URUGUAY
UN DESTINO INCIERTO
Jorge Otero Menéndez
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Política Exterior Barrial y las Joyas de la Abuela en la Vereda
Señalamos que, a nuestro juicio, Uruguay parece ir al encuentro de una más intensa adversidad económica y financiera, con sus correspondientes repercusiones en el área social, por las naturales consecuencias de la política exterior implementada y las características de nuestro régimen político en lo que hace a su funcionamiento cupular y a las orientaciones internas que instrumentan.
Vaya ello dicho pese al eventual respiro que puede ofrecer la nuevamente forzada sobrevaluación de la moneda.
Las vicisitudes de las políticas cambiarias de nuestros vecinos, el salto inflacionario originada en el arrastre del peso y la ausencia de controles en los precios en un mercado de las dimensiones del nuestro en el que predominan los oligopolios y la demanda no está habilitada siquiera para opinar sobre la calidad de los productos ofrecidos a su venta, todo como natural prolongación de las omisiones en que el Estado incurre cuando se trata de discutir sobre sus propios bienes, y los problemas en la obtención de créditos, a los que se agregan, además, el de altas tasas de interés, hacen al fracaso de cualquier emprendimiento productivo. Y, en última instancia – lo estamos viviendo – a toda la población.
Asimismo, las constantes mudanzas en la reglas del juego económico interno dispuestas por los gobiernos dentro del perímetro autoritario del que se valen y al cual alimentan – por ejemplo las que llevaron adelante, en su momento, una fuerte sobrevaluación del peso uruguayo y, luego, el estímulo al endeudamiento interno en dólares - , son mucho más grave para la larga mayoría de los actores nacionales – las pequeñas y medianas empresas – y el país en su conjunto que la supuestamente espuria existencia del Estado para los neo anarquistas sin ideología y sólo en ese aspecto, conocidos como neo liberales.
Son los cambios en el escenario donde se desarrolla la vida económica - que se ven reflejados en una continua defensa de algunos grupos de presión, en nombre de una incierta estabilidad jurídica - los que nos causan más intenso daño, dado que es el gobierno – su núcleo duro con alguna tenue disidencia interna - quien altera las condiciones en que aquellas se desenvuelven, llevado por las condiciones que imponen las economías a las cuales atamos nuestro destino y su propia vocación.
Vivir en ese error si bien logró en su momento el crecimiento económico de algunos seleccionados y puntuales sectores, en el corto y mediano plazo, ha alentado – y citamos así otro hecho del cual es, sin embargo, responsabilidad exclusiva el haber quedado sometido a esos designios barriales sin adoptar los recaudos que hubieran amortiguado las consecuencias que ello representaría en el orden nacional - el predominio en su beneficio de los grupos de interés más fuertes, que prosiguieron incrementando la característica de “afavelamiento” – de actuación sin marco normativo - de nuestro viejo corporativismo, en desmedro de las posibilidades de crecimiento real del país, como ya ocurrió en el pasado.
A éste último respecto también desconocimos antecedentes significativos, una de cuyas manifestaciones fue el desgraciado Comité de Vigilancia Económica que aceitó otra dictadura: la de Gabriel Terra. El que estaba integrado, “por la Federación Rural, La Unión Industrial del Uruguay y diversas entidades que agrupaban al comercio mayorista y minorista... con objetivo de enfrentar: ‘la política socializante del Poder Ejecutivo’. Para dar un alto definitivo a las ‘exageraciones demagógicas en materia económica y social” planteó (el Comité) entre otras medidas, la necesidad de una reforma constitucional que suprimiese el Consejo Nacional de Administración[i], la detención del estatismo, la disminución del gasto público, de la burocracia y la frecuencia de los actos electorales”[ii]. Fue en setiembre de 1929 que se conformó y su fin era la rectificación definitiva de las políticas batllistas, poco antes del fallecimiento de Batlle y Ordóñez. Creían que el retorno de su hora plena había, finalmente, llegado[iii].
¿No tienen un eco de actualidad los objetivos propuestos entonces? ¿Y que sucedió una vez implementadas las políticas terristas en la materia?
Justo es decirlo, aunque compartieran con las del Comité de marras resentimientos y diferencias ideológicas contra el histórico líder, no alcanzan éstas últimas el maximalismo instigado por el primero. Debieron esperar esos grupos de presión otra dictadura y la restauración de la democracia que lo sucedió para que empezaran a tener efectividad.
