CAPITULO 2. ECONOMÍA SOCIAL, MUNDO DEL TRABAJO E IMPLICANCIAS EDUCATIVAS.

Desde la visión compleja de las relaciones entre Economía y Educación nos venimos planteando el objeto de investigación que trabaja en la interpretación de las teorías económicas a partir de la interacción con la historia del pensamiento económico a la luz de la reflexión epistemológica específica. Este objeto de trabajo inserto en el marco de una investigación de prácticas en el que acontece nos permite abordar hoy a modo preliminar el juego de relaciones entre un paradigma alternativo como lo es el de la economía social y sus múltiples determinaciones; todo ello a la luz del horizonte del pensamiento educativo. En esta oportunidad introducimos el pensamiento de la economía social como campo de saber y analizamos las nuevas configuraciones en el mundo de las relaciones sociales contemporáneas y en la resignificación del mundo del trabajo y el empleo. A modo provisional y conclusivo nos planteamos un conjunto de desafíos que trae aparejado este posicionamiento repensando sus formas de vinculación posibles con el campo educativo. La problemática de la investigación educativa y sus aportes a la enseñanza, tanto en el campo de la economía como en el de trabajo y/o el de prácticas profesionales, nos atraviesa con múltiples determinaciones que venimos ensayando en asignaturas de grado en la formación de licenciados en ciencias de la educación en la Universidad Nacional de San Luis.

PALABRAS PRELIMINARES.

Desde el ciclo lectivo 2004 venimos trabajando en el marco de los cursos de licenciatura en ciencias de la educación correspondientes a “Economía y Educación” y de “Organización social del trabajo y educación” de la mano de una visión compleja de la realidad de la economía como ciencia social y de la educación como campo de problematización y abordaje (Vitarelli, M.:2006). Ello adquiere particular interés al repensar la economía como espacio de saber social, no meramente expresable en fórmulas matemáticas, sino capaz de analizar y proponer sobre los fenómenos de la vida cotidiana e intervenir en su comportamiento. Sin lugar a duda estas acciones parten del convencimiento del replanteo epistemológico de las ciencias sociales desde el espacio de investigación en el que venimos trabajando y formamos parte activa que concibe al conocimiento como relativo a su tiempo histórico y provisional para múltiples abordajes en una perspectiva transdisciplinaria . En el horizonte del abordaje alternativo de teorías económicas explicativas de la realidad contemporánea venimos introduciendo la problemática de la Economía social de la mano del desarrollo local y su impacto en la reconceptualización del mundo del trabajo contemporáneo. Estamos convencidos que este campo de problematización nos arroja a desafíos aún no pensados desde el propio lugar de la formación y por cierto de generación de prácticas diferenciadas, todo lo cual hemos comenzado a indagar desde el ciclo lectivo 2005 a modo preliminar en abordajes parciales de investigación educativa desde las propuestas de las asignaturas antes descriptas.

La indagación acerca de la realidad en la que vivimos, en la que estamos inmersos, nos remite a problematizarnos acerca de las cuestiones de orden económico, político, cultural y educativo de nuestra actualidad como sujetos formadores en instituciones educativas de nivel superior dentro de un sistema social mayor en el que se delinean los caminos a transitar.

De tal manera, reflexionar sobre problemáticas actuales que se derivan en actuaciones sociales, nos permite comprender el grado de involucramiento de algunos sectores menos favorecidos y dilucidar posibles impactos sobre un campo como es la educación. Las actividades económicas no siempre pertenecientes al circuito formal se tornan una construcción social, que dependen de los comportamientos individuales y colectivos por medio de los cuales se aseguran la supervivencia de las familias, formando comunidades y grupos de ayuda mutua y de protección, que estando en iguales condiciones de escasez de recursos, complementan la fuerza de trabajo, los medios materiales y financieros, los conocimientos, las capacidades, con la intención de lograr una mínima unidad económica que les permita una operación viable.

Este cambio en la cultura del trabajo, permite reflexionar sobre la idea de "anteponer lo solidario sobre el individualismo", de realizar un alto en el camino y aprender desde la resistencia, desde la negación a naturalizar la pobreza y de aquellos sectores que implícitamente intentan decir algo a la sociedad; de alguna manera asumir y afrontar lo que por alguna razón no se quiere ver.

LA ECONOMÍA SOCIAL COMO PRINCIPIO DE ACCIÓN.

Para comenzar a situarnos dentro de la temática en cuestión, es necesario definir los términos básicos para comprender como se fueron constituyendo estos procesos de los cuales queremos dar cuenta.

