Revista: DELOS Desarrollo Local Sostenible. ISSN: 1988-5245


EL MEDIO AMBIENTE COMO FACTOR DE DESARROLLO EN EL MEDIO RURAL: UNA COMPARACIÓN DE ESTRATEGIAS TERRITORIALES

Autores e infomación del artículo

María Ángeles Rubio Pastor
Universidad de Zaragoza
marubio@unizar.es


Resumen

El medio rural ha tenido la función tradicional de abastecedor de alimento y materias primas y, en consecuencia, su sistema productivo ha estado centrado en actividades extractivas y agrarias. Sin embargo, no puede hablarse de medio rural como un todo homogéneo, sino que existe una polarización que cada vez se está definiendo con más fuerza: un medio rural más moderno y productivo y otro más remoto y abandonado. Las políticas públicas, tanto agrarias como ambientales, que se han aplicado en los territorios han contribuido a profundizar esta brecha y, como resultado, hoy podemos encontrar en uno de sus lados un medio rural remoto con falta de actividad económica, una acuciante pérdida de población, pero con un rico patrimonio medioambiental. Ante esta situación, la estrategia que se define a nivel local para buscar su propio desarrollo tiene matices diferenciadores. Cada territorio diferencia su modelo de desarrollo en función de su modelo cultural.
Palabras clave
Áreas rurales remotas, desarrollo sostenible, desarrollo local, territorio, conservación medioambiental, equidad social, eficiencia económica, aprovechamientos económicos, valores culturales.

Abstract

Rural areas had had a traditional role, to provide food and raw materials. The production system in rural areas has been focused on extractive and agricultural activities. However, rural areas are not homogeneous, but there is an increasingly high polarization: on the one hand, modern and productive rural areas and, on the other hand, remote and abandoned rural areas. The both agricultural and environmental public policies that have been implemented in the territories have deepened the gap and as a result, now we can find on one side remote rural areas with a lack of economic activity, with a pressing population loss but with a rich environmental heritage. In this situation, the strategy defined locally to seek their own development have differentiating shades. Each territory defines its development model based on its cultural model.
Key words
Remote rural areas - sustainable development - local development - territory - environmental conservation - social equity - economic efficiency - economic exploitation - cultural values.


Para citar este artículo puede uitlizar el siguiente formato:

María Ángeles Rubio Pastor (2015): “El medio ambiente como factor de desarrollo en el medio rural: una comparación de estrategias territoriales”, Revista DELOS: Desarrollo Local Sostenible, n. 22 (febrero 2015). En línea: http://www.eumed.net/rev/delos/22/medio-rural.html


