1. El mercado en el sistema capitalista es libre. El mercado libre es esencial para una economía dinámica y viable. El mercado libre beneficia al ciudadano. El mercado se autorregula.

Sin embargo, si es evidente que cuanta más competencia haya, es decir, cuantas más empresas ofrezcan productos similares, menores serán los precios de dichos productos y, al mismo tiempo, mayor será la calidad de los mismos (ley de la oferta y la demanda); entonces, ¿por qué se aboga tanto desde la economía oficial por la concentración y fusión de empresas? ¿Los monopolios o los oligopolios no son lo más opuesto al mercado libre? ¿Cómo puede haber un mercado libre cuando hay unas pocas grandes empresas (cada vez más grandes y cada vez más pocas) que dominan sobre todas las demás? ¿Cómo puede haber un mercado libre donde las reglas del mismo las fijan las grandes corporaciones económicas que incluso dominan al poder político (por ejemplo financiando campañas electorales) para que legisle a su favor? ¿Vamos a obviar la existencia de lobbies? ¿Cómo puede haber un mercado mundial libre con medidas proteccionistas? El sentido común, la lógica, nos dice que un mercado, para que sea libre, necesita ser regulado para evitar los abusos de los grandes o de los poderosos, incluso debe legislarse para evitar que haya poderosos. Un mercado verdaderamente libre necesita ser regulado para evitar la excesiva concentración de empresas, con el objetivo prioritario de evitar los oligopolios y los monopolios. El monopolio es incompatible con la libertad. Un sistema económico monopolizado por muy pocas empresas no puede ser libre. Un sistema político monopolizado por pocas personas o por pocos partidos políticos no puede ser libre. El bipartidismo estático es incompatible con un sistema político libre. Un régimen de partido único no puede ser libre. Un mercado de comunicación dominado por muy pocas empresas no puede ser libre. Sólo es posible una prensa libre si se evita los monopolios mediáticos, si se pone coto a las concentraciones empresariales (entre otras medidas). Es imposible que fluyan las ideas libremente por la sociedad sin una prensa libre. La libertad de expresión pública se convierte en una quimera cuando es acaparada por unos pocos.

¿Realmente alguien se cree aún que tenemos un mercado libre? ¿Para quién es “libre” el mercado? ¿Para el consumidor que cada vez tiene menos donde elegir? ¿Para el pequeño empresario que está condenado a ser comido por el gran empresario? En realidad, el mercado es sólo libre para el gran empresario, que es cada vez más libre para imponer sus reglas, para fijar los precios (o para ponerse de acuerdo con la poca competencia que tiene para fijarlos), para explotar a los trabajadores de los que depende para acumular riqueza. En realidad, no hay libertad de mercado, hay libertinaje de mercado. El mercado “libre” es la jungla económica puesta al servicio del más fuerte. Estamos hablando de la tendencia general del capitalismo. Existen ciertos sectores donde el mercado es más libre que en otros. Muchos mercados presuntamente liberalizados nacen por la privatización de antiguos monopolios estatales (vendidos muchas veces a amigos o familiares de los que ostentan el poder político) que se convierten en los dominadores del mercado presuntamente liberalizado. Son mercados que nacen ya muy “oligopolizados”. En definitiva, la tendencia del capitalismo es hacia los oligopolios o incluso hacia los monopolios, ya sea porque antiguos mercados monopolizados públicos nacen ya muy oligopolizados, ya sea porque mercados muy alejados de los oligopolios tienden hacia ellos por el proceso continuo de concentración del capital (no sólo no limitado sino que fomentado por el poder político subordinado al poder del gran capital).

