PETROLEO, ESTADO Y SOCIALISMO SIGLO XXI: EP PETROECUADOR Y LA CONSTRUCCION DEL PROCESO DE INTEGRACION ENERGETICA REGIONAL

2. Confluencia de acuerdos: Proceso de integración energética

Los intereses de Ecuador y Venezuela resultaron en la conciliación y convergencia de una política mediante la firma de los convenios de cooperación de la Operadora Río Napo, Refinería Eloy Alfaro y la Explotación en el campo Ayacucho 5.
El hecho de que el sector petrolero ecuatoriano estuviera regulado en un amplio porcentaje por las empresas privadas hasta la asunción del Presidente Correa, reveló la realidad en palabras de Acosta Puertas, que “resulta sorprendente que países productores y exportadores de hidrocarburos no hubieran desarrollado suficiente infraestructura de refinación, generando dependencia de derivados” (Acosta Puertas, 2008:53). Con lo cual desde la reestructuración de EP Petroecuador en el año 2010, el poder ejecutivo planteó la modificación en el sistema de explotación del petróleo y sus vínculos con las empresas privadas.
Si bien el año 2010 es un momento clave por las modificaciones establecidas en el sector estudiado, el proceso se ha iniciado desde el ascenso del Movimiento País al gobierno y plasmado en la reforma constitucional del 2008, con el precedente del manejo de las compañías privadas en la explotación del petróleo como se enunciara anteriormente, inclusive llegando a importar petróleo (de acuerdo a lo expuesto en Sección 2 Capítulo 2). Correa comenzó el articulado de un sistema de cooperación internacional en forma progresiva, lo cual ha sido interpretado como herramienta en un proceso mayor hacia la construcción de la integración energética petrolera.
La interconexión de Ecuador con Venezuela ha respondido a la existencia de los recursos naturales lo cual, sirvió a la búsqueda de la complementariedad como un mecanismo para la solución de sus asimetrías. En este contexto la empresa mixta ORN CEM ha intentado optimizar su producción reportando a EP Petroecuador; paralelamente la explotación en la Faja de Orinoco ha respondido a la búsqueda de un incremento en la explotación del petróleo y con la RDP CEM, se proyectó generar una mayor independencia en materia de refinación, lo cual surgió del análisis del cuadro realizado (Capítulo III, Sección 4.1, Cuadro Nº 12) donde se ha mencionado que si bien la producción de derivados se ha incrementado en el año 2011 respecto del año 2010, el consumo interno también ha sufrido un aumento considerable, provocando de esta forma un aumento en la importación de los derivados. La puesta en marcha de la Refinería del Pacífico posibilitaría salto cualitativo y cuantitativo en materia de refinación.
La ORN CEM, el Convenio del Campo Ayacucho 5 en la Faja del Orinoco y la RDP resultaron de la convergencia política y de la identificación de los intereses políticos estatales, que ha generado la gestación de un espacio mayor que ha superado el mecanismo de cooperación, provocando la construcción gradual de un proceso de integración. Esto debió ser interpretado en el marco de un proceso dirigido hacia el desarrollo nacional ecuatoriano con un efecto derrame hacia la región.
Del acuerdo político ecuato-venezolano emergieron como un eje rector estos convenios de cooperación que entre otros, han integrado un espacio de integración proyectándose hacia otra fase de crecimiento, comprendiendo de esta forma el proceso de integración energético.
Milko Gonzalez Silva expuso que estos convenios realizados se comprendieron “en un contexto de apertura y desregulación del comercio, que ha intentado establecer cimientos que permitan aumentar la competitividad de los países de la región y constituir una economía internacional más abierta y transparente” (Gonzalez Silva, 2008:22). El funcionamiento de la Operadora Río Napo y la Refinería del Pacífico o el avance en la explotación de la Faja del Orinoco suponen una política explícita “compatible con las políticas tendientes a elevar la competitividad internacional y los complementen” (Gonzalez Silva, 2008:22). Ecuador como eje ha sido protagonista de la ejecución y regulación del sector petrolero estudiado con la participación de las empresas privadas pero sin su exclusión, con lo cual se planteó solucionar problemas puntuales como el aumento de la productividad con Operadora Río Napo, optimizar e incrementar las reservas y la producción mediante la exploración de la Faja del Orinoco y generar un incremento en la capacidad de refinación mediante la Eloy Alfaro. Con lo cual los diferentes convenios de cooperación han trascendido conformando un proceso mayor en construcción, lo cual se comprendió en “una concepción política de la integración energética suramericana aun cuando seguirá teniendo un importante valor económico per se, en tanto la cooperación y la integración energética, inevitablemente deberán expresarse en transacciones comerciales (sic) tendría como “centro de gravedad” una familia de ideas interrelacionadas que podrían ser aportadas por la economía y la filosofía políticas” (Gonzalez Silva, 2008:29).
