LA VEJEZ: UNA DISCRIMINACIN MLTIPLE

LA VEJEZ: UNA DISCRIMINACI?N M?LTIPLE

Francisco Bijarro Hernandez
Susana Virginia Mendiola Infante

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LA TERCERA EDAD EN EL MUNDO REAL

Se han fomentado una serie de avances tecnolgicos que contribuyen al cambio de los estilos de vida, con ello el poder adquisitivo se agrava apara algunas personas que cuentas con ingresos econmico limitado y mas an si sus fuerzas fsicas son fruto de la senilidad, lo que aumenta mas su pobreza y su discriminacin social, por lo tanto la poltica social estatal no slo experimenta una revalorizacin, sino tambin una reorientacin. La orientacin a grupos - meta y la lucha contra la pobreza por un lado y la privatizacin, la desregulacin y la descentralizacin, por otro, son las nuevas directivas de la accin en poltica social. Tal como han sido puestos en prcticas hasta hoy, difcilmente estn en condiciones de eliminar las causas estructurales de la pobreza.

EL ESCENARIO SOCIAL Y LA POBREZA

La realidad determina que casi el 40% de la poblacin latinoamericana vive en condiciones de pobreza, muchos de ellos de pobreza extrema, esta realidad es intolerable. Hoy los tiempos presentan a los pases con muchas posibilidades para atacar frontalmente la pobreza. La poltica de estabilizacin, con sus limitaciones estrictas del gasto pblico, tuvo sobre todo efectos contraproducentes en los servicios sociales y en el sistema estatal de seguridad social. Y de acuerdo con Bentez (1996), la crisis social se extendi para una gran parte de la poblacin, por otro lado, no se pudieron cometer los procesos de depuracin mediante una extensin equivalente del sistema pblico de bienestar social. Muy por el contrario, en la mayora de los pases los gastos pblicos destinados a servicios sociales retrocedieron considerablemente en valores absolutos durante los aos 80. En la mayora de los pases disminuy tambin la participacin relativa de los gastos sociales en los presupuestos estatales. En este sentido, el sistema de seguridad social no result tan afectado como el sistema de salud pblica y el de educacin, los cuales deben ser vistos como los elementos fundamentales para un desarrollo futuro y para lograr un proceso de transformacin exitoso en el rea de la produccin bajo los augurios de la justicia social. Indica Borja, et al. (1997) sobre todo se redujeron drsticamente los gastos dedicados a mantenimiento, nuevas inversiones y equipos; en algunos pases estos gastos cayeron hasta un 70 %, con lo que se deterior considerablemente la calidad de los servicios sociales, especialmente en el rea de educacin y salud pblica. Tambin se ahorr con los servicios pblicos, y especialmente con los docentes y trabajadores del rea de la salud cuyos salarios fueron drsticamente reducidos o "ahorrados" mediante despidos.

De ante mano es situacin de crisis social y empobrecimiento de gran parte de la poblacin, es la poltica social la materia para disminuir las consecuencias negativas de los actuales programas de ajuste estructural. Ya en 1987 la UNICEF se pronunci por un ajuste estructural humanitario que proteja a los ms dbiles en lugar de imponerles la carga ms pesada del ajuste. En el debate sobre democratizacin se le esta adjudicando de nuevo una importancia a la llamada democracia social, como condicin bsica y factor estabilizador de los regmenes democrticos.(Idem, 109)

Las secuelas circustanciales de la marginacin social han llevado al Banco Mundial (BM) y a los bancos de desarrollo regionales a otorgar un mayor significado a la problemtica social en el marco del ajuste estructural. Para la consolidacin democrtica y la estabilidad poltica es indispensable establecer las condiciones que profundiza y acrecientan la solidaridad y el equilibrio social. Slo en un clima de estabilidad social y poltica ser posible atraer inversiones orientadas a largo plazo. La lgica inherente de una economa de mercado abierta sugiere que las reformas sociales en lugar de una magnitud adicional son una condicin indispensable para la eficacia econmica y la estabilidad. Inidica Gmez (2001) el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunci en su reunin anual de 1993, celebrada en Hamburgo, que para ese ao pretenda adjudicar el 50 % de sus crditos a programas sociales, en comparacin con el 27 % en 1992. Queda por resolver, sin embargo, que tipo de poltica social puede ser la adecuada para conciliar conceptualmente y en la prctica los cambios estructurales necesarios y la estabilidad social. Para la identificacin de las estrategias se diferencia entre dos tipos de pobreza: la estructural y la nueva. Por pobreza estructural,

