Tesis doctorales de Economía


PERSPECTIVA DE LA MIGRACIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS. UNA INTERPRETACIÓN DESDE EL SUBDESARROLLO

José Luis Hernández Suárez



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2.3. Deterioro salarial y de las condiciones de empleo como propulsores de la migración.

La estrategia de la acumulación orientada hacia el mercado externo incide directamente en la insuficiente generación de oportunidades para acceder a cierto nivel de bienestar. El acceso al empleo productivo bien remunerado representa la única forma a través de la cual se pueden combatir los procesos de empobrecimiento y contener o reducir los altos niveles de migración hacia los Estados Unidos.

En este sentido cabe señalar que, para los procesos del mejoramiento económico, el empleo interesa no sólo en términos cuantitativos (volumen de puestos de trabajo existentes), sino también en términos cualitativos (salario, tipo de contrato, grado de calificación, condiciones de salud y seguridad, relaciones laborales).

Desafortunadamente, los analistas han observado que, en especial desde la década de los noventa, se han venido dando tres fenómenos muy preocupantes para el trabajo. En primer lugar, se profundizó la tendencia a la informalización y precarización del empleo, lo que significa que, aún cuando se generaban nuevos puestos de trabajo, tendían a ser de baja calidad; en segundo lugar, la economía mostró una baja capacidad en la generación de empleo productivo; finalmente, predominaron ampliamente –con tendencia a profundizarse- los procesos de desregulación y flexibilización no negociada de las condiciones y relaciones de trabajo.

Efectivamente, en México la estrategia de crecimiento sustentada en la suerte de la competitividad de las exportaciones se basó en lo que Graciela Bensusán llama una “vía baja” de competitividad que consistió en la reducción por todos los medios posibles de los costos salariales y no salariales.

Sin embargo, parece ser que la competitividad en el país estuvo más bien determinada por otros factores como las políticas cambiarias y los precios relativos. Es decir, finalmente la baja competitividad de México, en tanto país subdesarrollado, obedece a la permanente dependencia tecnológica, lo que provoca que se ubique siempre a la retaguardia en la productividad respecto de los países con los cuáles efectúa la mayor cantidad de sus transacciones comerciales, esto es Estados Unidos y Canadá con los cuales firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) que entró en vigor en enero de 1994.

Ello no evita, sin embargo, que los empresarios achaquen los problemas de la competitividad a los asalariados, a quienes presionan por la “vía baja” pretendiendo así igualar los niveles de productividad de los países desarrollados. Además, bajo el supuesto neoclásico de que la relación entre costo de la mano de obra y nivel del empleo es inversa, se sostiene que sólo transitando por la “vía baja” se podrán generar más puestos de trabajo.

No obstante, se ha descubierto que en el caso de México los incrementos en la productividad total de los factores “...se deben principalmente a la utilización intensiva de capital y mano de obra vía la reducción del empleo y de los costos unitarios por producción, más que a la innovación tecnológica y organizativa”. Por lo que respecta a la productividad del trabajo en la industria manufacturera, se encontró que ésta se debió “...a la sustitución de insumos producidos internamente por otros importados y que la mayor participación de su valor en los costos unitarios de producción se compensó por una reducción de la participación de los costos de la mano de obra.”

De este modo los salarios y el nivel de empleo se convirtieron en las principales variables de ajuste de la economía que estaba buscando mejorar los niveles de productividad y competitividad. Es por eso que los salarios, que hasta la década de los setenta estaban vinculados a la inflación en los productos finales, fueron flexibilizados para adaptarlos a las fluctuaciones cíclicas de la inflación y la productividad y a los términos del intercambio y el desempeño de la empresa. En consecuencia:

El concepto constitucional y legal de salario mínimo, al hacer referencia a que éste debe ser suficiente para atender a las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación de los hijos (fracc. VI del art. 123 de la Constitución y art. 90 de la Ley Federal del Trabajo), constituiría en principio un factor de rigidez porque impediría tal ajuste y no tiene relación con el desempeño individual o de la empresa. Sin embargo, el carácter tripartito del órgano encargado de fijarlos (la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos) y la subordinación de los representantes obreros en esa Comisión a las políticas gubernamentales, posibilitaron durante dos décadas que los porcentajes de aumento se alejaran del criterio constitucional y legal para calcularse por debajo del índice inflacionario. Con ello, desde 1976, los topes salariales (extendidos de los mínimos hacia el terreno de los salarios contractuales, con un impacto desigual en los distintos sectores) permitieron poner en práctica el ajuste económico.

