CRECIMIENTO ECONÓMICO, CRISIS Y REFORMAS EN JAPÓN EN LAS DOS ÚLTIMAS DÉCADAS

Ernesché Rodríguez Asien

2.3 Política económica del Gobierno de Ryutaro Hashimoto (1996-1998)

Aun después de ejecutar las medidas de la etapa 1992-1995, la economía nipona continuó demandando nuevas reformas lo que implicó una drástica transformación en el sistema financiero, denominada Big Bang, cuyo objetivo principal fue la desregulación inmediata en la actividad bancaria y de las demás instituciones financieras, y otorgar mayor autonomía al Banco de Japón. Estos cambios tenían el propósito de mejorar la “salud” de dichas instituciones, manteniendo la transparencia y la confiabilidad en los mercados.

Este plan de saneamiento se concibió por cuatro años fiscales, desde marzo de 1999 hasta marzo de 2003, y fue apoyado por una garantía del gobierno para la protección de los depositantes en el sistema bancario. Tuvo como metas esenciales modificar ciertos aspectos legales que facilitaran el manejo de la controvertida situación y que a su vez evitaran una quiebra masiva de las instituciones financieras.

Como parte de ese proyecto, se aprobó la Ley de Reconstrucción Financiera, según la cual los bancos que enfrentasen dificultades podían ser intervenidos por el gobierno o ser nacionalizados de forma temporal, si se encontraran en situaciones extremas.

Además, se promovieron las fusiones bancarias como una forma de reducir las pérdidas y elevar la rentabilidad. Esto último fue seriamente cuestionado, ya que varios estudiosos del tema plantearon que la absorción de una entidad bancaria dañada por otra de mayor tamaño, solo provocó una propagación de la crisis, pues la entidad insolvente no era previamente saneada y “enfermaba” con sus créditos de mala calidad a la institución receptora.

La centralización y concentración financieras se profundizaron en el último lustro de los años noventa, a raíz de la irrupción de crisis financieras en diferentes países desarrollados y mercados emergentes. Las fusiones estuvieron acompañadas de procesos de privatización garantizados por el Estado.1

El primer ministro japonés Ryutaro Hashimoto, señaló en aquellos años la necesidad de responder con mayor rapidez a los cambios en la situación financiera. En el Congreso del gubernamental Partido Liberal Demócrata (PLD), del que Hashimoto fue presidente, el mandatario expresó su convicción de que la economía nipona se recuperaría y afirmó que no había motivo para ser pesimista.
 
La posibilidad de un nuevo conjunto de medidas que se sumarían a la inyección de fondos públicos para estabilizar la economía, repercutió de inmediato en los círculos financieros locales con sendas alzas en la Bolsa de Tokio y el yen japonés.

La comunidad empresarial japonesa pidió reiteradamente al gobierno, la puesta en práctica de un mayor número de incentivos que aumentaran la demanda interna y contrarrestaran la crisis del sistema financiero del archipiélago. Pese a la grave situación no puede hablarse de una recesión, al no detectarse la caída “significativa” de las inversiones corporativas, como la ocurrida al inicio de los años 90, cuando la llamada “burbuja económica” estalló.

Como resultado de las iniciativas del gobierno para ampliar la competencia empresarial, en 1996 el crecimiento del PIB obtuvo el mayor valor de los años posteriores a la crisis, sustentado fundamentalmente en los continuos estímulos fiscales y monetarios.

La propagación de la crisis asiática de 1997 hacia la economía japonesa, no se hizo esperar. Debido a las relaciones financieras entre Japón y los países de la región, la crisis provocó un efecto desestabilizador sobre el frágil sistema bancario japonés.

Las importantes quiebras originadas en Japón a raíz de esta crisis, empeoraron la confianza de los inversores en este sistema financiero.

