GESTIÓN ESTATAL DEL SUBDESARROLLO Y DOMINACIÓN AUTORITARIA EN MÉXICO, (1934-2006).

Héctor de la Fuente Limón

Reflexiones finales.


Es la relación capital-trabajo la clave para comprender la problemática relación entre  desarrollo y democracia, por lo que sólo el análisis de la lucha de clases nos puede ayudar a salir del callejón sin salida en el que han caído los estudios sobre este tema a lo largo de varias décadas.
Comprender las funciones políticas y económicas del Estado, en tanto organización del poder político de la burguesía para ejercer su dominio sobre el proletariado, es fundamental para captar la dinámica del desarrollo y la democracia desde una nueva perspectiva. Esto porque el Estado es producto de las relaciones sociales de explotación que se ejercen en el capitalismo, y de hecho su sola existencia como detentador del monopolio de la violencia, evidencia dicha explotación. Sin embargo, a diferencia de otros modos producción, en el capitalismo la violencia no se ejecuta de manera directa en el proceso productivo, sino que es externa a éste. Ello es posible gracias a que el salario borra toda huella de la diferencia entre plustrabajo y trabajo necesario, y hace aparecer una relación que es desigual como justa para las partes.
Sobre esta premisa se ha construido todo el edificio ideológico que ha sustentado la democracia liberal, que adquiere su nombre precisamente de la adopción de las ideas del liberalismo, entre las que destacan el individualismo, la igualdad jurídica de los hombres ante la ley y la legitimidad como prerrequisito para el ejercicio del poder público.
En este sentido, la democracia es la mejor forma que adopta el Estado en el capitalismo para la dominación burguesa, ya que le permite tener una autonomía relativa en relación a los conflictos que se desarrollan tanto entre las diferentes fracciones de la burguesía por la búsqueda de la ganancia, como entre ésta y los dominados, situación que le permite ejercer el poder con importantes márgenes de legitimidad.
La democracia liberal está diseñada entonces para crear consensos, pero para lograrlo deben existir ciertos requisitos materiales, que le permitan a los miembros de la sociedad ejercer su ciudadanía con la mayor plenitud posible. En este caso nos referimos, no sólo a los derechos civiles y políticos difundidos por la ONU entre las naciones del mundo, sino sobre todo a los derechos económicos, sociales y culturales igualmente promovidos por este organismo internacional. La existencia diferenciada de este último tipo de derechos en los diversos países del orbe está relacionada con el nivel de desarrollo alcanzado y es en este punto donde se esclarecen los nexos entre desarrollo y democracia.
Por otra parte, la persistencia de excedentes de población en nuestro país ha impactado negativamente en la determinación de los salarios y el incremento del desempleo, configurando históricamente la persistencia de la movilización social y la lucha por la mejora en las condiciones de vida de la población. Esto a su vez ha influido en la persistencia del autoritarismo como rasgo estructural del ejercicio del poder político, destacándose la consolidación de regímenes políticos formalmente democráticos pero autoritarios en los hechos. Aquí se han destacado dos momentos, la génesis y consolidación del presidencialismo mexicano durante el patrón de crecimiento relativo, y la transición a la democracia en el patrón de crecimiento absoluto, que terminó dando origen a un régimen que combina rasgos autoritarios con un precario ejercicio de la democracia liberal.
Durante la vigencia del Estado populista, se conforma una alianza de clases que sólo pudo ser posible con la consolidación de un proceso que implicó la organización de los trabajadores y campesinos y sumarlas al nuevo proyecto nacional; acrecentar y echar mano de las facultades que la Constitución de 1917 otorgaba al presidente para emprender las transformaciones requeridas; y comenzar una estrategia para que el PNR, entonces una confederación de cacicazgos regionales de líderes revolucionarios, quedara en manos de la presidencia, y se convirtiera en un instrumento para controlar los espacios de poder dentro de la nueva estructura de poder. Este proceso instituyó una nueva configuración del régimen político mexicano, que desde entonces se caracterizaría por un ejecutivo lo suficientemente poderoso como para ser el eje vertebrador de la vida política nacional.
A partir de la década de los cuarenta, en la caracterización del presidencialismo mexicano durante la vigencia del Estado desarrollista, la subordinación de los intereses de las organizaciones de los trabajadores a la estrategia de desarrollo impulsada por el Estado, es lo que va a definir el carácter autoritario del régimen político constituido entonces, y en consecuencia, hará inviable el funcionamiento de la democracia liberal en nuestro país. El fenómeno del presidencialismo parte de esta condición que subordina el ejercicio de la ciudadanía de los individuos a un proyecto aparentemente colectivo e incluyente, en pos del cual la representación política se hace incompatible con el ejercicio individual de los derechos políticos y libertades de la población, a pesar de estar expresamente sancionados de esa forma en el aparato legal. Esta condición es la que hizo del presidencialismo un régimen sui géneris que concentrará en el Ejecutivo un poder que trastocaba la división de poderes republicana plasmada en el cuerpo legal, apoyándose en cuatro mecanismos fundamentales: el aparato corporativo como mecanismo de control social, las facultades constitucionales y metaconstitucionales del Presidente, la jefatura del Partido de Estado, y el control sobre el sistema electoral.
