GESTIÓN ESTATAL DEL SUBDESARROLLO Y DOMINACIÓN AUTORITARIA EN MÉXICO, (1934-2006).

Héctor de la Fuente Limón

Introducción.


Las preocupaciones por comprender la relación entre desarrollo y democracia en las sociedades modernas no son nuevas. Varios estudios enmarcados en perspectivas teóricas distintas han tratado de contribuir a la comprensión de este tema. Sin embargo, hasta la fecha éste sigue siendo un debate abierto, ya que las contribuciones hasta ahora registradas no han logrado formular una explicación lo suficientemente sólida que supere la prueba del tiempo.
Desde el pensamiento latinoamericano dicha relación encontró en las teorías de la modernización, cepalina y de la dependencia referentes teóricos que desarrollaron explicaciones que ponían el acento en el desarrollo, como prerrequisito para que la población latinoamericana accediera a mayores niveles de bienestar social, y con ello alcanzar un óptimo desenvolvimiento de la democracia.
En estas teorías la democracia viene a ser resultado del bienestar social y habría que alcanzarlo para acceder a mayores niveles de inclusión política en la toma de decisiones. Por eso es que los estudios de entonces giraron en torno a temas como el desarrollo, el crecimiento económico, así como el estudio de los procesos de urbanización, secularización, e incorporación de sectores sociales marginados o excluidos. Pero la democracia siempre fue un tema subsidiario, que no preocupó en demasía las reflexiones de aquel momento.
Con la crisis económica de finales de los años setenta y la década de los ochenta, así como la generalización de regímenes autoritarios en la región, las inquietudes de los estudios viraron hacia la explicación de los problemas de democratización, cuestionando además el fracaso de los desarrollos teóricos propiamente latinoamericanos para explicar dicha problemática.
Es así como se introduce el paradigma del neoliberalismo para explicar los problemas del desarrollo latinoamericano a partir del funcionamiento del mercado, y se generaliza la teoría de la transición para explicar el cambio político hacia la democratización que estaban viviendo entonces los regímenes de América Latina. Priva la concepción de que la democracia es un prerrequisito para el desarrollo, idea que para la década de los noventa iba a ser sustituida por el tema de la “inevitabilidad” de la globalización de los mercados, con lo que el foco de la atención vuelve a pasar a la esfera económica.
Pero además este trayecto histórico del pensamiento en la región sigue sin agotar la discusión sobre la importante relación entre desenvolvimiento económico y democracia, y de hecho esto ha llevado a los estudios sobre el tema a un callejón sin salida. Nuestra percepción es que el problema radica en la forma en que ambas variables han sido tratadas desde la teoría. En el caso de la teoría de la modernización, sus deficiencias interpretativas en los estudios sobre el tema se encuentran, no tanto en las sofisticadas metodologías utilizadas en la medición de las variables desarrollo y democracia, sino en la base común que a nivel teórico han compartido estos estudios. Por otra parte, en el caso de las teorías cepalina y de la dependencia, a pesar de sus originales contribuciones a la comprensión de los desafíos que encuentra el desarrollo económico en la región, estas contribuciones no elaboraron un cuerpo teórico igualmente amplio y profundo en el tratamiento de la democracia. Finalmente, las teorías más influyentes en los últimos años no han hecho otra cosa que tratar el estudio de ambos procesos de manera separada, o simplemente han subordinando una u otra variable a un cuerpo explicativo que no aborda el tema de una forma integral.
En México, la gran aportación de la obra La democracia en México de Pablo González Casanova a la sociología política, fue llamar la atención sobre la necesidad de incorporar al análisis de la democracia no sólo las categorías que tradicionalmente utiliza el politólogo, sino también aquéllas que utilizan el economista y el sociólogo enfocándolas hacia un análisis multifactorial del régimen político. Por una parte, planteó el tema de la desigualdad en la distribución de la riqueza como una condicionante del subdesarrollo, y por otra, analizó la forma en que la estructura de poder, o en otros términos, la particular forma que adopta la democracia en nuestro país, limita o condiciona el desarrollo económico.
