I. INTRODUCCIÓN

La zona rural de los municipios de San Pablo, Cantagallo y Simití, en especial las veredas localizadas en la parte alta, se configuran como espacios socio-físicos donde la soberanía del Estado con sus múltiples acciones de política social no ha logrado tener un alcance de inclusión generalizada. Las actividades económicas que se desarrollan se corresponden bajo una funcionalidad en la que la subsistencia emblematiza el modus vivendi de la población.

En cuanto al ordenamiento territorial, se presenta un mayor favorecimiento en la ejecución de obras de infraestructura física en la parte urbana, sin claros avances de mejoramiento en la calidad de vida y en un contexto en el que existe una atomización creciente de los presupuestos de inversión no obstante a las crecientes necesidades sociales insatisfechas y a la ruralidad del territorio.

Así mismo, la vulnerabilidad y la violación de los derechos humanos por encima de toda consideración humanitaria, retroalimentan la pauperización en la situación socio-afectiva y emocional de las personas ante un conflicto armado que, aunque territorializado dentro del devenir histórico de la formación y asentamiento poblacional, no deja de connotar lo que para su sostenimiento ha sido la importancia geo-económica y estratégica de la zona para los grupos armados ilegales.

De esta manera, la necesidad de replantear y promover un orden alternativo al existente ha conllevado a organismos como el PDPMM y la ACVC , a delimitar la creación de los llamados espacios humanitarios, para que en consecuencia se establecezcan planes de intervención estratégica que permitan darle un trance paulatino y real a la irregularidad de las condiciones presentes en el medio. Contribuir con el logro de mayores resultados en términos sociales con una provisión equitativa, con calidad y con una cobertura ampliada, son retos en los que la voluntad comunitaria y la gestión del destino propio requieren encadenar esfuerzos colectivos de lucha hacia el reconocimiento de los derechos y al mejoramiento de la calidad de vida.

La zona de desarrollo integral, como espacio humanitario, se constituye como un primer intento para la promoción de condiciones favorables para la población en el sur de Bolívar. Las 36 veredas que la conforman , se dinamizan bajo situaciones de dificultad que imposibilitan la vida en comunidad de su población. En lo económico, por la prevalencia de la coca como cultivo que ofrece mayor rentabilidad frente a los cultivos tradicionales; en lo social, las postergadas satisfacciones de las necesidades sociales básicas que repercuten en los altos índices de pobreza y en los derechos humanos, por el constante hostigamiento causado por el conflicto armado interno. Todo lo anterior, obliga en efecto al diseño de un plan estratégico que le devuelva a la población el deseo de seguir viviendo en tranquilidad, legalidad y calidad de vida.

La apuesta estratégica se enmarca bajo una concepción de desarrollo rural en la que la condición de bienestar de la población debe estar enfocada en los siguientes aspectos: desarrollo productivo con perspectiva de género y sostenibilidad ambiental y financiera, en el que la igualdad de oportunidades, la agregación de valor a la producción, el mejoramiento de las técnicas de producción que conlleven a un aprovechamiento adecuado de los suelos y a la protección y conservación de los ecosistemas naturales, permitan potencializar la generación de riqueza aprovechando la vocación agropecuaria de la zona.

La provisión de servicios y bienes públicos deben tener una consideración de justicia social y equidad territorial, en el que el acceso oportuno, permanente, ampliado y con calidad de la educación, salud, vías, electricidad, etc., tenga una responsabilidad compartida entre la población, apartir del control y la participación social, y el Estado municipal, con el cumplimiento efectivo de sus deberes constitucionales y legales, que redunden en el bienestar y progreso social de la población.

La construcción de redes sociales sobre la base del fomento y el fortalecimiento de organizaciones comunitarias deben ser consecuentes con la formación de ciudadanos que sientan en el deber político de la participación y la organización el medio sobre el que pueden liderar espacios para el debate, la influencia, la veeduría y contraloría social, en pro del interés de sus comunidades. El empoderamiento local como elemento consubstancial en el desarrollo endógeno, requiere para su funcionamiento la concientización y el accionar colectivo e individual frente a propósitos comunes de esfuerzo y movilidad social, que reflejen el deseo de superación, de cambio social, del sentido de pertenencia y la cohesión e integración comunitaria.

La dignificación de la vida y la estabilidad del tejido social dentro de los territorios, son meras esperanzas de política para la convivencia si dentro del conflicto armado no se establecen mecanismos institucionales que propendan por la prevención y la protección contra la violación de los derechos humanos. La incertidumbre y el temor como su forma manifiesta, condicionan la permanencia de la población en sus lugares de ubicación, con lo cual, los asentamientos inconclusos, la destrucción de espacios de trabajo y cultura colectivos y la desvinculación estrecha entre el hombre y la naturaleza, quedan superpuestos ante los indiscriminados hechos de hostigamiento y persecución armada de grupos irregulares.

En este orden de ideas se propone la aplicación de estrategias integrales, a partir de la conjunción de acciones intersectoriales, priorizando la producción de bienes y servicios de valor social, la utilización racional de los recursos naturales y el medio ambiente, la participación equitativa en la gestión y el reparto de los beneficios, la orientación multi-sectorial de la agricultura y la promoción de la identidad local y regional y de los derechos humanos para su protección y prevención.

