CAPÍTULO V. CONCLUSIONES

A los efectos de este trabajo se adoptó como definición de política industrial al conjunto de políticas industriales, que responden a un objetivo predeterminado, que proyecta el desarrollo más deseable que se pretende que el sector industrial alcance, en el mediano y largo plazo. Este objetivo predeterminado, debe ser definido por el sector público en cooperación con el sector privado, que es el que posee la verdadera información sobre los obstáculos o deficiencias que enfrenta el desempeño del sector.

Desde esta perspectiva es que se analizaron las políticas industriales implementadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983 – 1989), a fin de establecer si las mismas respondieron a una política industrial determinada.

ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS INDUSTRIALES (COMPONENTES ESPECÍFICOS)

PROMOCIÓN INDUSTRIAL

La mayor parte de la legislación sobre promoción industrial que estuvo vigente durante la presidencia de Raúl Alfonsín, fue sancionada en los años previos al advenimiento de su gobierno: la Ley 21.608 (1977) y decretos reglamentarios, con vigencia para todo el territorio de la nación (régimen nacional); Ley 19.640 (1972), con vigencia en la provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sud; Ley 22.021 (1979) para la provincia de La Rioja, L. 22.702 (1982) para Catamarca y San Luis, y L. 22.973 (1983) para San Juan ; sólo se sancionó en este período la ley 23.614 (1988) . Ello demuestra que, durante la gestión de este gobierno, se innovó poco en materia de promoción industrial; además, resulta evidente que el gobierno tuvo escasa preocupación en avanzar hacia la recomposición del aparato productivo que se había desarrollado durante la vigencia del modelo ISI, ya que fue justamente esa legislación la que acompañó el desmantelamiento de dichos sectores industriales. Ello porque los principales beneficios que otorgaba esa legislación eran: la exención de los derechos a la importación de los bienes de capital (y en algunos casos a los insumos), lo que promovió la importación y no la fabricación de esos bienes en el país; y la liberación o posibilidad de diferir impuestos en el ámbito interno (si se instalaban en determinadas zonas del país), promovió la desintegración territorial de procesos productivos.

De modo que el instrumento de promoción industrial predominante durante el gobierno de Alfonsín fue la desgravación impositiva, que lejos de favorecer la reestructuración del aparato industrial nacional, favoreció el desarrollo de industrias del tipo “armadoras”, y fomentó la desconcentración de los procesos productivos para instalarse en las regiones promocionadas. La desgravación impositiva generó también que la mayor parte de la inversión que se registrara durante el período proviniera del ahorro de recursos (no recaudación fiscal) del erario público, ya que como se mostró en el trabajo, la inversión privada fue descendente en el período.

A diferencia de lo que acontecía en otros países (como Japón) en dicha década, no se observó en la legislación argentina que impulsó la promoción industrial, una preocupación por incentivar el desarrollo de industrias de alta tecnología, ni fomentar a través de las promociones industriales la vinculación entre Casas de Altos estudios y empresas o proyectos industriales.

Por otra parte, es necesario destacar que tampoco hubo coordinación en los beneficios que se otorgaron por medio de la legislación, ya que se superponían algunos beneficios otorgados por el régimen nacional con los provenientes de regímenes provinciales, lo que demuestra la falta de coordinación o de correspondencia de esta política con un diseño planificado premeditadamente.

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

Los acontecimientos históricos muestran que los mecanismos de promoción de exportaciones no se implementaron respondiendo a una política industrial nacional (de mediano o largo plazo), sino que se utilizaron para hacer frente a los problemas económicos coyunturales que iba afrontando la economía del país, como así también el sector industrial. Como se mostró en el capítulo correspondiente, el gobierno comenzó a preocuparse por impulsar las exportaciones industriales hacia mediados del año 1986, como consecuencia del achicamiento del mercado interno nacional . Si bien se fueron implementando a partir de entonces una serie de instrumentos de promoción de exportaciones , estos funcionaron bien hasta fines del año 1987, cuando los problemas económicos en las arcas del Estado comenzaron a afectar el buen funcionamiento de los mismos. El “corto” período de vigencia que tuvieron estos mecanismos, y cómo comenzaron a desmantelarse hacia finales de la década, demuestra claramente la supeditación de dicha política al desenvolvimiento coyuntural de la economía interna. Este hecho se ve ratificado por la compensación que efectuaba el gobierno entre el uso de esos mecanismos y el manejo del tipo de cambio.