La influencia de esta obra escrita en 1965 ha perdurado hasta nuestros días, aunque su vigor perdió fuerza desde mediados de los ochenta cuando irrumpen una serie de estudios que intentan ubicar la especificidad del fenómeno político en el análisis del cambio de régimen en nuestro país. El importante efecto de la teoría de la tercera ola democratizadora en la teoría de la transición política en su corriente conductista –que por mucho fue la que más difusión encontró en Latinoamérica-,   constituyó un parte aguas en los estudios sobre el régimen político en México, que ha llevado a la preponderancia de investigaciones abocadas a capturar su dimensión institucional y cultural.
Con las reformas político-electorales desarrolladas desde 1977 hasta 1996 en nuestro país y la alternancia política que se registró en el 2000 en la presidencia de la República, después de más de setenta años de hegemonía de un solo partido en el poder, se impuso la idea de que México había transitado a la democracia y que en el país, desde la reforma político-electoral de 1996, existían las condiciones para garantizar elecciones periódicas, libres y equitativas. Los problemas de la democracia se ubicaron entonces en su consolidación, es decir, en la forma en que la democracia debería llegar a las organizaciones de la sociedad civil y todos los rincones de la vida pública; en la interiorización de la cultura democrática por la ciudadanía, argumentándose que después de tantas décadas de autoritarismo el objetivo debería centrarse en transformar los usos y costumbres que definían las percepciones sobre el poder público entre la ciudadanía, a través de la interiorización de normas y pautas de conducta más democráticos; y el perfeccionamiento del andamiaje institucional y normativo, cuya propuesta más acabada ha sido sin duda la propuesta de una reforma integral  del Estado que lleve a la promulgación de una nueva Constitución.

Sin embargo, el abierto cuestionamiento de una buena parte de la población a los resultados de las elecciones presidenciales del año 2006, echaron por la borda muchas de las percepciones que se tenían en torno al proceso de democratización en el país, y ha abierto nuevas interrogantes sobre las causas que pudieran estar determinando el rumbo de dicho proceso. Particularmente, el papel que el escaso desarrollo del país tiene en los niveles de la población y esto en el funcionamiento de la democracia, tema poco recurrente en las investigaciones de los últimos años.
El hecho de que Andrés Manuel López Obrador, él único candidato presidencial que cuestionó abiertamente el modelo económico neoliberal y los estragos que ha ocasionado (en la concentración del ingreso, el incremento de la pobreza, la escalada de la criminalidad, el desempleo generalizado, el desastre ambiental, la crisis energética y el colapso de la soberanía alimentaria, entre otros), perdiera la elección por menos de un punto porcentual respecto a la votación total frente a Felipe Calderón Hinojosa, candidato que postulaba la continuidad de dicho modelo, en medio de graves cuestionamientos a la forma en que se condujo el proceso electoral, ha vuelto a poner sobre la mesa el tema de la viabilidad de la democracia en nuestro país. Sólo que ahora la falta de desarrollo y la desigualdad, aparecen como los grandes desafíos que arroja el proceso de democratización, y las inquietudes en torno a la persistencia de las tendencias autoritarias del régimen político exigen buscar nuevas rutas explicativas que contemplen estos elementos.
Esa coyuntura electoral evidenció los intereses de los agentes sociales beneficiarios del modelo económico vigente, que apoyados en el aparato institucional del Estado pusieron un freno al proceso de democratización en el país. Las irregularidades en dichas elecciones fueron incluso reconocidas parcialmente en el dictamen del Tribunal Electoral por el que se hizo el cómputo final de la elección, se declaró la validez de la misma y se declaró presidente electo. Nos referimos al tono en el que se desarrollaron las campañas electorales; la intervención del Presidente Fox durante el proceso a favor del candidato de su partido; el uso de los programas sociales a favor del candidato panista; la ilegal promoción del voto en los medios de comunicación por parte del Consejo Coordinador Empresarial a favor de Felipe Calderón; y el reconocimiento a una serie de irregularidades en un número importante de casillas.