Estos convenios de cooperación, según la interpretación, han conformado un corpus teórico de análisis que solamente podría ser concebido como tal desde el constructivismo “en cuanto a la formulación de procedimientos institucionales que conduzcan a acuerdos justos, imparciales y estables” (Gonzalez Silva, 2008:29). En virtud de esta postura teórica, la firma de estos acuerdos respondió a una intención política en la búsqueda de intereses económicos y geopolíticos con consecuencias sociales. Además, podrían ser interpretados como instrumentos de sustento para la orientación energética y dado el proceso de construcción y avance actual, podrían convertirse en una organización eficiente y sustentable, es decir, estos acuerdos ecuato-venezolanos podrían conformar un nuevo marco complementario de otras iniciativas como la de Petroamérica.1
Si la integración fuera concebida de acuerdo a lo propuesto como “ la resultante de la convergencia de decisiones políticas que surgen del análisis de las prioridades económicas-sociales y comerciales, en un contexto internacional de mayor protagonismo estatal público frente a la participación privada y con el interés nacional de planificar la reducción de las asimetrías en su intrínseca relación con la disminución de la desigualdad y la pobreza, con el objetivo de suplir o cumplimentar las carencias estructurales regionales, considerando la disponibilidad de los recursos naturales, enfatizando la seguridad y la soberanía energética”, serviría a la comprensión de la importancia de emplear los combustibles como instrumentos; por lo cual es imperioso reconocer la necesidad de implementar un nuevo “sistema energético a corto y mediano plazo aumentando la eficiencia (menos energía para obtener el mismo servicio) utilizando cada vez más fuentes renovables” (Gonzalez Silva, 2008: 47), lo cual debería comprenderse considerando el posible agotamiento de las reservas de petróleo de Ecuador que tendría un máximo de duración de veinte años en tanto que Venezuela de 296 años (Gonzalez Silva, 2008: 47). Este contexto condujo a interpretar la magnitud y trascendencia de los convenios firmados en materia energética y la necesidad del estado ecuatoriano ante esta posible realidad.
Del análisis, ha sido relevante destacar lo expresado por Jaime Acosta Puerta cuando expuso que “la estrategia energética debe apuntar a desarrollar capacidades endógenas (conocimiento e innovación) con base en el mejor aprovechamiento de la dotación de factores endógenos (recursos naturales) y con el mejor aprendizaje de fuentes exógenas en materia de capacidades, conocimiento e innovación” (Gonzalez Silva, 2008:53). Por lo expuesto se interpretó y adquirió trascendencia la conformación de este proceso de integración generado desde Ecuador, ya que este representa la confluencia de los acuerdos y un factor esencial para la transformación productiva. Con lo cual vale interpretar que tanto Petroecuador como PDVSA, ambas empresas públicas estatales energéticas “son determinantes a la hora de contar y de construir un nuevo marco para la armonización de políticas energéticas” (Gonzalez Silva, 2008:57). Este contexto también debió ser interpretado en un marco más amplio de análisis ya que este proceso resultante de, los acuerdos de Operadora Río Napo, la Refinería Eloy Alfaro y Ayacucho 5, partieron desde Petroecuador que a su vez, fue fortalecido desde su reestructuración y con los nuevos postulados de la Constitución Nacional plasmados en el año 2008. Es decir, Ecuador conformó un proceso de transformación desde la asunción del Movimiento País entendido en forma procesual y en construcción hacia un nuevo entramado geoestratégico.
