Evaluación de la aplicación de políticas públicas de salud en la ciudad de Cartagena

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SALUD EN LA CIUDAD DE CARTAGENA

Julio Mario Orozco Africano

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Política Nacional de Salud

Plan Nacional de Desarrollo 2002 – 2006

Sostenibilidad financiera

A partir de la aprobación de la Ley 100, el gasto público en salud pasó de 3,5% del PIB en 1993 a 4,5% en el año 2000. En el mismo periodo, el gasto total creció de 7,1% del producto a 8,2%. Pero a pesar de los nuevos recursos, el SGSSS presenta problemas financieros tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado y en los prestadores de servicios.

Los principales problemas del régimen contributivo tienen que ver con los altos niveles de evasión y elusión (cercanos a 36%) y las deficiencias en los mecanismos de recaudo6. Adicionalmente, la crisis económica ocasionó una caída en el número de cotizantes y un aumento en la densidad familiar. El régimen subsidiado también ha sido afectado por la crisis, lo que ha limitado la ampliación de la cobertura y puesto en peligro la sostenibilidad del mismo. Igualmente, la asignación del gasto, que muchas veces privilegia el gasto institucional de los hospitales públicos, ha afectado las metas de ampliación de cobertura.

Los hospitales públicos vienen acumulando grandes pasivos como consecuencia de problemas internos de organización y gestión7. Entre los principales pasivos se cuentan las obligaciones laborales, las deudas con proveedores de bienes y servicios y las obligaciones financieras. Con posterioridad a la aprobación de la Ley 100 de 1993, los ingresos y los gastos de los hospitales públicos se incrementaron en términos reales. Mientras el total de ingresos de los hospitales creció 108% entre 1994 y 2000, el total de gastos creció 155% durante el mismo periodo. El déficit de los hospitales públicos comenzó a crecer a partir de 1996. Desde entonces, la brecha entre ingresos y gastos se ha amplicado de manera sistemática.

Desde tiempo atrás, el Gobierno Nacional cedió a las entidades territoriales la titularización de las rentas provenientes de los juegos de suerte y azar -que es un monopolio del Estado86-, para financiar la atención en salud. Infortunadamente, su explotación no se ha adaptado a la evolución de demanda, lo que ha ocasionado la disminución de los recursos para el sector.