GESTIÓN ESTATAL DEL SUBDESARROLLO Y DOMINACIÓN AUTORITARIA EN MÉXICO, (1934-2006).

Héctor de la Fuente Limón

2.3.1 Despegue y consolidación.


Las condiciones para emprender un proyecto industrializador en México se concretaron durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, no como resultado de un proyecto a priori de la burguesía nacional para resolver el rezago que registraba nuestra economía entonces, sino como una respuesta a los efectos que la gran crisis mundial estaba teniendo en el agotamiento del patrón de crecimiento orientado a las exportaciones. Ugo Pipitoni señala en relación a esta coyuntura que: “La crisis económica internacional estaba modificando el panorama. El lento crecimiento económico que el país comenzaba a experimentar desde comienzos de los años veinte se había interrumpido drásticamente. El PIB de 1932 estaba por debajo del nivel alcanzado en 1910. El país corría el riesgo de entrar en otro prolongado periodo de enfrentamientos sociales e inestabilidad política.”
La crisis terminó por cercar el espacio para las exportaciones locales hacia los países desarrollados y, al no disponerse de los bienes de consumo y de capital necesarios para la producción que abastecía el mercado internacional, se tuvo que sentar las bases para iniciar el proceso de su fabricación interna.
El gobierno de Cárdenas cumplirá la función de dirigir la transición del patrón de crecimiento absoluto hacia el patrón de crecimiento relativo, y con ello sentar las bases para el posterior despegue industrial del país. Dentro de las transformaciones que encabezó se encuentran: nacionalización de empresas extranjeras y formulación de las condiciones de entrada y salida del capital extranjero; reserva de algunos sectores infraestructurales de la economía a empresas estatales o mixtas; creación de empresas públicas u otorgamiento de incentivos para su creación en nuevos sectores o subsectores económicos; puesta en práctica de reglamentos relativos a los movimientos del capital nacional y extranjero en el país, y establecimiento de criterios generales y especiales, en cuanto a las condiciones de oferta y demanda de la fuerza de trabajo en el mercado urbano.
Todas estas transformaciones estuvieron dirigidas a crear las condiciones para generar el despegue industrial y emprender una nueva ruta para la acumulación capitalista en el país, en un contexto internacional de relajación de los vínculos comerciales de dependencia de la economía mexicana respecto a los países ubicados en el polo desarrollado, de manera particular con Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial marcó la pauta para que la activa participación del Estado en la economía continuara, con miras a avanzar en el proyecto industrializador. Como señala José Romero:
Al igual que Cárdenas, Ávila Camacho siguió invirtiendo considerables sumas de dinero en empresas y obras públicas, en la recientemente nacionalizada industria petrolera y aún más en la industria ferrocarrilera. Durante su gobierno se duplicó la red de caminos transitables todo el año y casi se triplicó la cantidad de tierra beneficiada por la red de irrigación. Además, realizó las primeras inversiones gubernamentales en empresas manufactureras en 1942, cuando Nacional Financiera se convirtió en socio minoritario de Altos Hornos de México. Las inversiones públicas llegaron a representar 6% del PIB, cifra equivalente a la inversión privada.

En esta etapa de “despegue” de la ISI el Estado se encargó de crear un mercado cautivo para la industria local que logró un crecimiento notable gracias al apoyo continuo que recibió, particularmente en materia de protección de los productos locales frente a la competencia extranjera. Sin embargo, esto trajo consigo una recurrencia crónica a la inflación que tuvo que ser combatida a través de la devaluación, golpeando gravemente el nivel de vida de los trabajadores. Esta situación llevó a una  crisis a inicios de la década de los cincuenta, que obligó a poner sobre la mesa la discusión sobre el curso del desarrollo industrial y el tema de la inversión extranjera.
A partir de entonces se diagnostica que la economía mexicana carecía del capital necesario para seguir financiando el desarrollo sostenido que se venía registrando desde los años cuarenta, de esta forma con la falta de ahorro interno se abren las puertas a la posibilidad de la inversión extranjera. Esto en un contexto en que la inversión privada era ya una empresa totalmente rentable en el país, gracias a las medidas implementadas por Alemán:
Para proteger a la industria nacional de la competencia externa, el gobierno de Alemán estableció una complicada estructura arancelaria. Estas acciones, junto con la eliminación de las restricciones crediticias y la reaparición de bienes de capital en los mercados internacionales, crearon un ambiente muy favorable a la inversión privada. Como resultado, para 1952 el porcentaje del PIB correspondiente a la inversión privada había superado ya la inversión pública, a pesar de que ésta recibía un gran impulso.