A pesar de ello, la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral del país, pese a reconocer todo este conjunto de irregularidades, guiándose por criterios meramente subjetivos, renunciando a su facultad para hacerse de las pruebas objetivas necesarias para normar su criterio, llegó a la conclusión de que estos elementos no eran suficientes como para anular la elección. Así se abandonó el criterio garantista con el que se habían repuesto procesos locales como el de Tabasco (16 de octubre de 2000) y Colima (8 de agosto de 2001), en los cuales, ante la intervención del ejecutivo a favor del candidato de su partido se optó por proteger los principios constitucionales de equidad y certeza electoral.
Consideramos que en este proceso la democratización fue abortada en cuanto se convirtió en un elemento que puso en peligro la viabilidad del patrón de crecimiento vigente, y con ello nos referimos a una particular forma histórica que ha adoptado la acumulación en su forma subdesarrollada en nuestro país en las últimas tres décadas. La desigualdad originada por una modalidad de crecimiento excluyente de amplias capas de la población, que ha generado desempleo, bajos salarios y precarización del trabajo, creó las condiciones para que emergiera un proyecto político desde la socialdemocracia mexicana orientado a cuestionar la generalizada desigualdad y proponer medidas para mejorar la distribución del ingreso entre la población, con el objetivo de ampliar el ejercicio de la ciudadanía. Y es en este punto donde la democratización encontró sus límites.
Esta coyuntura ha puesto en evidencia las persistentes tendencias autoritarias en el ejercicio del poder político en una formación social subdesarrollada como la nuestra, pero este es un rasgo estructural que ha definido históricamente la forma en la que se ha ejercido la dominación en nuestro país. Por lo que consideramos necesario elaborar una explicación de largo plazo que nos permita capturar el papel que ha jugado el subdesarrollo como determinante de la generalizada desigualdad social que ha privado entre nuestra población, y los efectos que esto ha tenido en las formas autoritarias que ha adquirido la dominación.
Para ello es necesario reelaborar la relación entre desenvolvimiento económico y democracia desde una perspectiva teórica diferente a la que hasta ahora se ha implementado en los estudios sobre este tópico. Lo que nos lleva a insertar la problemática en el seno de la relación capital-trabajo, es decir, en el análisis de la lucha de clases.
Desde que hizo su arribo la producción industrial, la división del trabajo en la gran masa de los procesos productivos en el sistema capitalista se desdobló en trabajo general y trabajo inmediato, y desde entonces la generación de progreso para el desarrollo de las fuerzas productivas ha estado identificada con el desarrollo científico y tecnológico, y su aplicación práctica con dichos procesos productivos.
El desarrollo entonces hace referencia al desdoblamiento de la relación capital-trabajo en el sentido arriba señalado, y el subdesarrollo a la ausencia de este desdoblamiento, lo que no implica que en nuestros países no exista una subsunción real de trabajo inmediato, sino que ésta procede con métodos que no le son propios. Pero lo que explica esta histórica condición entre diferentes categorías de países, son las importantes funciones políticas y económicas que cumple el Estado en la sociedad capitalista como organización política para el dominio de la burguesía sobre el proletariado.
En relación a sus funciones políticas, la democracia liberal es la mejor forma que adopta el Estado para el dominio burgués, en tanto que está diseñada para resolver los conflictos entre las diferentes fracciones que integran a la clase dominante derivados de la competencia por la ganancia, y por otro, los que se derivan de los consensos entre ésta clase y los dominados.
En cuanto a sus funciones económicas, encontramos lo que se ha denominado la gestión estatal del desarrollo, que no es otra cosa que el impulso del Estado al desarrollo científico y tecnológico aplicado a los procesos productivos, así como al abastecimiento de bienes de consumo colectivo y capital constante social, con el objetivo de crear las condiciones generales para la producción capitalista.