Sin embargo, aunque muchos autores consideran que los mismos no fueron suficientes para impulsar un crecimiento sostenido y homogéneo en las exportaciones, cuando se compara el desempeño de las exportaciones industriales en el período 1983-85, y 1985-87, con el período 1987-1989, este último registra el mejor desempeño en la comercialización de manufacturas al exterior, en la mayor parte de las ramas industriales. Además, cuando se analiza la tendencia que registraron las exportaciones industriales, tanto de MOA como de MOI, las mismas resultan claramente positivas. Incluso en su conjunto, las exportaciones industriales crecieron en mayor proporción que las de productos primarios, durante el período. Pero pese al buen (pero heterogéneo) comportamiento de las exportaciones industriales, la efectividad de los mecanismos de promoción no resulta muy evidente cuando se considera que en los años en que comienza la paralización o el desmantelamiento de los mismos (1988 y 1989), las exportaciones industriales (tanto las MOA como las MOI) registran sus mejores valores. Esto último nos permite ver que el desenvolvimiento de las exportaciones de productos industriales no dependió exclusivamente del funcionamiento de estos mecanismos, sino que también estuvo influenciada por otros factores.

POLÍTICA ARANCELARIA

En materia de política arancelaria se observa que, al inicio de su gestión el gobierno organizó el sistema arancelario a fin de desincentivar las importaciones de productos industriales que se fabricaban en el país, y mantuvo un nivel de aranceles más elevado que el vigente durante el último gobierno de facto; también impuso barreras no arancelarias, como el caso de las licencias no automáticas. Sin embargo, por aplicación de la legislación de promoción industrial las empresas podían saltear esas barreras arancelarias para la importación de ciertos productos, como insumos y bienes de capital (Ley 19.640/72). Por otra parte, hacia finales de su mandato, la protección arancelaria que existía hacia los productos industrializados comenzó a desmantelarse (disminuyendo los aranceles), en concordancia con el paradigma económico que se estaba imponiendo a nivel internacional. Ello demuestra que la protección de la industria nacional no fue una prioridad de la agenda gubernamental, o no fue parte de una política destinada a promover el desarrollo de la industria argentina, en el mediano o largo plazo.

INVERSIONES EXTRANJERAS

En materia de promoción de inversiones extranjeras no hubo innovaciones durante el gobierno de Alfonsín, salvo las relacionadas con programas de capitalización de deuda externa. La escasez en el flujo de IED se debió fundamentalmente a la particularidad del contexto financiero internacional que se desencadenó luego de la crisis de la deuda de comienzos de los años ochenta (1982) , y al incremento de las tasas de interés en el mundo desarrollado, que también repercutió en el nivel de endeudamiento de los países en desarrollo. Este peculiar contexto internacional, que se mantuvo casi hasta finales de la década de 1980, sumado a la inestabilidad de la economía nacional, ocasionaron que durante el período bajo estudio las inversiones extranjeras en el sector industrial fueran fluctuantes y escasas. Pero no sólo fue baja la participación de capitales extranjeros en el sector industrial, sino también la de capitales en general (incluyendo los nacionales); ello lo evidencia la caída del 39,18 % que se registra en la inversión bruta fija durante el período 1983 – 1989. Y esto ocurrió pese a la vigencia de los regímenes de promoción industrial, que otorgaban incentivos (impositivos) para las inversiones en el sector.