“Como dijo Eduardo Acevedo Álvarez hacia 1937 (que pudo ser repetido en el período 78-82 o desde casi finales de los 80 o durante los 90): ‘la situación del país da la sensación de que estamos en prosperidad (....). Pero convengamos que la riqueza está mal repartida. El país estará bien en conjunto, pero nunca ha habido tanta desocupación y tanta miseria en las clases modestas..[iv].”
No obstante ser contundentes los saldos negativos que nos ha arrojado la política de dependencia con la subregión, se insiste en la posición, atribuyéndose como motivos de la crisis el supuesto conservadurismo de los uruguayos, las excesivas regulaciones existente en el mercado nacional, el costo del “estado de bienestar”, la ausencia de una cultura de riesgo empresarial, la falta de reconocimiento que el mundo marcha por camino diferente al que recorre el país, etc.
Nunca se refiere a las afanosamente buscadas dependencias externas como consecuencia de la ignorancia de la necesidad de elaborar una política internacional acorde a nuestros intereses, y al funcionamiento de nuestro régimen político.
Y qué política! Incluso algunos han creído que un aumento de la dependencia zonal – a economías sustancialmente inestables y profundamente inhumanas – facilitaría nuestra nueva inserción internacional, contra la experiencia que vivimos en la materia y lo que indican lo realizado por otros. Hacen, asimismo, de una falsa oposición (Alca o Mercosur) el núcleo de las opciones, cuando la realidad se encuentra lejos de ello.
A esta altura del largo discurso de esta suerte de fascismo social - por la situación que provoca y por el que triunfan los cooptados por el poder o los grupos de interés debidamente posesionados ante éste - nadie puede haber quedado inadvertido de las falacias que suponen esos juicios. Y el desconocimiento de nuestra historia y la comparada que ellos involucran.
[i] Extraña creación – por su existencia recién entonces y por los motivos invocados para su emergencia - si nos atenemos a los dichos de quienes sostienen que el “Alto” – el de 1916, no los anteriores, ni los posteriores – fue la bisagra de un nuevo Uruguay en el que culmina “el primer batllismo”.
[ii] Nahum-cocchi-frega-trochón. Crisis política y recuperación económica 1930-1958. Ediciones de la Banda Oriental. 1987
[iii] Unos dos meses y medio antes de la promulgación de la ley de creación de ANCAP (15 de octubre de 1931), el sábado 2 de agosto de 1931 El Día señalaba como propósitos de lo que se denominaba el “Comité del Vintén”: el negarse al aumento de $70 para los trabajadores; negarse a las jubilaciones generales; negarse al aumento del presupuesto escolar (creación de escuelas rurales y aumento de salarios a los maestros); negarse a la sanción del Presupuesto de la Dirección de Agronomía; negarse a la obra de puentes, caminos y ferrocarriles porque ello supone la creación de impuestos sobre la tierra. Acusándolo además de ser el vocero de los trusts, lo cual llevaba al Comité a estar contra el monopolio de alcoholes, el de la importación de petróleo y el de elaboración del carburante nacional.
Si bien ambos formaban parte sustancial del programa político del Batllismo, el primero obedecía a dos vertientes de razones. Una la referida a la pésima calidad del alcohol a disposición de los consumidores, fundamentalmente el procedente del Brasil, y la otra el de estimular la creación de materias primas destinadas a combustible. Formaba parte, si se quiere, de ese país modelo al cual quería marchar Batlle y Ordóñez. A través de dicho monopolio se buscaba la intensificación del trabajo agrícola (lo iba a ser a partir del maíz) que era una de las líneas maestras de la política agropecuaria del Batllismo, al cual habría que agregar el impuesto sobre la posible rentabilidad de la tierra, independientemente de cómo fuera ésta trabajada, la formación de estación agropecuarias, la recuperación de las tierras públicas o de su valor hasta las concretadas becas para estudio en el excterior de los especialistas en temas agronómicos.
El monopolio de la refinación de petróleo, por ser considerado una defensa contra los grupos económicos extranjeros que en una de sus puntas ahogaba al país periférico productor y en la otra, al país periféricos consumidor. El monopolio de la importación de crudo, por su parte, fue rápidamente abandonado bajo Terra y retomado unos 35 años después, ya vencidos los contratos establecidos en la época “marzista”.
Su afanes – los del Comité de Vigilancia Económica -, sin embargo, iban a empezar a ser atendidos durante la dictadura de Terra, continuados durante la dictadura militar, y decididamente atendidos por la democracia que sucedió a ésta última, al socaire de la despolitización de la ciudadanía y el no funcionamiento orgánico y democrático de los partidos políticos.
[iv] Nahum-cocchi-frega-trochón. Op. cit.