La dimensión social entre ambas variables se manifiesta en términos de las condiciones de subsistencia que el desarrollo aporta a la población y el ejercicio pleno de la ciudadanía, prerrequisitos fundamentales para la creación de consensos en la democracia. Una gestión estatal óptima del desarrollo crea las condiciones para el ejercicio de la democracia; en sentido opuesto, la ausencia de dicha gestión por el Estado se manifiesta en bajos niveles de bienestar para la población, un limitado ejercicio de la ciudadanía por ésta y en dificultades para crear consensos en torno al ejercicio del poder público.
La existencia de una población excedente en el subdesarrollo, que se desenvuelve a la zaga de los procesos de valorización de capital, y que se manifiesta en la condición estructural de este tipo de países para producir comercio informal, piratería, criminalidad y todo un conjunto de actividades, ajenas al proceso de acumulación formal, indican la transferencia que el polo subdesarrollado hace a los países desarrollados de su capacidad de acumulación para generar empleo. Este es el principal obstáculo que se le presenta a la democracia para que en estas latitudes exista un ejercicio pleno de la ciudadanía por parte de la población.
Por eso históricamente, salvo algunas notables excepciones, el desarrollo se ha consolidado en un puñado de países que a través de una pujante y activa gestión del desarrollo han logrado consolidar regímenes democráticos de larga data. A la inversa, la inmensa mayoría del resto de los países del mundo ha oscilado entre el autoritarismo y la democracia, como es el caso de las naciones latinoamericanas.
Pero además el subdesarrollo y la intermitencia de la democracia son procesos que tienden a acentuarse en la medida que el sistema capitalista se desenvuelve. En esto el imperialismo juega un papel fundamental, ya que dicha condición está inscrita en las relaciones que los países ubicados en el polo subdesarrollado establecen con los países desarrollados, quienes basarán su domino precisamente en el monopolio del desarrollo científico y tecnológico, complementándolo con su hegemonía militar, ideológica y cultural.
Es en el esquema descrito hasta ahora, donde proponemos ubicar la discusión en torno a la problemática que encierra el subdesarrollo como determinante de las tendencias autoritarias en el ejercicio del poder político en México.
Partimos del supuesto de que en nuestro país no ha existido una gestión originaria del desarrollo, y que lejos de ello ha existido un activo papel del Estado en hacer una gestión del subdesarrollo, generando las condiciones para que la acumulación se desenvuelva en estas condiciones. Ello ha tendido a acentuar la situación de dependencia de nuestro país respecto al progreso generado en los países desarrollados, particularmente Estados Unidos, lo que se manifiesta en un intercambio comercial desigual que ocasiona una transferencia de inversión, cuya principal consecuencia es la consolidación de una población excedente de magnitudes desproporcionadas, que tiene un acceso marginal al disfrute de los bienes materiales y culturales producidos por la sociedad, y que por lo tanto no ejerce su ciudadanía plenamente. La sola existencia de esta población que se desenvuelve por canales distintos a los procesos formales de acumulación capitalista, además ha impactado permanentemente a la baja los salarios, ha mantenido altas las cifras del desempleo y en ciertas condiciones ha favorecido procesos de precarización del trabajo. Estos elementos han caracterizado la marcada tendencia al conflicto social en nuestro país, que sería la principal causa por la que la dominación ha descansado menos en mecanismos consensuales y más en mecanismos autoritarios.
Encontramos dos momentos históricos dentro de estas tendencias generales. Bajo el patrón de crecimiento relativo, la intervención del Estado en la economía y la estrategia de industrialización con sustitución de importaciones impulsada por éste, se identifica con un proceso que tiende a hacer cada vez más dependiente a nuestro país de la tecnología generada en el polo desarrollado. La presencia y crecimiento de la población excedente se perfila entonces como el principal obstáculo para la viabilidad de dicho modelo, a pesar de haberse concretado un pacto social corporativo con las organizaciones de trabajadores para sacar adelante un proyecto de nación que prometía integrar a los sectores de la población excluidos en el porfiriato, a un proyecto de nación que en el discurso buscaba hacer realidad los postulados de la Revolución Mexicana. En este contexto, se configura un régimen político que tiende a concentrar en la institución presidencial amplias facultades constitucionales, el control del sistema electoral, el control de un fuerte aparato corporativo y la conducción de un partido de Estado. Las relaciones de la organización estatal con la sociedad estarán atravesadas por un ejercicio autoritario del poder, regulados por mecanismos corporativos y clientelares de control social que servirán para mantener las condiciones generales para consolidar la acumulación en su forma subdesarrollada.