() se entiende los sectores marginados de la sociedad que permanecen tradicionalmente excluidos del circuito formal de la economa a causa de una estructura de produccin estructuralmente heterognea, y que slo tienen un acceso limitado e insuficiente a las ofertas de empleo y educacin. (Ianni, 1996: 49)

Los nuevos pobres abarcan los grupos sociales que fueron "licenciados" a consecuencias de la crisis econmica y de la poltica de ajuste estructural: trabajadores y empleados que fueron despedidos de las empresas pblicas o privadas y del servicio pblico, jvenes desocupados, pensionados y personas jubiladas prematuramente. El BM, en su poltica de ajuste estructural, considera en gran parte a la pobreza como un fenmeno transitorio que puede prevenirse con medida de corto plazo.

Sigue apegado a su pensamiento neoliberal, el cual presupone que las fuerzas libres del mercado conjuntamente con un crecimiento econmico continuo darn lugar casi automticamente al bienestar social, es decir que con un ajuste estructural exitoso los que fueron socialmente excluidos volvern a integrarse al circuito econmico. (Touraine, 1999: 20)

A finales del siglo XX el BM diseo el desarrollo de estrategias para la lucha contra la pobreza (1990-1991), pero se le ha criticado el que esas estrategias sigan subordinadas al ajuste estructural econmico y que en esencia queden reducidas a medidas sociales amortiguadoras" y de corto plazo, que slo pueden producir un pasajero financiamiento compensatorio de los costos sociales del ajuste, pero no una red de seguridad duradera. Para Mestre (1996) en lo que constituye una ampliacin del concepto del BM, el BID, conjuntamente con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), elabor una reforma social para Amrica Latina que se apoya con mayor fuerza, no slo en programas de compensacin y ayuda a corto plazo y en diversos servicios pblicos y privados, sino tambin en la integracin de la poltica econmica y la poltica social y en la creacin de puestos de trabajo. Al Estado se le asigna nuevamente una importante funcin reguladora. Finalmente, la escuela neoestructuralista de CEPAL abog por reformas sociales estructurales que se espera produzcan oportunidades de educacin y ocupaciones productivas para los desfavorecidos, y sobre todo, estn orientadas a la eliminacin de la pobreza estructural a largo plazo. El proyecto de CEPAL presupone la necesidad de un Estado intervencionista, tanto en el rea econmica como social. (Gallier, 2000: 111)

El dficit financiero y la psima seguridad social cada vez ms criticados en los ltimos tiempos, han despertado sobre si stos, en forma actual, son adecuados para contener la crisis social. El sistema estatal de servicios sociales se ha desarrollado en forma muy diferente en los diversos pases latinoamericanos. Se puede encontrar una combinacin de los sistemas clsicos de seguridad social de previsin de enfermedades, vejez e invalidez, y sistemas de seguridad social de orientacin universalista, por ejemplo el caso de los servicios gratuitos de salud pblica.

En todos los pases existen sistemas privados de previsin adems de los sistemas pblicos de servicios sociales. Argentina, Costa Rica, Cuba, Uruguay, Brasil, Jamaica, las Bahamas y Barbados tienen los sistemas de seguridad social ms extensamente desarrollados. En casi todos esos pases se estableci relativamente un sistema de seguridad social basado en el modelo de Bismarck, el cual se fue extendiendo progresivamente a sectores cada vez ms amplios de la colectividad. Al menos formalmente, la poblacin de ese grupo de pases est amparada en un 70 al 100% por ese sistema. (Garca, 1998. 13)

En el extremo opuesto se encuentran pases como Honduras, Guatemala, El Salvador, Repblica Dominicana y Bolivia, en donde apenas un mximo del 20 % la poblacin est protegido por sistemas pblicos de seguridad social.

En su discurso Ham (1997) indica que una falta grave de la seguridad social, es que esta a que ste excluya por completo a los ms desfavorecidos de la sociedad, los marginales, desempleados, trabajadores del sector informal, campesinos sin tierras, trabajadores domsticos, etc., y gran parte de la tercera edad -en el caso de Tamaulipas existe un seguro popular, pero solo ofrece los servicios del cuadro bsico de atencin, que sucede cuando un diagnostico requiere asistencia de tercer nivel como el cncer o el SIDA?- por el contrario el favorece a los que, en comparacin, son ya, "privilegiados", tales como la clase trabajadora urbana, los empleados pblicos, la clase media, etc. El nmero de los que estn excluidos del sistema pblico (y del privado) de seguridad social () es correlativo por lo general con el tamao del sector informal, es decir con los que de cualquier modo estn excluidos de la sociedad (). (Lee, 2001: 58). Estos tienen que depender de las instituciones gratuitas, por ejemplo para la previsin sanitaria. Adems del desnivel social, existe tambin un desnivel entre la ciudad y el campo.

