Un modelo político para la Gerencia Pública en Venezuela
Alexis J. Guerra y Beatriz Ponce de Moreno
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SECCIÓN III
1989 - 1999 ¿LA DÉCADA GANADA?
J. Los efectos sociales del ajuste neoliberal 1993-1998
El objetivo fundamental sobre el cual se ha sustentado la política social en las
últimas cuatro décadas, tanto en Venezuela como en el sur del continente, ha
sido la búsqueda e implementación de políticas sociales destinadas a la
superación de la pobreza y al crecimiento de la calidad de vida de la población
más vulnerable.
La pobreza se ha constituido en uno de los principales problemas que actualmente
afrontan las naciones del mundo. Tal fenómeno afecta a todos los países de
manera distinta y en el caso venezolano ha desarrollado sus propias
características. Cabe destacar que sólo en Venezuela actualmente, sobreviven
alrededor de 13 millones de personas en situación de pobreza (PROVEA. 1999), lo
cual sin duda pone en evidencia la magnitud de la problemática social que
enfrenta el país en los actuales momentos.
Según se ha analizado, la puesta en marcha de Planes de Ajustes Estructurales
desde finales de los años 80 ha surtido un efecto motorizante del proceso de
empobrecimiento de la población venezolana, tomando en cuenta que dichos planes
han estado sustentados en la adopción de fuertes medidas de corte fiscal,
monetario y cambiario que han impactado profundamente a las clases mas
desposeídas. Estos programas de corte neoliberal fueron adoptados durante el
gobierno de Carlos Andrés Pérez surtiendo un impacto social perverso, que
encontró su clímax en los hechos acaecidos en Febrero de 1989 cuando una
revuelta social a nivel nacional, tomó las calles para desbordar su ira ante el
notable y sostenido proceso de deterioro de las condiciones de vida que estaba
experimentando la sociedad. Dichos planes fueron diseñados desde una óptica
eminentemente economicista dejando a un lado el impacto social que todas estas
medidas generarían en la población de menos recursos.
Una reciente publicación del Informe de Desarrollo Humano (1998), de las
Naciones Unidas evidencia lo antes señalado al decir: ..es el Continente
Latinoamericano el de mayor desigualdad social y por ende, de oportunidades. En
Venezuela, el 20% más pobre tiene un ingreso per cápita de 1.505 dólares
anuales, mientras que el 20% más rico tiene 24.411 dólares. Esta proporción es
similar en Chile y Argentina....
Estadísticas en el ámbito social (PROVEA. 1999)
revelan que Venezuela posee el tercer índice de pobreza más alto de América
Latina, y de igual forma posee el crecimiento más acelerado del empobrecimiento
en los últimos 5 años.
En Venezuela la problemática no ha estado fuera de lo que ha sido la tendencia
en el continente en los últimos años: en la actualidad hay cerca de 13 millones
de personas que viven en situación de pobreza, cuestión que pone de manifiesto
la gravedad de la situación que atraviesa la población venezolana. Uno de los
rasgos más resaltantes que ha caracterizado el proceso de empobrecimiento en
Venezuela en los últimos años radica en la expansión del radio de acción de la
pobreza. Dicho en otros términos el fenómeno de la pobreza se ha generalizado.
El componente de protección social de la Agenda Venezuela según datos del
Ministerio de la Familia, se ubicó en las siguientes cifras: Para el año de 1996
se invirtieron Bs. 393.552,6 millones; para el siguiente año, 1997, se
invirtieron alrededor de Bs. 502.903,5 millones; y para él ultimo año de
gobierno, la cantidad invertida se ubicó en Bs. 564.603,7 millones.
A pesar de los progresivos aumentos presupuestarios que se realizaron durante
los últimos tres años de gobierno en el componente referido a la protección
social, la situación de deterioro social no revirtió su tendencia, sino que por
el contrario se afianzó aún más; esta última afirmación la podemos sustentar si
observamos las cifras emanadas por la Oficina Central de Estadística e
Informática (OCEI) que revelan lo siguiente: ...La pobreza, que para 1982
afectaba al 27% de la población, al iniciarse 1998, se constata que el 68,7 % de
los venezolanos no tiene ingreso para satisfacer las necesidades básicas
alimentarias y no alimentarias....