Así, el tripartismo y el control corporativo de los líderes sindicales permitieron instrumentar la política de contención salarial que “...colocó a las remuneraciones del factor trabajo entre las más bajas del mundo, con lo que se dejaron atrás las políticas de ingresos que buscaban ampliar el mercado interno” puesto que el papel de los trabajadores como consumidores dejó de ser relevante en las estrategias de crecimiento volcadas hacia la exportación implementando a la vez la contracción salarial como la principal ventaja comparativa del país para atraer inversión extranjera de tal modo que el salario real ha caído permanentemente desde principios de los años ochenta, pues del 1 de diciembre de 1982 al 15 de noviembre de 2002 perdió 79.31% de su poder adquisitivo.

Bajo este esquema operó en el país la industria maquiladora ampliando la brecha entre los salarios pagados en ese tipo de empresas y los de la industria manufacturera al tiempo que también aumentaban las disparidades por sexo, niveles de calificación y zonas geográficas.

Lo anterior no significa, sin embargo, que en la industria manufacturera hayan mejorado los salarios. En realidad sucedió lo contrario, pero el nivel salarial de la industria maquiladora tiene grados de flexibilidad mayores. Por ejemplo, entre 1981 y 1997 el poder adquisitivo de los obreros bajó 42.7% en este tipo de empresas, según calcula Bensusán.

A su vez, la reducción salarial explica que el trabajo en horas extras se haya convertido en una alternativa para compensar la caída en los ingresos, especialmente en los hombres, porque según nuestros cálculos con base en la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), el 62% de la PEA trabajó más de 40 horas por semana en 1995 y se elevó a 66% en el año 2000. En las jornadas de menos de 15 horas semanales predominaron las mujeres.

Al mismo tiempo muchas empresas prefirieron emplear trabajadores no sólo con jornadas superiores a las 40 horas en lugar de recurrir a nuevas contrataciones por los costos que el despido de trabajadores les implicaba como dice Bensusán , sino también con jornadas inferiores de tal suerte que era preferible ocupar a determinado volumen de obreros aumentándoles o reduciéndoles las horas de trabajo y sus remuneraciones en función de las necesidades de la empresa. Así, el volumen de empleo general siguió mostrando tendencia a la baja.

Otra de las estrategias del capital para reducir y precarizar el empleo fue a través de la subcontratación de partes del proceso productivo delegando en otras empresas la responsabilidad de hacerlo racionalizando así la organización del trabajo y reduciendo costos mientras que la empresa subcontratista imponía a los trabajadores salarios, jornadas y demás condiciones inferiores a las existentes en la empresa beneficiaria. Por su parte estas prácticas se generalizaron principalmente en los servicios secundarios tales como la limpieza, alimentación y transporte de personal, vigilancia y mantenimiento y hasta en aspectos directamente vinculados al proceso productivo.

Una forma de evasión de la responsabilidad laboral se dio también a través de diversas modalidades de contratación que escondían el carácter de trabajador asalariado, como los servicios por honorarios, de tal modo que le permitían al empleador evadir los costos laborales no salariales establecidos en la legislación. El uso de esta modalidad de contratación y la categoría de “empleado de confianza” que tiene el mismo fin para el empleador, aumentó especialmente en el sector público, llegándose en algunos casos a tener plantillas laborales con más del 80% de trabajadores contratados bajo alguna de estas dos modalidades.

En general el mercado laboral exhibe las tendencias hacia la flexibilidad y la exclusión de trabajadores. El empleo que se reducía era el estable y formal mientras que el que se generaba era, en su mayor parte, inestable, mal remunerado y sujeto a las necesidades variables de los empleadores. Por esto mismo debe tenerse en cuenta la creación de empleos no solamente en términos cuantitativos sino también en términos cualitativos. Pero fue sólo la consideración primera la que predominó, tanto en el sector formal como en el informal, relegándose la segunda.

