Tesis doctorales de Economía


EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y EL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ELEMENTOS INHERENTES DE LA DEMOCRACIA, PARA EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN EL SECTOR GUBERNAMENTAL (CASO OAXACA)

Mauro Alberto Sánchez Hernández

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3.1.4 Factores para evitar la crisis de legalidad

El combate debe plantearse por varios frentes: por un lado, se requiere de un diseño institucional adecuado de los órganos del Estado encargados de la transparencia y la rendición de cuentas; por el otro, la publicidad se constituye en un medio de control de la burocracia, tanto por el escrutinio público como el acceso a su información, que opera tanto del órgano hacia el exterior, como de los medios de comunicación y mundo académicos hacia el interior de las instituciones; otro esquema de rendición de cuentas es la disciplina interna en las dependencias, sin embargo, este esquema autoritario sólo da como resultado que los niveles inferiores se controlen pero que los superiores se encuentren exentos de control.

Con estos mecanismos, se puede observar como se vinculan en el plano fáctico la democracia y la rendición de cuentas. Desde un particular punto de vista, los vínculos son los siguientes:

1. El ejercicio del poder público en público

En México hemos avanzado con la expedición de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como las correlativas de las entidades federativas. Sin embargo, existen dentro del marco legal ciertos atrasos y, adicionalmente, existe una cultura de la opacidad en el ejercicio gubernamental, particularmente en el Estado de Oaxaca esta situación prevalece hasta hoy en día, no solo en el gobierno estatal y los gobiernos municipales en la mayoría de los casos, sino también en entes autónomos como el Instituto Estatal Electoral, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, cuando esta última debiera ser ejemplo de transparencia y rendición de cuentas para nuestro Estado. Oaxaca adolece aún de un Órgano Superior de Fiscalización, un Instituto de Transparencia y acceso a la información pública gubernamental y por lo que se ve existe poca voluntad política para que sean creados dichos instrumentos con una autonomía real, instrumentos que son valuartes de la democracia.

Como ha sostenido el Diagnóstico de los derechos humanos en México, no puede decirse que el derecho de acceso a la información se encuentra garantizado, si no sabemos qué funciones realiza cada funcionario, de qué manera está cumpliendo sus funciones, de qué manera aplica los presupuestos o qué prioridades da para la aplicación de los grandes rubros del gasto público.

2. La responsabilidad de los servidores públicos

En un régimen autocrático no existe responsabilidad. El autócrata se encuentra por encima de las normas jurídicas y opera de conformidad con la coyuntura. No existe demanda de los ciudadanos, al carecer éstos de los mecanismos institucionales adecuados para ejercer sus derechos y, en cambio, sí existe oferta y rapidez de respuesta por parte del régimen.36Esta respuesta es siempre discrecional y, por ello, no sujeta a control alguno y sus procesos son fácilmente corruptibles. Régimen autocrático es sinónimo de impunidad. Es lo opuesto a la transparencia.

La rendición de cuentas públicas se erige como espina dorsal de la democracia política, al grado en que puede establecerse de manera determinante que si las instituciones políticas no son capaces de llamar a cuentas a los gobernantes, lo que prevalece es un régimen autoritario. Precisamente lo contrario de la rendición de cuentas es la impunidad gubernamental.37

La rendición de cuentas debe enfocarse a dos contextos: su extensión y su intensidad. En el primero de los supuestos, un sistema será más democrático en la medida en que extienda sus límites legales a una mayor cantidad de actores públicos. En el segundo, se trata de que se controle y corrija cualquier exceso de los servidores públicos sin importar la preponderancia del funcionario, su nivel en la política o su relación con grupos de interés.

3. La no violencia

En una democracia, la constante es la capacidad de llamar a cuentas en forma pacífica a los gobernantes. Por un lado, en virtud de que la no violencia es uno de los valores de la democracia, en términos de Bobbio:38la posibilidad de cambiar a los gobernantes sin derramamiento de sangre. Idéntica posición encontramos en Popper, para quien la democracia es un modelo para deshacerse de malos gobiernos sin violencia. Para Crespo la no violencia es una de las ventajas operativas de la democracia. Por el otro, se trata de privilegiar al ciudadano por encima de la posición del gobernante. Es la búsqueda de la transparencia por encima de la opacidad.

4. El papel del derecho en la transición jurídica

Hans Kelsen41 incorporó como elemento fundamental del sistema jurídico su coercitividad. Esto es, la posibilidad de que el Estado ejerciera el monopolio de la fuerza para hacer cumplir sus determinaciones. Esa posibilidad es lo que distancia al derecho de otros ordenamientos normativos como la moral o los convencionalismos sociales. En ese orden de ideas, las normas jurídicas deben encontrarse provistas de sanción.

5. Alternancia política y eficacia

En un sistema de partidos competitivo, como el generado en nuestro país a partir de la década de 1990, y significativamente con las elecciones federales de 1997 al transitar de un sistema de partido hegemónico a uno de pluralismo moderado, los partidos políticos y sus grupos afines se encuentran en constante vigilancia de la actividad gubernamental. En otras latitudes se consolidan gabinetes alternativos cuya función es supervisar al contrario y preparar a los cuadros propios en el ejercicio gubernamental. De hecho, la estructura de las comisiones parlamentarias responde a ese objetivo.

Esta supervisión genera un nivel de competitividad mucho mayor. Los partidos políticos, al momento de asumir la función gubernamental – por regla general – se cuidan de no generar escándalos que los puedan perjudicar electoralmente.

La alternancia genera nuevos mecanismos de rendición de cuentas, y éstos a su vez, al mostrar a la sociedad los errores de los partidos políticos, se traducen en nuevos cambios de partido en el gobierno. Alternancia y rendición de cuentas se conjugan para lograr un fin diferente: la efectividad en el gobierno.

6. Combate a la corrupción

Existen varios temas vinculados con la corrupción. El primero es que la corrupción y la pobreza, producidas por la injusta distribución de los recursos, son fenómenos paralelos. No quiere decir que las sociedades occidentales democráticas desarrolladas no sean corruptas – recordemos el caso de Enron – sino que la corrupción no ha permeado todas las actividades. Es la excepción y no la regla.

En el segundo, la corrupción afecta al sistema democrático. En un sistema democrático cada voto vale igual, indistintamente de que se trate de un voto rural o urbano.

El problema de la corrupción es que daña la regla de la mayoría porque las decisiones son tomadas, no por los grupos mayoritarios que votaron por un partido o candidato, sino por las elites económicas que generaron o financiaron las campañas electorales.

Sin embargo, el combate a la corrupción debe enfrentarse en dos frentes: por una parte, el ámbito del diseño institucional interno, por la otra, el cambio de cultura en la sociedad. 44 La confianza es el mecanismo de facilitamiento de las operaciones económicas, y de incremento de la productividad.

7. La estabilidad como resultado de la fiscalización

El principal objetivo de los órganos de transparencia o de fiscalización es brindar garantía para el ejercicio de la gestión pública. La función de control se convierte en una función de suma importancia para garantizar la estabilidad política.

8. La consolidación democrática

La ausencia de transparencia produce democracias de baja calidad y, por consiguiente, susceptibles de ser destronadas por una regresión autoritaria.

Como lo ha sostenido la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, para dar plena vigencia a los derechos políticos es necesaria una reforma del Estado que implique que todas las esferas del gobierno pongan como ejes de su acción los derechos humanos, la participación ciudadana, la tolerancia política y la reforma electoral.


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