Tesis doctorales de Economía


CAMBIO INSTITUCIONAL EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
SU INFLUENCIA EN EL SECTOR INDUSTRIAL

José Salvador Meza Lora

 

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7.5.2.3. Empresas industriales privadas

El establecimiento de una “economía de mercado socialista” de manera implícita reconocía al sector privado como parte esencial para el logro de los objetivos de crecimiento, producción y generación de empleos, y aunque no se le concedió, desde el principio de la década de 1990, un estatus similar al tenido por las empresas de propiedad estatal, su importancia fue creciendo hasta convertirse en uno de los sectores más relevantes para la economía china:

- Para el año de 1985 la participación de estas empresas en la producción del sector industrial era casi insignificante, siendo de un poco menos del 2%, sin embargo, para el año de 1990 ya se había incrementado al 5.4%. Con respecto a 1990 en 1994 su participación se incrementó en casi un 100% siendo que para el año de 1998 ya participaba con el 17% de la producción industrial total.

- Si a esa participación se agrega el generado por las empresas privadas propiedad de extranjeros su aportación tendrá una relevancia mucho mayor, incluso, superior al tenido por las empresas estatales y las colectivas. Para 1998 las empresas estatales y colectivas participaban con el 21.6% y el 38.4 %respectivamente, mientras que la consideración conjunta de las empresas privadas domésticas y extranjeras, participaban con un 40% de la producción industrial total.

- En 1998 las empresas privadas tenían registrado un capital de 122 mil millones de dólares y pagaban 8.4 mil millones de impuestos siendo el 8.5% de los impuestos comerciales e industriales de China.

- Asimismo la importancia del sector privado en la economía nacional va a quedar de manifiesto en su creciente participación en la generación de empleos. De ser prácticamente inexistente su participación a principios de la década de 1980, para fines de la década, ya participaba con el 3.5% del empleo total. Para el año 1995 el monto de su participación se había incrementado al 8.2% y para el año 2000 al 11.4% de la fuerza de trabajo total. En términos absolutos las empresas estatales prácticamente duplicaron su número entre 1996 y el año 2000 pasando de 11.7 millones de empleos a 24.07 millones. Entre 1990 y 1997 las empresas privadas creaban el 40% de los nuevos trabajos y casi el 60% de los nuevos trabajos urbanos. Si consideramos el retroceso en la generación de empleos experimentado por las empresas propiedad del Estado, al pasar de una participación del 18.2% en 1989 a un 11.3% para el año 2000 y de las empresas colectivas al participar con el 6.3% para 1989 y un 2.1% para el año 2000. Según las tendencias observadas, bien pudiese afirmarse que para los años venideros el sector privado va a emplear un número de trabajadores mayor que aquellos. Como se puede observar en la gráfica siguiente es en este sector donde recaen las tasas mayores de crecimiento en el empleo durante la década.

Gráfica VII. 3

Fuente: State Statistical Bureau, China Statistical Yearbook, Beijing,1999, Tabla 5.5, pp. 136-137

A pesar de los datos anteriores difícilmente se puede determinar el tamaño exacto del sector privado y valorar en toda magnitud su importancia dado que todavía persisten empresas colectivas del sector rural que han decidido continuar como tales en orden a cuidar políticas discriminatorias en contra de ellas. Si se define ampliamente al sector privado, incluyendo las empresas de Poblados y Villas (ECPV), es responsable de cerca del 70% del PIB industrial, ahora bien si se excluyen las empresas de Poblados y Villas el sector privado es responsable del 36% del PIB industrial, aunque algunos consideran que esta participación bien pueda ubicarse alrededor de un 51%. En consideración del éxito logrado por las empresas privadas no es de ninguna manera casual que para septiembre de 1997 en el 15º Congreso se haya reconocido a las empresas privadas como “componente importante de la economía socialista de mercado” ni de que a fines de la década se haya buscado establecer un sistema jurídico que mejor defina este tipo de propiedad y permita generar mayor confianza y seguridad a los propietarios privados.

A diferencia de las empresas públicas que no requerían de un marco institucional formal que les garantizara su funcionamiento, las empresas privadas, por razones ideológicas y políticas, siempre han requerido de un soporte legal que les permita subsistir. Como se ha descrito en el presente trabajo, por razones económicas y políticas se fueron abriendo espacios para el desarrollo de estas empresas, sin embargo, desde siempre, enfrentaron fuertes ataques y discriminaciones, amén de las periódicas campañas políticas en su contra cuando las burocracias gubernamentales que accedían al poder abogaban por los “viejos arreglos institucionales”. Sin embargo, su desempeño superior forzó a los gobiernos a levantar algunas restricciones, darles un reconocimiento gradual y autorizarles una mayor expansión en sus operaciones. El hecho de no disponer de un soporte legal que garantizara sus derechos de propiedad y al desenvolverse en un medio ambiente poco propicio para el desarrollo de actividades privadas obligó a los empresarios al establecimiento de vínculos “clientelistas” con los gobiernos locales y a la aplicación de medidas que les permitiera aprovechar los beneficios otorgados a las empresas públicas o que permitiesen aminorar las restricciones impuestas en su contra.