POLÍTICA EXTERIOR

El acontecimiento más destacado en materia de política exterior que aconteció durante el período fue el inicio del proceso de integración regional entre Argentina y Brasil, luego de la firma del Acuerdo Alfonsín – Sarney (1985). Si bien hay autores que refieren a la firma de dicho acuerdo como producto de la necesidad de impulsar las exportaciones industriales nacionales, la realidad muestra que si bien ese fue un objetivo para el país, el estrechamiento y sinceramiento de las relaciones internacionales entre ambos gobiernos, fue preponderante. El advenimiento de la democracia en estos países de Latinoamérica hizo necesario el acercamiento entre ambos gobiernos, no sólo por cuestiones de índole económica sino también política y estratégica (como lo demuestra el consenso de ambos mandatarios en temas centrales para nuestros países, como la reivindicación argentina sobre las Islas Malvinas, sobre el tema de la deuda externa o en cuestiones de energía nuclear). Dicho Acuerdo fue el puntapié inicial para la firma de una serie de actas y protocolos, que fueron estrechando las relaciones económicas y de cooperación entre ambos gobiernos, y que posteriormente darían lugar a la firma del Tratado de Asunción (1991), que permitiría la creación del Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

EL AMBIENTE MACROECONÓMICO (TEMAS DE ÍNDOLE GENERAL)

El ambiente macroeconómico nacional (e internacional) reinante durante gran parte del gobierno de Raúl Alfonsín, fue contraproducente para el desarrollo del sector industrial nacional. En el ámbito interno, el mismo se caracterizó por su inestabilidad y elevada incertidumbre; una inflación creciente, y una importante fluctuación cambiaria. Por su parte, el contexto internacional evidenció, como ya se mencionó, un importante incremento en las tasas de interés a nivel internacional, provocando una contracción en la afluencia de capitales al sector industrial nacional. Todos estos factores, exigieron del gobierno la implementación de políticas económicas destinadas a enfrentar la coyuntura, que fueron relegando a segundo plano el diseño e implementación de una política industrial de mediano y largo plazo. De modo tal que, el contexto macroeconómico nacional e internacional, fueron desincentivando la inversión en la actividad productiva, en pro de la inversión en actividades financieras que permitieran aprovechar la coyuntura, lo cual redundó en desmedro del desarrollo industrial nacional.

CONCLUSIONES

Luego del análisis de las políticas industriales y del contexto macroeconómico, se detallan a continuación las conclusiones a las cuales se arriba.

o Respecto de los efectos de las políticas industriales sobre el desempeño del sector industrial, se observa lo siguiente:

La promoción industrial que se aplicó en Argentina se basó principalmente en la liberación del pago de gravámenes (tanto internos como aduaneros); ello fue así tanto en el régimen nacional como en los provinciales, agregando estos últimos a la liberación en el pago de derechos de importación, la liberación en el pago del IVA (amén de que la autoridad de aplicación que evaluaba el acceso a los regímenes en estos últimos, era mucho más flexible). De manera que el régimen de promoción industrial no sólo se presentó contradictorio a la política arancelaria establecida por el gobierno en sus primeros años (que tendía a la protección de la producción nacional), sino que fomentó la desintegración territorial de gran parte de los procesos productivos, y el desplazamiento de los mismos hacia las regiones promocionadas con el fin de aprovechar los beneficios fiscales. Consecuencia de ello fue el florecimiento de establecimientos más de tipo “enclave”, en desmedro de establecimientos “productivos con generación de cadenas de valor en el resto del territorio nacional”.

Además, la mayor parte de los procesos productivos que se radicaron en las zonas promocionadas, pertenecían a grandes capitales, al igual que sucedió con la mayoría de las empresas que accedieron a los beneficios de promoción de exportaciones industriales.

Por su parte, los mecanismos de promoción de exportaciones industriales estuvieron vigentes por un breve período de tiempo, y no denotaron un ánimo por parte del gobierno de favorecer la tecnificación de los productos exportados (tal como se observa al analizar los beneficios de promoción a las exportaciones); es más, en términos absolutos las exportaciones que más crecieron en el período fueron las que menos valor agregado tenían (MOA). Por lo tanto, de la mano de la concentración de capitales en la industria y de una mayor recepción de inversiones extranjeras (dentro de las que vinieron al país), los sectores industriales que más crecieron fueron los relacionados con la exportación de commodities.

