BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales

ECONOMÍA, SOCIEDAD Y EDUCACIÓN

Marcelo Fabián Vitarelli




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REDEFINICIONES DE LA CUESTIÓN SOCIAL Y DEL MUNDO DEL TRABAJO.

La explicación de la economía social como principio rector de la sociedad actual se encuadra entonces en lo que podemos caracterizar como una transición epocal en la que valores, normas, economía, instituciones sociales, estado, educación, se encuentran todos implicados. Un profundo cambio en la lectura de lo social nos enfrenta a un momento de una gran incertidumbre (Wallerstein, I: 2004) en donde el sistema-mundo capitalista atraviesa su crisis más profunda y nos posiciona frente a aceptar la interdependencia del pensar y el actuar local y globalmente. Nuevos términos nos ubican en el pensamiento de la cuestión social, de la mano de: a) la liberación y desregulación de los mercados de trabajo que pasan del estado de bienestar al estado capitalista y eficientista; b) el fin del trabajo asalariado como centro de integración social y resquebrajamiento de los beneficios asociados a esta posición, en donde el modelo keynesiano y fordista ya no explican el valor trabajo; c) los acelerados cambios en las modernas tecnologías que influyen en la liberación de los mercados y su entornos globales de funcionamiento y d) los movimientos cada vez más marcados de clientelismo político, políticas de asistencia por sectores y la focalización de indicadores de rendimiento y eficiencia en el gasto público. El cuadro de situación planteado nos conduce a pensar el presente en torno a la construcción colectiva de las políticas sociales desde un modelo de articulación de los actores dando cuenta de los cambios producidos en el mundo del trabajo, la redefinición de los espacios sindicales y el nuevo pacto social por una ciudadanía que prefiere apoyarse en la gobernanza en lugar de la gobernabilidad.

Mientras los 60 se vivían como la época de una ciudadanía social asociada a las formas políticas del estado de bienestar en donde el trabajo era tomado como un valor de integración, podríamos decir que los 90 fragmentaron esta situación, empobrecieron el diálogo social y fortalecieron criterios de supervivencia individual generadores de competitividad entre las personas, logrando un mayor empobrecimiento, una inseguridad generalizada y una exclusión cada vez mayor (Coraggio, J.: 1999). De tal modo que en un primer momento asistimos a un mundo keynesiano laboralmente ordenado en donde se consagraba una filosofía de la intervención del Estado en la economía, la planificación social y su equilibración parcial. Este mundo decidido se caracterizaba por circuitos generales de acumulación económica en una faceta sustantiva de la ciudadanía de una situación de posguerra que busca la normalización y la integración social incluyendo códigos de desarrollo orgánico (Alonso, L: 1999).

Una cultura del compromiso caracterizaba las relaciones sociales entre el desarrollo del mundo keynesiano hacia el bienestar de masas del fordismo. Sin embargo el compromiso es desplazado por la satisfacción de una sociedad en la que la ciudadanía comienza a deconstruirse, fragmentarse y cuestionarse como cohesión social y en donde se va a producir una atomización del mundo del trabajo produciendo como efecto una desocialización del modelo estabilizado y normalizado. La fragmentación de lo social trae consigo mayores situaciones de vulnerabilidad y riesgo generalizado en donde se tiene hacia una generalización del empleo atípico y en donde se produce una precarización del empleo típico (D´Amours, M.: 2006). El sentido de la intervención estatal cambia dejando de lado las políticas públicas de regulación y negociación, en su lugar el “analista simbólico” irrumpe como el arquetipo del reconocimiento y consagración de los derechos individuales sobre los colectivos como nuevas formas políticas en donde el trabajo se rige por las dinámicas de orden estrictamente mercantil. El analista simbólico encarna pues en la sociedad de los 90 el pasaje de la cultura de la satisfacción al de la cultura individualista, y el trabajo ya no cumple el rol de unificador universal y básico del concepto de ciudadanía. Como efecto de ello en el horizonte de la mercantilización social y del estado las políticas de ciudadanía total corren su mirada de bien universal hacia políticas asistenciales focalizadas de carácter paliativo; son las políticas para los más débiles y fragilizados del sistema.