El problema no es sólo que el mercado es cada vez menos libre, sino que, además, es cada vez más privado. Si ya tiene sus inconvenientes un mercado con un monopolio estatal, el problema se agudiza cuando el monopolio es privado. Porque en el primer caso, al ser la empresa pública, siempre hay más probabilidad de que responda ante la sociedad, de que sea gestionada por la sociedad en general (siempre que el Estado sea realmente democrático), de que sus gestores sean elegidos por un poder que emane del pueblo. Pero en el segundo caso, una empresa privada no responde ante la opinión pública, su gestión interna sólo depende de unas pocas personas que no son designadas por nadie que represente al pueblo (ni siquiera por sus trabajadores, por supuesto). Al privatizar las empresas, se aleja toda posibilidad de democratizarlas. Las empresas privadas son más dictatoriales que las públicas. Los trabajadores de empresas públicas saben perfectamente que sus puestos de trabajo peligran más cuando se privatizan. La conversión de los monopolios públicos en oligopolios privados supone el afianzamiento del capitalismo. Supone traspasar el poder (aún formal) del pueblo sobre ciertos sectores de la economía a unas pocas manos que escapan del control general. Supone un paso hacia atrás en la necesaria democratización de la economía. El control del pueblo en las empresas públicas es sólo formal, no es aún real desgraciadamente, pero sería aún posible si el Estado se democratizara por completo. Sin embargo, en las empresas privadas es imposible, ya no es ni siquiera formal. En este caso, se aleja definitivamente cualquier posibilidad de control real. La única forma de que el control volviera al pueblo sería con la nacionalización de la empresa.

Después de las medidas de rescate de los bancos que los Estados capitalistas han tomado recientemente frente a la crisis financiera, ¿quién se cree aún el discurso oficial de que no es necesario que el Estado intervenga en la economía? ¿Cómo cuadra el hecho de que los beneficios se privaticen (esto es la esencia misma del capitalismo, se basa en la propiedad privada de los medios de producción) pero, al mismo tiempo, las pérdidas se socialicen? El Estado (la sociedad) asume, en parte, los costes económicos cuando una empresa se declara insolvente. Bien es cierto que así se protege también, en parte, a los trabajadores, pero también es cierto que pocas veces se pide responsabilidades a los empresarios que habiéndose enriquecido han llevado a la bancarrota a sus empresas y al paro a sus empleados. La percepción general (no infundada, desde luego) que tenemos todos es que los ricos pocas veces pagan (y cuando es así, lo hacen poco) por sus acciones irresponsables y egoístas. La justicia está al servicio de los ricos. Se ceba con los débiles mientras protege a los poderosos. Incluso, bajo el concepto de fianza, se permite que los que tienen dinero compren su libertad para evitar estar en el calabozo. ¡En el capitalismo, la proclamada a bombo y platillo libertad también está en venta! ¡Cuántas veces los delincuentes ricos, de “guante blanco”, abandonan rápidamente las cárceles en las que han permanecido con un trato de favor mientras la justicia es severa con los antisistema (no son pocos los casos de anarquistas, por ejemplo, que incluso siguen en la cárcel cuando las leyes dicen que ya no deberían estar en ellas) o los pequeños delincuentes! Proporcionalmente, es más caro quemar una bandera o una foto o “injuriar” a cierta persona, que quebrar una empresa, a pesar del drama generado a miles de familias en este último caso, que no se produce en los otros. Cuentan más las banderas o los símbolos de la patria que las personas, sin las que dicha patria no existiría. Cuenta más cierta persona que no ha sido elegida para el cargo perpetuo que ostenta y que fue designada por un dictador, que millones de personas. Persona, por cierto, blindada mediáticamente y sobre todo legalmente por una Constitución que la pone por encima de la ley contradiciéndose a sí misma al afirmar pomposamente que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. En España, ni siquiera en la teoría, somos todos iguales ante la ley. En España, el disfraz “democrático” es menos eficiente que en los países de nuestro entorno, por ser más descarado. Los pobres pagan las crisis creadas por los ricos. Con el dinero que pagamos todos a través de los impuestos, se pagan las consecuencias económicas de los actos de los grandes empresarios, que muchas veces son los que más evaden el pago de impuestos. El Estado controla con lupa a los trabajadores para cumplir con el fisco, mientras hace la vista gorda con las grandes fortunas. Se exprime al trabajador que cobra mediante nómina, mientras los profesionales liberales tienen poco o nulo control. Incluso, a veces, los propios trabajadores de Hacienda denuncian la evasión fiscal de las grandes fortunas, la falta de medios para combatirla y la connivencia del Estado con ella. ¿Quién pierde y quién gana con tal filosofía? ¿No es evidente que los Estados están del lado del poderoso, del que tiene dinero, del poder económico? ¿No es evidente que el Estado está al servicio de la clase dominante? ¿Alguien puede dudar a estas alturas de la naturaleza clasista del Estado capitalista?