5.8.- PARÁMETROS DE LA POLÍTICA MONETARIA, FISCAL Y DE COMERCIO EXTERIOR

En vista de los últimos acontecimientos ocurridos en los Estados Unidos y en el Argentina (terrorismo en Nueva York en las Torres Gemelas, y la terrible crisis económica que atraviesa el Argentina) el Ecuador debería ir pensando en la forma y manera de crear nuevamente su propia moneda, en la que se garantice las funciones principales del dinero (depósito de valor, unidad de cuenta y la de facilitar el intercambio), la confianza en el banco emisor y la estabilidad económica y social; El país no tiene que ser una superpotencia para contar con una moneda sólida y preferida, sino que debe poseer una fuerte institucionalidad jurídica y que además funcione bien; las cuentas públicas deben estar en equilibrio; la Política Fiscal y Monetaria no deben propender a la disminución del ahorro e inversiones, al contrario debe estimularlo; Pero la principal garantía está en la confianza, en el carácter predecible que debe otorgar un Estado de Derecho y en la fortaleza del modelo económico.

La Política Fiscal debe constituirse en Política de Estado en la que todos los gobiernos y la sociedad entera la respalden y garanticen su vigencia en el tiempo, a consecuencia de la institucionalización de la corrupción cerca del 50% del Presupuesto General del Estado se desvía, ante tal situación este sector debe modernizarse y crear una imagen de transparencia y honestidad. El producto de las privatizaciones no debe dirigirse al salvataje bancario (casos Cemento Nacional, Selva Alegre, Ecuatoriana de Aviación, Fertiza, Ingenio Aztra, etc), sino al incremento del activo fijo del Fondo de Solidaridad para que este Organismo pueda construir la obra pública que prevenga, disminuya y evite los impactos de los desastres naturales (fenómeno del Niño y la Niña). El IVA, ICE, IR, deben entrar en un proceso de estudio y análisis. Si lo recaudado se invierte en la sociedad, ésta contribuirá solidariamente, sin necesidad de una Ley sancionadora (excepto los casos de evasión y morosidad). El cobro de las tasas de los servicios públicos debe tener un carácter progresivo y de equidad con topes máximos y mínimos; Así, en el momento que produzcan utilidad o un ingreso sobre los costos de producción deberán paralizarse a fin de que en todo momento se garantice la justicia social; Los incrementos de las tasas de los servicios públicos se llevaran a efecto conjuntamente con el incremento salarial (ajuste que será acorde a la inflación ocasionada por el alza) operado en estabilidad económica y social. La obra pública deberá planificarse descentralizadamente y con la asignación oportuna de recursos, para lo cual los planes y proyectos deberán ser programados, ejecutados y terminados en los plazos fijados y proyectados, a fin de que estos no estén sujetos a sobreprecios, abandono de obras o desfinanciamientos. El peso de la deuda pública en el Presupuesto General del Estado debe disminuir a fin de liberar recursos para financiar el gasto, una de las formas es proponiendo el intercambio de deuda pública con convenios de preservación del medio ambiente, ayuda a los planes antidrogas, y apoyo a la lucha contra el terrorismo.