1 Introducción: Cambio en la función productiva del medio rural remoto

El medio rural ha sufrido tradicionalmente el olvido de la política nacional, cuyos intereses estaban concentrados en el medio urbano y, más concretamente, en el proceso de industrialización. Pero, incluso en el propio medio rural ha habido zonas más desfavorecidas por las políticas nacionales, fundamentalmente preocupadas en apoyar la producción agraria de las zonas mejor dotadas, en aras de conseguir el abastecimiento alimentario nacional. El resultado de todo este proceso no es otro que un grave desequilibrio territorial y la falta de una clara función para el medio rural más marginado.
Así pues, a nivel mundial y a efectos de este análisis en Europa y en América Latina, el medio rural se perfila como un vasto espacio donde cada vez son más heterogéneas y complejas las dimensiones social y económica, y las interacciones que se dan entre ellas. Una consecuencia directa es que también se está asistiendo a una clara diferenciación entre zonas, en función de los recursos que ofrece el territorio y del grado de introducción tecnológica que ha experimentado su actividad productiva.
La capitalización y tecnificación de la agricultura, actividad tradicional del medio rural, han permitido dar un salto en los niveles de producción y productividad, al tiempo que han posibilitado la aproximación de los niveles de renta de algunas zonas a los existentes en el medio urbano. De este modo, se ha ido introduciendo una construcción dual del medio rural (Etxezarreta, 1995: 173), y en concreto de la agricultura, donde unas explotaciones grandes y eficientes, muy profesionalizadas y con poca mano de obra, producen la mayor parte del abastecimiento agrario, y un número mayor de pequeñas explotaciones sobrevive con agricultura marginal y una combinación pluriactiva de actividades e ingresos. Así, mientras la producción de unas zonas rurales resulta competitiva y ha podido insertarse en el sistema económico global, la de otras zonas sirve únicamente para la subsistencia, desencadenando un proceso que termina por abocar a éstas a la marginalidad más absoluta; resultado lógico, por otra parte, de la falta de atención de las políticas públicas, más preocupadas por favorecer el desarrollo industrial y el abastecimiento alimentario de la población urbana.
Con todo ello, una porción importante del medio rural ha quedado atrapada en unos ‘estrangulamientos estructurales’ que hacen difícil su revitalización (Lázaro, 1995: 246), pues afectan profundamente a las dimensiones económica y social: los bajos rendimientos de su agricultura frente a la competencia de una producción moderna, unidos a la pérdida de peso relativo de la actividad agraria en el conjunto del sistema productivo, llevan al progresivo abandono de tierras y, de ahí, a la reducción de la superficie agraria utilizada. Así, la actividad que ha constituido históricamente la fuente principal de ingresos de estas zonas entra en una profunda decadencia, que la sitúa en la periferia en relación a los principales ejes de actividad económica. Periferia que es también física, dada la difícil accesibilidad derivada de la accidentada orografía y la escasa dotación de infraestructuras de transporte. Todo ello supone su alejamiento geográfico y socioeconómico de los centros de decisión.
El tejido económico queda, pues, desestructurado ante la falta de otras actividades que vayan sustituyendo a la agraria y ofrezcan nuevas posibilidades al territorio. El paternalismo de las políticas públicas que descuida problemas estructurales, la escasez de inversiones productivas, las dificultades de acceso a la información e innovaciones tecnológicas, la falta de infraestructuras, equipamientos y servicios apropiados, y la baja formación y cualificación de los recursos humanos, no son estímulo para las limitadas opciones de diversificación.
Derivada de estos condicionantes económicos, y, a la vez, contribuyendo a su profundización, se origina una seria desestructuración demográfica. La población se ve abocada a emigrar en busca de mayores oportunidades laborales (González, 2008: 4) y de aquellos servicios públicos que no son cubiertos por las escasas dotaciones de equipamientos de sanidad, educación o cultura. Los resultados más visibles son la despoblación y el envejecimiento del medio rural, que terminan por comprometer su futuro ante la falta de relevo generacional para las actividades que aún persisten.
Sin embargo, y aunque estos problemas se dan por igual en Europa y América Latina, el menor desarrollo económico de ésta última todavía añade otros nuevos, entre los que destaca la pobreza. La modernización del sector agrario ha creado, como en Europa, la polarización de sus estructuras productivas y graves desequilibrios territoriales, pero, a diferencia de ella, no ha resuelto el problema del abastecimiento alimentario, creando dramáticas situaciones de desnutrición e imposibilitando el adecuado desarrollo de los recursos humanos. La atomización de la estructura productiva y la presión sobre tierras sin vocación agraria son dos de las consecuencias del esfuerzo por incrementar la producción que, sin embargo, no se ve compensada por la desfavorable relación de precios internacionales y el difícil acceso a los mercados protegidos en el escenario internacional.
Los problemas que afectan al medio rural latinoamericano podrían diferenciarse según los factores que los generan sean endógenos y exógenos (Sepúlveda, 2004). Entre los primeros cabe señalar: a) los resultados deficitarios alcanzados por el modelo de desarrollo rural convencional; b) la insuficiencia que han mostrado los ajustes y las reformas estructurales, propuestos para solucionar los desafíos básicos del desarrollo; c) la persistencia de brechas regionales, sectoriales, de género, así como de carácter étnico y generacional; d) el sesgo antirural de los esquemas de provisión de infraestructuras; e) la inseguridad alimentaria de la población rural; f) la importancia estratégica que mantiene la agricultura en muchas economías de la región; g) la importancia cada vez mayor de las actividades no agrícolas en el ámbito rural, sumada a la expansión de centros urbanos en territorios mayoritariamente rurales; h) el deterioro de los recursos naturales; e i) la transformación de la institucionalidad rural. Entre los factores exógenos destacan: a) la evolución de las expectativas de los consumidores y de los mercados; y b) la introducción de nuevas tecnologías de información y comunicación.
Sin embargo, si difíciles son las condiciones que determinan la marginalidad socioeconómica de estas zonas rurales también es cierto que puede establecerse una relación directa entre este carácter marginal, y de montaña, y el grado de conservación de sus ecosistemas, paisajes y vectores ambientales, así como patrimonio y acervos culturales. Efectivamente, a pesar de que estas zonas corren el riesgo de sufrir cierto deterioro ambiental, derivado de la búsqueda de su propio desarrollo, son las que hasta ahora han podido preservarlo, porque han ejercido menor presión sobre los recursos naturales y se han mantenido alejadas de la lógica homogeneizante de la cultura moderna. En contraposición a la contaminación y la sobreexplotación de los recursos de aquellas zonas que resultaban más productivas, éstas ocupan un lugar especialmente relevante por su gran riqueza de hábitat y especies naturales, y la pervivencia de conocimientos y prácticas tradicionales.
Va a ser precisamente esta riqueza ambiental la que va a servir de piedra angular de la nueva conceptualización teórica del medio rural.
Al mismo tiempo que se plantean soluciones para remediar esta situación, surge una nueva variable a tener en cuenta en estas zonas rurales: la preservación del medio ambiente. Precisamente estas zonas, marginadas del sistema económico imperante, han logrado mantener una rica diversidad biológica y paisajística que puede convertirse ahora en su mayor activo de desarrollo. Resulta absolutamente necesario plantear un desarrollo sostenible, que garantice un desarrollo socioeconómico sin obviar la conservación de su medio ambiente; sin embargo, éste es un proceso que no está exento de contradicciones y dificultades.