En las nuevas condiciones se instrumentó un nuevo paquete fiscal, que incluía la expansión de la inversión pública y la inyección de fondos públicos a los bancos que se encontraban en situación de quiebra técnica. Pero la caída de la inversión privada en la economía real fue tan profunda, que no pudo ser compensada con el incremento de la inversión pública. Otra vía de transmisión de la crisis corrió a cargo de la disminución de las exportaciones de Japón, como reflejo de la contracción de la demanda de los países asiáticos.

Como se puede apreciar en el Anexo 3, el año 1998 fue uno de los más difíciles de la década de los 90 para la economía nipona. También en el Anexo 4 se refleja el nivel de inflación que existió en el período de 1996 a 2007, pudiéndose observar, que a partir de 1999 la economía nipona entró en deflación sostenida durante algunos años. Ante esta situación, el Banco de Japón tomó medidas para estimular la inversión y el empleo, mediante el incremento de la oferta monetaria y bajas tasas de interés. También se tomaron otras medidas para reactivar la economía y apaciguar la crisis, entre las que se encuentran las siguientes:

    • Mayor libertad en las ventas de los terrenos.
    • Reducción de impuestos a las grandes empresas.
    • Aumento del control estatal sobre la actividad de los bancos y sobre la especulación financiera.
    • Aumento de la estimulación a la pequeña y mediana empresa mediante la creación de fondos para este fin.

Hay que señalar, que aunque la reforma financiera nipona conocida como el Big Bang tuvo puntos de contactos o rasgos comunes con otras llevadas a cabo en el país en otros momentos, ésta fue totalmente nueva en el sentido de que Japón tradicionalmente había optado por los cambios en una progresión gradual, pero en este caso se produjeron de forma rápida, es decir, la reforma se implementó de forma activa y en el corto plazo.

Otro rasgo que la caracterizó, es que a pesar de ser una reforma esencialmente financiera, por ser este sector uno de los más afectados en la crisis nipona, en realidad abarcó un horizonte más amplio, que incluyó cuestiones políticas, económicas y sociales en forma conjunta o paralela.

Las seis áreas que abarcaba fueron: la de finanzas; la administrativa; la de la estructura fiscal; la de la estructura económica; la de seguridad social, y la educativa. Por ser la reforma financiera la más importante, se hará énfasis en ella.

La reforma financiera dio continuidad a los dos procesos de apertura más importantes que habían tenido lugar antes en la economía japonesa. El primero fue la inserción al comercio internacional tras la formación de un Estado moderno durante la restauración de Meiji (1868), posterior al aislamiento en que se mantuvo el régimen feudal. El segundo se derivó de las reformas efectuadas a partir del cese de las actividades bélicas después de la Segunda Guerra Mundial.

El Big Bang se considera la “tercera apertura de Japón” porque representó una transformación estructural esencial para la economía nipona.

Su contenido se sustentó en los puntos siguientes: la reforma del régimen de transacciones de valores; la abolición de las barreras entre los tres segmentos del sistema financiero (bancario, de valores y de seguros); el sistema de participación de los empleados en las acciones; la liberalización de la tasa de la prima de seguros, la liberalización de las transacciones de divisas; la revisión del método contable (aplicación del principio o método de precio corriente o precio de mercado en sustitución del método del costo de adquisición adoptado hasta ese momento); el fortalecimiento del régimen de inspección y la modificación de la ley del Banco de Japón.

El Big Bang contenía tres objetivos fundamentales que se resumían en los siguientes conceptos: libre, justo y mundial. El término “libre” significaba libre de la interferencia gubernamental y de impuestos. También se refería a la libertad de actuación, es decir, los bancos y las compañías de valores podían hacer negocios entre sí, lo que disminuía las diferencias entre agrupaciones bancarias, bancos de créditos a largo plazo y grandes bancos comerciales, conocidos como los city banks. “Justo” significaba la abolición de una dirección administrativa. Y “mundial” se refería a la aplicación de estándares internacionales, como por ejemplo la Ley de Divisas.

La reforma de la Ley de Divisas, primera medida del Big Bang, que entró en vigor a partir del 1ro de abril de 1998, constituyó su eje fundamental. En un período muy breve se empezaron a observar grandes resultados.
 