El intento de fomentar una estabilidad y igualdad en esta materia, el sistema estatal de seguridad social reproduce la estructura social extremadamente desigual y la heterogeneidad estructural de las sociedades latinoamericanas. Adems de esto, la aspiracin universalista del sistema de servicios sociales () no ha estado a la altura de las realidades de la desigualdad social, es decir, la exclusin real de una gran parte de la poblacin del sistema de seguridad social (Penso, et al. 2001: 398). Con el desempleo creciente y la informatizacin del trabajo, a consecuencia de la crisis econmica y del ajuste estructural, esa situacin se ha agudizado en los ltimos aos. De esa manera no slo se redujo el nmero de los trabajadores amparados por el sistema de seguridad social, sino tambin el nmero de los que cotizan, lo que profundiz an ms la crisis financiera de ese sistema.

Segn Singger (2001) la crisis financiera y el recorte presupuestario con arreglo a las medidas de ajuste estructural, las elevadas tasas de inflacin, las explosiones de gastos en el sector de la salud (entre otros), la disminucin de las cotizaciones debido al aumento del desempleo y a la cada de los salarios reales, los atrasos en el pago de cuotas e impuestos, la corrupcin y una creciente incapacidad de pago por parte del Estado debido a las elevadas exigencias del servicio de la deuda, han colocado ya a todo el sistema estatal de servicios sociales en crecientes dificultades financieras.

Una situacin que hace an ms crtica por cuanto los procesos de depauperacin han hecho aumentar tambin la demanda de servicios en el sistema pblico y gratuito de asistencia social, que no se financia con cotizaciones, sin exclusivamente con subvenciones del estado. Una organizacin sumamente centralizada y la fragmentacin institucional, as como tambin una coordinacin interistitucional deficiente han favorecido adems un aprovechamiento infructuoso de los escasos disponibles y con ello el despilfarro de recursos. Adems la organizacin jerrquica y la centralizacin han bloqueado una orientacin ms acentuada de los servicios sociales hacia las necesidades de los afectados. (Sols, 1996: 209)

Las cuestiones y sealamiento a la poltica social latinoamericana, y su vigente situacin, dieron lugar a nuevas orientaciones en materia poltico-social para los aos 90. Desde hace algunos aos se han estado ensayando esas propuestas en algunos pases latinoamericanos. Bajo un nuevo concepto, las mencionadas criticas a las deficiencias de la poltica social tradicional, unidas a la creciente pobreza, han desencadenado en Amrica Latina un debate sobre estrategias poltico-sociales universalistas o selectivas, es decir, dirigidas a grupos meta determinados. Los que abogan por una poltica social universalista, que incluya a todos los sectores de la poblacin, utilizan el argumento de la responsabilidad social que tiene el Estado de garantizar el acceso a la educacin, la salud, la alimentacin, vivienda y asistencia en la vejez a todos los ciudadanos. Para Aranguren (1992) una orientacin de la poltica social del Estado enfocada exclusivamente en grupos-meta determinados acarrea injusticias sociales pues excluye a otros grupos contiguos; por ejemplo, en el caso de una estrategia orientada a los pobres se excluira a la clase media empobrecida. Las arcas pblicas vacas, los costos crecientes de una universalizacin del sistema social existente, as como la necesidad de intervenciones de mayor alcance para luchar contra la pobreza, han convertido hoy las estrategias orientadas a grupos-meta en la tendencia predominante de poltica social estatal. Por una parte se recurre al argumento de polticas prcticas de que la escasez de recursos financieros exige la concentracin de los medios disponibles en los sectores ms necesitados de la sociedad. Por otra parte, la concentracin en agrupaciones especficas respondera tambin a la necesidad de una nueva orientacin que se extiende a los sectores ms pobres de la sociedad, que hasta ahora no han sido amparados por los sistemas tradicionales de seguridad social.