2 Objetivo: Análisis de estrategias diferentes desde culturas diferentes

Un desarrollo integral de los territorios rurales remotos busca tener en cuenta los principios del desarrollo sostenible, para alcanzar el desarrollo del que han estado relegadas sin olvidar la protección ambiental. La definición más aceptada de desarrollo sostenible requiere plena integración trasversal de las exigencias de protección del medio ambiente en las acciones de dimensión social y económica (Wordl Comision, 1987: 19). Sin embargo, este objetivo que resulta plausible en la teoría no resulta fácil de alcanzar en la práctica y es difícil de observar en las acciones sobre el territorio. Y es precisamente aquí donde falla la consecución de este desarrollo, pues en los mecanismos de integración no se han incluido de igual manera todos los factores comprendidos en la relación estrecha y circular entre medioambiente, economía y sociedad. La observación de la realidad permite interpretar la interacción de las comunidades humanas con su medio natural, poniendo al descubierto un panorama algo distinto al que se formula desde el discurso teórico o declarativo, ofreciendo como resultado una percepción social del concepto de desarrollo sostenible bastante alejada de la que se defiende desde la concepción teórica compartida por los autores y organizaciones relevantes de nivel internacional.
Para el desarrollo rural, las actividades económicas y sociales constituyen elementos decisivos por su fuerte vinculación con el territorio (Regidor, J. 2000: 43), dado que su labor depende directamente de la interacción de subsistemas locales biofísicos, técnicos, culturales y productivos. Ésta es una vinculación que funciona en los dos sentidos, pues, aparte de los elementos culturales de identidad, los recursos económicos de la población se encuentran estrechamente ligados a los que proporciona la naturaleza, al tiempo que su propia actividad también influye directamente en la conservación del medio y sus recursos.
Los territorios rurales remotos se plantean alcanzar un desarrollo del que han estado tradicionalmente relegados, pero para lograr este desarrollo las estrategias que se diseñan son, en buena parte, diferentes. Los recursos con los que cuenta cada territorio es donde pueden radicar tales diferencias. Para analizar esto último se aborda un análisis comparado entre dos objetos de estudio, que, aunque tienen en común una especial riqueza ambiental y la necesidad de impulsar su desarrollo socioeconómico, están separados por ciertas diferencias económicas, sociales y culturales. Se va a comparar el Parque Natural de las Sierras Subbéticas, en Córdoba, Andalucía (España) con la Reserva Comunitaria de Santa Cruz Tepetotutla, en el estado de Oaxaca (México). Estos dos análisis permiten observar cómo se concretan las teorías intelectuales y las políticas públicas sobre comunidades perfectamente delimitadas, y cómo cada una de éstas últimas define de modo diferente su vinculación al medio natural, en función de sus propios patrones culturales.
La comparación entre las realidades que representan dos espacios tan dispares, como los espacios naturales protegidos de España y México, puede ser muy rica, debido a los fuertes contrastes culturales y a las diferencias en estilos de vida, producción y consumo. Así, por ejemplo, es preciso observar que, en las sociedades rurales de los países desarrollados, son relativamente pocas las personas que ven sus medios de vida radicalmente amenazados por la conservación, mientras en países con menor nivel de desarrollo los conflictos ambientales se centran habitualmente en las necesidades básicas, la identidad cultural y las estrategias de supervivencia. Todas estas diferencias serán las que determinen concepciones totalmente distantes del desarrollo sostenible.
Así pues, el objetivo de este trabajo se centra en analizar cómo las instituciones y la cultura de los propios afectados determinan el rumbo que va guiando la actividad en el medio rural, y cómo precisamente a través de los recursos naturales que se utilizan para su actividad, y de la conservación de los mismos, la población va redefiniendo su relación con el medio que ocupa y, por ende, la estrategia de desarrollo y el significado que se atribuye al desarrollo sostenible.

