LA VEJEZ: UNA DISCRIMINACI?N M?LTIPLE

UN DOBLE CASTIGO

Conjugar el papel de la pobreza y la vejez, es analizar a la historia misma de de la época colonial mexicana, sin dejar de contrastarla con la del mundo y la de las ideas, en aquel tiempo. Interesa tener en cuenta que, al igual que en la historia mundial, también en México, las primeras preocupaciones y actividades al respecto se centraron en la vejez, considerada como condición de la vida en la cual predominaban la enfermedad y la dependencia.

En este efecto, evidentemente precaria, cuando la medicina se institucionalizó, al hablar del primer hospital fundado en México es entrar en detalles que llevarían un espacio mayor, recordemos que en los hospitales se recluía por igual a enfermos y ancianos. ¿Cuál sería entonces la esperanza de vida al nacer en nuestro territorio?. Para Gallier (2000) la información existente indica que no superaba los 25 años. Desde entonces, con las iglesias como instituciones y, concretamente en el caso de nuestro país, la Iglesia Católica, las que se ocupaban de quienes padecían desventajas sociales. De la misma Beck (2000) indica acciones posteriores, igualmente ligadas a la visión que identifica vejez con enfermedad, pobreza y desamparo. A México llega la evangelización de la Nueva España con ella abren espacio que apoya a los desfavorecidos

De acuerdo con Meadows (1992) La vejez considerada como sinónimo de a deficiencia mental, enfermedad y próxima a la muerte, al tiempo que con cariz religioso, la recuerda a los mexicanos los mandatos a seguir.

Hoy en día, la población mayor representa en los países desarrollados cerca del 20% de la población y las tendencias futuras la aproximaran al 25%. En los países en desarrollo y menos desarrollados, supera el 10% y en las próximas décadas se va a cercar al 20%. A pesar de esa realidad, en numerosos estados las personas mayores sufren graves situaciones de pobreza y exclusión social, no tienen condiciones de vida dignas y son un colectivo "invisible" para los gobiernos e instituciones internacionales y en los países mas desarrollados, a pesar de los avances y mejoras sociales conseguidas, tienen aun importantes carencias y no cuentan con el reconocimiento que su peso poblacional requiere. (Silva, 117)

Consideramos que aun se deben dar pasos apresurados en cuanto a la protección de los Derechos Humanos de la Tercera Edad, pues no incluyen prohibición específica alguna a la discriminación por edad. Sin embargo, esta es una situación que padecen las personas mayores de todo el mundo en múltiples circunstancias: graves dificultades económicas, limitaciones en el acceso a los servicios de salud, ausencia de servicios sociales, graves carencias en vivienda y condiciones de vida, exclusión de la cultura y educación, trato inadecuado, escasa participación en la vida social y política.

A pesar de las diversas gestiones aun exciten países que no consideran los derechos humanos del grupo social de adultos mayores. Por ello nuestra inquietud de hacer de esta materia una cuestión prioritaria, consideramos la estricta e integra aplicación de la Declaración de Derechos Humanos, recordando que esta debe ser vigente para todos los ciudadanos, sin distinción de edad. La plena inclusión de las personas mayores en la vida social y económica de sus respectivas sociedades, el aprovechamiento de sus capacidades y experiencias y la defensa de sus derechos ante cualquier tipo de discriminación, constituye una aspiración esencial. (Idem, 156)

Además es importante consideramos el aspecto anterior, pues, suponiendo el hecho de que muchos millones de personas lleguen a edades muy avanzadas, nos obliga a que determinados aspectos relacionados directamente con el envejecimiento de la población hayan de ser especialmente protegidos y respetados como derechos de las personas mayores.

Según Ianni (1996) es necesario, se instauren los necesarios mecanismos de control y seguimiento que garanticen su aplicación en todos los ámbitos: locales, nacionales e internacionales. Asimismo, dentro de las instituciones de garantía deberá prestarse. En México, goza de la Ley de los derechos Humanos de la Personas Adultos Mayores (Ver apéndice). Es buen intento pues, al paulatino incremento del peso relativo de las personas mayores en el total de población de los países, concentrándose en las regiones menos desarrolladas del planeta. En América Latina, algunos países recién comienzan un proceso de transición demográfica, mientras que la mayoría está en procesos intermedios y, un número reducido, está en una situación de transición avanzada.