De igual forma se pudo observar el carácter desequilibrado de esta inversión
social, tomando en cuenta que muchos de los programas no beneficiaron a quienes
realmente se encontraban en situación de precariedad, lo cual trajo consigo la
desviación en los propósitos de tales programas, de allí que durante el gobierno
de Caldera hubo infinidad de críticos y se acusaba que muchos de los
beneficiarios poseían un aceptable poder adquisitivo y sin embargo disfrutaban
de los beneficios. Esto dejó en franca desventaja a un grueso sector de la
población que no accedió a los programas sociales, siendo éstos la población
objetivo de tales programas.
Este comentario podemos corroborarlo con la opinión que emitió la Directora de
la Revista SIC Mercedes Pulido de Briceño (Revista Sic-1 998) destacando lo
siguiente: ...La gran limitación de la inversión social es la necesidad de
llegar a los más pobres; si bien es detectable la inversión presupuestaria, esto
no significa que llega a quien tiene que llegar. El problema de la focalización
de la inversión social es una preocupación creciente, pues se excluyen a los que
no están en algunas de las redes institucionalizadas, como es el sistema
educativo, o se sobreatiende a familias que ya están insertadas en otros
programas...
Otra serie de indicadores tanto económicos como sociales evidencian que a pesar
de los esfuerzos gubernamentales el proceso de deterioro de la calidad de vida
no se detuvo. Para finales de 1998, la canasta de alimentos superó los Bs.
125.000; mientras que el salario mínimo se ubicó en Bs. 100.000; el ingreso
familiar promedio cayó en 3,15%, acumulando un deterioro de 33% para el lapso
1993-1998; la inflación al cierre del año 98 estuvo por el orden del 30%. En lo
que respecta al empleo al cierre del año la tasa de desocupación se ubicó en 13%
(existen diversidad de estimaciones de esta tasa), circunstancia ésta motorizada
por el proceso recesivo de la economía así como por el debilitamiento de
sectores como el de la construcción, siendo éste uno de los principales
generadores de empleos en las clases más bajas. El sector educativo fue otro de
los afectados durante el año de 1 998. La deserción escolar se estima en un
35,1%, aunado a este hecho nos encontramos con la polémica en torno a las
fuentes de financiamiento de la educación. Las cifras oficiales muestran que la
educación universitaria absorbe un promedio del 38% del presupuesto del
Ministerio de Educación, mientras que la educación preescolar y básica sólo
obtiene el 22 %, siendo este nivel el que concentra el 70% de la población
escolar.
En términos específicos, analizar los alcances del impacto social de la Agenda
Venezuela nos remite a los 14 programas que estaban contemplados para asistir a
la población de menos recursos, los cuales se aplicaron de forma desigual. Por
una parte, por razones estructurales y, por la otra, por la dificultad de llegar
a la población más depauperada. Sin embargo puede decirse que han sido un
elemento importante en cuanto a la protección de grupos menores de 6 años a
través de Hogares y Multihogares y el Programa Materno infantil (PAMI), en lo
que respecta al factor compensatorio en los grupos escolarizados, a través del
subsidio familiar (aún cuando en 1998 se cubrieron sólo tres entregas de las
seis pautadas). De igual forma los Mercados Solidarios y el Programa Alimentario
(PROAL), facilitaron el acceso a los productos alimenticios de primera necesidad
a bajos costos, no sólo a los sectores de pobreza extrema, sino también a la
empobrecida clase media.
La idea de considerar a una buena política económica como la mejor política
social, quedó en entredicho con la experiencia vivida durante el periodo de
gobierno de Rafael Caldera 1993-1998. Los indicadores sociales así lo revelan.
Las políticas sociales no fueron asumidas como una variable fundamental dentro
del desarrollo económico de un país, en tanto no se concretó la voluntad
política para instrumentarlas a cabalidad. Los resultados reales igualmente
constatan que el discurso político, la propuesta programática y el modelo
teórico - social va por un lado mientras la marginalidad, el empobrecimiento, la
miseria y la depauperación se acrecientan, por el otro.
En general, el IX Plan estuvo presentado en términos imprecisos. No consideró
ningún diagnóstico de la situación social del país, ni de la pobreza como
fenómeno particular. No precisó los objetivos específicos en aspectos
fundamentales de la política social (Educación, Salud, Servicios Públicos,
Seguridad Social). El documento sólo formuló referencias genéricas, sin detallar
resultados concretos que luego pudiesen ser evaluados. Lo mismo ocurrió con
respecto a las urgentes reformas institucionales que hubo que introducir en el
sector social, para elevar la eficiencia del gasto social.