Es particularmente notable que no se cuestionara entonces que esa crisis estaba indicando la necesidad de llevar la industrialización hacia una etapa más avanzada, que se requería incrementar las exportaciones de los bienes que estaban sustituidos, y que la ausencia de inversión en ciencia y tecnología podría ser la causa de que eso no fuera viable en ese momento. Los argumentos para incentivar la inversión extranjera fueron que contribuiría a elevar la producción nacional,  mejorar la utilización de los recursos del país y aportaría nuevas técnicas de producción, organización y distribución.
Como consecuencia de este giro que toma la ISI en relación a la inversión extranjera surge en 1955 la Ley de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias, cuyo objetivo era precisamente establecer los criterios que regularían la contribución de la inversión extranjera al desarrollo industrial del país, y con ello, se observa el primer intento del Estado de intervenir en los asuntos tecnológicos del país. De acuerdo a Wionczeck, Bueno y Navarrete, dicha ley contemplaba que: “Para tener acceso a los beneficios fiscales, las empresas debían proporcionar, entre otra, información sobre su personal extranjero, las tecnologías empleadas, el uso de maquinaria extranjera y nacional, y la naturaleza de los acuerdos sobre asistencia y servicios técnicos y de patentes, indicando si éstos se habían celebrado con extranjeros.”
De esta forma, se estableció el criterio de rechazar aquellas solicitudes de industrias, cuya información de apoyo evidenciara que los pagos estipulados en los contratos de uso de patentes y servicios técnicos del exterior excedían del 3% de las ventas netas de la empresa. Sin embargo, el cumplimiento de esta normatividad era muy limitado, por lo que de manera sostenida hasta entrada la década de los sesentas se hará una incorporación indiscriminada de nuevas tecnologías, gracias a la ausencia de restricciones para su importación, que provocaron que simplemente aumentara el volumen  de éstas sin que surgiera preocupación alguna en los industriales mexicanos por las consecuencias económicas y sociales de no poner cotos a esta situación.
La ISI se consolidará al amparo de la inversión extranjera,  para entonces la industria empieza a ceder sus sectores más dinámicos al predominio del capital extranjero, proceso en el cual se evidencia la forma en que la transferencia de ciencia y tecnología se convierten en elementos que generan una dependencia creciente para la producción en el país. Esta situación profundiza la condición de subdesarrollo de nuestra estructura socioeconómica, ya que la acumulación descansará cada vez en mayor medida en el trabajo general producido en los Estados Unidos. En medio de todo esto se impone una visión sobre la ciencia y la tecnología aplicada a los procesos productivos, que Germán Sánchez Daza resume de la siguiente forma:
∙ Se considera que la tecnología puede ser adquirida mediante la compra de maquinaria y equipo moderno, casi totalmente importado, por lo cual es necesario estimular su consumo vía exención de impuestos;
∙ Asimismo, dado que se inicia el consumo masivo de mercancías modernas (autos, refrigeradores, etc.) se acepta que  la tecnología que implica su producción sólo puede ser desarrollada mediante el capital extranjero y, asociándose con él, el capital local podrá adquirir tanto la experiencia como las capacidades tecnológicas para su desarrollo.