La Economía Social, también reconocida como “Economía Solidaria" en algunos espacios se presenta en nuestro país tras una serie de sucesos, que derivaron en una crisis generalizada que intentó modos de superación mediante nuevas propuestas de trabajo colectivo o alternativas que permitiesen sobrellevarla. Si bien el término no se inicia ni se agota en este período, el florecimiento que de alguna manera logra entre los años 2000 y 2002 fue de gran importancia para la posterior conceptualización que se intenta realizar de este término, para el caso argentino. Todo ello permite entender cómo se fueron dando las relaciones y cómo pueden explicarse de alguna manera las prácticas sociales y los principios a partir de los cuales el sector de los trabajadores afectados desarrollaron nuevas prácticas de comportamiento económico y social, para dar comienzo a lo que hoy llamamos Clubes de Trueque, Asociacionismo, Cooperativas, etc.(Vuotto, M.:2006)

Toda economía es social, en la medida en que no puede funcionar sin instituciones, sin el compromiso de las personas, sin el apoyo de las comunidades y del Estado. De esta manera economía social seria la que reconoce al interior de la economía dimensiones de análisis sociales; es un término polisémico, porque designa a la vez un enfoque teórico sobre la economía, y también un tipo de organizaciones, basadas en la democracia y el empresariado colectivo (Lévesque y Mendell, 1999).

El término Economía Social surgió en la primera mitad del siglo XIX, cuando empezó a ser utilizado por autores franceses como Charles Dunoyer, Fréderic Le Play, Charles Gide y León Walras, entre otros. En este tiempo, para muchos de sus defensores éste término no designa sólo un tipo de organizaciones como las cooperativas y las mutuales creadas por los trabajadores, sino también un cuestionamiento de la “economía de los economistas”, un tema que integra la problemática social al estudio de la economía.

En la exposición universal de 1900, en París, se presentó un “Palacio de la Economía Social” descrito por el economista francés Charles Gide como una cátedra donde lo central comprendía tres partes:

a) los poderes públicos, es decir las intervenciones públicas que atienden las necesidades sociales no satisfechas por el mercado,

b) las asociaciones: entendidas como las asociaciones obreras, y

c) las obras sociales de los patronos, la filantropía. Incluye así las instituciones que contribuyen a mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los obreros, asegurar contra los riesgos sociales, o permitir la independencia económica. Se trata entonces de las “instituciones del progreso social”, título de una obra de Gide publicada en 1912 (Vienney, 1994).

La economía social como enfoque alternativo emergente a la economía de mercado se posiciona en autores pertenecientes a tradiciones intelectuales diversas, ya que el concepto de economía social se forjó en la encrucijada de las grandes corrientes ideológicas del siglo XIX (Defourny, 1999).

En el mundo occidental, se pueden identificar dos grandes tradiciones de economía social. Una tradición social-cristiana, llamada también solidarista, influenciada por la encíclica “Rerum Novarum”, sensible al enorme costo humano de la revolución industrial y que privilegia las dimensiones sociales y morales, y una tradición socialista, centrada en la capacidad de autoorganización de la clase obrera.

En América Latina, a pesar del carácter incompleto y fragmentario del Estado de Bienestar, los modelos populistas y desarrollistas, basados en una fuerte presencia del Estado, también generaron procesos de integración social. Con el crecimiento económico, apoyado por el gasto público, se extendió el régimen salarial y la incorporación de la población a los mercados modernos, se desarrolló la legislación laboral y el Estado promovió la integración social mediante cuantiosas inversiones en educación, salud y vivienda, tres de las principales vías de incorporación de los sectores populares a la economía de mercado y a la sociedad moderna. Esta tendencia integradora se revertirá a partir de la década 1980.

La capacidad de regulación de los Estados nacionales, disminuida por la mundialización de las economías, lo es también por la profundización de la crisis del Estado de bienestar, por razones de equilibrio financiero. El sindicalismo se debilita en la medida en que pierde su poder de negociación, y que los trabajadores ven su suerte ligada a la de la empresa donde trabajan. Empieza a predominar la división entre los que tienen un trabajo y los que no lo tienen (los excluidos) por sobre la oposición capital-trabajo. La exclusión se ha vuelto uno de los problemas centrales aún en las sociedades desarrolladas.

En este contexto, las organizaciones de la economía social, basadas en la ayuda mutua y la solidaridad, adquieren una nueva vigencia. Al lado de las organizaciones más institucionalizadas, empiezan a desarrollarse las cooperativas de trabajo, para hacer frente al creciente desempleo, y también aparecen nuevas iniciativas asociativas, que surgen para aportar soluciones a necesidades no satisfechas por el mercado ni por el Estado.

En Francia, en los años setenta, cooperativas, mutuales y algunas asociaciones sin fines de lucro crean un Comité Nacional de Coordinación de las Actividades Cooperativas, Mutualistas y Asociativas, el CNLAMCA, y en 1980 elaboran la Carta de la Economía Social. Luego, en la década de 1980, el Estado crea una Delegación de Economía Social, e integra esta denominación en los textos reglamentarios y legislativos, empezando por la ley del 20 de julio de 1983, primer texto jurídico que contiene una referencia explícita a la economía social.

