Ante el arribo de la ultraderecha en México la educación pública de todos los niveles observa un paulatino abandono en materia de su financiamiento. Las nuevas administraciones ven la necesidad de incrementar la participación de la iniciativa privada en la educación del país, para ello, abren el camino a los planteles de educación privada estrechando la oferta educativa pública.

Asimismo, en Banco Mundial presiona desde la década de los años 80 a las administraciones federales respectivas para que se concesione la educación a la iniciativa privada.

Aún el precepto del artículo 3º constitucional, la educación cada día presenta en el país una mayor participación de la inversión privada. Cuestionando aspectos tales como la educación democrática, gratuita y laica.

Conlleva intereses de muchos tipos la paulatina privatización de la educación en México, en especial el interés de la Iglesia Católica por participar en la educación de los mexicanos y con ello lograr la cuantiosa y nada menospreciable tributación que la matricula representa como fórmula de negocio.

Existe un contexto de desarrollo que ve favorablemente y ventajoso la privatización de los servicios que tradicionalmente viene desempeñando el Estado Mexicano. Esta cada día más significativa concesión del Estado al sector privado es la patente de intereses no solo políticos, sino de clase, por la procuración de una educación cada vez más distante del precepto constitucional.

El efecto ineludible de esta privatización inminente es la elitización de la educación, la caída del nivel de instrucción promedio nacional y la proliferación de negocios educativos cuya calidad esta sujeta a la lógica de “quien paga manda”.

Es por ello que se explica por qué la federación gasta cada vez proporcionalmente menos en el fortalecimiento de la educación pública, puesto que obedece por una parte a las demandas del Banco Mundial por privatizar la educación, como a los intereses de grupos empresariales y clericales en posibilitar la oportunidad de participar en la educación del país como un negocio.

Las exenciones fiscales a los negocios educativos hacen de éstos auténticos paraísos fiscales puesto que mientras consolidan y crean infraestructura las cargas fiscales son nulas.

Asimismo, las transferencias federales a los Estados en materia de presupuestos educativos también se restringen. Actualmente representa un poco más del 30% de las erogaciones federales a los Estados. La precarización de la educación pública, sobre todo en las entidades federativas, en todos los niveles es cada vez más notorio.

La Ley de coordinación Fiscal regula las transferencias federales a las entidades federativas en materia de Educación Pública. Criterios arbitrarios que obedecen más a orientaciones políticas que a una dispersión del gasto democrático y propincuo a las necesidades regionales de atención en la demanda de este servicio.

El federalismo educativo más se ha materializado en una concentración educativa que en una auténtica descentralización. Responde no tanto a promover la vida democrática del país y una dispersión del gasto en educación propincua a las necesidades del desarrollo nacional en materia de educación, sino que en realidad, la supuesta descentralización procura veladamente desarticular al sindicato más grande de Latinoamérica: el SNTE. Sindicato cuyo poder de negociación de contrato laboral tiene tal peso que por años, lo que el magisterio logra en materia de incrementos salariales es el mismo criterio para estipular los incrementos al salario mínimo en el país.

Los problemas principales del financiamiento de la educación en México son los siguientes:

1. La precarización de la educación pública al crecer el presupuesto nominal para este servicio público en proporción menor al crecimiento de las demandas sociales.

2. La inequidad distributiva de los recursos que dista en mucho de ser democrática, y sobre todo, propincua a las necesidades locales y regionales de México.

3. El bilateralismo en que las transferencias federales se da en la negociación con los Estados de la República para la asignación de los recursos federales en materia de educación pública.

4. La elitización y los privilegios que a ciertos sectores de la sociedad mexicana se le dan para la proliferación de los negocios educativos en aras, supuestamente, de incrementar la participación privada en la educación nacional y tener una mayor diversidad en materia de la oferta educativa.

5. La inequidad distributiva en materia demográfica causa que exista una enorme asimetría entre los recursos per cápita destinados a cada persona según sea el presupuesto otorgado a las entidades federales. Por caso, en Morelos la participación por individuo atendido es paupérrimo ante otras entidades como el Distrito Federal o Baja California que es cientos de veces superior.

6. No existen fórmulas que permitan a las entidades financiar con recursos propios sus programas de educación, especialmente en un nivel local.

7. Subjetividad en la dispersión y asignación de los recursos, la cual es abiertamente arbitraria y obedece más a intereses de corte político que demográfico.

8. Desarticulación en todo nivel del sector educativo público, como desarticulación abierta entre las instancias educativas públicas y las privadas.

9. Ineficiencia operativa a causa de una sobre politización del sector, como sobre burocratización del mismo.

10. Internalidades del sector público en materia de atención a la población respecto a su demanda real de los servicios educativos.

11. Altos niveles de ausentismo, reprobación y deserción y baja eficiencia terminal a causa de la falta de programas de atención al estudiante y matriculación.

12. Carencia de impuestos estatales para recaudar ingresos para el fortalecimiento de la educación.

13. La carencia de una fórmula de dispersión de recursos con base a indicadores de niveles educativos en las entidades como en los municipios, que permita una aplicación más propia y adecuada a las realidades locales.


CONCLUSIÓN

En México hoy soplan vientos de la globalización. Para ello, la nación concede a intereses extranjeros canonjías que presenten al país como una tierra de oportunidades para le inversión extranjera directa. Para ello ha tenido que reformar las leyes que promueven la inversión nacional y regulan la extranjera, dando concesiones a la iniciativa privada favorables para que se alberguen expectativas mínimo admisibles para la prosperidad de los negocios. La educación no escapa de esta nueva visión del desarrollo. Por ello, la educación pública tiene que redimensionar su participación en la educación de la nación, abriendo posibilidades a la iniciativa privada nacional o extranjera.

Para posibilitar la prosperidad de los negocios educativos, se ha no solo redimensionado la participación de la educación pública, sino también precarizado a un nivel que permita establecer una ventaja comparativa entre la educación de los planteles privados respecto a los públicos.

Desde luego, la presencia de la inversión privada no solo implica el encarecimiento de la educación, y su inminente elitización, sino que por otra parte, la caída de los niveles de instrucción tanto nacionales como estatales.

Se tiene por ello que el financiamiento de la educación pública por sus participaciones federales como las posibles estatales, no son significativas para atender con propincuidad las demandas en materia que exige el crecimiento y desenvolvimiento demográfico de la nación. Mientras la educación cada día se ve como un oportunidad y negocio, la población más vulnerable paga con el abandono del sector público en atender sus necesidades educativas. En esto estamos hablando de más de 60 millones de población que es considerada pobre o extremamente pobre. Colateralmente, la prosperidad de los negocios educativos contrasta con el paupérrimo nivel que presenta ahora la oferta educativa de los planteles públicos.