Se permitió el cambio de divisas fuera de las instituciones bancarias, y aumentó la participación de nuevas empresas en este negocio. Por ejemplo, se constituyeron establecimientos que realizaban compra-venta de monedas, ofrecían servicios que hasta ese momento eran exclusivos de la banca o efectuaban cambio de divisas fuera del horario de los bancos. Algunas empresas dedicadas a la producción de efectos electrodomésticos o agencias de viaje podían prestar también servicio de cambio de divisas para ofrecer mayores facilidades a los clientes extranjeros. Tiendas de efectos electrodomésticos, restaurantes, hoteles, etcétera, comenzaron a aceptar el pago en dólares.

Aunque con anterioridad se podían hacer ahorros en dólares, algunos bancos comenzaron a realizar campañas (“Campaña Big Bang”) para aumentar los ahorros en divisas. De hecho algunos bancos incrementaron el número de contratos de ahorro en moneda extranjera. Al mismo tiempo, se observó una activa y marcada participación de los bancos extranjeros en el mercado japonés y se esperaba que bajo la reforma de la Ley de Divisas se activarían aún más las inversiones del capital japonés en el exterior.
 
Las autoridades financieras japonesas anunciaron el 2 de julio de 1998 un programa de medidas dirigidas a solucionar la crisis en el sistema bancario del país, afectado por créditos incobrables cercanos a los 535 000 millones de dólares.

La segunda etapa del programa gubernamental consideró la posibilidad de cierre de las entidades insolventes con vistas a evitar situaciones similares a las de 1997, cuando varias casas bursátiles y bancos de primera línea se vieron obligados a declararse en quiebra. El plan requirió del visto bueno del Parlamento para su aplicación.

El Banco de Japón informó, la necesidad de realizar inspecciones de emergencia en 19 instituciones financieras del país con el objetivo de determinar la cifra real de impagos. Sin embargo, a mediados de 1998, Japón mostró nuevamente señales de que la situación era más grave de lo previsto al divulgar por reportes oficiales que el país pasó del estado de estancamiento a la depresión, con un yen cada vez más débil frente al dólar norteamericano. También dio muestras de una lenta capacidad de reacción ante la debilidad del sistema bancario y la excesiva caída del yen, que afectaba al resto de los mercados del Sudeste Asiático.

Asimismo, el mercado accionario registró una baja, debido a la incertidumbre sobre la elección de Keizo Obuchi como Primer Ministro ya que existía cierto pesimismo respecto a sus posibilidades para poner en marcha en poco tiempo los programas de reformas tendentes a reactivar el crecimiento de la economía nipona.
 
A finales de octubre de 1998 el Presidente del Banco de Japón, en declaraciones a la prensa, exhortó a las instituciones crediticias del país a adoptar el programa gubernamental para el saneamiento del sector financiero con el propósito de estimular la capacidad crediticia en respaldo a las empresas niponas que presentaban una difícil situación.
  
Once importantes instituciones bancarias revelaron fuertes pérdidas sobre sus inversiones en valores. Entre éstos se destacaban el Banco Fuji con 4 200 millones de dólares y el Sakura, con 4 220 millones de dólares.

Por otra parte el deterioro de la actividad empresarial se reflejó en la tasa de desempleo de 1998, que registró un nivel del 4,3% de la población activa del país, lo cual confirmó la difícil situación de la economía nacional.

Por primera vez en trece meses, se observó una reducción del 0,2% en la cifra de trabajadores de las grandes empresas niponas, con una plantilla laboral al cierre de septiembre de 1998 de 12,55 millones de personas. Asimismo, el Ministerio de Trabajo reveló que se alcanzaron, como promedio, cuarenta y nueve ofertas laborales por cada cien solicitudes de desempleados, lo cual constituyó el peor resultado en esa relación de los últimos cincuenta y tres años.

