URUGUAY
UN DESTINO INCIERTO
Jorge Otero Menéndez
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La Invertebración Política
Bien. En aquél panorama de 1868, que venía conformándose y desconformándose, la alternativa de asentar la institucionalidad militar se vio demorada en diversas oportunidades. La última vez por Lorenzo Batlle[1], quien durante su gestión presidencial nunca pudo culminar una decisión que permitiera superar la limitación del aspecto nuclear del quehacer público como era entendido en los hechos por los ocupantes o los pretendidos ocupantes del poder: la política militar.
Tenía el general Lorenzo Batlle una educación forjada en Europa. Viaja a España en 1818, en compañía de sus hermanos y su madre Gertudris Grau (la cual fallece en su pueblo natal de Sitjes, en 1823) para encontrarse con su padre José Batlle y Carreó quien se encontraba en la Península Ibérica desde 1815 intentando cobrar de la Real Hacienda el financiamiento que hiciera a los ejércitos monárquicos asentados en Montevideo.
Estudia primero en Barcelona y luego en el Colegio francés de Tarn. Posteriormente retorna a España e ingresa en el Colegio de Nobles y Militares de Madrid. En dicho centro de estudio tuvo como compañero a Leopoldo O´Donnell (1809-1867) quien desarrolló una larga carrera militar y política en España[2].
Los años en que la familia Batlle estuvo en España desarrollaron el carácter liberal de Lorenzo. Vivieron el Trienio Liberal[3] (1820-1823), la sanguinaria invasión francesa de los denominados Cien Mil Hijos de San Luis (1823) dispuesta por la Santa Alianza (1815) en el Congreso de Verona[4] (1822) con el fin de restaurar el absolutismo del despreciable rey Fernando VII, los años de dicho absolutismo – conocidos como la Década Ominosa[5] -, el levantamiento en Málaga, en 1830, del general José María Torrijos (1791-1831),. El “caballero entre los duques, corazón de plata fina” que nos habla García Lorca en su Mariana Pineda. Las convulsiones, en resumen, “de la España que era y la España que buscaba ser”. Todo lo cual poblaba sus recuerdos peninsulares y enraizaba su vocación republicana. El lema “Ley, Libertad, Igualdad” por el que morían los españoles dignos contra el coronado borbón, se hizo también el suyo.
Luego de culminar sus estudios, a los 19 años, regresa Lorenzo al Uruguay a bordo de la nave estadounidense “Neptuno”. Fue en 1831.
Desde aquél año hasta su proclamación como presidente realizó su carrera militar – luchó junto a Garibaldi – y accedió a distintos cargos de gobierno.
Careció, pese a su formación y las vicisitudes vividas, de la posibilidad de llenar el vacío de mando que generó el asesinato de Venancio Flores. No se debe olvidar que, si bien fue ministro de Guerra de éste, integraba el ala que podemos llamar orgánica del Partido Colorado, forjada cuando el denominado Gobierno de la Defensa de Montevideo. Tal vez nunca tuvo la oportunidad política, o no supo crearla, para lograr la consolidación de un régimen como el invocado: el constitucional.
Es menester preguntarse, sin embargo, si la sociedad uruguaya – denominando así a quienes tan sólo vivían en el territorio - tenía las condiciones necesarias que hicieron posible vitalizar una posibilidad de la naturaleza consignada. Por lo pronto, grupos ganaderos aparecen como solidificando su relación, en algo que ve pronto mermar sus afiliados, creando la Asociación Rural en 1871, donde, por primera vez, se sostiene institucionalmente la exagerada postura que señala la dependencia casi absoluta y para siempre de todo el país a las actividades agropecuarias: Que el Uruguay se nutre y vive o sobrevive exclusivamente gracias al agro. Demás está decir que la tierra no pagaba prácticamente impuestos, como fue destacado después por un diplomático francés.
La posición corporativa es expuesta cuando las rentas de aduana, provocadas fundamentalmente por el comercio importador, eran el sostén del presupuesto nacional.
No es la primera vez que ocurría un planteamiento de un grupo de interés. Algunos comerciantes se adelantaron por la sencilla razón que el comercio era actividad fundamental. Empero, sería exagerado suponer que estos núcleos necesariamente constituían lo que podemos llamar hoy grupos de presión, ni que su alcance dentro de su propio giro tuviera profundidad. Aún cuando, sí es posible desagregar a aquellas personas o emprendimientos dedicados al comercio exterior.
El espíritu corporativo – el que identifica su interés directo y su visión particular de las cosas al de todo y el de todos – aparece, aunque extremadamente pálido por débil, como un punto de posiciones prácticas ante la realidad concreta que se antepone a las correspondientes al interés general, si consideramos a este plasmado en la Constitución de 30. Y le atribuye, además, su propia visión del país. El dato es importante desde que la república todavía vive hoy en la “favelización” – la edificación no ajustada a normas – de facetas relevantes de su convivencia, en la que la manifestación – en algunos casos, la exigencia – de grupos de presión particulares tienen más eficacia (lo vemos permanentemente) que los intereses generales.
El Estado – con mayor responsabilidad en la actualidad, obviamente - cambia las reglas del juego de una economía, cuyos parámetros son estimuladas por el propio gobierno (“endéudese en dólares”; “quien cree en una devaluación es un marciano”, confiscación de ahorros o de créditos (uno para beneficio del gobierno, el otro de algunos particulares, por ejemplo) y el costo del cambio lo paga quien resulta engañado. Como en estas cosas las democracias latinoamericanas existentes se diferencian muy poco de los autoritarismos – que son sin duda un estrato inferior de la cultura política -, en tanto permanezcan presentes las características comunes en la materia no existirá nunca un desarrollo económico real y consistente. Y, menos aun, una estabilidad democrática institucional con vocación de permanencia.
Les falta comprender, por lo pronto, el empleo práctico del concepto de solidaridad y en su lugar se apegan a una interpretación de la misma que, en el plano de los hechos, transita entre la caridad y el desdén. Medidas como las adoptadas cuando la Guerra Grande en que se declaró que ningún combatiente en favor del Estado en dicho conflicto debería pagar arrendamiento por sus casas, ni él ni su familia, son hoy día inimaginables. Resultaba obvio: La especulación no podía ocupar el lugar del sacrificio, ni éste podía reducirse sólo a algunos.
[1] Lorenzo Batlle fue ascendido a teniente general en el gobierno de Francisco Vidal (1880-1882).
[2] Leopoldo O’Donnell fue presidente del gobierno español en 1856, 1858-1863, 1865-1866. Distanciado de la reina Isabel II se retira a Biarritz, donde fallece.
[3] Así se denomina el período en que Fernando VII ajustó su conducta a los dictados constitucionales.
[4] A esta reunión realizada en la ciudad de Verona, Italia, concurrieron Rusia, Austria, Prusia y Francia, aceptándose el envío en el marco del Tratado de París de 1815 que dio lugar a la Santa Alianza y por el cual se aseguraba la continuidad del absolutismo de las monarquías europeas continentales. El contingente que ocupa España estaba integrado por casi cien mil soldados franceses y algunos españoles bajo las órdenes del duque de Angulema, Luis Antonio de Borbón, sobrino de Luis XVIII que fuera derrotado por Napoleón cuando los Cien Días. Era hijo de quien sería Carlos X.
[5] Ese lapso transcurrió entre 1823 y 1833, año en que finalmente muere Fernando VII. Hecho que da lugar a una lucha intestina: la primera guerra carlista.
