LA TRANSFORMACI?N DE LAS CONCEPCIONES SOBRE EL PROCESO DE DESARROLLO EN LAS POL?TICAS P?BLICAS MEXICANAS

3.- El desarrollo como crecimiento económico y el predominio de la síntesis neoclásica/keynesiana (1945-1968).

Hacia 1945 ya en plena recuperación de los países capitalistas industrializados se presentó la necesidad de explicar su proceso de desarrollo así como el atraso de amplias regiones del mundo, en especial de aquellas que dejaban atrás el colonialismo clásico o que pretendían trascender el modelo primario/exportador. En el plano internacional, el eco de los debates académicos comienza a delinear una concepción del desarrollo que lo definía como sinónimo de crecimiento económico (véase diagrama 3); concepción esta que gozó de una importante difusión en el discurso y principios de los organismos internacionales que por aquel entonces se fundaban.

Esta concepción del desarrollo fue acompañada de la influencia ejercida por la obra de John Maynard Keynes (1984), en la cual se consideró que el aparato de Estado al estar situado por encima de la sociedad sería la maquinaria institucional racionalizadora y secularizadora para fomentar el proyecto que condujese al desarrollo de las sociedades.

Para situar las dimensiones del principio de la intervención estatal resulta necesario tomar en cuenta lo siguiente: la teoría económica neoclásica creó un modelo explicativo que suponía un capitalismo con tendencias hacia el equilibrio natural con pleno empleo, y dirigido –en el marco del laissez-faire, laissez-passer– por la “mano invisible” de un individualismo egoísta y maximizador de los beneficios que sin proponérselo promovería el bienestar general de la sociedad. El mercado se postulaba como el mecanismo para la asignación óptima y eficiente de los recursos, autorregulador del proceso económico y autocorrector de los eventuales y transitorios desequilibrios del capitalismo mediante el sistema de precios (para mayores de talles sobre esta teoría véase Screpanti y Zamagni, 1997; Villarreal, 1986:capítulo II; Ayala Espino, 1999). Este modelo armonioso entró en crisis al no lograr explicar el creciente desempleo y la insuficiencia de la demanda efectiva presentados con la Gran Depresión de los años treinta del siglo XX. La explicación a estos desequilibrios provino de la obra de Keynes.

Keynes (1984) interpretó que el capitalismo basado en el mecanismo de precios de mercado no corrige automáticamente los desequilibrios ni procura el pleno empleo. Por tanto, el economista inglés proponía la intervención deliberada del sector público en el proceso económico. Esto es, Keynes justificó el activo papel del sector público en la construcción de los mercados, reconociendo que estos por sí solos no resuelven problemas y desequilibrios como el desempleo, la concentración del ingreso y la desigualdad social; y, por tanto, postuló sus funciones de regulación y de planeación, así como su intervención deliberada para procurar revertir el desempleo e incrementar la producción con el fin de abandonar la recesión mediante un Estado administrador de la demanda, y de tender al pleno empleo, redistribuir el ingreso y estimular la movilidad social. La administración de la demanda que se emprendería con la política fiscal radicó en proponer la reducción de los impuestos al ingreso para incentivar el consumo, así como aumentar el gasto público para reanimar la actividad económica sobre todo con la construcción de infraestructura que sirviese para generar empleo, aumentar los salarios en tanto sinónimo de demanda efectiva, y lograr con ello un efecto multiplicador del ingreso al reactivar la producción. La política monetaria con orientación expansionista a corto plazo se asumía también como expediente para el incremento de la demanda, el empleo y la producción en tanto aumentase la cantidad de circulante –en el caso extremo se consideró posible recurrir a la impresión de dinero por parte del gobierno para aumentar el gasto público, aún a costa del alza de los precios– para reducir las tasas de interés e incentivar la inversión del empresariado privado.

Como en la teoría propuesta por Keynes no se interpretó un equilibrio del sistema económico en el largo plazo, sino que mas bien postuló una macroeconomía del desequilibrio debido a que no se tendía al pleno empleo en el capitalismo; entonces, tanto los gobiernos de los países industrializados y los organismos financieros internacionales adoptaron la síntesis neoclásica/keynesiana esbozada por John R. Hicks (1989).