Con el cambio en el patrón de crecimiento económico, el corporativismo siguió operando bajo los mismos esquemas de antaño, y si ello no representó una ruptura radical con sus bases y un auge de los movimientos sindicales autónomos por la defensa del salario, el empleo y el bienestar de los trabajadores, es porque los cambios que se habían gestado desde el Estado, la economía y en los procesos productivos atentaban precisamente contra esas variables. En las nuevas condiciones el trabajador no era un elemento trascendente en el funcionamiento del modelo económico –particularmente en el tema de la demanda agregada- como ocurría antaño, ahora era una variable prescindible subordinada totalmente a los dictados del mercado prácticamente sin márgenes de maniobra para hacer frente a las nuevas condiciones en las que se ubicaba dentro del proceso productivo. El creciente desempleo, el empleo precario y la caída de los salarios han consolidado una población excedente que permite la reproducción de este esquema en beneficio de la ganancia capitalista.
Los cambios ocurridos en el sistema electoral transformaron paulatinamente el sistema de partidos haciéndolo más competitivo, lo que se convirtió en el rasgo más importante de un proceso tendiente a la democratización del régimen. Con la alternancia de un partido político distinto al PRI en la presidencia de la República a partir de 2000, muchos especialistas consideraron que la transición había llegado a su fin, y que la misión del nuevo gobierno era consolidar la democracia electoral para alcanzar una democracia liberal, que hiciera plenamente vigente el Estado de Derecho y pusiera fin al corporativismo y al clientelismo político como vínculo de relación entre la sociedad y el Estado. Lo cierto es que el régimen político no fue más lo mismo de antes, pero tampoco terminó por ser una democracia liberal plena.
La presidencia a partir de entonces ya no goza de las facultades “metaconstitucionales” que antaño le permitieron gobernar con amplios márgenes de estabilidad y paz social. El presidente de la República ya no es el presidente de un partido de Estado, y el partido en el gobierno ya no depende de la figura presidencial en su vida interna. El sistema electoral ya no esta en manos del Poder Ejecutivo, aunque con la elección de 2006 esa credibilidad se ha mermado. La oposición ha mostrado un importante avance electoral y la conformación del sistema de partidos es plenamente plural, lo que a su vez se refleja en la conformación de ambas Cámaras en el Congreso de la Unión.
Pero por otra parte, las relaciones sindicales, la mayoría en manos de sindicatos corporativos, en los hechos han resultado en la restauración de las relaciones corporativas con el Estado. La realidad ha demostrado que son posibles alianzas entre sindicatos priístas y gobiernos panistas, y que el nuevo régimen en construcción no es un obstáculo para ello. Las redes de complicidad en todos los niveles del corporativismo han mantenido como eje de la intermediación de intereses el orden y la paz laborales a cambio del monopolio de la representación. El corporativismo ha demostrado una gran vitalidad y vigencia, en gran medida porque le sigue siendo útil al capital dentro de los actuales esquemas de acumulación capitalista en el país.
Por ello es difícil pensar que el Estado dejará de echar mano de éste en condiciones económicas tan adversas en el mundo laboral. Una “liberalización” del sindicalismo corporativo entrañaría la posibilidad de rupturas y reacomodos que podrían consolidar organizaciones más comprometidas con el bienestar de los trabajadores, más comprometidas con el empleo y el salario, e incluso con proyectos políticos menos excluyentes, y ese es precisamente el punto de inflexión por el que el Estado y el corporativismo han mantenido su mutua interdependencia, en beneficio del capital.
La elección presidencial del 2006 fue un parte aguas porque demostró lo endeble del proceso democratizador en el país. Con el fraude se aborta dicho proceso y dota de un carácter autoritario al régimen político surgido de la transición. Viejas prácticas pero con nuevos moldes se hicieron presentes ese 2 de julio de 2006. A la par de las irregularidades reseñadas en este trabajo y que involucran a las autoridades electorales, a la presidencia de la República, partidos políticos y a un conjunto de agentes privados, destaca el papel activo del corporativismo de viejo cuño representado por el SNTE y su líder Elba Esther Gordillo para promover el voto diferenciado de su partido (el Partido Nueva Alianza) a favor del partido en el gobierno para la elección de presidente; destacan también las graves omisiones de las autoridades electorales durante el proceso y su subordinación a los intereses del partido en el gobierno, que dejan un gran signo de interrogación sobre su imparcialidad; y destaca también el gran poder presidencial para conducir este proceso de principio a fin en la ilegalidad con un enorme margen impunidad.
Nuestra explicación sobre los rasgos autoritarios en el ejercicio del poder político en nuestro país, de esta forma encuentran su raíz en una gestión estatal del subdesarrollo que ha dado como resultado la constitución de una formación social donde la acumulación descansa en el trabajo general producido en Estados Unidos principalmente, ello además de generar una compra sin venta e incidir negativamente en la balanza de pagos, transfiere inversión que redunda en la consolidación de excedentes de población, cuya existencia impacta a la baja en los salarios y en el incremento del desempleo y el empleo precario. Las luchas sociales entonces tienen como contraparte el uso recurrente de mecanismos autoritarios por parte del Estado para garantizar la acumulación capitalista con márgenes importantes de paz social.
Esta condición estructural además se reproduce de conformidad a las necesidades de la acumulación en el imperio, y los patrones de crecimiento económico no son otra cosa que adaptaciones del aparato productivo nacional a esos requerimientos. Por ello, se pueden encontrar especificidades en la forma en que el Estado interviene en la economía y la forma en la que éste influye en aquél, pero los rasgos esenciales, como lo hemos observado son un rasgo común.
Por lo tanto, la lucha por la democracia en México implica también una lucha por un proyecto nacional que tenga por objeto la generación de progreso y su vinculación a los procesos productivos. Implica también una lucha por el empleo y mejores salarios, y por la democratización de las organizaciones de los trabajadores en el campo y las ciudades. Es una lucha contra el imperialismo, y por ello también una lucha contra el autoritarismo en el ejercicio del poder político.

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