En cuanto al manejo de la política exterior en favor de las exportaciones industriales, la mayor integración con Brasil si bien permitió incrementar las exportaciones de productos manufacturados hacia aquel país, las que más crecieron fueron las exportaciones de productos primarios. Por otra parte, como se mencionó en el capítulo respectivo, los mayores avances que se produjeron en la relación bilateral, entre ambos gobiernos, fueron en materia de política internacional.

De modo que, las políticas industriales implementadas por el gobierno radical tuvieron escasa incidencia en la recuperación de las industrias que habían liderado el proceso ISI, las cuales prosiguieron el camino de regresión que habían iniciado a mediados de la década de l970; fiel ejemplo de ello es la evolución que registró durante el período la industria del tractor, que estuvo sujeta a vaivenes y fluctuaciones, tanto en su producción como en sus ventas al exterior. En el caso de esta rama industrial, no sólo la política interna fue desfavorable para su desarrollo, sino también el avance del contexto internacional, ya que la caída de precios internacionales de los productos agrícolas desincentivó también el crecimiento de su producción.

o En cuanto al modo en que esas políticas influyeron en la configuración de un patrón industrial determinado, se observa que:

Las políticas implementadas coadyuvaron a la consolidación del patrón industrial que comenzó a configurarse hacia mediados de los años setenta. No sólo sucedió que gran parte de la legislación que estuvo vigente durante el período del gobierno de Alfonsín fue sancionada durante el último gobierno de facto, sino que la aplicación de las nuevas políticas siguió favoreciendo la concentración de capitales en el sector industrial, y el desarrollo de un patrón industrial basado en la exportación de productos con bajo valor agregado (commodities), al no permitir la recomposición de los sectores industriales que habían liderado el modelo ISI.

Como se mostró en el trabajo, las políticas implementadas hacia la industria no estuvieron destinadas a reestructurar o reconvertir el aparato industrial nacional en una industria de alta tecnología, como lo sugería el Plan Sourruille, sino que resultaron favorables a los sectores productores exportadores de commodities, en detrimento de los sectores productores orientados al mercado interno, que lideraron el modelo ISI, como lo evidencia la industria del tractor (uno de los sectores de la metalmecánica).

o Con respecto a la influencia que tuvo el desenvolvimiento de la economía nacional (e internacional) sobre el desempeño del sector industrial, puede observarse que:

El desempeño de la economía nacional fue contraproducente para el desarrollo del aparato productivo nacional; no sólo disminuyó la producción nacional, sino incluso disminuyó la incorporación de importaciones (bienes de capital) para el sector industrial. Los hechos muestran que la urgencia de los problemas económicos coyunturales fue postergando la implementación de una política industrial, capaz de fomentar el desarrollo de la industria nacional. La evolución de los principales indicadores de la economía (como la inflación), fue desincentivando la inversión en el sector industrial, tanto nacional como extranjera.

Por su parte, el desenvolvimiento de la economía internacional tampoco favoreció el desarrollo de la industria nacional, por la sequía de capitales internacionales que experimentó Latinoamérica durante el período, y las elevadas tasas de interés internacionales que estuvieron vigentes durante gran parte de la década. Además, el auge del nuevo paradigma económico neoclásico a nivel internacional, claramente influyó en forma negativa sobre los sectores industriales que habían liderado el modelo ISI; las nuevas ideas económicas pregonaban el desmantelamiento de la protección estatal (bajo la cual habían proliferado dichas industrias) y la apertura de las economías (que permitió el ingreso de productos más avanzados tecnológicamente, y por lo tanto, más competitivos que los de fabricación nacional). Este paradigma económico propugnaba el desarrollo de un perfil exportador, dirigido a fomentar la exportación de productos en los cuales el país tuviera ventajas comparativas; de esa manera, fue favorable al desarrollo de las industrias que se especializaban en la producción y exportación de commodities.

o En síntesis, ¿qué se hizo en materia de política industrial durante el gobierno de Raúl Alfonsín?

