Tesis doctorales de Economía


TERRITORIO, ESTADO Y SOCIEDAD EN CHILE. LA DIALÉCTICA DE LA DESCENTRALIZACIÓN: ENTRE LA GEOGRAFÍA Y LA GOBERNABILIDAD

Sergio Boisier Etcheverry


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CAPÍTULO III. EL PODER, EL TERRITORIO, Y LA CONFORMACIÓN DEL ESTADO A LO LARGO DE LA HISTORIA

El propósito de este capítulo es aportar una mirada esencialmente politológica a la conformación del Estado chileno, como se dijo, un proceso pionero en América Latina y que además se convirtió en la fuerza totalmente hegemónica en la construcción de la Nación y de la sociedad chilena. Como lo afirma con ironía el historiador Gabriel Salazar “hay un solo Estado no más, alabado sea”; de esa laya es imposible soslayar su génesis, si efectivamente queremos entender el presente.

3.1. La anarquía y la lucha por el poder entre federalistas y centralistas

Desde la época colonial, Copiapó y La Serena, habían forjado su propia identidad desde la lejanía al centro de poder que era Santiago. El paulatino dinamismo económico que se había ido generando en su interior por la actividad minera y sus vínculos comerciales con Potosí se habían ganado el reconocimiento y el estatus de villa y ciudad, respectivamente. En el otro extremo y también desde su propia y peculiar lejanía, Concepción mantenía su estatus de punto estratégico clave para la defensa del imperio español en América. Se trataba de un puesto militar fronterizo que dependía directamente del virreinato peruano. Sus jefes militares, protagonistas de la guerra de Arauco, gozaban de reconocido prestigio e influencia.

Con la Independencia, bajo el gobierno de los hermanos Carrera (1812/1814), Coquimbo y Concepción alcanzaron rango de provincias las que junto con Santiago asumirían la responsabilidad de Gobernar a la nueva nación. De modo que, Carrera, organizó sus Juntas de Gobierno con delegados que representaban a las tres provincias. Sin embargo, con el advenimiento de O’Higgins al poder esta fórmula de cogobierno interprovincial se descompuso. Su constitución de 1822 terminó con la división provincial y estableció departamentos con autoridades nombradas por el poder ejecutivo. O’Higgins establecía de esta manera el concepto de nación sobre un todo uniforme donde la capital era el centro del poder político y social. Las provincias de Concepción y Coquimbo desconocieron esta constitución, que las despojaba de su condición de igualdad respecto de Santiago. Se incubaba así el largo conflicto que dramatizó la historia chilena durante gran parte del siglo XIX (Illanes; 1993).

El descontento constitucional adquirió en Concepción el carácter de un movimiento revolucionario comandado por su intendente el general Ramón Freire, quien llamó a la formación de una gran Asamblea Provincial de Concepción, que emanaría y encarnaría la soberanía popular de la localidad. Simultáneamente la asamblea de Concepción envió un comunicado al cabildo de Coquimbo instándolo a seguir su ejemplo. El movimiento de las provincias se tradujo también en la puesta en acción de sus fuerzas militares. Por el norte y por el sur avanzaron las tropas hacia Santiago pidiendo la destitución de O’Higgins. La capital se agitó temiendo perder su poder hegemónico ante el alzamiento de las provincias.

Se cuestionó la conveniencia de mantener a O’Higgins en el poder quien finalmente debió renunciar. El Congreso constituyente de 1823 nombró a Freire como nuevo director supremo y aprobó la Constitución de 1823. Sin embargo esta carta constitucional defraudó y alentó nuevamente el descontento de las provincias, las cuales retiraron sus diputados por orden de las asambleas provinciales. Según María Angélica Illanes, fue en ese momento que surgió el ideario liberal, encarnado por José Miguel Infante. Bajo su influjo el gobierno aprobó, en enero de 1826 y en calidad de ley provisoria, el plan federal de gobierno y administración de las provincias (Illanes; 1993).

El país se dividió en ocho provincias: Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Colchagua, Maule, Concepción, Valdivia y Chiloé. En cada una se establecería una asamblea provincial compuesta por los diputados que los ciudadanos de las localidades eligiesen libremente. Estas asambleas tendrían numerosas facultades relativas al gobierno legislativo y administrativo de las provincias, aun cuando se les prohibía establecer aduanas interiores, habilitar puertos comerciales, entablar negociaciones con países extranjeros, prestar asilo a reos prófugos de otras provincias. El gobierno provincial quedaba excluido entonces de las relaciones mercantiles, las relaciones internacionales y las relaciones penitenciarias que quedaban bajo la acción del Estado nacional.

En 1826, bajo el gobierno de Freire, se llevó a cabo un nuevo Congreso Constituyente, en el cual predominaron las ideas liberales en su corriente federal, lideradas por los representantes de Coquimbo y Concepción. Con fecha 11 de julio de 1826 el Congreso Constituyente aprobó el proyecto de Constitución Federalista, en los siguientes términos: “la Republica de Chile se constituye por el sistema federal, cuya constitución se presentará a los pueblos para su aprobación”. No obstante, este congreso fue dictando una serie de leyes y disposiciones que plantearon de hecho el proyecto de régimen federal. Una de las más importantes fue la ley de elección provincial de intendentes y gobernadores. El Congreso Constituyente, sus leyes y su proyecto de carta política, era una bomba para los intereses de las elites coloniales que tenían a Santiago como el espacio de reproducción y ejercicio del poder. Los intentos federales culminaron con el motín del 24 de enero de 1827 en el cual las fuerzas armadas de Santiago se levantaron en armas contra el congreso.

Sucesos posteriores entregaron la presidencia de la república a Francisco Antonio Pinto, de tendencia liberal no federalista, quien procedió a la clausura formal del Congreso Constituyente, desconociendo las reformas federales y derogando especialmente la ley que establecía la elección de intendentes, gobernadores y párrocos.

La Constitución de 1828 concitó el apoyo de amplias mayorías, salvo de los “federalistas puros”, encabezados por Infante, quien se retiró de los debates del Congreso.

Esta carta fundamental, redactada por José Joaquín de Mora, estableció “un sistema de gobierno unitario, en el cual las provincias retuvieran cierta autonomía que les permitiera desenvolverse libremente en todo cuanto dijese relación con su administración interior”.

El alzamiento militar de las fuerzas conservadoras, en unión con la burguesía comercial santiaguina, acaecido en 1829 y su triunfo en la batalla de Lircay, enterró el ideario federalista y la constitución de 1828. El centralismo capitalino salía triunfante del período de anarquía o de organización republicana. Santiago seguiría dominando sin contrapeso la política y la administración de la nación.


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