Para la financiación del programa económico y aprovechando la paz la idea es disolver las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, a fin de construir un solo cuerpo policial armado apropiadamente que se encargue de la seguridad interna y externa del país; a través de la venta del armamento militar sin uso y beneficio, eliminación de seguros de aviones, helicópteros, tanques de guerra y otros. Se liberaría ingentes recursos económicos con la recompra de la deuda externa en los plazos programados por el Ministerio de Economía a través de un facturing petrolero ( venta anticipada de petróleo) se lograría bajar el peso del servicio de la deuda externa en el presupuesto del Estado, con lo cual habría recursos para invertir en la obra social mencionada, financiar el desarrollo y volverlo sustentable al modelo, lo que implicaría que el futuro de las nuevas generaciones esté garantizada; Se establecerá el Impuesto Solidario para la Superación de la Pobreza, cuya base imponible se calculará sumando todos los ingresos percibidos al año dividido para 12 y cuyo resultado sea superior a 400 dólares de norteamérica, en el caso de honorarios profesionales; Para el sector industrial, agrícola y servicios se tomará como base imponible el valor que corresponda luego de descontar el 15% de las utilidades a los trabajadores en el balance de pérdidas y ganancias, para su cobro estas empresas presentarán trimestralmente sus balances; Este impuesto contribuirán todas las personas jurídicas y naturales solo exceptuándose la empresa pública, la tasa será del 5% que recaerá sobre los ingresos generados a partir de la base imponible manifestada; los agentes de retención del impuesto serán las mismas instituciones financieras, personas jurídicas, naturales y empresa pública, cuyo valor se depositará dentro de las 48 horas posteriores a la recaudación ( según el caso); para su estricto cumplimiento se formulará una ley especial con normas que contemplen sanciones que vayan desde la prisión, embargo de bienes y será afectable hasta el patrimonio familiar en caso de evasión, para su seguimiento y evaluación será rastreable con el número RUC y cruzada la información con instituciones financieras; el fin último del impuesto será provocar una reacción en cadena de retribución a la sociedad y mejora de su calidad de vida, en lo fundamental esta medida trata de mejorar las condiciones de vida de la población y de superar la pobreza. Con lo cual se podría obtener el suficiente financiamiento para la obra pública y satisfacer ampliamente la demanda de recursos que necesite la implantación del nuevo modelo económico.

La Política de Comercio Exterior en aras de la integración deberá proponer la siguiente alternativa.

Primero: la aplicación de un arancel externo igual, Segundo: la construcción de un mercado común; y.

Tercero: los Países Miembros deberán garantizar la consecución de cuatro libertades económicas fundamentales: Libre circulación de bienes, Libre circulación de servicios, Libre circulación de capitales; y, Libre circulación de personas.

En el área de la libre circulación de bienes, se llevará a efecto cuando hayan desaparecido todas las barreras arancelarias y no arancelarias entre los países andinos.

Asimismo cuando se uniformicen las diversas normas técnicas y sanitarias que inciden en la comercialización de bienes en la Subregión, y cuando el transporte de bienes sea fluido y sin interrupciones innecesarias, especialmente de índole fronteriza. Para ese entonces, el perfeccionamiento de la unión aduanera permitirá que la libre circulación de los productos responda al cumplimiento de las exigencias arancelarias comunes y no de requisitos de origen; Con lo cual se justificará la desaparición de los trámites aduaneros en las fronteras comunes y en los otros puertos de entrada de los Países Miembros para el comercio intrandino. En el mismo sentido, se eliminaría toda salvaguarda al intercambio subregional.

En el ámbito de la liberación del comercio de servicios, será necesario implementar un marco general de liberación de los servicios, y desmontar las diversas restricciones existentes en servicios, tales como telecomunicaciones, transporte, finanzas, turismo, educación, salud, y otros.

Para la libre circulación de capitales, las acciones a seguir deberán orientarse a la adopción de medidas de coordinación de las condiciones en que operan los intermediarios financieros en la Subregión. Asimismo, deberá buscarse la supresión de las restricciones cambiarias y la armonización de la tributación directa, además de adoptar normas comunes y eficaces de supervisión y regulación financiera.

La eliminación de tales restricciones debe acompañarse de la normativa correspondiente, que garantice condiciones adecuadas de competencia entre los diversos sectores y países. Ello implica ir avanzando paralelamente en la armonización de diversas políticas económicas y administrativas entre los países, tales como las políticas tributarias, financieras, de incentivos a la producción, de regímenes de promoción y protección de inversiones, y en el perfeccionamiento de la normativa comunitaria sobre competencia, salvaguardias, compras estatales, etc.

Se requiere también desarrollar los esfuerzos necesarios para garantizar la libre circulación de personas. Ello será factible, a medida que se desarrollen los sistemas comunes de identificación personal y de controles policiales y se cuente con el reconocimiento de los documentos de identidad nacionales a nivel comunitario de modo tal que se llegue a eliminar el uso de pasaportes para movilizarse entre las ciudades andinas.

Las tareas y las metas que se plantean son ciertamente ambiciosas, pero son posibles. Su logro depende fundamentalmente de la decisión política del gobierno para emprenderlas y de su perseverancia en implementarlas. El tiempo es para la integración andina una variable apremiante. La rápida evolución del contexto regional, hemisférico y mundial así lo imponen.