De la Encuesta Nacional de Empleo se obtiene que en 1995 la PEA de 15 a 39 años fue el 64.7%, pero la PEA desocupada abierta de esas edades alcanzó el 75.7% en los hombres y el 87.2% en las mujeres, y si bien en el año 2000 la proporción para la PEA en este rango de edades fue ligeramente menor, de 62.5%, en los casos de la PEA desocupada en hombres y mujeres aumentó, al ubicarse en 79.4 y 89%, en los años 1995 y 2000 respectivamente.

A pesar de que en números absolutos se muestra una disminución de la PEA en condiciones de desocupación abierta en el año 2000 respecto de 1995, se detecta que la población desocupada se concentra especialmente en el rango de edad más productivo y por ello son este tipo de personas los que se ven más presionados a emigrar.

Por otra parte, en promedio entre 1995 y 2000 la tercera parte de la PEA ocupada no recibió ingresos o recibió menos de un salario mínimo, siendo la proporción algo superior en el caso de las mujeres, mientras que el 46% recibió de 1 a 3 salarios mínimos en el mismo período.

Por lo que respecta a prestaciones tales como vacaciones, aguinaldo u otro tipo de prestaciones, la mitad de la PEA ocupada no contaba con ellas, y si a esa proporción se le suma la de los trabajadores que no recibieron pago, los porcentajes se ubican por encima de las tres quintas partes de la PEA ocupada.

En las prestaciones referidas a la seguridad social, igualmente poco más de las dos quintas partes de la PEA ocupada no contaba con esas prestaciones, según nuestros cálculos con base en la ENE de 1995 y la de 2000.

Creemos que el dinamismo de la migración urbana se explica por las presiones empresariales para optar por la “vía baja” de la competitividad en un contexto en el que las transferencias de valor hacia el exterior por la adquisición de los productos del trabajo general se acentúan y se merma la capacidad de inversión y generación de empleos internamente reduciendo las posibilidades de mejorar la competitividad por una “vía alta” (altos salarios, abatimiento de la tasa de subempleo, altas tasas de sindicalización, más protecciones sociales, mayor productividad como resultado del mejoramiento tecnológico, etcétera).

Sin embargo respecto de esto último habrá que matizar algunos puntos. Uno de ellos tiene que ver con que en algunas entidades y regiones los procesos de expulsión de población a Estados Unidos no se debieron al impacto directo de la flexibilización salarial y del empleo en el ámbito de las actividades empresariales como la manufactura u otro tipo de industrias de procesamiento, sino que la insuficiente generación de empleos y las raquíticas remuneraciones de los mismos se dieron al margen de lo que pasaba en los sectores capitalistas pero a la vez estrechamente ligados a ellos a través de la apertura comercial y los precios bajos de la producción de otros sectores que redujeron los recursos de sobrevivencia de amplias capas de la población.

Tal es el caso de Zacatecas, donde las actividades capitalistas son muy reducidas y tienen poca capacidad de generación de empleo mientras que el grueso de la PEA obtiene el sustento en actividades no propiamente capitalistas. Se ha encontrado que los municipios de esta entidad que tenían los más altos porcentajes de hogares con emigrantes en Estados Unidos en el quinquenio 1995-2000 fueron aquellos que contaban con los más altos porcentajes de PEA ocupada en actividades agropecuarias y que registraron las mayores caídas en la misma. Semejante comportamiento se observó en los municipios que presentaron mayores porcentajes de emigración en la forma de expulsión, es decir, donde el porcentaje de emigrantes fue mayor que el porcentaje de hogares que recibieron remesas.

Lo contrario se puede decir del Distrito Federal, donde las actividades empresariales fueron el sustento de la expulsión mientras que esas dos explicaciones pueden ser válidas para casos como el de Jalisco, Nuevo León y Aguascalientes, entidades que cuentan con elevada actividad empresarial pero también con mucha población que sobrevive de actividades no propiamente capitalistas.

En otros casos se combinan la primera explicación con los altos niveles de violencia caciquil y gubernamental, como en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y sur de Veracruz , en tanto que las actividades turísticas se tornan insuficientes en algunas regiones caracterizadas también por la precariedad laboral, como en las Baja California, Yucatán y Quintana Roo. Por eso no debe extrañar que salvo en Aguascalientes, Distrito Federal, Nuevo León, Chihuahua, Quintana Roo y Baja California Sur los excedentes de oferta laboral respecto de los empleos generados se hayan ubicado por sobre el 20% en el año 2000, siendo más graves los casos de Zacatecas (37.7%), Durango(31.4%), Michoacán (30.9%) y Nayarit (30.3%).

