3.7. Evaluación general del proceso andino

En la perspectiva general el proceso andino de integración, como todo proceso de esta magnitud, ha tenido luces y sombras, avances y retrocesos, crisis profundas – incluso bélicas como la de Ecuador y Perú – que le han marcado un desarrollo inestable y lleno de viscisitudes. Pero lo sorprendente es que pese a todo ello el proceso andino haya podido resurgir de todas sus crisis, dicen que como el ave fénix. Quizá en los subconscientes nacionales existe un fuerte animus integracionista motivado por la certeza de que en forma aislada será muy difícil superar los niveles de pobreza y subdesarrollo en los que se debate la mayor parte de la población de estos países.

En sus inicios el proceso arrancó se diría casi con mística, no sólo se logró la implementación de programas y órganos institucionales complejos, similares a los del proceso europeo, sino que se lograron verdaderos hitos en la armonización de políticas que definieron la personalidad singular del proceso andino, como la relativa al tratamiento común del capital extranjero y de la propiedad industrial de ese origen.

Se partió sobre la base de una comunidad de visiones y objetivos, dentro de los cuales el desarrollo armónico y equilibrado debían constituir el pilar para la construcción de sociedades democráticas y más justas. Hasta que empezaron las diferencias políticas e ideológicas que trasladaron y prolongaron la guerra fría en estas latitudes, cuando en sus centros de origen ya se hallaba superada.

Por otro lado, el desarrollo espectacular del sistema institucional convirtió al proceso andino en el primero en ostentar una red completa de órganos e instituciones comunitarias actuando en las diversas áreas de la integración. Sin embargo, a medida que los países empezaron a retraer su voluntad integracionista y priorizaron sus posiciones nacionales, la calidad institucional, de excelencia en las primeras etapas del proceso, se desvalorizó en su dirección y funciones y muchos órganos e instituciones quedaron y actúan todavía sin rumbo y precariamente, con algunas excepciones por supuesto, especialmente en el campo financiero donde más bien se proyectaron tanto que se desarraigaron de su misión esencial de apoyo a la integración.

En el mismo sentido, el desarrollo de un ordenamiento jurídico con base supranacional y de un sistema jurisdiccional autónomo, constituyeron avances extraordinarios para toda la integración latinoamericana, pero solo en teoría por cuanto en la realidad el incumplimiento de las normas comunitarias se convirtió en la moneda corriente que no se puede superar en toda la evolución del proceso, existen países en los que aún no se ha dado un respaldo constitucional al derecho comunitario, se lo desconoce completamente y todavía predomina el concepto de la soberanía absoluta de su derecho nacional. Tampoco el Tribunal de Justicia, cuyos magistrados obedecen en la realidad a designaciones políticas de los gobiernos nacionales, ha encontrado el nivel y la eficiencia que demanda su importante misión.

Por último, la adopción del concepto de regionalismo abierto como visión del desarrollo del proceso, en vez de fortalecerlo y proyectarlo hacia una óptima inserción en la economía internacional, más bien lo ha debilitado internamente al fomentar el predominio de las posiciones nacionales, los compromisos externos y los tratamiento más preferentes a las relaciones con terceros, aún a costa de sacrificar la normativa andina y los intereses del resto de países miembros.