3 Metodología: Comparación de dos estudios de caso en España y México

Anteriormente se han publicado en esta misma revista dos artículos en los que se analiza, de manera individual, los dos territorios ya indicados. En ellos se muestra la riqueza ambiental, los recursos y los usos que se hace de ellos, así como la valoración que las poblaciones locales hacen de estos recursos de cara a definir sus estrategias de desarrollo. La metodología de este artículo va a permitir establecer la comparación que se ha planteado como objetivo de este artículo. 
El enfoque de desarrollo local es con el que se ha logrado un mayor acercamiento a los dos territorios que son ámbito de estudio (Alburquerque, 1997 y 2002). Esta concepción del desarrollo basado en la potenciación de los recursos locales, incorpora no solamente el desarrollo económico sino también el desarrollo humano, el desarrollo social y el desarrollo sostenible ambientalmente.
El análisis de ambos territorios se ha realizado mediante la metodología de análisis sistémico, con la que es posible el estudio global de los territorios, no solo a través de sus recursos, sino de las interacciones que se dan entre ellos.
Uno de los sistemas analizados es el creado por las políticas públicas con influencia en el territorio, tanto del nivel nacional, como del resto de niveles de decisión hasta llegar al nivel local. Se trata de hacer una aproximación descriptiva de las políticas de desarrollo rural y de protección ambiental de los dos casos estudiados, para más tarde abordar el análisis interpretativo de cómo estas políticas se articulan en el territorio y en qué medida consiguen alcanzar los objetivos propuestos.
Para la obtención de información se ha llevado a cabo una extensa revisión bibliográfica, así como de distintas normativas, programas o planes elaborados oficialmente, tanto para el caso europeo como para el estudio de caso en México; información que se ha completado, en ambos casos, con entrevistas personales a profesionales relevantes en la materia. Pero, la verdadera aportación de este análisis se encuentra en el estudio de los sistemas territoriales de ambos casos. Este análisis se centra en la interacción entre medio ambiente, economía y sociedad; es decir, sirve para esclarecer las relaciones sistémicas que definen la valoración ambiental hecha desde el sistema productivo, la participación de la sociedad en la producción y el ingreso local, y la identidad territorial y la percepción del medio ambiente surgida desde la sociedad hacia su entorno.
Acometer este análisis no ha sido fácil, dada la heterogeneidad existente en los dos estudios de caso, tanto en el contenido de información como en su tratamiento. No obstante, este escollo ha podido superarse con la información cualitativa acumulada que, en mayor medida, responde a las necesidades de este análisis, permitiendo una mejor aproximación a la realidad. Aparte de la información conseguida a través de fuentes bibliográficas o estadísticas (siempre escasas en los niveles territoriales), el aporte sustancial de este trabajo se ha conseguido a través del contacto directo con sus propios protagonistas. Se han realizado talleres de participación que no sólo han permitido la obtención de información sobre el territorio, sino que también han posibilitado la identificación de otra información menos tangible, permitiendo una aproximación a los valores y percepciones de la sociedad local, de especial relevancia para el fin último de este artículo.
De este modo, una parte importante de la información ha sido extraída de los comentarios y opiniones de los agentes locales participantes en dichos talleres, aunque también se ha recurrido a entrevistas con informantes clave para obtener una información en profundidad sobre algunos aspectos concretos.