El programa económico puesto en marcha desde abril de 1996, (Agenda Venezuela)
se propuso contener el ritmo de crecimiento de la inflación, restablecer el
equilibrio fiscal y propiciar la reestructuración y el crecimiento de la
economía, a través de un conjunto de severas medidas fiscales, monetarias y
cambiarias. Sin embargo, el gobierno envió señales ambiguas y contradictorias a
los agentes económicos. Se mantuvieron los controles de cambio y de precio y la
inseguridad jurídica para los inversionistas privados, tanto nacionales como
extranjeros.
Como conclusión del IX Plan se tiene el siguiente balance de los principales
procesos, hechos y problemas de la situación del país en los planos económico y
social, luego de su aplicación:
Se generaron efectos macroeconómicos de signo positivo, al comenzar a
reestablecerse equilibrios y a estimular dinámicas productivas y de inversión,
sobre todo extranjera. Se evidenció un crecimiento del producto, de las reservas
internacionales y una desaceleración de la inflación.
Tales logros macroeconómicos no impactaron positivamente el mercado laboral; por
el contrario se consolidaron deterioros del nivel de empleo y en el nivel de los
salarios. Además, las reformas laborales implantadas generaron regresividad en
cuanto a los derechos laborales conquistados históricamente.
Durante la aplicación del IX Plan se apreció un proceso de empobrecimiento de la
mayoría de la población, deteriorándose más las condiciones de vida de los
sectores medios y agudizándose la vulnerabilidad de los grupos tradicionalmente
pobres.
En los sectores de salud, educación y vivienda se evidenció la continuidad de la
tendencia a la reducción del gasto público destinado a atender a la población en
esas áreas.
La evaluación de la situación del sector salud evidenció una gran inequidad, se
estimó que el 30% de la población no contó con oportunidades de acceso a los
servicios de asistencia de salud, por razones geográficas, culturales o
económicas.
La educación se presentó con gran deficiencia de cobertura que se manifestó en
el abandono escolar y en la población no atendida.
La capacidad para construir viviendas y superar el déficit fue limitada. Por
otro lado la situación de empobrecimiento general, aunado a los altos precios de
las ofertas habitacionales, no permitieron acceder a viviendas dignas con
servicios de calidad y seguridad necesarios.
Los programas sociales compensatorios implementados significaron un esfuerzo
para atenuar los cuadros sociales mas afectados por la situación económica,
reflejando un conjunto de limitaciones de diseño e instrumentación que
impidieron una mayor efectividad.
Los avances macroeconómicos alcanzados en el marco de los deterioros sociales,
permiten señalar que no hubo la esperada correspondencia entre los llamados
indicadores macroeconómicos y los niveles de pobreza resultantes.
Se observa que el panorama optimista de finales de 1997 fue decayendo en virtud
de que a finales de ese año, específicamente en el último trimestre, comenzaron
a retroceder los precios internacionales del crudo. Por esta razón, la apertura
petrolera comienza a perder su encanto e impulso, dejando entonces de ser
atractiva para las empresas transnacionales el esquema de ganancias compartidas.
Para concluir el lapso gubernamental, el modelo económico y sociopolítico
muestra dólares caros y petróleo barato producto de la crisis del sudeste
asiático que provocó la contracción de la demanda petrolera; se genera un
repunte del desempleo y de los índices de desocupación como consecuencia del
cierre de importantes operadoras petroleras Así mismo, la inflación persiste
como problema a pesar de las medidas fiscales tomadas por el gobierno. Como
consecuencia de este escenario y ante la ausencia de propuestas por parte de la
clase dirigente desde el Estado para elevar el perfil político que se encontraba
severamente debilitado por el recrudecimiento de los problemas socioeconómicos
que afectan a la población, los ciudadanos aprovechan la oportunidad que les
presenta el sistema democrático mediante las elecciones presidenciales de
finales de 1998 y deciden aceptar la propuesta de la llamada Revolución
democrática con la esperanza de propiciar los cambios sociales, políticos y
económicos tantas veces ofrecidos por gobiernos anteriores.