Por consiguiente, se han determinado en la zona de desarrollo cuatro (4) ejes temáticos que en forma aproximada delimitan la realidad singular y concreta en ella manifiesta. Un componente de economía y ambiente, en el que se establecen las condiciones de producción, generación de ingresos y ocupación de la población tomando en cuenta la relación con el medio ambiente.

En el componente del desarrollo social, se determinan las condiciones de vida de la población a partir del acceso a servicios como la educación, salud, el saneamiento básico, electrificación, vías, telefonía y el deporte, la recreación y la cultura y en las que su carencia condiciona el desarrollo productivo de los territorios.

La participación y organización comunitaria, constituye un rol importante en la definición del territorio, por cuanto se evalúa por medio de ella el capital social presente en la población, tomando en cuenta la estructuración de las redes sociales en pos de la consecución de objetivos comunes, que a su vez permitan conocer el sentido de pertenencia e identidad común en los aglomerados sociales, determinantes para los procesos de desarrollo productivo, social y humano. Igualmente, se conjugan los canales institucionales existentes para la participación comunitaria como elemento enlazador e interactuante entre la población y el estado municipal.

Así mismo, los derechos humanos se constituyen en el pilar fundamental sobre el que descansa la problemática presentada en la zona de desarrollo integral. El estado de vulneración y violación de los derechos humanos así como la formación y organización de las comunidades para actuar en consecuencia frente a sus formas de manifestación son aspectos a tener en cuenta para dimensionar la magnitud de sus repercusiones en la población.

En la anterior perspectiva de desarrollo, es de anotar que la funcionalidad de las estrategias que la enmarquen se ha de corresponder por los criterios de A) integración territorial, como expresión de la inserción de espacios, recursos, sociedades e instituciones en tejidos que conforman regiones, naciones o espacios supranacionales, que los definen como entidades integradas cultural, política y socialmente. B) integración social, tomando en consideración la importancia de reconstruir y consolidar el tejido social y productivo como forma de entablar una relación de permanencia, arraigo, armonía natural, generación de valor social y económico, construcción de imaginarios colectivos y solidaridad y C) integración pacífica, en donde se propenda por el logro de la convivencia ciudadana como expresión social de un tipo de sociedad en la que el diálogo, la participación, la dirimencia en las diferencias y la concertación sean los patrones que linden en la búsqueda del reconocimiento y el respeto por los derechos humanos.

Los preceptos anteriormente descritos, no obstante a su importancia en la construcción y el desarrollo de espacios sociales con identidad y reivindicación social, ponen de manifiesto para una mejor comprensión y análisis de la zona de desarrollo integral, la consideración de aspectos como la integralidad, en donde se define e identifica los aspectos delimitantes de la realidad del territorio tomando en consideración los problemas que condicionan su desarrollo y lo sistemático, que permite establecer las relaciones multi-sectoriales entre cada aspecto condicionante del desarrollo.

Para alimentar el desarrollo de la apuesta estratégica se recurrió inicialmente a la revisión bibliográfica de los siguientes documentos: Planes de desarrollo, 2004-2007 y esquemas de ordenamiento de los municipios de San Pablo, Cantagallo y Simití. El diagnóstico agropecuario y rural realizado por el PDPMM, 2004, el plan de desarrollo sostenible para la zona de reserva campesina del valle del rio Cimitarra, realizado por la ACVC, 1999, el plan de desarrollo del departamento de Bolívar, 2004-2007 y el balance general de avance de la zona de desarrollo integral, 2004.

El plan de intervención estratégica ha reconocido en la participación comunitaria el papel trascendental que ella cumple en los procesos de planificación del desarrollo. En la medida en que la convocatoria comunitaria sea entendida como el medio por el que se puedan promover y fortalecer los valores democráticos de participación y el tejido social de las comunidades, así mismo la legitimidad y la credibilidad frente a lo que se propone tendrán el suficiente respaldo al constatarse los aportes, las necesidades y las problemáticas establecidas por la población. Es un concepto claro en la garantía de ganar la confianza y el respaldo de los habitantes, en concordancia a un requerimiento supremo de cooperación, solidaridad, sacrificio y voluntad decidida en la lucha por su propio destino.

Por tal motivo, fueron acordados tres (3) sitios de encuentro a los que fueron convocadas las comunidades para enriquecer, a partir de talleres de planeación participativa, el diagnóstico de la zona de desarrollo. La metodología empleada consistió en la realización de mesas de trabajo en las que a cada grupo le correspondió, en atención al componente asignado, la identificación de los principales problemas, sus causas y sus consecuencias. Así mismo se lograron identificar la visión, los escenarios tendenciales de la zona y las estrategias pertinentes que contribuirán con el mejoramiento de las condiciones socio-económicas de la población.

Finalmente y para complementar la información, se procedió a la realización de 88 encuestas en las que el 65% correspondió a las veredas del municipio de San Pablo, el 25% a las de Cantagallo y el 10% a las de Simití.