4 Estrategias nacionales para espacios de interés ambiental

Las políticas implementadas a nivel nacional en el ámbito agrario han definido el desarrollo de los territorios rurales remotos, por la fuerte participación de este sector en su matriz productiva. Básicamente, la función del medio rural ha estado limitada a la de abastecimiento alimentario, por lo que las políticas nacionales que se han arbitrado en este sentido, han regido la actividad local.
Del mismo modo, cuando la preocupación por la preservación medioambiental comienza a hacerse más fuerte, las políticas ambientales también tienen aquí una fuerte implicación. Se establecen en los despachos las directrices que luego han de seguirse en los territorios.
Por todo ello es necesario conocer cuáles son las estrategias nacionales que, en España y en México, se han establecido y que van a determinar el desarrollo de los espacios con elevado interés ambiental.

4.1 Estrategia de protección natural en el medio rural español

Las sucesivas reformas de la Política Agraria Común (PAC) la han llevado a una nueva lógica en la que se entiende que no es posible el desarrollo agrario sin un desarrollo del resto de actividades que se dan en el medio rural. Ahora se otorga mayor peso a la política estructural, basada en la reducción de costes, la extensificación y las mejoras cualitativas en la producción. Todo ello en aras de una orientación hacia el mercado, mientras se busca reducir los excedentes de producción y la presión medioambiental generada por la agricultura intensiva. Con este giro en la concepción del medio rural comienza a considerarse la pluriactividad y los pagos por mantenimiento del medio ambiente como solución parcial a los bajos ingresos agrarios de aquellas zonas rurales remotas, con elevada riqueza ambiental pero reducido desarrollo socioeconómico (European Commission, 2013: 3).
Sin embargo, a pesar de la crisis que está viviendo el sector agrario, todavía se le reconoce un papel clave en la vitalidad de la actividad rural, así como en la conservación del campo y de los espacios naturales (Van Delden, Stuczynski, Ciaian, Paracchini, Hurkens, Lopatka, Shi, Gómez, Calvo, Van Vliet, y Vanhout, 2010: 2157). Además, también se le exige su capacidad para dar respuesta a la preocupación del consumidor por la seguridad y la calidad de los alimentos y el bienestar de los animales (San Cristóbal, 2008: 33). Se le atribuye, en fin, un carácter multifuncional que saca a la agricultura de su papel tradicional como abastecedora de alimentos y se le atribuye otro de mantenimiento del medio ambiente (Vinciuniene y Cepaitiene, 2007: 162).
“Además de marco de vida y de actividad económica, el espacio rural cumple una serie de funciones vitales para el conjunto de la sociedad. Su carácter de zona amortiguadora de regeneración lo hace indispensable para la conservación del equilibrio ecológico. Además de que cada vez se está convirtiendo más en un lugar privilegiado para el recreo y el esparcimiento.” (Comisión de las Comunidades Europeas, 1992: 11)
A la luz de lo anterior, las políticas de desarrollo rural buscan el equilibrio entre territorios, para lo que se orientan en dos direcciones básicas: la primera, con la eliminación de déficit estructurales de las zonas desfavorecidas para estimular un adecuado desarrollo de las fuerzas productivas, y la segunda, a través de la dinamización del potencial de desarrollo que se sirve de los recursos locales, físicos y humanos, para el objetivo de progreso autosostenido y endógeno. Ambas direcciones requieren y propician el mantenimiento del tejido social y la conservación del medio rural.
Así, en el momento actual se asiste a la plena integración de la dimensión ambiental dentro de los parámetros que afectan al desarrollo rural. La creciente importancia de las políticas públicas en materia de medio ambiente y la obligatoria introducción de parámetros medioambientales en las políticas económicas sectoriales han vuelto a situar al medio natural en un lugar prioritario en el proceso de desarrollo rural. Sin embargo, aunque la evolución en el enfoque de la política agraria y en la forma de implementarla es positiva y digna de alabanza, la percepción del agricultor ante este cambio de política es, simplemente, de confusión: aquello que hace unos años se incentivaba, ahora se castiga; las técnicas agrarias tradicionales, que entonces se consideraban poco evolucionadas se revalorizan ahora; y la modernidad de entonces es ahora sinónimo de agresión medioambiental (Rubio, 2014:16).