El gobierno de Raúl Alfonsín implementó políticas industriales durante su gestión. Es más, en un momento, el gobierno contó con un Plan de desarrollo industrial para el país, el Plan Sourrouille, que de haberse tomado las medidas acordes para ejecutarlo tal vez habría conducido el desarrollo industrial nacional en dirección distinta a la que prosiguió, y ¿por qué no? en dirección similar a la adoptada por países industrializados, como Estados Unidos.

Sin embargo, y como se aclaró al comenzar el trabajo, una política industrial debe implementarse basándose en un enfoque holístico, dirigido hacia un objetivo predeterminado (definido en cooperación con el sector privado), y no como un conjunto de políticas dirigidas cada una hacia un objetivo específico, que se presenta divergente o incluso superpuesto con el de otras políticas. Por lo tanto, puede afirmarse que no hubo política industrial durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Si existieron, políticas dirigidas hacia la industria, políticas industriales, pero no una política industrial determinada.

Por otra parte, si bien es un hecho que las políticas industriales adoptadas condujeron a la consolidación del patrón industrial que comenzó a configurarse en el país hacia fines de los años setenta, como se explicó anteriormente no puede aseverarse que ese fue un objetivo explícitamente buscado por dichas políticas. Si en cambio, puede considerarse que el devenir de los hechos económicos y políticos, internos e internacionales, junto con algunas políticas industriales aplicadas , favorecieron el desarrollo de ese tipo de industrias exportadoras de commodities. También contribuyó a este resultado el hecho de que las políticas industriales implementadas durante el gobierno radical no estuvieran destinadas a detener ni evitar la regresión que afrontaban (desde mediados de los años setenta) las ramas industriales que lideraron el modelo ISI, como lo atestigua la evolución de la industria del tractor.

A modo de cierre, puede decirse que si se analiza la historia industrial de la Argentina, desde la óptica holística y largo-placista que se adoptó en el presente trabajo para definir la política industrial, es difícil encontrar un período en el cual pueda aseverarse que existió política industrial en el país. Los períodos durante los cuales se registró un fuerte crecimiento de la industria nacional, como la década del treinta, el peronismo, o el desarrollismo, tampoco evidencian la existencia de una política industrial, desde la perspectiva que se adoptó en este trabajo.

Tanto los años treinta como el período del primer gobierno de Perón, fueron producto del devenir de acontecimientos internacionales (la crisis de los años treinta y la segunda guerra mundial), que cerraron las economías nacionales al intercambio comercial e impulsaron necesariamente un proceso de industrialización en el país. En los años treinta, si bien ese proceso estuvo acompañado de políticas económicas favorables al desarrollo industrial nacional (como el mecanismo de control de cambios selectivo), el mismo no puede considerarse como política de Estado. No hubo un conjunto de políticas destinadas a promover el desarrollo industrial a mediano o largo plazo; tampoco existió una acción coordinada entre el Estado y los particulares (empresarios), para promover dicho desarrollo, sino que sucedió lo que Romero (1995) describió como “la sustitución de importaciones ofrecía el atractivo de un mercado existente y cautivo y una ganancia rápida. Una vez satisfecho, era más conveniente pasar a otra rama, igualmente insatisfecha, que profundizar la inversión en la anterior” (Romero, 1995: 99). Es decir, se explotaba una rama hasta obtener las mayores ventajas, y luego se pasaba a otra que diera mayores ganancias, cuando la primera comenzaba a ser menos rentable.

En los años del gobierno de J. D. Perón, si bien durante su primer mandato se registró un impulso al desarrollo de la industria nacional, por parte del Estado (con medidas como el otorgamiento de créditos del Banco Industrial, la creación del Instituto de Promoción del Intercambio – IAPI –, y la protección arancelaria), ese impulso no lo fue en términos de mejorar la tecnología o competitividad internacional del sector; contrariamente, los costos de las industrias se vieron incrementados por el crecimiento de los costos laborales, y la tecnología aplicada era cada vez más obsoleta. Además, esa política comenzó a cambiar a partir del año 1949, y especialmente desde 1952, su segundo mandato, cuando la política económica del gobierno nacional registró una “vuelta al agro” (revirtiendo el rol que hasta entonces había desempeñado el IAPI), y una preferencia a las “grandes industrias” en detrimento de las pequeñas y medianas (en términos de ayuda crediticia).

