LA AGENDA DE LA EFICACIA DE LA AYUDA EN AMÉRICA LATINA. Cooperación Hispano- Venezolana

VI-La agenda y la instrumentación de la cooperación para los PRM aplicada al caso hispano-venezolano.

Como se ha señalado hasta aquí, la problemática específica de los PRM amerita un tratamiento específico y focalizado por parte de la Cooperación Internacional, antes que un retiro de la ayuda. En este sentido existen dos aspectos clave a la hora de desarrollar intervenciones de cooperación en los PRM, por un lado se trataría de abordar de manera correcta las especificidades de la “agenda de desarrollo” en los PRM, y por otro la instrumentación más adecuada de la cooperación para estos países.

6.1- La Agenda y la instrumentación desde la perspectiva doctrinal.

Desde la perspectiva doctrinal, la agenda de cooperación con los PRM debería centrase, según Sanahuja citando a otros autores (Alonso 2007, Tezanos y Dominguez 2010; Grynspan y López-Calva 2010), en tres grandes temas: 1-Fortalecimiento institucional y cohesión social, 2- Estabilidad financiera y las políticas contra cíclicas, 3- Políticas para mejorar la inserción en el comercio internacional a través de una mayor competitividad y un acceso asegurado a los mercados externos. (Sanahuja 2010: 17 y 18).

Para el caso español, “Esa estrategia —que la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) denominó “ODM plus”— respondería a las particularidades de Latinoamérica en tanto región de renta media caracterizada por una elevada desigualdad y debilidades institucionales”. Dicho de otra manera y “según Alonso (2007: 3), ello supone abordar tres grandes cuestiones” (en Sanahuja 2010b: 7) que conviene contrastar con la experiencia desarrollada por la CE en Venezuela, a saber:

1.-“El fortalecimiento institucional y la cohesión social a través de la mejora de las políticas públicas —en particular, el “pacto fiscal” y las reformas tributarias —, (en Sanahuja 2010b: 7) el fortalecimiento de programas de salud y educación, y el respaldo a los procesos sociales favorables al cambio” (en Sanahuja 2010b: 8). Para el caso específico de la CE en Venezuela, si bien la AECID apoyó el fortalecimiento institucional venezolano, este apoyo no se concentró en un nivel de políticas y se orientó a fortalecer la capacidad de planificación y gestión de municipios y estados. Aunque estos temas son sin duda de importancia, hubiera sido deseable buscar un nivel de interlocución e impacto mayor, orientado a mejorar, por ejemplo, las políticas fiscales y tributarias. Por otro lado si bien buena parte de la AOD española fue dirigida al sector salud, este apoyo operó en un nivel de atención directa y mayoritaria de ciudadanos venezolanos vinculados por nacimiento o relaciones familiares con España, con lo que se desaprovechó un gran potencial de utilización de los fondos españoles dirigidos a este sector, en la mejorar del impacto de las políticas públicas de salud a nivel nacional y regional. Por último, en nuestra opinión, el conflictivo clima social imperante en el período, “auto-limitó” las iniciativas de apoyo español en el respaldo a los procesos sociales favorables al cambio, en un momento especialmente propicio para dicho apoyo, a tenor del profundo proceso de transformación que supuso el giro ideológico de la Revolución Bolivariana hacia el SSXXI.

2.-“La estabilidad financiera y políticas “contra-cíclicas”, lo que demanda una mejor regulación de los mercados financieros internacionales mediante una “nueva arquitectura financiera internacional”; fortalecer los sistemas financieros nacionales y la capacidad reguladora del Estado, y permitir que los PRM puedan aplicar políticas contra cíclicas frente a las crisis, y preservar así los avances logrados en la reducción de la pobreza” (en Sanahuja 2010b: 8) En relación a la estabilidad financiera y políticas contra-cíclicas, tampoco en el período analizado hubo contribuciones significativas de la AOD española en el país para apoyar estos temas de gran importancia para Venezuela.