A inicios de la década de 1990, conforme se avanzaba en el establecimiento de una “economía de mercado socialista” y en la aplicación de nuevas “reglas del juego”, los cambios institucionales de tipo formal, requeridos para darle una seguridad a los derechos de propiedad privada, aunque eran exigidos, no se dieron con la celeridad requerida a fin de no violentar los esquemas de funcionamiento anterior, antes bien, se continuó con la aplicación de una política gradual y de dejar hacer antes que legislar. Un dejar hacer, sin embargo, que se fundamenta en la propuesta de quien dispone de la autoridad. En este sentido se pueden distinguir dos fases en la transformación institucional de estas empresas. La primera tiene como punto de partida el viaje de Deng Xiaoping al sur del País en enero de 1992 cuya concreción se expresa en el 14º Congreso del PCCh. Es un periodo en que, a pesar de que no se presentan modificaciones formales alusivas directamente a este tipo de propiedad, diferentes de las propuestas en las Regulaciones Provisionales sobre la Propiedad Privada emitidas por el Consejo Estatal en junio de 1988, va a generar un medio ambiente favorable para que los actores económicos y gubernamentales adquieran una mayor confianza hacia la expansión e intensificación de la actividad privada.

Como siempre en el proceso de la reforma, donde la realidad precede a la adopción de un sistema jurídico- formal, durante la segunda fase se dio un proceso de formalización del sistema de propiedad privada que años atrás se había instrumentado en la práctica. Estas acciones tuvieron como punto de partida el 15º Congreso Nacional del Pueblo, celebrado a fines de 1997, en el que Jiang Zemin, Secretario General del Partido Comunista, además de considerar que las empresas de propiedad colectiva y las de “participación de acciones” son parte de la propiedad pública, anunció una nueva enmienda a la Constitución con la finalidad de legitimar derechos e intereses del sector privado y con ello alentar su expansión. En marzo de 1999, en el 9º Congreso Nacional del Pueblo se aprobó una enmienda constitucional donde se legitiman formas de propiedad diferentes a la propiedad pública dominante. En dicha enmienda el estatus de propiedad privada, de ser calificada como un “complemento importante” de la propiedad pública, se le consideró como un “componente esencial” de la economía. Para el año 2000 no solo se reconocía la contribución del sector privado en la economía sino que se prometía poner a estas empresas en un nivel similar al de las empresas estatales. Como una consecuencia de estas transformaciones jurídicas se concretaron cambios en la regulación de las empresas privadas con la finalidad de hacerla mas competitiva. Entre otras medidas: se redujeron y/o eliminaron impuestos especiales aplicados a estas empresas, se abrió la opción para desarrollar actividades de importación y exportación, se les garantizó un mayor acceso al crédito y al uso de la tierra, se autorizó el establecimiento de nuevos bancos privados, por lo tanto, se abrieron mayores oportunidades para la obtención de recursos, se les garantizó una mayor participación en el mercado de valores, etc. Aún y cuando se dieron estos cambios no fueron desplazadas del todo las políticas discriminatorias. Por ejemplo, en la Constitución se estipula que “la propiedad pública es sagrada”, sin embargo, ese derecho no se extiende a la propiedad privada, por otro lado, se excluye la inversión privada en un cierto número de sectores, tales como: industria de la construcción, infraestructura, abastecimiento de agua y electricidad y en la industria automotriz, entre otros. Asimismo el hecho de que se formalicen cambios no significa que su aplicación sea expedita.

Se ha sido reiterativo en el presenta trabajo un hecho innegable en el proceso de desarrollo seguido por China y que había sido parte de la doctrina de Deng Xiaoping: “la práctica es el único criterio de verdad”, y como una consecuencia lógica de esa premisa: “la práctica antecede a la legalidad”. Por lo que sería iluso pensar que la formalidad va a dar fin a las experiencias que proceden de la práctica. Es decir, si el “clientelismo” sigue siendo funcional, seguirá rigiendo las conductas de los actores, máxime si el mercado no ha madurado lo suficiente y si los gobiernos locales siguen jugando un papel relevante en la economía. En otras palabras, el papel jugado por los mecanismos institucionales informales difícilmente pueden eliminarse bajo consideraciones de la presencia de esquemas formales, máxime si los beneficios que resultan son mayores a sus costos. Sin embargo, conforme vayan madurando las relaciones que establecen los mecanismos institucionales de mercado y vayan siendo cada vez más elevados los costos que los beneficios generados por esas prácticas, entonces la demanda de mecanismos formales se verá fortalecida.


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