Por su parte, durante el denominado período “desarrollista” , si bien se adoptaron importantes medidas para fomentar el desarrollo de determinadas industrias del país (industrias pesadas), las mismas sólo se registraron durante la primera parte del gobierno de Frondizi (que abarca hasta el año 1960), ya que a partir de entonces el gobierno cambió esa política desarrollista por una política de tipo ortodoxa, implementada de la mano del Ing. Álvaro Alzogaray, y recomendada desde la esfera internacional por el Fondo Monetario Internacional.

De manera que, podríamos decir que el gobierno de Raúl Alfonsín no escapó a “las generales de la ley”, a esa herencia histórica del país que si indagamos un poco más en la historia proviene desde la época virreinal , cuando los reyes de España intentaron evitar el desarrollo de industrias en América para que no compitan con sus pares españolas. Desde entonces, parece que la implementación de una política industrial, que permita el desarrollo del sector en el mediano y largo plazo, nunca fue una prioridad de los gobiernos de turno en nuestro territorio (Río de la Plata), ni respondió a un modelo de país anhelado.

Por otra parte, si bien podría esgrimirse que durante la presidencia de Raúl Alfonsín el pensamiento económico nacional estaba siendo cooptado por la preeminencia, a nivel internacional, de las ideas económicas liberales, también era posible observar ejemplos coetáneos de países que contaban con una política industrial, que incluía instrumentos que en muchos casos contradecían los principios propugnados por el nuevo paradigma económico liberal; así lo demuestran los casos analizados de Estados Unidos, Alemania y Japón. En estos países, el Estado desempeñó un importante rol para favorecer el desarrollo industrial, y contó en muchos casos con la cooperación de los sectores privados (y también educativos).

Sin embargo, ni las bases de un anteproyecto de política industrial, como podría considerarse al Plan Sourruille, ni el reconocimiento internacional que estaban logrando países como Estados Unidos, Alemania y Japón, fueron suficientes para que Argentina adoptara una política industrial que impulsara la industrialización del país.

Por ello, la necesidad de que esta investigación nos permita, a partir del análisis de los acontecimientos históricos, abrir un camino para empezar a indagar sobre la política industrial que necesita la Argentina, si lo que se pretende es avanzar hacia la industrialización del mismo. Como la historia y la coyuntura lo demuestran, gran parte de los países que ocupan un lugar destacado en las relaciones económicas internacionales son países desarrollados, industrializados, es decir, países cuyos procesos industriales han logrado un grado de desarrollo importante, ya sea en el campo de las altas tecnologías (producción del conocimiento), o de la industrialización de materias primas.

El desarrollo industrial ha mostrado a lo largo de la historia ser un gran impulsor del crecimiento económico, ya que la industria tiene un importante efecto multiplicador sobre el resto de la economía. Asimismo, la industria, y especialmente aquella que utiliza como insumo el “conocimiento”, tiene un gran efecto “derrame” que puede ayudar a lograr una mejor distribución del ingreso, y puede permitir avanzar un paso más, en el camino que va del crecimiento económico al desarrollo social.

Si bien la evolución de los últimos años del mercado de materias primas parece contradecir la teoría de Prebisch sobre la evolución de los términos de intercambio, no debe olvidarse que en la historia mundial también existieron períodos de alza de los precios de los productos primarios, pero luego también lo hubo de bajas. De manera que, no es posible asegurar que dicha tendencia continuará en el largo plazo. Y aún si fuera así, la Argentina es un país rico en recursos naturales y humanos, y ha venido exportando materias primas desde la consolidación del Estado nacional (e incluso desde época virreinal). Es imprescindible pensar el “derrame” que podría lograrse en la economía, si en lugar de exportar materias primas e importar productos manufacturados, siguiéramos exportando materias primas, pero con mayor valor agregado. Tanto para aprovechar la coyuntura de precios de materias primas elevados, como para exportar materias primas con mayor valor agregado, resulta imprescindible también desarrollar la agroindustria, entre ellas la industria de maquinaria agrícola (y especialmente, la del tractor). Es necesario superar la antinomia “campo versus industria”, diseñando una política industrial que involucre el desarrollo de ambos sectores, motores del crecimiento económico nacional.