El medio ambiente es todavía un tema difícil, ya que los objetivos ecológicos del desarrollo sostenible proponen usar los recursos y el entorno natural y cultural de acuerdo con su capacidad de regeneración y conservación, y esto entra muchas veces en conflicto con otros intereses económicos y sociales. Avanzar en la solución de esta contradicción entre diferentes objetivos depende del nivel de incorporación de la dimensión medioambiental en las políticas sectoriales y territoriales, pero, ante todo, del grado de sensibilización de la población.
La actividad económica local se convierte en un reflejo de esta nueva forma de percibir la interacción con el medio ambiente. La existencia de pequeñas empresas localizadas en el medio rural, que realizan la extracción y las primeras fases de transformación de la materia prima, muestra la necesidad de una política que se preocupe por garantizar una gestión racional de los recursos requeridos y los residuos generados. Al mismo tiempo, también se trata de ofrecer al consumidor una información detallada del producto y los procesos para su obtención; medida que parece especialmente interesante para una de las ramas industriales con mayor presencia en el medio rural, la industria agroalimentaria. Los últimos problemas surgidos en relación con la seguridad y calidad alimentarias hacen necesaria la trazabilidad del producto, que muestre el cumplimiento de las condiciones ambientales y sanitarias desde la producción agraria hasta el consumo final, pasando por todas las fases de su transformación industrial. La Unión Europea vuelve a hacer responsables a los empresarios en la preservación medioambiental, pero también les ofrece una serie de instrumentos de apoyo con los que alcanzar los fines perseguidos (Knierim y Nowicki, 2010: 67). Por otra parte, el turismo se ha revelado en el medio rural como una actividad en expansión, donde, precisamente, se utiliza la riqueza natural y cultural como reclamos para la atracción de visitantes. Sin embargo, la intensidad con que, desde la política de desarrollo rural se está promocionando parece no tener en cuenta el deterioro que puede provocar en zonas especialmente sensibles de montaña o costa. Existe una serie de medidas para mejorar tanto la calidad de los servicios turísticos como de la conciencia medioambiental de los visitantes, aunque ello no se haya traducido inmediatamente, y todavía prevalezcan y sean más visibles los intereses económicos.
En otras palabras, se consiguen implantar nuevas iniciativas empresariales a partir de las oportunidades y nuevos yacimientos de empleo que genera un medio ambiente limpio, disociando la degradación ambiental de la opción de crecimiento económico. Se ve posible aumentar la productividad económica o el valor añadido del producto, valorizando de otro modo los recursos naturales.
La diversificación de la actividad económica propugnada por la nueva política de desarrollo rural redunda en la equiparación del nivel de rentas con el medio urbano, pero también en la percepción de que el medio rural todavía ofrece alternativas de desarrollo (Gómez y González, 1997: 102). Del mismo modo, aunque todavía faltan equipamientos y servicios sociales, las diferencias en este aspecto también se van reduciendo. La calidad de vida de la población rural en la Unión Europea se ha incrementado considerablemente, ya que, además del nivel de renta y las condiciones de vida y trabajo, la calidad ambiental se da en mayores niveles en el medio rural.
Sin embargo, en lo que respecta a esta calidad ambiental, el reto que se le plantea a la sociedad es el de mantenerla. Acostumbrada a un nivel de producción y consumo es difícil que ahora esté dispuesta a atender las necesidades ecológicas de prevención, conservación y promoción del medio ambiente (Entrena, 1998: 32). No obstante, el nivel y calidad de vida que ha alcanzado la sociedad europea en este momento tiene dos implicaciones directas sobre el medio ambiente en el que se desenvuelve: la primera tiene que ver con el elevado consumo de recursos que requieren los actuales hábitos y estándares de vida; la segunda, con el incremento de sensibilidad medioambiental que se está observando entre la sociedad, quien ya identifica un medio ambiente sano con la calidad de vida esperada.
Surgen conflictos en lo que respecta a la integración de la política medioambiental en el resto de políticas, ya que al hacerse interdisciplinar también se convierte en interadministrativa y, por lo tanto, exige la coordinación entre los diferentes poderes implicados. Pese a que la aplicación de los dos últimos programas medioambientales ha contribuido a mejorar la situación, aportando una base conceptual más clara y sólida e introduciendo mayor coherencia dentro de la política de medio ambiente de la Unión Europea, sigue faltando coherencia y coordinación entre ésta y otras políticas, entre ellas la agrícola y la regional.