Sosteniendo la idea de Lash (1998) que indica que el avance de envejecimiento producto de las tasas de mortalidad y fecundidad, en América Latina se asocia a la situación de pobreza en que vive la mayoría de su población y a los cambiantes contextos sociales, económicos y políticos.

Las políticas de ajuste del siglo pasado principalmente en los años ochenta disminuyeron los ingresos per cápita de los países e incrementaron la pobreza en detrimento de la calidad de vida de buena parte de la población. Las políticas públicas, en este contexto; “(…) ponen énfasis en atender a los sectores más jóvenes, en detrimento de las personas mayores, a pesar de su acelerado incremento”. (Aranguren, 28) Varios temas importantes comprometen a las políticas públicas, como el empleo para las personas mayores, la problemática de las «viudas», la situación de las mujeres mayores en el campo; los adultos mayores discapacitados, la atención de salud y la seguridad social.

América Latina en la década de los noventa se iniciaron procesos de reforma del Estado, orientados a aumentar el crecimiento económico, mejorar los indicadores de inversión, inflación y sanear las finanzas fiscales. Si bien ha habido una recuperación macroeconómica, se han generado impactos negativos en las condiciones de vida de la población y en los objetivos de equidad social. “En estos años se devalúan las políticas sociales, especialmente las de salud, con incrementos importantes en los gastos privados de las familias.” (Gonzalez, 138). En el área de la seguridad social, los niveles de cobertura son muy bajos, tendiendo a proteger a los asalariados urbanos, dejando fuera a la población rural, al sector informal, a los desempleados y subempleados. Las políticas de salud y de seguridad social se han convertido en instrumentos de la política económica, transformándose en fuentes de ingreso de capital que permiten mantener un cierto equilibrio en el flujo de capitales.

Sostiene Gest (2002) y de igual forma Sastre (2001) que Alguna forma apoyaran las políticas de actuación que trabajan con las personas mayores y en muchos casos se ha pasado de una actitud de confrontación con el gobierno a otra de negociación y concertación entre diversos actores locales e internacionales. “Las ONG muchas veces se ven sobrepasadas en sus capacidades por los cambios acelerados y muchos servicios que brindan se transforman en sustituto de los servicios públicos” (Penso, 2001: 276). Las prioridades en materias de seguridad social y salud son justificadas con valores y principios reconocidos por los propios movimientos sociales (equidad, participación social, calidad), pero la aplicación de ellas se basa en la lógica del mercado.

Para Gómez (2001) relacionar vejez con políticas publicas es entrar a la tendencia de los expertos financieros es concebir el envejecimiento como una «carga social y económica», sin embargo, el envejecimiento de la población no crea un problema económico y social, sino que agudiza un problema general que ya existe en los países, que es agravado por las políticas económicas y la globalización. Todos los grupos de edad están afectados en sus condiciones de vida, y en especial, los adultos mayores.

Otra parte es la asistencia institucional que caracteriza la atención de los adultos mayores. “Es una respuesta limitada, costosa y genera dependencia, minusvalía y pérdida de identidad en las personas mayores.” (Thuerelle, 111). Cualquier forma de organización de los adultos mayores debe basarse en el convencimiento de que el envejecimiento es un proceso que atraviesa toda la vida de las personas; que la falta de reconocimiento laboral pasa por el desplazamiento producido por el desarrollo científico y tecnológico, las políticas económicas y el predominio de los principios del mercado en la vida social; los achaques pueden ser combatidos y no deben ser una norma de vida de las personas mayores; la salud, el bienestar y la productividad no son atributos de la juventud sino de todos; y que la forma de lograr el respeto al reconocimiento y los derechos de los adultos mayores es desarrollando la organización social de los adultos mayores.

Consideramos que las ONG combatir la visión asistencialista y jugar un papel determinante en la posibilidad del cambio individual y social frente al problema del envejecimiento y la vejez: facilitando la organización y el encuentro de los adultos mayores con funciones cívicas que permitan su «empoderamiento» y la intervención de los adultos mayores en la dinámica social; contribuir a que las personas mayores se hagan cargo de su propia situación, identificando sus necesidades, recursos y alternativas de acción frente a la pérdida de sus derechos.