De este modo, el desarrollo industrial (basado en la industrialización de materias primas) nos permitiría avanzar en la senda del crecimiento económico, que es indispensable para poder producir luego el desarrollo social que estamos buscando, un desarrollo que se materialice en un crecimiento económico sustentable, con inclusión social . El paso siguiente requerido para que el crecimiento se convierta en desarrollo, es avanzar en la distribución de la riqueza, que el Estado puede realizarla a través de muchos instrumentos, especialmente con una reforma impositiva que elimine impuestos regresivos, para convertirlos en progresivos.

Sin embargo, para conseguir tal desarrollo, como argumentan Krugman (1999) y otros economistas defensores de la industria naciente, al menos en la primera etapa del desarrollo es necesario brindar cierta protección a la industria. Es también necesario fomentar la alianza entre las empresas industriales y las casas de altos estudios, para incorporar la tecnología en el desarrollo industrial.

Por otra parte, es indispensable que en ese proceso exista cooperación entre los sectores empresarios, que como dice Rodrik (2004) son los que conocen la realidad de la industria, con el Estado, que es el encargado de diseñar y aplicar la política que permitirá el desarrollo de esa industria. Sólo así, podrá garantizarse que la política industrial tenga éxito.

Para concluir, se delinean algunos aspectos importantes que deben tenerse en cuenta al momento de diseñar una política industrial para un país como Argentina:

o Las políticas industriales deben formularse de manera que las mismas respondan a objetivos predeterminados, que se pretende que el sector industrial nacional alcance en el mediano y largo plazo.

o Entre esos objetivos debe figurar la necesidad de que el desarrollo industrial aproveche los recursos que tiene el país, ya que la Argentina es un país con abundantes recursos primarios (especialmente agropecuarios), que se exportan con poco valor agregado.

o El mercado externo es muy importante, pero también lo es el mercado interno. Este hecho se evidencia especialmente en períodos de crisis internacional, cuando la demanda exterior se contrae.

o El desarrollo industrial también debe avanzar hacia el desarrollo de bienes de capital para la industria, y en particular para la agroindustria.

o Para la formulación de políticas industriales es necesaria la cooperación entre el Estado, el sector empresarial y las instituciones educativas o casas de altos estudios especializadas en la materia.

o La protección de la industria en su primera etapa de desarrollo es importante, pero no puede prolongarse más allá de lo necesario para que cada sector industrial alcance la competitividad internacional, en el menor plazo posible. Ese plazo de protección debe ser determinado por comisiones técnicas que estudien cada sector industrial en particular.

o No sólo es importante la incorporación de tecnología en el sistema productivo, sino también el desarrollo de la misma a nivel nacional o local.

o El nivel de protección a la industria debe ser cuidadosamente establecido, a los efectos que no transgreda los tratados internacionales de los cuales la Argentina es parte (como MERCOSUR o la OMC). También en este punto se requieren comisiones técnicas que estudien cada caso en cuestión, teniendo en cuenta la normativa de esos acuerdos internacionales.

o El análisis de los sectores industriales que se pretende impulsar debería efectuarse en forma conjunta, no sólo con las provincias sino también con otras regiones del Cono Sur, a los efectos de determinar qué sector conviene desarrollar a fin de aprovechar las ventajas comparativas de cada región. De ese modo también se garantizaría un mercado regional para productos industriales, a los efectos de aprovechar las economías de escala.

o Es necesario contar con la participación de IED, pero siempre dentro de un marco de regulación, que asegure su contribución al desarrollo del proceso productivo.

o Como parte de las políticas económicas generales, es necesario fomentar el ahorro nacional, e incluso premiar su participación en el proceso productivo, a los efectos de avanzar hacia una menor dependencia del ahorro extranjero (que en épocas de crisis genera vulnerabilidad).