LA DESILUSIÓN SEXENAL

Óscar Antonio Jiménez Morales

Teorías en la “corteza”Democracia societal, ciudadanía integral y desarrollo humano
La democracia societal y ciudadanía integral.

La democracia societal1 como tal no se limita a las consideraciones electorales o procedimentales, ni tampoco a los aspectos referentes a un concepto de democracia meramente formal sino que toma en cuenta también aspectos económicos, sociales, políticos no electorales, y culturales que enriquecen propiamente el concepto, y que se erige como un ideal que cualquier sociedad “democrática” o, realmente existente, debiera pretender alcanzar.
En otras palabras, la democracia más allá de un régimen o forma de gobierno, es una forma de vida en donde se pone de relieve los valores más altos en el sentido humano. Así, la democracia en su concepción extensa (societal o integral), no minimalista, tiene que ver con la defensa del Estado de derecho, con la división efectiva de poderes, con el voto universal, con la celebración de comicios en forma periódica en competencia efectiva entre partidos políticos (o en su caso, hasta sin ellos2), con la defensa institucional de los derechos humanos; con la libertad de expresión, de opinión, de pensamiento, de conciencia, de religión, de asociación y de reuniones pacíficas; con el derecho a la libertad de investigar, de recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio de expresión; tiene que ver también con la participación política (no sólo electoral) activa de la ciudadanía y con la transparencia de la gestión pública; pero además, este ideal democrático tiene que ver con el respeto a las diferencias étnicas, religiosas, de género, de orientación sexual, ideológicas, entre otras; no pasando por alto que, la democracia en total sentido, tiene que ver con el acceso a niveles mínimos de bienestar socioeconómico pues los valores de igualdad, libertad y justicia no se pueden remitir ni limitar sólo al ámbito político.
La democracia implica una concepción del ser humano y de la construcción de la ciudadanía integral. “La democracia es una inmensa experiencia humana; la democracia está ligada a la búsqueda histórica de libertad, justicia y progreso material y espiritual, por ello, es una experiencia permanente inconclusa”3
En este tenor, el gran ideal de una sociedad que se precie de tener un régimen democrático y que desee democracia en todos los ámbitos deberá aspirar a ese gran ideal denominado democracia societal, en otras palabras; deberá aspirar a alcanzar la ciudadanía integral en donde se integran la civil, la política, y la social, ésta última con un factor económico muy importante.
Debemos decir que la ciudadanía es la condición de pertenencia y participación en la politeya u organización política donde se integran los miembros de la sociedad.4 Más allá de su plasmación en el derecho positivo de las modernas democracias, la ciudadanía hace referencia a un conjunto de prácticas y usos que otorga la cualidad de componentes activos a los individuos en su comunidad de referencia, en las modernas democracias liberales, el orden político está legitimado por las decisiones de sus ciudadanos libres y responsables5. En este sentido, la ciudadanía es, principalmente, un estatus conformado por el acceso a los recursos básicos para el ejercicio de los derechos y deberes.
La no discriminación en el acceso a esos recursos constituye la condición necesaria y suficiente de la ciudadanía. Caso contrario, los titulares de los derechos permanecerían en una situación de precariedad expresada ésta como déficit de la ciudadanía6. Un hito en la articulación del moderno concepto de ciudadanía y, en particular, el que atañe a su dimensión social es el de Thomas Henry Marshall7 emitido en 1949. Marshall tenía la preocupación por teorizar la evolución de la ciudadanía en las sociedades capitalistas como una marcha hacia la igualdad social, y distinguía tres ciclos históricos con sus correspondientes factores constitutivos8:
a).- Un factor civil integrado por las capacidades de ejercicio de las libertades individuales fundamentales relativas a la vida y al desarrollo integral de las personas, de expresión y pensamiento, y a las más tangibles de propiedad, contractuales y de sometimiento a los tribunales de justicia; b).- un factor político compuesto por los recursos de participación democrática en la politeya que competen a las franquicias de elección y mecanismos de representación en la legitimación de la autoridad y el poder político. Consiguientemente, los individuos adquieren su estatus político ciudadano como electores y elegidos; c).- un factor social garantizador de las aspiraciones a una vida digna y al bienestar social de los individuos, con acceso al trabajo remunerado y a la previsión social en situaciones de riesgo, tal estadio correspondería a la consecución de unos estándares de vida básicos legitimados por el conjunto de la ciudadanía.