3-“Las políticas para mejorar la inserción en el comercio internacional a través de una mayor competitividad y un acceso seguro y estable a los mercados externos. En esa agenda de competitividad destaca la mejora de las infraestructuras y las políticas para la incorporación de conocimiento y tecnología En este ámbito se requiere una apertura comercial bien planteada, a través de acuerdos —sea la integración regional “sur-sur” o los acuerdos comerciales regionales “sur-norte”— que aseguran el acceso a mercados externos, incrementan la inversión extranjera, e incentivan la innovación y la competitividad, sin dejar de reconocer las asimetrías” (en Sanahuja 2010b: 8). Tampoco en este campo la AOD española en el período estudiado tuvo una contribución significativa al desarrollo nacional. Sin embargo es importante aclarar que la posición ideológica del Proceso Bolivariano frente a la inserción internacional y la competitividad actuaron como limitantes a la hora de proponer este tipo de apoyo. Sin embargo, también en nuestra opinión, existió un espacio de oportunidad desaprovechado en relación a posibles contribuciones española a las políticas de incorporación del conocimiento y la tecnología, en la que la experiencia de España pudo haber sido mucho mejor aprovechada.

Siguiendo lo planteado por autores como Alonso (2007) además de la necesidad de centrar la atención en la problemática específica de los PRM, es conveniente que también la ayuda se instrumente de manera adaptada a las peculiaridades de los PRM. En este sentido propone Alonso (2007:165), que además de la necesaria flexibilidad y apuesta por la innovación, se observen cinco consideraciones esenciales, a saber:

En primer lugar la capacidad de apalancamiento que el donante consiga como factor de estímulo o movilización de recursos en un contexto en que el peso de la ayuda sobre el PIB nacional es muy bajo (Alonso 2007: 165). Aplicado el anterior criterio al caso específico de la CE en Venezuela, vemos que también, durante el período estudiado, la capacidad de apalancamiento de la CE, estuvo por debajo del potencial español en su papel de liderazgo como primer donante en el país.

En segundo lugar, señala Alonso que “buena parte del trabajo a realizar se mueve en el amplio campo del asesoramiento y asistencia técnica” principalmente a nivel de políticas. Insiste además en la necesidad de que se aprovechen al máximo las capacidades nacionales o de los países en desarrollo, “sin abusar del trasplante de experiencias o del envío de expertos nacionales de los países donantes” (Alonso 2007: 166). En este sentido, si analizamos la experiencia española en el país y como vimos en el apartado de instrumentos de la AOD Española, parece claro que las asistencias técnicas no fueron el instrumento predominantes de la ayuda y que en el caso de serlo, estuvieron demasiado vinculadas a las experiencias españolas, sin duda valiosas, pero no siempre las más adecuadas al contexto venezolano.

En tercer lugar, en los PRM es evidente que tan importante o más que la ayuda son otros componentes de la cooperación internacional. En este sentido “la cooperación con estos países debería ser el resultado de la acción coordinada del conjunto del gobierno y no sólo de sus ministerios de cooperación, potenciándose la coherencia de políticas públicas” (Alonso 2007b: 166), que aunque, no es objeto principal de análisis en nuestra tesis, también fue, como veremos, un aspecto deficitario en la actuación española en Venezuela.

En cuarto lugar dados los elevados niveles de desigualdad en los PRM, es necesario que “la cooperación internacional complemente sus acción directa con los gobiernos con una actividad paralela de fortalecimiento de la sociedad civil y de apoyo a su actividad de interlocución y de demanda social” (Alonso 2007b: 166). En relación al punto anterior y si bien las CCAA y EELL presentes en el país propiciaron el apoyo a las ONG nacionales, aunque de manera puntual para el caso de las CCAA, si consideramos el volumen de total de la ayuda por esta vía y de manera más constante en el caso de las EELL; sorprende el hecho de que Venezuela, pese a la conveniencia de abordar ciertos problemas de su desarrollo por la vía de la sociedad civil y debido a su nivel de renta, no hiciera parte de la convocatoria de ONG de la AECID, salvo mediante convenios regionales o gracias a apoyos puntuales por vía CAP. En este sentido hubiera sido interesante flexibilizar los criterios de AECID al respecto, de modo que se hiciese posible incluir en la convocatoria anual de ONG, alguna línea específica de trabajo para dichas organizaciones en los PRMA, como es el caso de Venezuela.

Por último señala Alonso el papel fundamental de la cooperación internacional como instrumento para la “modificación de los marcos normativos que regulan las relaciones económicas internacionales y en la reducción de los costos de acceso de los países a los beneficios que brinda el mercado internacional en los ámbitos comerciales, tecnológicos y financieros” (Alonso 2007b: 166). En cuanto a este último punto, aún con las ya señaladas reservas del Proceso Bolivariano en relación a estos temas, en nuestra opinión, un papel más activo de la Cooperación Española al respecto hubiera sido más que deseable, lo que posiblemente también habría contribuido a mejorar el diálogo de políticas en la materia y a superar, al menos en parte, las mencionadas reservas.