Por lo tanto no debe causarnos sorpresa el que aún y que la migración a Estados Unidos tenga una historia de más de un siglo aproximadamente 2 de cada tres mexicanos que viven allá llegaron después de 1986. En realidad:

Se trata de una migración verdaderamente reciente. Y el impacto de esta cifra surge sobre todo si se considera que entre 1996 y 2000 México creció al 5 y 6% de su PIB respectivamente, y sin embargo la migración no bajó.

Como hemos visto, ello se debió a que el crecimiento del producto convive sin una generación de empleo. Por eso tampoco debe sorprendernos que la migración se concentre entre las edades de 15 y 44 años ni que una proporción creciente de ellos nunca han trabajado en México ni han buscado trabajo o que otros hayan dejado los empleos que tenían acá disminuyendo la presión sobre el empleo en México puesto que, como ya vimos, fueron alrededor de 450 mil mexicanos los que emigraron definitivamente a Estados Unidos anualmente en el período de 1990-2000 y 575 mil cada año entre el 2000 y el 2005.

El abatimiento sobre los niveles y calidad de empleos en la fase del crecimiento absoluto le ha conferido a la migración una dimensión nacional en México y una diversificación en el país de destino de tal suerte que ya son pocas entidades de Estados Unidos que cuentan con reducidas cantidades de inmigrantes mexicanos. Esta diversificación del destino de los flujos tiene que ver también con la necesidad que la economía estadounidense tiene de los migrantes mexicanos que se ubican casi en todas las ocupaciones pero con un predominio de las actividades manuales y de baja remuneración.

En cuanto a los destinos en Estados Unidos de los flujos de migrantes que se originan en México, el INEGI reporta 23 entidades con los flujos de mayor tamaño en cuatro grupos:

a) Unidireccionales, cuando más del 50 por ciento del flujo de un estado se dirige a la misma entidad de Estados Unidos. Hacia California van la mayoría de los migrantes de Colima, Baja California, Michoacán, Nayarit y Oaxaca mientras que los sonorenses se dirigen mayoritariamente hacia Arizona y los migrantes de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila se dirigen especialmente a Texas.

b) Bidireccionales, aquellos con dos flujos entre los 43 de mayor tamaño y que conjuntamente concentran a más de la mitad de sus migrantes. Aquí se ubican los sinaloenses, quienes se dirigen mayoritariamente hacia California y Arizona; los de San Luis Potosí, a Texas y Georgia; los de Chihuahua van en su mayoría hacia Colorado y Texas; los poblanos a California y Nueva York y los jaliscienses se dirigen hacia California y Carolina del Sur.

c) Multidireccionales, con tres o más corrientes migratorias entre las 43 de mayor tamaño y que conjuntamente concentran a más de la mitad de sus migrantes. Aquí se encuentran los migrantes de Guanajuato cuyos destinos principales son Texas, Carolina del Sur, Illinois, California y Georgia; los procedentes de Durango arriban especialmente en Texas, California, Colorado e Illinois; la mayoría de los trabajadores de Zacatecas llegan a California, Texas e Illinois; finalmente, los de Aguascalientes se dirigen hacia Texas, Colorado, California, Carolina del Sur e Illinois.

d) Dispersos, con una o dos corrientes entre las 43 de mayor tamaño, pero que sumadas concentran a menos del 50 por ciento de sus migrantes. Aquí se encuentran los migrantes de Querétaro, que van especialmente hacia Texas y California, pero no llegan a ser el 50 por ciento; en la misma situación está Hidalgo, con California y Carolina del Norte como los principales destinos; una tercera parte de los de Guerrero y Morelia van a California mientras que cerca del 15% de los tlaxcaltecas se dirigen a Nueva York

De las entidades restantes no se dispone de información acerca del destino de las corrientes migratorias.