Si bien estos convenios que conformaron este espacio regional en construcción, no pudieron ser evaluados en forma holística y en forma acabada, es necesario continuar este proceso iniciado desde la asunción de Correa con una “visión geopolítica y geoestratégica de largo plazo para disponer de un escenario prospectivo deseable” (Gonzalez Silva, 2008:59) , ya que los tres convenios mencionados continúan aportando para la reducción de las asimetrías y las carencias estructurales de cada uno de estos países, como la población, el índice de pobreza y la distribución de los recursos naturales, relacionadas en el caso de Ecuador con la explotación del petróleo. En palabras de Oscar Guzmán: “la importancia de las decisiones de política interna de un país en el ámbito económico, en el energético, no sólo gasífero o petrolero y que repercuten sobre las relaciones globales con países vecinos” (Gonzalez Silva, 2008:75). Este ha sido el caso de Ecuador con sus relaciones con Venezuela. De aquí surgió el punto nodal de este entramado político y estratégico, como ya se ha mencionado.
Los tres convenios firmados en el marco de otros complementarios que no se han desarrollado en virtud de su amplitud y especificidad, no han sido abordados en forma integral, por lo cual, se debe subrayar que “el tema energético es un asunto estrictamente prospectivo. Los desarrollos tienen efectos de mediano y largo plazo” (Acosta Puertas, 2008:62). Ha sido indudable que la firma de los mismos obedeció a un proyecto programático puesto en práctica desde la asunción del Presidente Correa en la búsqueda de solucionar las grandes diferencias sociales y económicas de Ecuador.
En palabras de Pablo Celi de “la complementación energética acordada por Rafael Correa a inicios de sus gobiernos para el intercambio de combustible venezolano por crudo ecuatoriano, se ha avanzado en la actualidad en la negociación de un Acuerdo de Seguridad Energética, en la perspectiva de establecer un amplio proceso de integración y cooperación en el sector energético para el aprovechamiento de las fuentes primarias disponibles y el intercambio tecnológico en la búsqueda de nuevas fuentes de recursos energéticos” (Celi, 2008:179). En adhesión a las expresiones de Celi “la prioridad del gobierno ecuatoriano de ampliación de la infraestructura de refinación converge con la iniciativa del gobierno de Venezuela de extender su sistema de refinación en países de la región, dando lugar al mayor proyecto conjunto, con inversión venezolana” (Celi, 2008: 179), en este marco se comprendió la Refinería Eloy Alfaro, con lo cual la producción obtenida se destinaría  “al abastecimiento del mercado ecuatoriano y a potenciales exportaciones al centro y sur del continente, con la perspectiva de ampliación hacia un complejo petroquímico con participación de empresas públicas latinoamericanas con proyecciones hacia los mercados asiáticos” (Celi, 2008: 180). Por lo antes mencionado, se le asignó más relevancia a lo expuesto con anterioridad, cuando se mencionara el aumento participativo de las empresas latinoamericanas en la actividad petrolera. (Capítulo III, Sección 1.3, Cuadro Nº 8).
Conforme a este proceso en construcción, es necesario un análisis ulterior, ya que con el sistema de cooperación en Campo Sacha se extendería a la rehabilitación y modernización no solamente de este campo sino de otros y comprendería inclusive el aporte de dos taladros de perforación (Celi, 2008:180). Es decir estos convenios de cooperación involucraron un entramado en respuesta a la disponibilidad de los recursos naturales dada la problemática planteada desde Ecuador, pero principalmente el protagonismo estatal ecuatoriano ha sido el punto nodal en esta arquitectura política y estratégica.
Podría afirmarse que estos tres convenios se han vinculado progresivamente y se han interpretado en un contexto de proyectos como eslabones: “la integración energética, en una proyección de la agenda política, emerge como un factor de un nuevo equilibrio continental que compromete el establecimiento de prioridades estratégicas para los intereses nacionales y multilaterales” (Celi, 2008: 182).
Estos acuerdos respondieron también al aumento de la demanda de energía primaria en tanto que Ecuador es el cuarto país con mayor tasa de crecimiento con un aumento más significativo que otros países como Colombia, Perú, Venezuela y Bolivia (Castro, 2011:27). Lo cual sirvió para sustentar y comprender la importancia de la reestructuración de EP Petroecuador en la conformación de un escenario de integración energética.