José Antonio Ocampo9 entiende por ciudadanía social la extensión efectiva de los derechos humanos, en su doble dimensión de derechos civiles y políticos, que garantizan la autonomía individual frente al poder del Estado y la participación en las decisiones públicas y de los derechos económicos, sociales y culturales que responden a valores de igualdad, solidaridad y no discriminación.
La ciudadanía social refiere a aquellos aspectos de la vida de los ciudadanos que afectan el potencial para desarrollar sus capacidades básicas. Los derechos a la salud y a la educación son considerados componentes básicos de la ciudadanía social. A su vez la falta de empleo, la pobreza, la desigualdad y la polarización social y económica han sido ampliamente reconocidas como aspectos que obstaculizan la integración de los individuos en la sociedad. En condiciones de extrema pobreza y desigualdad se dificultaría y en los hechos se anula la efectividad de un presupuesto clave ideal de la democracia: que los individuos son ciudadanos plenos que actúan en una esfera pública donde se relacionan en condiciones iguales. En la medida que la ciudadanía social contiene un componente económico, el empleo10 constituye para la mayoría de la población un pilar básico de su ciudadanía. El trabajo es la forma en que los ciudadanos aportan a la producción de la sociedad y por la cual se hacen de medios que les permiten gozar de sus derechos.11
Si bien los derechos civiles y políticos, así como los derechos económicos, sociales y culturales se rigen por estatutos jurídicos diversos en cuanto a su carácter, exigibilidad y mecanismos de protección, todos forman parte de los derechos fundamentales de las personas, reconocidos en las declaraciones y convenciones internacionales correspondientes.
De esta manera, si no se logran avances respecto de los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos cívicos y políticos, tan difícilmente alcanzados de alguna manera en muchos países latinoamericanos, tienden a perder sentido para los sectores con menores recursos, esto es de suma importancia para poder entender la relación existente entre democracia societal, ciudadanía social y nuestro objeto de estudio.
Ocampo establece también que la ciudadanía social tienen que ver con medidas redistributivas que compensen la desigualdad reproducida y generada por las “fuerzas del mercado”, pero también a regulaciones económicas que buscan afectar directamente la relación entre el funcionamiento de los mercados y la distribución del ingreso; en otras palabras, la expansión del papel regulador y redistributivo del Estado.
En esta visión de democracia y ciudadanía, la equidad social es vista, por lo tanto, como un objetivo en sí misma, como la verdadera expresión de los propósitos colectivos que animan a la sociedad y, por ende, como principio básico de cohesión social; la democracia es la extensión del concepto de igualdad jurídica y, en consecuencia, de los derechos ciudadanos en un sentido amplio, es decir, como ciudadanía civil, política y social.12
Ahora bien, en las principales sociedades “desarrolladas” del mundo occidental, los ciudadanos son titulares de derechos civiles, tales como los morales de derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, o los materiales como el de la propiedad privada. También disponen de derechos políticos inherentes a la vida democrática, como son los de asociación y de participación (representación y voto), y disfrutan más o menos bien de derechos sociales, bien sean los relativos a la salud, a la educación o al bienestar necesario para poder desarrollar un tipo de vida percibida como digna por el conjunto de la sociedad. Todos esos derechos estarían amparados por las instituciones estatales, las cuales asumen la responsabilidad colectiva de su promoción y tutelaje, sin embargo, dicha igualdad de estatus no esconde diferencias de clase ni desigualdades materiales.
Es importante mencionar que Marshall13 ya observaba como crucial para la ciudadanía social el desarrollo de políticas públicas sociales, las cuales representan la manifestación tangible de la existencia de una comunidad política o República de ciudadanos libres y solidarios entre sí. Par él los efectos de las políticas sociales posibilitarían comunidades más cohesionadas y un enriquecimiento de la vida civilizada. Aunque no evitarían la reproducción de la desigualdad social14, las políticas sociales si pueden procurar una mayor nivelación de recursos entre las clases sociales. Además, si facilitarían “la igualdad de oportunidades”15, es decir, harían posible que al margen de las diferencias de clase, edad, raza, o género, los ciudadanos tuviesen los mismos derechos para desarrollar sus potenciales vitales16. Es importante decir que las políticas sociales se relacionan con las educativas para una mayor y mejor instrucción formal de los ciudadanos, o con aquellas que procuran una promoción de la salud o facilitan el acceso a una vivienda. Todas ellas son sociales con carácter amplio. La intervención en la protección social contribuye decisivamente al desarrollo integral de las personas en el desenvolvimiento de su vida ciudadana.