La síntesis neoclásica/keynesiana se estructuró a partir de la macroeconómica keynesiana y de la microeconomía neoclásica. Con la macroeconomía keynesiana se analizó el problema del desempleo y la inflación en el corto plazo y se sugería una activa política económica para evitar ciclos depresivos y tasas de desempleo altas; sin embargo, sus continuadores olvidaron que uno de los límites de la política monetaria expansiva en el largo plazo consistía en la inevitable alza de los precios. En tanto que la microeconomía neoclásica a través de su teoría del crecimiento económico argumentó que el capitalismo cuenta con una dinámica interna de ajuste que conduce al equilibrio estable y balanceado en el largo plazo. Dicho equilibrio estable y balanceado se alcanza con la intervención del sector público de orientación keynesiana –cuyo principio es invertir todo lo que se ahorra– a través del gasto fiscal y del ajuste de la tasa de interés (véase Villarreal, 1986:64-80; Hicks, 1989). En este sentido, Hicks sugirió que la teoría de Keynes resultaba compatible con los postulados de la economía neoclásica.

A grandes rasgos, teniendo como telón de fondo a la síntesis neoclásica/keynesiana, durante los años que van de 1950 a 1970 una de las teorías del desarrollo que predominó en el diseño, hechura y ejercicio de los planteamientos de los organismos internacionales y de las políticas públicas, sobre todo en los países subdesarrollados, fueron las llamadas teorías de la modernización que en la introducción general denominamos definiciones del proceso de desarrollo como resultado de una linealidad histórica. Dicho programa de investigación fue resultado de los efectos derivados de la Segunda Gran Guerra y de la descolonización de amplios territorios en el mundo. Para Walt. W. Rostow (1960), el proceso de desarrollo consiste en una sucesión de diversas etapas en la que se relacionan las fuerzas económicas con las sociales y políticas en la dinámica y funcionamiento de las sociedades.

En síntesis, estas teorías parten de conceptualizar al desarrollo como un continuum de etapas resaltando una primera, llamada tradicional, anclada al pasado y caracterizada por las actividades agrícolas y de subsistencia con canales de comunicación orales, una simple división social del trabajo, una movilidad social y espacial reducida, bajos niveles de alfabetización, un limitado cambio social, rasgos autoritarios, un escaso capital y tecnología; en oposición a una segunda en que, la sociedad llega a ser moderna por acumulación, volcada al futuro y con actividades basadas en la industrialización para el consumo de masas, además de medios masivos de comunicación, una orientación profunda al cambio, una división social del trabajo compleja, una amplia movilidad social y espacial, niveles altos de educación y alfabetización necesarios para la integración y adaptación a la sociedad, participación política y prácticas democráticas, y abundante capital y tecnología. Para transitar de una categoría de sociedad a otra se considera necesario el difusionismo de los valores modernos en los ámbitos tradicionales (véase Hoselitz, 1960; Rostow, 1960; y, con matices conceptuales desde América Latina véase Germani, 1966 y 1969). En tanto que el logro del bienestar social sería consecuencia del crecimiento económico y de la masificación del consumo a manera de un “efecto de derrame o de goteo” (spill over).

En América Latina influyeron los planteamientos teóricos y normativos de autores como Albert O. Hirschman (1961), Ragnar Nurkse (1955), Arthur W. Lewis (1955), Paul N. Rosenstein-Roden (1962) y Raúl Prebisch (1952, 1963 y 1982). Su principal punto de referencia consistía en el fomento del mercado interno; y, con el argumento de que el subdesarrollo y los “cuellos de botella” sólo podrían sobrellevarse mediante intervenciones estatales de corte keynesiano, consideraron prioritario impulsar una activa política por parte del sector público para apoyar al empresariado privado. Se trató pues, de impulsar una economía mixta donde las industrias en formación contaran con la protección de los mercados nacionales para sustituir importaciones y desplegar encadenamientos productivos. La industrialización fue vista como sinónimo de la modernización; procesos ambos que a su vez se concebían como las llaves para el acceso al desarrollo. La intervención del aparato de Estado mediante las políticas económicas privilegiaba mecanismos de apoyo como aranceles, barreras no arancelarias, cuotas, exclusión –o limitación al establecimiento– de la inversión extranjera directa, concentración de mercados, y variedad de desincentivos para importar bienes intermedios y de consumo, además de subsidios directos e indirectos, leyes de fomento industrial y tipos de cambio subvaluados.

Como se analiza en el siguiente aparatado, estas formulaciones teóricas se expresaron de manera diferenciada en la elaboración de directrices para el proceso de desarrollo emanadas de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, y en forma heterodoxa en la misma CEPAL. Formulaciones tales como la necesidad de un proceso de industrialización y urbanización para la consecución del desarrollo y el abandono del subdesarrollo, estuvieron en el centro de las concepciones de estos organismos y en sus recomendaciones para el diseño de las políticas públicas nacionales. Se sostenía que el crecimiento del producto interno bruto bastaba como única medida del desarrollo en tanto que los beneficios de dicho crecimiento se “derramarían gota a gota” hasta las últimas unidades en el lugar más bajo de las estratificaciones sociales.