Todo esto ocurrió en uno de los países industriales con menor nivel de seguridad social, como se puede apreciar en el Anexo 5.

En noviembre de 1998 la economía de Japón emitió nuevas señales de recesión al reportarse en octubre un descenso del 21,9% en las ventas de vehículos importados respecto a igual período de 1997. Fuentes del sector indicaron que Alemania, principal suministrador de automotores a esta nación, experimentó una caída del 9,7%, mientras los Estados Unidos disminuyeron sus suministros en un 25,7%, como consecuencia de una menor demanda en el mercado interno.

La Agencia de Planificación Económica divulgó un informe en el que calificó la situación de la economía nipona de “extremadamente seria”, lo que provocó una ola vendedora en los mercados bursátiles y llevó al índice Nikkei a perder 219,4 puntos al cierre de la jornada (Ver Anexo 6).

En diciembre de 1998 un informe de la Agencia comunicó que la inversión directa de las empresas y el gasto de los consumidores que representaba el 60% de la economía, continuaban muy débiles. Por otra parte, la inversión inmobiliaria apenas había aumentado, mientras la producción industrial seguía contrayéndose en relación con meses anteriores. La recesión de la economía nipona a partir de los años 90, se puede apreciar en el Anexo 7.

No obstante, en esta etapa aparecieron discretos síntomas de recuperación como resultado del incremento del gasto público y de los planes ejecutados por el gobierno para aumentar la inversión directa en la economía y recuperar en alguna medida el dinamismo perdido.
 
Sin embargo, la fenomenal inyección de recursos para estimular el gasto público no logró sacar al país de la recesión porque las empresas sobreendeudadas y con dificultades para pagar los intereses de los créditos, temían endeudarse aún más. Por otro lado, con una enorme capacidad instalada excedente, tampoco necesitaban aumentar sus inversiones. En realidad, el resultado que trajo el incremento de los fondos públicos fue un enorme crecimiento de la deuda japonesa, que alcanzó los 6 millones de millones de dólares, equivalente al 120% del PIB a finales de 1999.

Por otra parte, las reducciones impositivas, no lograron aumentar el consumo privado porque las familias no aumentaron sus ingresos efectivos, como consecuencia de la generalizada caída de los ingresos por el aumento del desempleo y la reducción de los salarios.

En cuanto a los esfuerzos por reanimar la inversión, el Banco de Japón aplicó una política de tasa de interés cero (aunque las tasas nominales no eran nulas) y provisión de exceso de liquidez a los bancos. En ese mismo sentido, hasta el 2000 la política fiscal expansiva, estuvo acompañada por un sistema de garantías fiscales para préstamos a pequeñas y medianas empresas, tratando de aplacar el racionamiento del crédito al que estaban siendo sometidas por parte de los bancos.

Con las nuevas medidas, fueron introducidos además mecanismos de supervisión y regulación en el sector financiero, así como sistemas para evaluar el área contable. En el sector bancario fue introducido el Programa de Pronta Acción Correctiva (PAC), luego de que fuera autorizado por la revisión de la Ley Bancaria en junio de 1996. Con este programa, los bancos estaban en la obligación de controlar con más eficiencia sus estados financieros, a fin de reconocer en ellos los problemas que podían estar afectándoles. La Agencia de Supervisión Financiera2 jugaría un papel de decisiva importancia, inspeccionando continuamente el sistema.


1 Girón, Alicia: Fusiones, adquisiciones y extranjerización.

2 La Agencia de Supervisión Financiera era el principal agente del Comité de Reconstrucción Financiera. Esta derivó del MOF, pero tenía un carácter autónomo. En julio de 2000 fue sustituida por la Agencia de Servicios Financieros (Financial Services Agency), la cual no solo asumió las funciones de la agencia anterior, sino también los de la Oficina de Planificación del Sistema Financiero del MOF. En enero de 2001, la Agencia de Servicios Financieros ocupó las responsabilidades de la Comisión de Reconstrucción Financiera, la cual fue disuelta.

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