Bajo el patrón de crecimiento absoluto, la intervención del Estado en la economía como principal impulsor del proceso de industrialización, abre paso a la racionalidad del mercado como estrategia de primer orden para garantizar el crecimiento económico y la acumulación en su forma subdesarrollada. Los objetivos del Estado se dirigen hacia la reestructuración productiva, que lejos de basarse en una estrategia que buscara impulsar el desarrollo científico y tecnológico para fortalecer la organización de los procesos productivos locales, se concentró en introducir procedimientos organizacionales como el toyotismo y la flexibilización laboral. Es decir, la estrategia se dirigió en contra de los logros laborales de los trabajadores, estrategia que se vio complementada con la retirada del Estado en sus funciones sociales. Ello implicó la ruptura del pacto social vigente hasta entonces, aunque no del control corporativo autoritario del Estado sobre las organizaciones de trabajadores ubicadas en los sectores estratégicos de la producción orientada a la exportación, que de hecho fueron utilizadas para llevar a cabo las transformaciones que el nuevo patrón de crecimiento demandaba, con relativos márgenes de paz social. La presencia de excedentes de población en este contexto se desborda, y vuelve dramáticos los problemas de bajos salarios, desempleo y empleo precario en nuestro país, situación que incrementa el conflicto social. La pérdida de legitimidad del régimen coincide con el inicio de un proceso de transición política, caracterizado por consecutivas reformas político-electorales que tienden hacia la democratización de los procesos electorales y a la pluralidad en la competencia política. Dicho proceso parece consolidarse con la alternancia en la presidencia de la República en el 2000 para luego ser abortado en las elecciones de 2006, ante la posibilidad del triunfo de un proyecto que ponía en peligro la viabilidad de los cambios introducidos hasta entonces. Con ello, el régimen que surge de este largo trayecto conserva elementos autoritarios que conviven con rasgos de la democracia liberal.
La pertinencia de este trabajo se explica entonces por la necesidad de profundizar en el análisis del impacto de lo que consideramos no sólo una nula gestión estatal del desarrollo, sino una activa gestión del subdesarrollo en el ejercicio de la democracia en México. Una dimensión de la problemática subdesarrollo-democracia que hasta ahora prácticamente no ha sido explorada en otros estudios. Esto a pesar de ser una preocupación constante en las investigaciones sobre la democracia realizadas en los últimos años.
En el Informe sobre la democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos realizado por el PNUD en 2004, se pone de manifiesto el franco desprestigio del Estado y de las instituciones democráticas frente a la población. Así mismo, se alerta sobre los elevados niveles de pobreza, de desigualdad social, de exclusión económica y social, de desprotección frente a la violencia y otros problemas sociales, que están incidiendo negativamente en las condiciones de vida de la población y en la consolidación de la democracia en la región. Sin embargo, más allá de diagnósticos de este tipo, las soluciones a la problemática no han dejado de orientarse a proponer una profundización sobre la reforma del Estado y el rediseño institucional, caminos bastante trillados en los desarrollos de este tópico por su comprobada ineficacia.
Por eso consideramos necesario analizar las causas de los problemas que encierra la viabilidad de la democracia en nuestro país por nuevos senderos explicativos, para estar en condiciones de encontrar diagnósticos más pertinentes y nuevas propuestas, que redunden en un futuro más prometedor dentro de la lucha por la democracia en México.