Aunado a lo anterior, como son los sistemas de salud y educacin pblicas, de inspiracin universalista, gratuitos para los menos privilegiados y, al menos de acuerdo con la ley, accesibles para todos los ciudadanos, perdieron su aspiracin universalista en los aos 80 debido a su decadencia progresista. Un enfoque de la poltica social ms centrado en los grupos empobrecidos de la poblacin como grupos-meta permite por lo menos considerar las desigualdades sociales existentes y lograr efectos progresivos de redistribucin. (Del Popolo, 2001: 37)

Sin embargo los problemas de asistencia social estatal dirigidos a los pobres (construccin de viviendas de inters social, programas alimentarios, etc.) tampoco son ninguna novedad en Mxico principalmente; en diversos pases existen desde los aos 60 o 70 (Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica, Guatemala, etc.). Igualmente los programas de desarrollo orientados a los pobres y el fomento de grupos de autoayuda a travs de organizaciones de asistencia social extranjeras no gubernamentales pueden ser evaluados tambin como una forma de polticas sociales selectiva y enfocada en la poblacin pobre como grupo-meta.

Sustenta Lo que s es nuevo es la estrecha vinculacin de las estrategias orientadas a grupos-meta con la poltica econmica de ajuste estructurales y su supeditacin funcional a esa poltica. En este sentido, por lo general, las estrategias poltico-sociales selectivas para la lucha contra la pobreza son evaluadas como compensaciones sociales a un ajuste estructural considerado como necesario. Es ms, el BM y el BID facilitan recursos adicionales para las medidas sociales de amortiguacin destinadas a aliviar la pobreza. Para Lash (1998) la poltica social del Estado debe concentrarse principalmente en programas de asistencia social o "amortiguacin" dirigidos a los pobres, mientras que el sistema estatal de seguridad social, as como el sistema educativo y el de salud pblica, podran ser privatizados en gran medida. En los aos 80 y principios de los 90 se implementaron una serie de programas de asistencia social y fondos sociales en diversos pases de Amrica Latina (Miguel, 2000: 110). Aqu se incluye diferentes programas financiados con dineros del presupuesto estatal, tales como construcciones de viviendas, planes de emergencia para combatir el desempleo, programas alimentarios, programas de patrocinio de grupos de autoayuda e iniciativas comunales en los barrios pobres o de las microempresas del sector informal, pero tambin el establecimiento de los Fondos de Inversin Social financiado por el BM. Los Fondos de Inversin Social (FIS) constituyen la parte esencial de la estrategia poltico-social a los pobres, recomendada por el BM como compensacin de los "costos" sociales de la poltica de ajuste estructural en Latinoamrica. Los fondos sociales fueron implantados y probados por primera vez en Bolivia, en 1985, por recomendacin del BM. Tambin han sido aplicados en Chile, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panam, Nicaragua, Mxico, Per, Uruguay y Venezuela.

Indica Tilly (2000) salvo algunos casos los programas sociales de los Fondos se aplican como medidas de corto plazo y proyectos sociales de emergencia, para amortiguar las injusticias sociales durante la fase de estabilizacin y ajuste de la economa. Por otra parte Moragas (1991) en conformidad con su concepto de ajuste estructural, el BM parte de que esos fondos llegarn a ser superfluos en cuanto se inicie el crecimiento econmico, consecuencia del xito del ajuste, que integra de nuevo a la poblacin empobrecida en el ciclo de produccin. Por consiguiente, las medidas de promocin poltico-social de los fondos se concentran mayoritariamente en aquellos grupos que se empobrecieron y quedaron fuera de la poltica social del Estado a consecuencia de los programas de ajuste econmico. Los fondos sociales patrocinan adems instituciones sociales pblicas y descentralizadas que funcionen en las comunidades o municipios. Reiteradamente se ha criticado el concepto caritativo de asistencia social (de emergencia) que subyace en los Fondos. Ese concepto no sera adecuado para erradicar la pobreza estructural que nace de la distribucin desigual de la renta y de las estructuras predominantes de produccin y poder. (Sastre, 2001: 420). Los Fondos servirn ms bien para compensar una poltica que agudiza an ms la concentracin de la renta.

