración social de los niños y jóvenes con derechos vulnerados, se realizarán las gestiones necesarias para que culminen su ciclo educativo básico, desarrollen habilidades específicas y cuenten con formación técnica y tecnológica mediante convenios con el Sena, sectores productivos y organizaciones de la sociedad civil

- Se promoverán figuras asociativas de carácter precooperativo conformadas exclusivamente por madres comunitarias, a las que se les ofrecerá capacitación en nutrición, pautas de crianza, desarrollo infantil, organización, manejo de microempresas y acceso a líneas de microcrédito

Estas organizaciones se constituirán en un mecanismo de gestión autónoma para la consecución de sus objetivos sociales y económicos y podrán ofrecer el servicio de restaurantes infantiles y escolares, entre otros