Frente al fenómeno de la individualización, la flexibilización y de una ciudadanía fragmentada se torna complejo concertar, de allí el verdadero desafío para la formulación de las políticas públicas a favor de la economía social en nuestro tiempo. Ellas llevan la impronta de una acción colectiva ciudadana en una iniciativa independiente de las políticas de estado, en donde cada nueva iniciativa estratégica se inspira en propuestas formuladas por quienes participan en la sociedad civil. Allí el Estado debe prestar su apoyo a los participantes de la economía social brindando medidas favorables y negociando su lugar en tal dominio; se trata de un verdadero desafío, cuyo proceso se denomina “co-producción” de políticas públicas (Mendell, M., Neamtam, N.: 2006).

La economía social hace nacer la necesidad de definir una nueva manera de desarrollo económico y social apoyado sobre la participación de la sociedad civil, los representantes de estado, el sector privado, en donde todos deben aceptar un proceso de participación y de construcción colectiva e intersectorial. Se hace necesario trabajar en red, desplegar herramientas útiles al desarrollo, establecer nexos directos con la investigación aplicada en el contexto de las propias necesidades de las prácticas, y también avocarse a poblaciones específicas con necesidades particulares (los jóvenes, la tercera edad, las discapacidades, etc.).

El surgimiento de espacios públicos múltiples que coordinen una auténtica economía política de la ciudadanía nos lleva a pensar en la gobernanza como concepto propio de nuestro tiempo, que representa las alianzas entre movimientos sociales, sectores laborales, mundo cooperativo y sector comunitario, entre otros, que favorezca una “gobernancia distributiva” (Mendell, M.: 2006). Un caso ejemplificador de esta situación es el diálogo solidario que ocurre entre lo público, lo privado y lo comunitario en la conformación de proyectos pilotos integrados basados en una cultura de la concertación de actores como se da en Canadá desde hace al menos dos décadas.

ALGUNOS COMPONENTES PARA REPENSAR EL CAMPO EDUCATIVO.

En un mundo que reasigna un papel al sujeto en el juego de tensiones que dibujan las regulaciones mercantilistas, la educación también debe ser objeto de reflexión, puesto que actualmente lo están haciendo aisladamente el pensamiento económico y el pensamiento social cada uno por su lado. Las explicaciones programáticas de los enfoques del capital humano, la inversión educativa y el gasto asignado ya no alcanzan para dar cuenta de las mutaciones explicadas, ni tampoco las teorías de las credenciales educativas, del desarrollo de los mercados institucionales o la de los economistas radicales. Capital, desarrollo, inversión, crecimiento ya no pueden dar cuenta de las necesidades de un mundo del trabajo fragmentado y con dinámicas altamente excluyentes. Frente a este universo se hace indispensable repensar:

a) Hoy más que nunca el papel social de la escuela como espacio de construcción de la ciudadanía en una sociedad del conocimiento. La preparación para el trabajo con las identidades, la diversidad, la negociación, la colaboración basadas en movimientos que acepten la incertidumbre, sepan actuar frente a ella y puedan operar proyectivamente. Necesitamos de una escuela que devuelva sentido a la complejidad del conocimiento en el siglo XXI;

b) El trabajo ciudadano como construcción de calidad de vida y no como mera defensa de una autonomía de los más fragilizados por las políticas neoliberales. Un espacio de democracia participativa en donde los actores recuperen su propia voz, construyan sentido a la vida política y desde el trabajo con la identidad histórico social recuperen su dignidad en el espacio de lo público y puedan actuar en las necesidades de cada coyuntura;

c) Una universidad pública que forme profesionales no mercantilistas con mentalidad individualista, sino personas con compromiso social, ética práctica y capacidad de diálogo intersectorial que desarrollen desde muy temprano en sus planes de formación conciencia de la realidad local y global desde una praxis emancipadora;

d) La histórica división existente entre el saber erudito de los intelectuales en los espacios académicos y el saber popular de quienes no acceden o participan en la toma de decisiones de la educación formal. Una visión de conjunto recuperará la memoria de un proyecto nacional de identidad cultural en donde podamos pensar nuestro sentido de pertenencia y nuestro espacio social de construcción;

e) El trabajo interdisciplinario e intersectorial desde la más temprana edad de la escolarización hasta los espacios de la formación permanente en los que nos insertamos para asegurar un diálogo que nos permita intervenir en la realidad y crear auténticas condiciones de mejoramiento de nuestros escenarios de vida sobre el planeta intentando salvar nuestro espacio bio-psico-social;

f) En definitiva el campo educativo necesita comenzar a trabajar con este pensamiento en todos sus espacios y no hacer de la educación el lugar de la reproducción a los intereses sectoriales, sino el espacio de vanguardia para que estos cambios en la sociedad actual sean posibles.


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