(…) es necesario construir una imagen social de adulto mayor que no lo relacione con la impotencia, improductividad, disminución de posibilidades, oportunidades y derechos. (…) en consecuencia: Hay que hacer de la vejez una causa por la cual valga la pena luchar y esto sólo se logrará cuando la sintamos como propia y cuando logremos que las personas viejas luchen por sus derechos” Para ello los adultos mayores deben recuperar su auto-estima, autonomía y convertirse en verdaderos actores sociales. (Idem, 119)

El adulto mayor debe tener un espacio propio y específico del quehacer social, distinto del que ocupan el Estado y el mercado, dentro cual se incorporan los organismos no gubernamentales y demás organizaciones voluntarias, sin afán de lucro y orientadas hacia fines públicos, entre las cuales se encuentran las ONG propiamente tales, las variadas expresiones de la asociación civil y comunitaria, las “empresas sociales” y las universidades y centros académicos independientes

Indica Tilly (2000) que constantemente existe la fuerte tendencia a concebir lo “local” como el espacio ideal para lograr los propósitos de desarrollo social. No es aceptable que sea este nivel el único en que las organizaciones del tercer sector tengan derecho a intervenir e incidir en las decisiones de políticas públicas. Por otra parte Bueno (1996) sostiene que es necesario asumir como desafíos concretos del tercer sector, la presentación de alternativas al modelo, la conquista de espacios de participación en las políticas sociales estatales, la búsqueda de espacios públicos de diálogo social y asumir el desafío de la comunicación y la información para combatir el aislamiento y atomización.

La nueva visión social requiere de un espacio, en el que se vinculan organizaciones a partir de sus ventajas comparativas en función de logros comunes. “Esta nueva forma de cooperación parte del principio del respeto a la individualidad institucional para crear un espacio de trabajo colectivo, buscando logros que van más allá de las eventuales organizaciones involucradas.” (Puerto, 34). En este marco, los socios más valiosos y lo más importante para la alianza, lo más estratégico, son las personas mayores. Es importante considerarlos no sólo como beneficiarios, sino como socios en una cooperación mutua y estratégica para el cambio y desarrollo.

Innovar es conocer y aprovechar las propias potencialidades o acciones latentes de cada sistema social. “Sólo a partir de sus propias potencialidades este proceso puede ser firme y sustentable”. (Castells, 101)

El papel de genero y es vital al igual que el tema de la vejez, ambos construyen un objeto de estudio rico en conocimientos. La categoría género es un instrumento fundamental para abordar las condiciones y situaciones de vida de las personas, ya que hace referencia al conjunto de signos y símbolos asociados al sexo que determinan la vinculación de las personas consigo mismas, con su medio ambiente y con los y las demás. Cualquier propuesta en este ámbito debe partir de la situación de discriminación que viven las mujeres.

Los procesos poblacionales requieren un innovación las políticas sociales, económicas, de salud y educacionales de la población, para permitir la permanente integración y participación de las personas mayores. La visión moderna sobre desarrollo económico y social advierte que la educación debe ser prioridad en cualquier programa de mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores. La función social de la educación es responder a los requerimientos globales y particulares de la población, así como responder a las necesidades del creciente aumento de la población adulta mayor.

La óptica Kane (2000) indica que el proceso educativo se partir que los adultos mayores tienen derechos que son plenamente exigibles, con mayor razón si se recuerda que amplios sectores de ancianos aceptan ser vistos con compasión y ser menospreciados. Hay que educar para envejecer, para valorizar la vejez y para participar. Esa educación debe incluir también como elemento básico la necesidad de la organización, el para qué de ella y cómo se obtiene. La organización conduce no sólo a la defensa de sus derechos sino a su participación activa en la solución de los problemas sociales.

Toda la medidas y toma de decisiones deben plantearse auténticamente su diversidad y tradición cultural; brindándoles los medios que ellos mismos consideren necesarios para desarrollarse dentro de su propia estructura cultural, no pensando por ellos o para ellos, sino permitiendo descubrir sus propias necesidades que pueden ser muy distintas a las que suponemos; otorgándoles la completa responsabilidad sobre su manera de organizarse y desarrollar sus grupos; permitiéndonos además, rescatar valores de su cultura que deben ser tomados en cuenta como alternativa ante el individualismo de la sociedad actual.