En España, hasta los años 1980, el término economía social designaba casi exclusivamente el sector cooperativo. Pero la irrupción de nuevas modalidades asociativas como las sociedades anónimas laborales y la participación de las Mutualidades de Previsión Social en los distintos foros de debates de la Economía Social, reclamó su identificación con los principios básicos de la misma, y han obligado a reflexionar sobre el impreciso concepto de economía social. Promovido por el gobierno español, se realizaron varias jornadas de estudio sobre la economía social en 1980, que sirvieron para que se iniciara un proceso de aproximación y de reconocimiento mutuo de las diferentes organizaciones. La expresión “economía social” también se ha abierto paso en los ámbitos del derecho y de las estructuras políticas. Diversos textos legislativos la incluyen y se ha creado en España el Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social (INFES), dependiendo del Ministerio de Trabajo, que sustituye a la antigua Dirección General de Cooperativas y Sociedades Anónimas Laborales. La noción de economía social se ha ido difundiendo luego en las instituciones de la Comunidad Económica Europea.

En América del Norte es notable el desarrollo que la economía social ha cobrado, en especial en la provincia francesa del Québec en Canadá. Si bien esta región tiene una larga trayectoria en la lógica de la cooperativa social en las últimas décadas ha visto resurgir el papel de las fuerzas sociales en la toma de decisiones del desarrollo económico del pueblo. Una muestra efectiva de ella es la creación del “Chantier de l´économie sociale” como organización autónoma con toma de decisión de un consejo mixto en donde todos los actores sociales están representados. Para esta organización que cobra fuerza en los últimos diez años el concepto de economía social combina dos términos que por lo común son puestos como opuestos (GTES: 1996). El de economía que recurre a la producción concreta de bienes o de servicios y el social que refiere a la rentabilidad social, y no puramente económica de las actividades. De tal modo que la economía social reagrupa el conjunto de actividades y de organismos, en el marco del empresariado colectivo, que se organizan en torno a una serie de principios y reglas de funcionamiento, tales como:

a) la empresa de economía social tiene como finalidad servir a sus miembros o a la colectividad más que al beneficio o productividad financiera;

b) posee una autonomía de gestión en relación al estado;

c) en sus estatutos y modos de funcionamiento conlleva procesos de toma de decisión democrática implicando a todos los trabajadores;

d) defiende la primacía del trabajo y de las personas por sobre el capital financiero y sus beneficios y

e) realiza sus actividades sobre los principios de participación y de la toma de conciencia de la responsabilidad individual y colectiva.

En América Latina algunos gobiernos han perfilado instituciones para el trabajo estatal con las organizaciones de la economía social, tal es el caso de Argentina donde el antiguo Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual fue reemplazado por el Instituto Nacional de Asociacionismo y Economía Social (INAES), organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente, y ejerce las funciones de promoción, desarrollo y control de la acción cooperativa y mutual. En Argentina, el término economía social se utiliza para designar principalmente el universo de las cooperativas y de las mutuales, organizaciones que tienen una fuerte presencia y una larga tradición en este país.

El autor francés, Jean-Louis Laville ha desarrollado el concepto de economía solidaria para designar las organizaciones de la “nueva economía social”, que surgen en respuesta a la crisis del modelo de desarrollo capitalista. Intentan aportar respuestas ante el desempleo estructural, las necesidades que no son satisfechas por el mercado ni por el sector público. El enfoque de Laville está basado en la perspectiva de la economía sustantiva de Karl Polanyi (1983), que distingue cuatro grandes principios económicos:

(1) El principio de administración doméstica, que consiste en producir para satisfacer sus propias necesidades y las de su grupo (familia, clan, etc.) Se trata de un grupo cerrado, que puede tener varios tipos de organización interna, y cuyo tamaño puede variar considerablemente;

(2) El principio de reciprocidad, que corresponde a las donaciones entre individuos y grupos. El aspecto esencial de la reciprocidad es que las transferencias son indisociables de las relaciones humanas. Mientras en el mercado los sujetos adoptan la forma indiferenciada de oferente y demandante, anónimos e indiferentes en sus situaciones y cualidades individuales, la reciprocidad corresponde a la relación que se establece entre grupos o personas gracias a prestaciones que adquieren su sentido en la voluntad de manifestar un vínculo social entre las partes involucradas; (3) El principio del mercado, que permite el encuentro entre una oferta y una demanda de bienes y servicios intercambiados mediante la fijación de precios;

(4) La redistribución es el principio según el cual parte de la producción se entrega a una autoridad central que tiene la responsabilidad de distribuirla, lo que supone la existencia de reglas y procedimientos que rigen esta redistribución.

Las dos características fundamentales de las organizaciones de la economía solidaria son, según Laville, la hibridación de los recursos, y la construcción conjunta de la oferta y la demanda. La “hibridación de los recursos” consiste en la combinación de recursos provenientes de diferentes fuentes: donaciones y voluntariado (principio de reciprocidad), financiamiento público (principio de redistribución) y venta de bienes y servicios (principio de mercado). Una característica fundamental de las asociaciones de la economía solidaria es la “construcción conjunta de la oferta y la demanda”. Los miembros y usuarios participan en la definición de los servicios en función de las necesidades de los usuarios. Este ajuste directo de la oferta y la demanda requiere una participación de los miembros en la orientación y control de la organización.