CAPÍTULO VI. PROPUESTAS Y CONCLUSIONES

Si tomamos en cuenta el significado de la Nueva Hacienda Pública Distributiva, encontramos que hacienda pública es el estudio de las leyes y el marco normativo en la cual los hombres satisfacen sus necesidades; es decir, desde que existe sociedad se tendrán que atender necesidades colectivas, el estado tiene, además de la asignación, la función de la distribución de la renta y la riqueza de manera justa y equitativa, entendiendo que el estado es quien vigila la política económica para estabilizar los indicadores y generar el crecimiento del país. Con esta explicación de la Nueva Hacienda Pública, la propuesta del Ejecutivo de reforma fiscal, carecía de tales atributos, toda vez que en materia de asignación de recursos no contaba con los mecanismos adecuados para hacer llegar los medios económicos a la sociedad; asimismo, la distribución del ingreso no era el eje fundamental del marco tributario, sino que trataba más de una política recaudatoria, que distributiva.

El Estado, para poder cumplir con la asignación en beneficio de la población debe determinar qué nivel de ingresos tributarios necesita para satisfacer dicha función, y es precisamente en la distribución donde se encuentra uno de los grandes problemas, independientemente de lo justo y lo equitativo, del bajo porcentaje que representa los ingresos tributarios del producto interno bruto (PIB); nos referimos a la evasión fiscal, la cual es alarmante. El artículo 29 de Ley de Servicio de Administración Tributaria establece que para conocer el nivel de evasión anual en el país se deberán publicar anualmente sus resultados; en la ultima línea de la reforma fiscal se maneja el combate a la economía informal mediante la aplicación de un mecanismo de flujos de efectivo, que en la actualidad es aplicable, tanto en impuesto al valor agregado (IVA), como en impuesto sobre la renta (ISR). Son de las propuestas que fueron aprobadas; sin embargo, falta mucho por hacer en materia de fiscalización.

Con la información obtenida del estudio, no estamos ante una Nueva Hacienda Pública. Lo que propone son ciertos cambios a los impuestos; se requiere abatir la informalidad y así disminuir la evasión, simplificación de las leyes para el mejor cumplimiento de las obligaciones y transparentar el gasto público. Por otro lado, no es distributiva; por el contrario, es regresiva, ya que propone aumentar los impuestos al consumo, perjudicando a los sectores que menos ingresos tienen.

En cuanto a impuestos directos, impuesto sobre la renta (ISR), no tienen porqué disminuir, ni su tasa perder progresividad; por el contrario, deberán pagar más impuesto quien más capacidad tenga. Adams Smith, en su libro La riqueza de las naciones, establece que los gobernados de un país deben contribuir al sostenimiento del Estado en la medida de sus capacidades, en la proporción que su riqueza goza de la protección del Estado.

Algunos autores en materia fiscal recomiendan que la tendencia internacional sea aumentar los indirectos y disminuir los directos; depende de cada país y de sus factores económicos endógenos, decidir cuál es el camino adecuado. Dentro de los tres aspectos fundamentales de la reforma y el fundamento de las cinco líneas a seguir, no se encontró el tema del federalismo, en el que los gobiernos locales debieran tener mayores facultades recaudatorias para evitar la alta dependencia de los recursos federales.

En México, en el último año (2008), entraron en vigor dos nuevos impuestos; el impuestos empresarial a tasa única (IETU) a partir del 1 de enero de 2008, el cual es un impuesto complementario del impuesto sobre la renta (ISR), de tasa mínima, que grava base amplia sobre los flujos de efectivo remanentes y, por otro lado, el impuesto sobre depósitos en efectivo (IDE) a partir del 1 de julio de 2008, impuesto complementario de control del impuesto sobre la renta (ISR), que grava los flujos de efectivo depositados en las instituciones bancarias sobre el excedente de 25 mil pesos a la tasa del 2 por ciento. Desde mi punto de vista, estos impuestos vienen a reforzar y a buscar el control de los impuestos directos del país (ISR), y a desincentivar la evasión fiscal.

La reforma fiscal que propuso al Congreso el Ejecutivo en el año 2001 se componía de varias iniciativas, la mayoría de las cuales fue aprobada. La reforma al impuesto al valor agregado (IVA) que gravaba alimentos y medicinas fue rechazada por el Congreso en la Cámara de Senadores, en votación económica el martes 29 de abril de 2003, “devuelto el expediente a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso d) del artículo 72 de la Constitución, dictaminada en sentido negativo, se archiva el expediente como asunto totalmente concluido el jueves 29 de abril de 2004”, contenido en la Gaceta Parlamentaria No. 723 I, 723 II, 723 III, 723 IV.

Con los datos obtenidos en los diarios de debates de los diputados y senadores, queda demostrado que el Congreso, en sus diferentes cámaras, no estaba de acuerdo en que la reforma fiscal presentada por el Ejecutivo fuera la ideal, simplemente era recaudatoria, aunque se pretendían generar ingresos anuales por encima de los 130 mil millones de pesos, para después regresarlos a los más empobrecidos del país. El gran problema consistía en los mecanismos de distribución, técnicamente, estaban en duda; de ahí que la hipótesis maneja que de haberse aprobado los cambios a la Ley del Impuesto al Valor agregado (IVA), efectivamente se tendrían ingresos extraordinarios, la incertidumbre es cómo sería la asignación del recurso para lograr un estado de bienestar en la sociedad. No cabe duda que bien orientados los ingresos sí se hubiera dado un crecimiento económico en México. Por otro lado, la exposición de motivos señala que la población con menores ingresos no adquiere medicamentos del cuadro básico porque está incorporado al sector salud; los usuarios manifiestan que la falta de medicamentos es condición para no demandar nuevamente los servicios ofrecidos, y si agregamos a la población de bajos recursos con padecimiento, de cáncer, VIH-sida, hipertensión, se cae la tesis de que los más pobres no invierten en medicamentos en México.

Se propone que en las iniciativas de Reforma Fiscal que se diseñen en el futuro, no quede inadvertido el aspecto social; es decir, medir el impacto de su aplicación a la población de más bajos recursos y, de paso, sea integral, distributiva, equitativa, y con políticas de ataque frontal a la evasión fiscal.

Asimismo, el problema a que se enfrentó el Ejecutivo en el año 2001 fue a la composición de un Congreso plural partidista, en el que el partido que lo llevó al poder no tenía mayoría absoluta para aprobar las iniciativas propuestas.

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