(…) los cambios económicos y sociales producidos durante la segunda mitad del siglo pasado han promovido modificaciones sustanciales en el perfil demográfico de la región. (…) el escenario demográfico es nuevo. La transición demográfica obedece a causas múltiples, entre las que figuran las transformaciones económicas, la urbanización, la ampliación de los sistemas de educación y las mejoras en la salud pública. (…) quizá nunca antes existió una época de tantas transformaciones, múltiples y generalizadas, con efectos directos sobre las condiciones generales de la población. En cierto modo, el comportamiento demográfico ha cambiado a favor de la sociedad, mostrándose en una baja de la mortalidad, el descenso de la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida de la población. (…) no obstante, los cambios demográficos, y sus consecuencias en la estructura de la población, han determinado nuevos y quizá más complejos desafíos. (Ianni, 301)

Los cambios en la estructura de edades de la población tienen consecuencias económicas y sociales diversas: en el mediano y largo plazo afectan la proporción de la población activa, modifican el perfil de demanda en los sistemas educativos, amplían las necesidades de viviendas, y, particularmente, plantean nuevas exigencias a los sistemas de seguridad, atención médica y previsión social. El envejecimiento demográfico pone particularmente en cuestión la sustentabilidad futura de los sistemas de seguridad social. El incremento de la población adulta, y la consecuente disminución relativa de la población infantil, conlleva cambios en el perfil de atención y demanda de servicios de la población.

Retomamos la aportación de Rodríguez (1989) al indicar que el mundo envejece, pero particularmente en los países no desarrollados los sistemas de pensiones, los laborales ni los de salud están preparados para ello. Los cambios en las estructuras de edad están determinando nuevas demandas sociales por parte de la población y las familias, y, en ese sentido, imponen cambios en los conceptos y aplicación de las nuevas políticas de población.

La población aumenta lentamente no obstante, ha incrementado los segmentos de la población privada de los recursos para solventar sus necesidades básicas. “En el nuevo contexto, de achicamiento del estado, privatización y desregulación de los servicios públicos, son mayores los riesgos de la pobreza y la desprotección social.” (Domínguez, 277). El retiro del Estado de las actividades productivas y particularmente de las funciones anteriormente sustantivas de protección social ha promovido un estado de mayor indefensión, desigualdad, pobreza, vulnerabilidad, exclusión e inseguridad social. En sentido amplio, la situación de «vulnerabilidad natural» de la población adulta, hasta cierto punto inherente a las condiciones cronológicas, se ve afectada por los déficit en la cobertura y calidad de atención de los sistemas de seguridad prevalecientes.

Las transformaciones han promovido ciertos desplazamientos de los temas de interés: de los más demográficos hacia perspectivas sociodemográficas. El descenso de la fecundidad genera importantes impactos sobre el tamaño de la familia y, por consiguiente, en el debilitamiento de las redes de solidaridad, en una sociedad donde los apoyos familiares operan como importantes estrategias de vida. Por su parte Díaz (2004) argumenta que el envejecimiento demográfico y sus consecuencias en las demandas de seguridad para la vejez resultan coincidentemente con el “envejecimiento social”, asociado con los cambios en las estructuras de los mercados de trabajo, y el hecho de privilegiar a la fuerza de trabajo joven, lo cual complica la situación para aquellos trabajadores de mayor edad.

El proceso de transformación sobre la estructura de la sociedad es grande y complejo. Con el descenso de la mortalidad y la caída de la fecundidad, el aumento en la esperanza de vida y los desplazamientos en la estructura de edad, tienen efectos directos sobre el tamaño y estructura de la familia, la composición de la mano de obra, los mercados laborales, la distribución del ingreso, las nuevas pautas de pobreza. Las repercusiones sobre el incremento de la población activa no sólo corresponden con el achicamiento de la base de la pirámide demográfica, sino también con el abandono masivo de la función de madre y la incorporación al mercado de trabajo. “(…) el envejecimiento afecta todas las dimensiones sociales. La vejez o la cualidad de “viejo” supone una percepción socialmente construida (…).” (Singer, 203). El envejecimiento trae consigo sus propios problemas, entre otros, la soledad, comprensión, rechazo y miedo.

El simbolismo de la vejez tiene una la apreciación, la edad no es un dato natural, inmediato de la conciencia universal. El análisis del envejecimiento debe tener en cuenta relaciones de fuerza entre las generaciones y entre las clases sociales y las representaciones dominantes de prácticas legítimas asociadas a la definición de una edad. En otras palabras, “la ‘vejez’, no más que la ‘juventud’, tampoco es una especie de propiedad sustancial que llega con la edad”. El envejecimiento implica las relaciones de fuerza entre generaciones y la distribución del poder y los privilegios entre ellas. El envejecimiento demográfico supone también un envejecimiento social.