De cualquier manera esto indica que las entidades de Estados Unidos hacia donde se dirige la mayoría de los mexicanos son, en orden de importancia, California, Texas, Illinois, Colorado, Carolina del Sur, Arizona, Georgia, Nueva York y Carolina del Norte.

Así, en términos de empleo, la economía norteamericana viene a aparecer como complementaria de México convirtiéndose para éste en un auxilio que sin embargo no resuelve la situación. Es Estados Unidos uno de los destinos de la plusvalía que se genera acá y que no vio Paul Singer y hacia allá se van muchos de los trabajadores mexicanos en busca de los empleos que su inversión genera.

Si en el año 2007 según cifras oficiales la PEA ronda los 50 millones de trabajadores y se dice que sólo 21 millones están ocupados, sin considerar ya remuneraciones, tipo de empleo y condiciones de trabajo, entonces la economía arrastra un déficit de empleo de alrededor de 29 millones de mexicanos, por eso:

Los bravos emigrantes permiten reducir las cifras del desempleo pero, además, aportan las remesas que sirven de manera impresionante a nuestra economía. ¿Quién se atrevería a poner bardas del lado mexicano para impedir su salida?

Nadie se atrevería. Salvo la implementación de medidas policiales de este lado de la frontera contra el llamado tráfico de indocumentados debido a presiones de Estados Unidos, la estrategia consiste más bien en expulsar población hacia aquel país. A pesar del crecimiento de las hostilidades en el país de destino, personal del CONAPO abiertamente le apostaba a la migración como una de las mejores soluciones al problema del desempleo en México ya que según ellos en Estados Unidos se abría una ventana de oportunidades porque:

...entre 1998 y 2008 podrían acumularse en aquel país un excedente de hasta cinco millones de empleos sin trabajadores para ocuparlos, al tiempo que cerca del 57% de los empleos creados requerirían personal con un modesto entrenamiento y una educación formal por debajo del nivel de preparatoria […] se prevé que los aumentos anuales de la población estadounidense de 65 años ó más pasarían de casi 200 mil personas durante este decenio a 1.5 millones entre 2011 y 2028.

En realidad ante el fenómeno migratorio el gobierno mexicano en esta fase no ha tenido la menor intención de disminuir los flujos de trabajadores hacia Estados Unidos, sino todo lo contrario, debido a las ventajas que esa salida le representa por la disminución de las presiones internas en la generación de empleo y las remesas con su impacto favorable sobre las cuentas con el sector externo y su efecto multiplicador en la economía. Rionda calcula que:

De no contar con las remesas no solo la paridad estaría $2 pesos por encima de la actual, la inflación no sería menor a 2% de la actual por año y el endeudamiento externo sería mayor en un monto similar al de la recepción de las mismas, solo que por año. Sin remesas desde 1990, al 2006 la deuda externa en México sería superior a la actual en aproximadamente 90 mil millones de dólares (el país debe aproximadamente 160 mil millones de dólares).

Según un estudio de 1990, se estimaba que por cada dólar que ingresaba a las economías locales y regionales, su producto interno bruto se incrementaba en 2.9 dólares, aunque en 2002 Canales reconocía que en el caso de México, a pesar de la gran magnitud de las remesas sólo representaban el 3% del ingreso monetario de los hogares reduciendo substancialmente cualquier impacto sobre la distribución del ingreso a nivel nacional, más no a nivel regional y local, pues él calculaba que las remesas habían contribuido a reducir las desigualdades en el Occidente de México mejorando la distribución del ingreso entre un 5 y 15%. Pero es indudable que las remesas se convierten en la principal fuente de sobrevivencia de miles de familias “…independientemente de los intereses que existan respecto de cómo deberían ser empleadas.”

Sin embargo, en los círculos del poder en México se ha prestado poca atención al fenómeno del crecimiento de mano de obra disponible y su carácter de indocumentada en Estados Unidos que permite a los empleadores explotar aún más. No ha importado el empeoramiento en las condiciones de explotación y salario de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos quienes llegan allá con buen estado de salud que se deteriora a medida que permanecen en aquel país recibiendo el menor acceso a los servicios sociales entre los inmigrantes y remuneraciones anuales de 19,200 dólares los hombres y 13,900 las mujeres frente a 48,800 y 30,300 dólares que ganan los estadounidenses respectivamente por trabajo similar.


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