4.2 Abastecimiento alimentario, necesidad del medio rural mexicano

No se puede comprender el medio rural mexicano sin la Revolución de 1910, que introduce en el agro las medidas políticas más radicales de toda su historia y crea la actual estructura agraria, donde se dan las bases para un reparto de la propiedad de la tierra y se instaura la organización de un modelo social de agricultura. Se distribuye, así, la mayoría de las tierras bajo el régimen ejidal y comunitario, que son sistemas por los que la comunidad obtiene la tierra en forma corporativa y los miembros individuales ostentan derechos de uso sobre ella. Junto a estos sistemas, también queda una pequeña propiedad en manos de antiguos hacendados y rancheros que más tarde se han convertido en fuente de diferencias sociales, económicas y políticas.
A lo largo de la historia el papel interventor del Estado en el sector agrícola ha sido fuerte e influyente. Sus políticas reguladoras afectan los precios y el uso del suelo, así como la provisión de insumos y el acceso a los mercados. En los últimos años el sector agrario ha iniciado una transición hacia un nuevo esquema de desarrollo, caracterizado por la apertura comercial externa, menor intervención del Estado en las actividades productivas, desregulación de sus actividades y retracción de la inversión pública en materia agraria. El propósito del nuevo modelo consiste en anteponer el mercado como mecanismo para una asignación eficiente de los recursos, así como en insertar la agricultura mexicana en los grandes circuitos internacionales de producción y comercialización.
La política agrícola responde ahora a objetivos de control de las variables macroeconómicas, más que a objetivos propios del sector agrario. Se fija la prioridad en transformar el patrón de desarrollo agrícola tradicional –en el que la producción de granos básicos tiene gran importancia– hacia un nuevo modelo de desarrollo con preferencia del sector exportador, que genere mayor valor agregado, permita el incremento de la inversión privada nacional y extranjera, aproveche las ventajas comparativas existentes en la producción hortofrutícola y suponga mejores resultados para la balanza comercial. Bajo esta misma lógica, se busca elevar la rentabilidad formando economías de escala a partir de la concentración de tierras de cultivo y reconvirtiendo la producción de aquellas que no logren niveles de competencia internacional.
En este proceso de reforma macroeconómica, el resultado se presenta como un agravamiento de la situación de desigualdad dentro de la agricultura. El objetivo de modernización prioriza a los productores más fuertes y con mayores posibilidades de inversión tecnológica, alejándolos, cada vez más, del sector campesino, profundamente descapitalizado y con una producción muy reducida, que tan sólo garantiza la subsistencia familiar. Así, en México todavía no puede hablarse de desarrollo rural sin asociarlo estrechamente a la actividad agraria: a pesar de los cambios que se han dado en la economía del país, agricultura, ganadería y aprovechamiento forestal representan la principal fuente de trabajo e ingreso para su población rural.
En paralelo a esta realidad, la política ambiental en los últimos años adquiere una importancia sin precedentes, el enfoque se renueva, ya que se imponen dos grandes líneas de orientación política: la conservación y el aprovechamiento. Emerge una visión integral del medio ambiente ante la que ambas líneas son necesariamente complementarias para alcanzar el desarrollo sostenible, entendido como el proceso que propicia la conservación de los recursos naturales a través de su aprovechamiento racional. Al mismo tiempo, y bajo la influencia de organismos no gubernamentales y agencias de cooperación internacional interesadas por la riqueza natural mexicana, se reactiva la creación de áreas naturales protegidas por decreto, así como el reconocimiento de estrategias de conservación sin decreto gubernamental, aceptando la capacidad de gestión de las comunidades indígenas campesinas sobre los recursos naturales de su territorio.
No obstante, la dificultad de implantación de la política ambiental radica en que en la relación entre actividad agraria y medio ambiente existen dos agentes cuya implicación resulta determinante: el Estado y el mercado. Los dos exigen un aumento de producción; el primero para garantizar la provisión nacional de alimentos, el segundo para afrontar la competencia del mercado internacional. Puede afirmarse, entonces, que la dimensión ambiental aún está en un segundo plano respecto a la producción.