La exposición está integrada por esta introducción, cuatro capítulos al final de cada cual se integran algunas conclusiones, y un apartado con las fuentes consultadas. En el Capítulo I, Subdesarrollo y Democracia: Teoría y Práctica desde América Latina, se elabora una evaluación crítica general sobre las aportaciones que desde la teoría y la práctica latinoamericanas se han orientado a tratar el tema de la relación entre desenvolvimiento económico y democracia, comenzando en la década de los cincuenta del siglo pasado hasta nuestros días, y se postula la necesidad de orientar la discusión a partir de la construcción de un marco interpretativo que ubique la problemática en el seno de la relación capital-trabajo.
En el Capítulo II, La Gestión Estatal del Desarrollo y su Ausencia en México, se busca exponer la forma en que el Estado influye en el funcionamiento de la estructura económica en tanto que es producto de relaciones sociales antagónicas que se gestan en el seno de la sociedad capitalista dentro de la producción, a partir de la relación capital-trabajo. Para ello se analiza el concepto gestión estatal del desarrollo y se precisan las consecuencias de su ausencia en formaciones sociales como la nuestra.  Estos elementos nos permiten analizar el caso mexicano, caracterizado por una activa intervención estatal orientada a gestionar el subdesarrollo, donde encontramos características y tendencias particulares tanto durante el patrón de crecimiento relativo como durante su modalidad orientada el mercado externo, que evidencian el peso del imperialismo en la generación de proyectos económicos independientes.
El Capítulo III, Los Excedentes de Población como Rasgo Estructural del Subdesarrollo: El caso Mexicano, trata sobre las causas profundas que explican la problemática social resultante de una estructura caracterizada por la ausencia de una gestión estatal del desarrollo. Para ello, se dan respuestas a la pregunta del por qué bajo el subdesarrollo se crea de manera estructural una población excedente, y cómo ésta se convierte en un obstáculo para la democracia liberal. En este sentido, el caso mexicano es particularmente representativo al confirmarse a lo largo de todo el siglo XX y el primer lustro del presente siglo, la existencia de una población que se desenvuelve marginalmente en la acumulación capitalista. Además, se explican las razones por las cuales su presencia, ya importante bajo la vigencia del patrón de crecimiento relativo, se desborda bajo la modalidad de crecimiento absoluto, convirtiéndose en un potencial foco de descontento social.
En el Capítulo IV, La Dominación en México: Las Causas Estructurales de sus Tendencias Autoritarias se analizan cuáles son los rasgos generales del Estado capitalista y la forma en que la democracia liberal se constituye históricamente como una eficaz forma de dominación en los países desarrollados. Así mismo, contrastamos las tendencias y la dinámica del conflicto social que determina la generación de consensos sociales en aquellas naciones, y la vigencia que ahí adquiere el ejercicio de los derechos políticos, económicos y sociales por parte de la ciudadanía.
Finalmente, comparamos estos rasgos generales de la democracia en el subdesarrollo, encontrando que aquí los excedentes de población se constituyen en un obstáculo de primer orden en la construcción de consensos sociales, ya que generan una dinámica en el conflicto social que deriva en una lucha permanente por el salario, el empleo y mejores condiciones de vida tanto de la población en activo, como de la población excluida. Por lo que en estas condiciones el ejercicio de la ciudadanía se vuelve precario y es amenazado permanentemente por las tendencias hacia el autoritarismo en el ejercicio del poder político. En el caso mexicano, se confirma que la enorme capacidad de nuestra estructura socioeconómica para producir excedentes de población se ha constituido en el principal obstáculo para la generación de consensos sociales y ello ha derivado en la constitución de formas autoritarias de dominación en nuestro país. Las particularidades y tendencias de este proceso en el espacio y en el tiempo, nos llevan a trazar un trayecto histórico caracterizado por tres etapas: a) La formación del Estado populista y la constitución del régimen presidencialista mexicano; b) La reformulación de la alianza populista, la vigencia del Estado desarrollista y la consolidación del presidencialismo; y c) la ruptura del pacto social, la constitución del Estado Neoliberal y la truncada transición a la democracia.

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