Un modelo político para la Gerencia Pública en Venezuela
Alexis J. Guerra y Beatriz Ponce de Moreno
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SECCIÓN IV
AÑO 1999:
LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y UN NUEVO MODELO POLÍTICO PARA LA GERENCIA PÚBLICA
B. El Contexto Histórico de la Nueva Carta Magna.
2. Una Economía Postergada
Durante el primer año de gobierno del Presidente Chávez no hay discusión en
cuanto a que lo político predominó sobre lo económico y, precisamente, las
exigencias y demandas del sector empresarial tanto nacional como extranjero
estuvieron centradas en la definición de las medidas de política económica que
se pondrían en práctica y la seguridad de un clima jurídico favorable a las
inversiones. Uno de los numerosos testimonios que avalan la afirmación anterior
señalaba expresivamente a manera de evaluación expost, lo siguiente:
Lo que a uno le gustaría es que el Presidente y su equipo pusieran en la
reactivación económica el mismo interés y la misma energía que dedicaron a
cambiar el sistema político venezolano. El Presidente tiene la oportunidad
histórica para lograr que desarrollemos el gran potencial de crecimiento que
tenemos. (Rodríguez Mendoza, 2000).
Dada la interrelación de la economía venezolana con el contexto externo, vale
señalar que según el Presidente del Banco Central de Venezuela, Antonio Casas
González a comienzos de 1999, aquella mostraba los efectos negativos arrastrados
del año anterior por la baja en los precios de los productos básicos,
principalmente el petróleo, la retirada de los capitales hacia las economías más
desarrolladas, la crisis brasileña generadora de mayor inestabilidad en la
región, el desempeño económico de Ecuador y Colombia, principales socios
comerciales de Venezuela. Sin embargo, ese entorno adverso tendió a moderarse a
partir del mes de marzo, con la importante recuperación económica del Sudeste
Asiático y la mayor estabilidad de los mercados financieros; además, contribuyó
a ello el desempeño de las economías industrializadas y China. La estrategia de
reducción de la oferta petrolera por parte de la OPEP resultó exitosa y,
combinada con la reducción de los niveles de inventario y la llegada del
invierno en la región septentrional, posibilitó la recuperación de los precios
del crudo.
En el plano interno -prosigue Casas González- los recortes programados de la
producción petrolera, aunado a la disminución de las inversiones en este sector,
se convirtieron en elemento determinante de la contracción de la economía
durante el año en cuestión. Los datos estadísticos registran, por ejemplo, esa
contracción en el sector petrolero, de 6,8% y en el sector no petrolero, de 6,9%
y, similarmente, una merma en los derechos de importación, de 17,5%. El
superávit de la Balanza de Pagos fue de US$ 724 millones, principalmente por la
recuperación del volumen exportado. El descenso de las tasas de interés obedeció
a la disminución de la inflación, la menor tasa esperada de depreciación y el
efecto del acuerdo entre el Ejecutivo Nacional, la Superintendencia de Bancos,
FOGADE y la Asociación Bancaria de Venezuela.
Con respecto al déficit fiscal, se señala que las cifras preliminares lo sitúan
en el 3.1% del PIB, resultado que mejora el de 1998 (4.1%). La magnitud de este
rubro impuso al Gobierno la adopción de medidas de ajuste fiscal destinadas a
incrementar los ingresos y disminuir los gastos, las cuales fueron incorporadas
a la Ley Habilitante, aprobada finalmente el 26 de Abril, luego de controversias
y confrontaciones políticas entre el Congreso de la República y el Ejecutivo
Nacional .
Asimismo, entre las medidas de ingreso que fueron aprobadas están: la creación
de un Impuesto al Débito Bancario (1DB): la aplicación del Impuesto al Valor
Agregado (IVA) en sustitución del Impuesto al Consumo Suntuario y Ventas al
Mayor, con una disminución de la tasa de 1%; la Reforma Parcial de la Ley
Orgánica de Aduanas y del Decreto de Creación de Fondo de Inversión para la
Estabilización Macroeconómica y la Ley que autoriza al Ejecutivo Nacional para
la Contratación y Ejecución de Operaciones de Crédito Público durante el
Ejercicio Fiscal 1999 .
En el contexto o escenario económico que rodea
al proceso político en que desarrolla la actuación del gobierno dirigida a dotar
al Estado y a su aparato público de un nuevo esquema organizativo -
institucional, el propio Instituto Emisor participó y fue objeto de opiniones
disímiles en cuanto a la vertiente económica y su rol autonómico, a consagrarse
en el Texto Constitucional. Desde sus comienzos y durante el Proceso
Constituyente, apoyó públicamente el único artículo propuesto por el Primer
Magistrado con relación al área monetaria y cambiaria, alegando que una
orientación principista bastaba para indicar el rumbo moderno a la labor del
Banco Central. No obstante, en definitiva, el articulado aprobado tiene rango
legal y reglamentario y deja abierta la posibilidad de una nueva Ley Orgánica
que ratifique su carácter de órgano técnico, por encima del quehacer político,
para administrar los bienes del Estado .
A nuestro modo de ver, más allá de la coyuntura económica determinada por los
indicadores y las estimaciones que de ellos se hizo durante y después de la
discusión del Texto Constitucional, es posible advertir un ambiente
generalizado, proclive al cuestionamiento de la orientación neoliberal que copó
la escena e impregnó las principales medidas de política económica que en el
período anterior se habían implementado y que, lógicamente, con los resultados
que produjeron, era de esperar un marco jurídico-constitucional diferente o que
por lo menos no lo consagrase, tal como era la aspiración de los ideólogos y la
posición doctrinaria de algunos sectores empresariales representados en los
organismos y asociaciones de empresarios. Por supuesto, esta posición no
encontró eco suficiente en la Asamblea Constituyente, donde como es sabido, la
mayoría de sus integrantes afiliados y afectos al nuevo gobierno y, por
consiguiente, a la reorientación de una política económica reivindicadora de lo
social, terminaron por plasmar un Capítulo dedicado a la materia económica de
tal manera que ahora puede hablarse de la Constitución Económica.
Adicionalmente también se ampliaron los derechos sociales y se previó un espacio
más amplio para la participación popular y el desarrollo de nuevas formas
asociativas tanto en lo político como en lo económico, con lo cual los esquemas
de la democratización del poder, en uno y otro plano, constitucionalmente se
acercan, al menos en teoría.