Sustenta Bueno (1996) que las metas diversas de los Fondos es el fortalecimiento de la capacidad de autoayuda de los grupos empobrecidos de la poblacin y, ms all de eso, el favorecimiento de una descentralizacin de la poltica social. As pues, los fondos sociales tienen tambin una funcin promotora, pues impulsan actividades locales concebidas por las comunidades, las organizaciones no gubernamentales y los grupos de iniciativa social, conjuntamente con una funcin innovadora, pues financian proyectos alternativos y proyectos piloto de los grupos de autoayuda. Para Kane (2000) casi todos los FIS tienen prioridades programticas en las que predominan las siguientes medidas de corto plazo: programas de emergencia para suministrar empleos en la construccin o mantenimiento de infraestructuras sociales y econmicas (calles, instalaciones sanitarias, etc.), y programas de asistencia social como, por ejemplo, programas de alimentacin, programas productivos (promocin de microempresas del sector informal, pequeos crditos, educacin, ayuda a los pequeos campesinos). Pero en la mayora de los fondos esta ltima rea, dirigida a reformas estructurales de largo plazo, representa slo una fraccin de los medios disponibles otorgados (Mires, 1996: 293). La concentracin de las inversiones en infraestructuras y trabajos de mantenimientos significa que los recursos de los fondos se canalizan en un rea de los gastos sociales del Estado que experiment recortes particularmente drsticos en los aos 80.

Por ende los recortes al gasto pblico repercuten en sectores mas vulnerables, en sectores como la mujer, los nios, minoras tnicas, marginados urbanos y para nuestro enfoque central de estudio lo(a)s adultos mayores. Por otro lado, indica que Singer (2001) estn las manifestaciones ms violentas de la pobreza, el desempleo que se esta generalizando a nivel mundial. A pesar de la penetracin de empresas extranjeras que ofertan empleos con salarios precarios y los servicios bsicos de seguridad en algunos casos hay evasin de estos ltimos- viene a ser parte del paliativo del desempleo, pero en la mayora de las veces solicitan mano de obra joven dejando al desamparo al sector de la tercera edad.

Desde la ptica de Boroio (1996) es importante destacar que la crisis en Amrica latina ha puesto en evidencia el imperativo de un desarrollo no slo econmico, sino tambin social. Esto repercuti en los programas econmicos de ajuste estructural del BM y del Fondo Monetario Internacional (FMI), acompaados ahora de programas sociales compensatorios. En este contexto, la poltica social estatal no slo experimenta una revalorizacin, sino tambin una reorientacin. La orientacin a grupos-meta y la lucha contra la pobreza por un lado, y la desregulacin y la descentralizacin, por otro, son las nuevas directivas de la accin en polticas sociales.

Sin embargo, los ejemplos que presentamos muestran que esos conceptos de poltica social, tal como han sido en prcticas hasta hoy, difcilmente estn en condiciones de eliminar las causas estructurales de la pobreza; antes bien siguen supeditados a las exigencias del ajuste estructural econmico y sirven ms bien para aliviar la pobreza a corto plazo y amortiguar los costos sociales de los programas de ajuste. Adems, la poltica de descentralizacin y privatizacin, vinculada con los drsticos recortes de gastos pblicos en el rea social, ha acelerado el debilitamiento y decadencia de los servicios sociales, en detrimento de los grupos ms necesitados de la poblacin que son los que soportan en forma desproporcionada los costos del ajuste. (Domnguez, 1992: 209)

Se puede observar una tendencia a la desnacionalizacin de la poltica social, que plantea el problema de una futura responsabilidad social del Estado. Por otra parte, las medidas de poltica social o puesta en prctica para superar la crisis permiten notar tambin la falla de una orientacin slida en reformas estructurales sociales, por ejemplo, a la redistribucin de la renta, o a reformas agrarias, con el objetivo de una mayor equidad distributiva y la creacin de empleos productivos. Tales reformas estructurales entran en contradiccin con la poltica ortodoxa de ajuste estructural, que ha aumentado todava ms la concentracin de la renta.

Los indicadores para un desarrollo social que tenga como meta la equidad en la distribucin de los ingresos ha surgido sobre todo de las mltiples organizaciones de la sociedad civil: los movimientos sociales, los grupos de autoayuda, las organizaciones no gubernamentales. A falta de una poltica social, o en oposicin a la poltica de los regmenes autoritarios de los aos 80, esa organizacin ha construido estructuras de solidaridad y autoayuda mediante las cuales pueden articular intereses sociales ante el estado, pero tambin llevan a la prctica sus propios programas sociales para luchar contra la pobreza. Las OCSs, en especial, han adquirido una importancia creciente en la ejecucin de programas sociales y estn comenzando a remplazar la poltica social del Estado, sobre todo a nivel de las comunidades o municipios. Si las ONGs pueden aprovechar ese incremento tambin poltico de su importancia para la ejecucin de las reformas estructurales sociales, o si a causa de l perdern su potencial para el cambio social, es todava una pregunta controversial.