Con todo, la ISI implicó importantes avances en el terreno productivo, ya que en este periodo de consolidación que alcanza la década de los sesenta, se consigue cubrir la sustitución de importaciones de bienes de consumo y avanzar en algunos intermedios, con lo que se logró una baja de la participación de las importaciones en la oferta total. Esto se hizo con niveles inflacionarios bajos en relación a los que se registraron durante la etapa de despegue de la industrialización, sin recurrir  a la devaluación ante los desajustes de la balanza de pagos, estrategia que será sustituida por instrumentos como el permiso previo a las importaciones y la elevación del arancel para aligerar la carga de las importaciones. Además, las políticas fiscales y monetarias se reorientaron a promover el ahorro interno a través de subsidios, exenciones y tarifas congeladas de bienes y servicios públicos.
Sin embargo, el funcionamiento de este esquema entrañaba contradicciones muy serias que a la larga incidirían en el agotamiento de modelo que orientó la ISI hasta entonces. Al respecto José Romero señala:
[…] la inflación de México entre 1954 y 1970, aunque reducida, fue más alta que la de Estados Unidos, esta situación, aunada al tipo de cambio fijo, dio como resultado una considerable apreciación del tipo de cambio real de más de 30% respecto de 1954. La apreciación erosionó la competitividad de los productores mexicanos y provocó crecientes déficit comerciales […] que tenían que financiarse mediante inversión extranjera directa, préstamos al sector privado obtenidos en el extranjero y, principalmente, préstamos al gobierno de bancos e instituciones internacionales. Esto dio como resultado que la deuda externa del gobierno pasara de prácticamente nada en 1954 a casi 12% del PIB en 1970 […] El costo de la estabilidad de precios que se logró en este periodo puede medirse tanto por el incremento de la deuda pública externa como por el daño que hizo a la industria nacional mantener tanto tiempo un tipo de cambio real sobrevaluado. Esto último volvió menos competitiva a la industria nacional en el exterior e impidió que ésta se orientara hacia la exportación.  

No obstante, si bien es cierto que la sobrevaluación del tipo de cambio real fue uno de los principales factores que incidieron en las dificultades de la industria nacional para exportar, en realidad ésta sólo fue una manifestación de un problema más estructural y que se relacionaba con el nivel de dependencia alcanzado por la industria hacia la inversión extranjera, así como hacia los insumos extranjeros para la producción. Estos últimos factores fueron los que ocasionaron que la producción nacional no fuera competitiva a nivel internacional, ya que sus altos costos eran reales, y eran absorbidos en buena medida por el Estado a través del gasto público y otras medidas de fomento y financiamiento. Por eso era lógico que los costos de la producción tendieran a aumentar más en la medida que el proceso de sustitución de importaciones avanzaba, haciéndolo como hasta entonces con progreso técnico importado.
Era claro que hasta entonces la inversión en ciencia y tecnología no había sido una preocupación para la burguesía nacional, y en consecuencia, tampoco lo había sido para el Estado. Wionczek, Bueno y Navarrete identifican varios factores que explican esta falta de atención al problema de la escasa generación de progreso en el país:

  1. La disponibilidad casi automática de tecnología extranjera, misma que se incorporó al sistema productivo a través de las importaciones de bienes de capital o a través de arreglos contractuales de transferencia.
  2. El crecimiento del PIB a un ritmo sostenido a largo plazo a pesar de la ausencia de desarrollo científico y tecnológico, elemento que hizo a planificadores y ejecutores de las políticas para el desarrollo económico del país, omitir el tema de la importancia de la generación de progreso técnico local.
  3. La política económica, diseñada para favorecer indiscriminadamente la acumulación de capital como motor de desarrollo, antes que su inversión en ciencia y tecnología.
  4. Ausencia de condiciones para el desarrollo del trabajo científico y tecnológico en el país. Omisión en que incurrieron tanto el Estado como los empresarios, al no propiciar un clima de independencia intelectual, condiciones de vida dignas y de ausencia de presiones de corto plazo, para los investigadores nacionales.
  5. Limitaciones en la formación de personal técnico de nivel medio por la rápida estratificación de la fuerza de trabajo, dividida en élites de trabajadores relativamente pequeñas regularmente vinculadas a sindicatos económicamente privilegiados, y una gran masa de obreros no calificados con una educación precaria en constante proceso de crecimiento por la masiva migración del campo a la ciudad registrada entonces.

Es por eso que a finales de la década de los sesenta la ISI entra un acelerado proceso de agotamiento.

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