II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

México cuenta con una superficie de alrededor de 200 millones de hectáreas de tierras aptas para uso agropecuario, forestal y acuícola; 101 millones de ellas dedicadas a la ganadería, 61 millones a la forestería y 28 millones a la agricultura; de la superficie agrícola, sólo 21.4% cuenta con riego y el resto se siembra bajo temporal; de la agricultura de temporal, 50% se dedica a la producción de granos básicos (Guevara, 1988; Mata, 2002). La población del campo representa un tercio de la población del país y se ha incrementado en términos absolutos y no disminuirá en los próximos años, lo que significa una mayor presión sobre los recursos, Ramírez et al. (1995).

Guevara (1988) menciona que en la agricultura los campesinos suman alrededor de 5 millones; de éstos aproximadamente 2.4 millones son ejidatarios, 1.2 millones de pequeños propietarios y 1.4 millones jornaleros asalariados (al parecer, sin tierra), sin incluir a los familiares de los productores. Sin embargo, Mata (2002) reporta que de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAGAR), las unidades de producción rural se cuantifican en 3.8 millones, de las cuales 500 mil son empresariales, 900 mil son de subsistencia y 2.4 millones son unidades de producción con potencial aún no desarrollado.

De acuerdo con Janvry, A. de, et al. (1995), citados por Mata (2002), se pueden establecer cinco categorías de productores agrícolas en México, diferenciados por su participación en los mercados alimentario y laboral: campesinos sin tierra, minifundistas o de infrasubsistencia, pequeños productores de subsistencia, pequeños productores capitalizados, y agricultores comerciales.

Para la CEPAL (1982), de un total de 2 557 070 productores agrícolas, 86.6% son campesinos, y de éstos 71.9% son de infrasubsistencia y subsistencia y poseen 21.9% de la superficie laborable de temporal; 14.7% son estacionarios y excedentarios y poseen 34.9% de la superficie laborable de temporal; 11.6% son transicionales y poseen 22.4% de la superficie laborable de temporal; y 1.8% son productores empresariales y poseen 20.8% de la superficie laborable de temporal.

Algunas características de los productores de subsistencia en los ejidos de México, de acuerdo con López y Graillet (2001), AGROASEMEX (2006), y Lanjouw (2007), son:

• poseen nivel bajo de educación (mayormente primaria),

• reciben remesas de algún pariente en el extranjero,

• tienen poca participación en cultivos comerciales (por bajos precios de la cosecha y problemas de comercialización),

• recurren a prestamistas por crédito,

• poseen tamaño reducido de parcela, (menos de 5 ha en 60-80% de los casos),

• tienen baja participación en actividades de gestión-cesión de tierras (renta, al tercio, a medias), y

• residen en ejidos con bajo capital social.

Otras características, según Turrent, (1986), Omaña, (1999), Zúñiga y Gómes, (2002), Bellon et al. (2004) y Verner, (2005), son:

• producen para el autoconsumo (principalmente maíz y frijol),

• carecen de trabajo remunerado (jornal agrícola familiar no remunerado),

• carecen de sistemas de seguridad social (salud, educación, principalmente),

• carecen de oportunidades laborales, se desempeñan como jornaleros (que conlleva a desatender el predio familiar; jornales con baja remuneración),

• producen cultivos básicos de autoconsumo, y pequeña ganadería (agricultura de subsistencia y traspatio),

• producen en condiciones de lluvia escasa e irregular (más de 8 millones de hectáreas con temporal irregular),

• obtienen baja calidad de la cosecha (por dosis bajas de fertilización); obtienen bajos rendimientos de la cosecha (maíz, 1.77 t ha-1 bajo temporal en México en el periodo 1990-1996),

• tienen baja capacidad de generación de ingresos,

• carecen de tecnología moderna de producción (alto costo de los insumos),

• carecen de infraestructura básica de almacenamiento de cosechas para prevenir fluctuaciones de los precios de las cosechas,

• carecen de asistencia técnica para mejorar la productividad de sus tierras (asistencia técnica privada),

• carecen de facilidades de organización ante los mercados (desorganización campesina),

• poseen alta variabilidad del ingreso familiar, y baja capacidad de ahorro,

• son objeto de discriminación racial (ser indígena, hablar lengua indígena),

• poseen suelos con pendiente mayor que 5% y propensos a erosión.

Además de la degradación del bienestar de las familias, principalmente las rurales, de acuerdo con la SEMARNAT-CP (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales-Colegio de Postgraduados) (2002), actualmente México presenta suelos degradados por actividades del hombre en 45.1% de su territorio; el principal proceso degradativo es químico (18.3%), le sigue la erosión hídrica (11.4%). la erosión eólica (9.4%), y en menor proporción, la degradación física (5.9%). A nivel estatal, Tlaxcala es el que presenta la mayor extensión de suelos degradados con 73.9%, seguido por Yucatán (71.3%) y Tabasco (70.5%); en la entidad tlaxcalteca, los procesos degradativos son del orden de 26.57% de erosión eólica, 23.54% degradación química, 18.27% de erosión hídrica y 5.56% degradación física; Tlaxcala y Chihuahua son los estados con mayor porcentaje de suelos dañados por erosión eólica.

