Destaca la reforma al Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dada en 1992, donde desaparece la propiedad agraria de carácter comunal para tratarse los terrenos destinados para la agricultura como pequeña propiedad.
El efecto inminente, igual que sucedió a fines del siglo XIX en el país con las reformas de 1856 relativas a la enajenación de tierras comunales, la concentración de la propiedad agraria, en la lógica de la acumulación moderna, implica la necesaria formación de latifundios, los cuales en cuanto más extensos en propiedad, más eficientes, productivos como competitivos en los mercados nacionales, como internacionales.
De las reformas que promueven el desarrollo regional destaca la siguiente en materia del fomento al fomento de la pesca:
Fecha 18/10/1990 Medida: se publica el Programa Nacional de Desarrollo de la Pesca y sus Recursos 1990-1994. Se busca apoyar la oferta de alimentos, la creación de empleos, la captación de divisas, el desarrollo regional del país y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores del sector pesquero. Se dará prioridad al programa acuícola y se actualizará los procesos de industrialización y comercialización (Aguirre, 2000) 1.
El Programa Nacional de Desarrollo de la Pesca y sus Recursos procura la modernización del sector y su apertura a la inversión extranjera, así como la promoción de la producción pesquera en las pescaderías internacionales. Acaba por concesionar a particulares como a extranjeros la explotación pesquera, limitando las cooperativas existentes las cuales pronto llegan a la quiebra económica por la cancelación de subsidios como por tratarse de una industria con muy baja capitalización y consolidación económica.
En correspondencia a la reforma del Artículo 27 constitucional, en Banco Mundial abre una cartera de crédito que si bien procura la modernización del campo, también presiona por la privatización del subsuelo. La medida es la que sigue:
Fecha 26/06/1991 Medida: el Banco Mundial otorga tres créditos a México por un total de 950 mdd. Los recursos se destinarán al proyecto de Descentralización y Desarrollo Regional del Programa Nacional de Solidaridad, apoyar la modernización gradual del campo y desarrollar el sector minero. Los créditos son contratados por Nafin y tienen un plazo de amortización de 17 años, incluyendo cinco de gracia, y una tasa de interés de 7.73% anual, ajustable semestralmente (Aguirre, 2000)2 .
El Banco Mundial de hecho es quien aconseja que México reforme la propiedad de la tierra con usos industriales, especialmente en lo tocante a la desaparición de la propiedad socialista o comunal existente. Se desea una agricultura moderna y competitiva, en la lógica de la acumulación capitalista de una producción organizada bajo la lógica de la propiedad privada. Asimismo, es un paso previo a la búsqueda de la privatización del subsuelo y sus aprovechamientos, lo cual implica la apertura económica no solo en la minería (privatización del subsuelo que ya no opere bajo concesiones del Gobierno), sino relativa a la industria petrolera del país.
La condicionalidad del Banco Mundial para otorgar líneas de crédito para el fomento de las actividades agrícolas, como mineras, consisten en la desaparición de cualquier fórmula de propiedad colectiva (socialista), como el interés en privatizar en el futuro próximo los aprovechamientos económicos que se puedan hacer del subsuelo. Especialmente la explotación petrolera.
Supone no obstante, que esta reforma fomenta el desarrollo regional del país, dado que el sector primario es el menos concentrado del país por su condicionalidad fija en cuanto recurso territorial.