LA DIVISIÓN TERRITORIAL POLÍTICO-ADMINISTRATIVA CON BASE EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 

Fabricio Zanzzi

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4.4. Elección uninominal.

En el mismo sentido, la elección debiera ser uninominal en territorios perfectamente delimitados a fin de no facilitar la aparición de las "cortes" de los "caudillos", quienes llegan arrastrados por los votos que el elector le quiso dar a un personaje particular, tal como se detalló en el punto 1.9.
Al respecto, Finot (2005) 44 afirma que "The electoral system based on proportional representation - which prevails in the region at the municipal level- would not be the most suitable for expressing citizen preferences at the local level, since it means that representatives are answerable to the politicians who included them in their lists, rather than to the population represented..." [El sistema electoral basado en la representación proporcional -que prevalece en la región en el nivel municipal- no sería el mejor para expresar las preferencias de los ciudadanos en el nivel local, puesto que los representantes responden más a los políticos que los incluyeron en su lista que a la población representada]. Esto, por analogía, permite comprender cómo actuaria, también, un político local (De un cantón, en el caso ecuatoriano) en relación con el político de la capital provincial que es quien inscribe las listas para Alcaldes, Prefectos, Concejales, Consejeros, Etc., en cada Tribunal Provincial Electoral.

La elección uninominal junto a la determinación específica del área geográfica de representación de la autoridad conllevan, incluso, a una reducción significativa del costo de organizar una elección popular, pues cada elector recibiria, para votar, una papeleta más pequeña que aquella tipo sábana que recibe cada vez que tiene que elegir 18 dignidades en una sola.

4.5. Rendición de cuentas.

Considerando lo mencionado en los puntos 1.4, 1.5, 1.6, 1.10 y 3, los diferentes niveles jurisdiccionales deben ser del tamaño suficiente para facilitar una óptima participación ciudadana, lo cual implica la consiguiente rendición de cuentas obligatoria de parte de las autoridades hacia los ciudadanos.