Ahora bien, existe una relación bidireccional entre ciudadanía integral y desarrollo humano, puesto que el reforzamiento del primero implica elevar el segundo y, el reforzamiento de éste, blinda a la ciudadanía integral sin antes pasar por la social y ésta es la que en última instancia, refuerza tanto la política como la civil, pasemos a las consideraciones pertinentes sobre desarrollo humano.


1 El adjetivo societal se ha utilizado recientemente por diversos científicos sociales para referirse a un plano más general en donde no sólo se inscribe la esfera social sino también la económica y la política.

2 Dada la crisis de credibilidad en los partidos políticos en México y en algunos otros países, se tendrían que buscar nuevos mecanismos como una efectiva selección ciudadana, desde abajo, para postular a sus representantes.

3 PNUD, La democracia en América Latina, hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, Buenos Aires, Argentina, publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), diciembre de 2004.pag.35

4 Tal concepto hunde sus raíces etimológicas en al antigua polis griega. En la historia social subsiguiente y, con carácter general, se ha identificado a la politeya con el conjunto de instituciones políticas de la sociedad, su uso no debe hacerse necesariamente sinónimo al Estado en su sentido moderno, el cual corresponde a una fase relativamente reciente del devenir de la humanidad. Sabine George, Historia de la teoría política, Madrid, España, Ed. FCE, 1945.

5 Giner, Salvador, Historia del pensamiento social, Barcelona, España, Ed. Ariel, 1994.

6 Moreno, Luis, Unión Europea y estado del Bienestar, Madrid, España, Ed. CSIC, 1997.

7 Pensador británico.

8 Marshall, Thomas, Ciudadanía y clase social, Madrid, España, Ed. Alianza, 1998.

9 Ocampo, José Antonio, “Economía y democracia “ en La democracia en América Latina, hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, Buenos Aires, Argentina, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2004. Consulta www.pnud

10 Pero no sólo basta con tener empleo, éste debe ser bien remunerado, de lo contrario, aún teniendo empleo, puede ser que la remuneración a éste sea tan bajo que no alcance siquiera a cubrir sus necesidades básicas. En México y en muchos otros países, existe un gran sector de la población que se encuentra en esa situación.

11 La situación del empleo ha desmejorado y los niveles de desigualdad se han mantenido estacionarios o han aumentado. El nivel de desempleo en América Latina se ubica entre los más altos del mundo y el de desigualdad es el más alto del mundo. Ver: PNUD, La democracia en América Latina, hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, Buenos Aires, Argentina, publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), diciembre de 2004.

12 En la época premoderna las dimensiones civiles, políticas y sociales estaban amalgamadas y profundamente permeadas por la concepción religiosa del orden mundano. Con posterioridad, el mercado se institucionalizó paulatinamente como supuesto regulador de la vida económica, lo que procuró una relativa autonomización de las esferas pública y privada. Decimos supuesto regulador ya que los mercados no se autorregulan, sino que son precisamente las fuerzas económicamente dominantes (monopolios y oligopolios) quienes determinan el funcionamiento de los mercados. Por otra parte, los tres ciclos o estadios de la moderna ciudadanía correspondieron, según Marshall, a los diversos periodos de constitucionalización de los derechos civiles (siglo XVIII con la superación de la organización estamental del antiguo régimen, tras las revoluciones inglesa, norteamericana, y francesa), derechos políticos (siglo XIX, con la institucionalización del liberalismo democrático y al representación electoral), y derechos sociales (siglo XX, con la consolidación del igualitarismo en los estados del bienestar en las democracias industriales). En este sentido general, el proceso de modernización en el mundo occidental comportó el paso de los criterios de adscripción a los criterios de logro.

13 Marshall, Thomas, Ciudadanía y clase social, Opus Citatum.

14 Dados los desajustes inherentes al proceso de acumulación capitalista.

15 Lenski, Gerhardt, Poder y privilegio, teoría de la estratificación social, Buenos Aires, Argentina, Ed. Paidos, 1969.

16 Las políticas públicas sociales son intervenciones públicas que afectan la distribución de las oportunidades vitales de los ciudadanos, la mejora de su calidad de vida y de su bienestar personal. En general, las políticas públicas afectan al individuo (reguladores y distributivas), o al conjunto social (redistributivas y constituyentes). Las políticas sociales son generalmente de carácter redistributivo toda vez que comportan transferencias y equilibrios de recursos y capacidades entre unos ciudadanos y otros. Ver: Titmuss, Richard, Política social, Madrid, España, Ed. Ariel, 1981.

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