La erosión eólica e hídrica implica pérdida y deformación del suelo; la degradación química se relaciona principalmente con la pérdida de nutrientes en el suelo y la degradación física con la compactación y encostramiento del suelo, SEMARNAT-CP (2002); de acuerdo con ello, los sistemas agrícolas de producción en Tlaxcala se desarrollan en suelos sometidos a procesos degradativos.

Según Grassi (1983), en gran parte de los estados de Tlaxcala y Puebla, las heladas limitan la estación de crecimiento y hacen riesgosa la producción de cultivos de interés económico como el maíz, frijol, trigo, cebada, avena, entre otros; este factor de riesgo se asocia directamente con la fecha de siembra de los cultivos y el ciclo vegetativo de las variedades utilizadas.

Las estratificaciones del ambiente para determinar la aptitud de las tierras para la producción de especies vegetales actualmente disponibles en la mayor parte de los estados del país, como son los estudios de potencial productivo del INIFAP, se realizaron considerando una misma importancia de los factores o variables que intervinieron en la estratificación; no consideraron las relaciones de los factores edafoclimáticos y de manejo en la respuesta en rendimiento de los cultivos y especies a nivel de la región de interés, o bien, se asumió que ellas eran de tipo lineal y de igual importancia.

Medina (1980), reporta que en el área de Huamantla, Tlaxcala, las variables que más influyen en los rendimientos de maíz de temporal son la dosis de fertilizante, el uso de herbicidas y los costos de producción por hectárea. Reportó que a pesar del alto esfuerzo y atención prestada al cultivo, éste no correspondía en rendimiento en forma proporcional a aquellos, lo que significaba que los ejidatarios no eran eficientes en términos económicos en el manejo del maíz.

Actualmente, el desmesurado incremento de los precios de los insumos de la producción, los bajos rendimientos (debidos a siembras bajo temporal con lluvias irregulares, en suelos de baja productividad y uso de tecnologías tradicionales con bajo o nulo uso de insumos mejorado), el bajo precio del grano, la poca superficie disponible y la cada vez más alta necesidad de diversificar sus actividades para complementar su ingreso familiar, resulta en una menor inversión en tiempo y capital por el productor al cultivo; ello hace necesario fortalecer estrategias de investigación que contribuyan a una mejor planificación en la producción de cultivos.

En áreas de bajo potencial productivo para maíz en la región de estudio, Pérez (1997) encontró que ante el retiro de apoyos institucionales (crédito, seguro y asistencia técnica, principalmente), los agricultores continuaron sembrando ese cultivo, aunque en menor superficie, siguiendo la estrategia de incrementar sus actividades extrafinca, para con el ingreso generado por ello y la venta de maíz, financiar la actividad agrícola y los escasos recursos institucionales que podían captar (PROCAMPO, Crédito a la Palabra), destinarlos a reponer la inversión por la preparación de tierras y compra de fertilizantes, así como a la compra de comida, zapatos y de otros bienes necesarios. Ello resalta la necesidad de conocer las estrategias de sobrevivencia de las unidades de producción que conforman el modelo de toma de decisiones en la planeación de las actividades agrícolas. Así mismo, y como reportan Salazar et al. (2006), actualmente el PROCAMPO es el principal programa de apoyo institucional para la agricultura en México y está programado para terminarse en 2008; este programa, junto con los programas de la Alianza Contigo, constituyen el marco de referencia del modelo de toma de decisiones de las instituciones del sector agropecuario, con respecto a las actividades agrícola de los productores.

Ante el escenario de pobreza del sector rural en general, las políticas neoliberales actualmente aplicadas en el campo mexicano que favorecen a la agroindustria y a un pequeño grupo de productores empresariales, la disminución de los apoyos a las instituciones de enseñanza e investigación agropecuaria y forestal, la creciente degradación de los recursos naturales y la condición de riesgo e incertidumbre por las condiciones de suelo, topografía, clima y manejo, así como las condiciones socioeconómicas de los productores de maíz bajo temporal, se torna necesario darle un sentido social al conocimiento científico expresado en nuevas herramientas metodológicas, y que se genera para una sociedad en lo general, y para la sociedad rural en lo particular, entendiendo como sentido social, el buscar la mayor precisión en la aplicación de las nuevas herramientas metodológicas como es la evaluación multicriterio en el entorno de los sistemas de información geográfica, para el auxilio en la toma de decisiones, cuando el destinatario de los resultados de la investigación es el productor agrícola de subsistencia.

En esta investigación se propone identificar las estrategias de sobrevivencia de los productores de subsistencia (los productores empresariales no producen para sobrevivir) y tipificarlos en función de la disponibilidad de tierra laborable e ingreso per capita, así como estratificar la aptitud de las tierras mediante un procedimiento metodológico que considere los factores modificables e inmodificables de la producción, mediante la evaluación multicriterio (EMC) en los sistemas de información geográfica (SIG) y el AHP, con la asignación de los pesos de importancia de los factores derivados de una función de producción, que sea útil a los productores y las instituciones del sector agropecuario y forestal para una mejor toma de decisiones y planificación de las actividades agrícolas productivas.