En muchos casos, las políticas públicas aplicadas en el sector agrario han ejercido una fuerte presión sobre un medio ambiente que ha sido usado como mero soporte de las prácticas agrarias, pero completamente ignorado por su valor en sí mismo. El patrón de cultivos se ha modificado afectando a la diversidad de la producción, es decir, los monocultivos de maíz u otros productos comerciales destruyen gran parte de los recursos que conformaban la biodiversidad mexicana. Además, estas escasas opciones de cultivo representan fuerte presión sobre los recursos de suelo y agua, ya que se exige incrementar el volumen de producción para obtener los ingresos que antes les permitía una agricultura más diversificada.
En otros casos, los campesinos ejidatarios que normalmente se encuentran en áreas ambientalmente ricas, ante su condición de pobreza, se ven obligados a deforestar grandes extensiones y realizar una explotación intensiva de sus recursos, utilizado para la agricultura terrenos frágiles y sin el adecuado potencial productivo. Frente a esto, la legislación vigente para regular la protección ambiental tiene avances significativos pero su instrumentación es más delicada.
Se ha tenido más o menos claro que las posibilidades de conservación de la biodiversidad del país dependen, en gran medida, de la atención que se preste al bienestar de los productores campesinos e indígenas más pobres que habitan en estas regiones ricas en biodiversidad y recursos naturales, pero la política que se ha implementado no parece haber dado resultados. Hasta mediados de los años noventa la estrategia política no tuvo una valoración positiva del medio ambiente como activo económico. Los programas que se aplican en estas regiones no tienen una perspectiva amplia, sino pretensiones limitadas y de corto plazo, que resultan insuficientes para revertir la situación. La política ambiental, reforzada por las políticas económica y social, ha fallado en su pretensión de abarcar todos los ámbitos y sectores de la sociedad y trasladarles su planteamiento; mientras sí existen programas y medidas de aplicación en zonas de alta diversidad ecológica y bajo desempeño económico, éstos desaparecen o se hacen más difusos en zonas de alta producción. Con ello se transmite a la sociedad una percepción vaga y ambigua de lo que persigue la política ambiental y cuál debe ser el nuevo paradigma de desarrollo (Gauna, C. 2010).
La clave para contrarrestar la marginación no está en descubrir las potencialidades ocultas e insertarlas en los mercados existentes, sino en revertir los mecanismos de exclusión. La exclusión no remitirá adaptándose a las inercias y perversiones del propio mercado, sino compensando y corrigiendo sus deficiencias.
La política que el Estado ha dirigido hacia el medio rural no ha sido una política instrumentada para su desarrollo como tal, sino una forma de incidir en la función que tradicionalmente se le ha asignado a éste: la de proveedor de alimento para el medio urbano, y materia prima y mano de obra para su industria. Al medio rural y, por ende, a su actividad económica se les ha relegado, poniéndolos al servicio de necesidades ajenas y descuidando las propias de un medio tan complejo.
En definitiva, la política rural hace marcado hincapié en la separación entre la dimensión productiva y la social, abandonando, por tanto, el objetivo de un desarrollo autónomo y equilibrado entre los diferentes grupos de población y los territorios del espacio nacional. A los campesinos se les trata de compensar con asistencia social, mientras se fomenta, por otro lado, la modernización de un sector fuerte y competitivo.
Por ello, la calidad de vida de la población campesina se ve recortada cuando las oportunidades son tan estrechas, pero también cuando las condiciones de vida y trabajo resultan extremadamente duras. Y es que, la pobreza en el medio rural significa carecer de recursos productivos en cantidad y calidad suficientes, disponer de instrumentos de trabajo rudimentarios o participar en un mercado de trabajo limitado. Si a este cúmulo de carencias se añade el empobrecimiento de los recursos naturales, que resta calidad ambiental, el resultado es un contexto que limita a la sociedad su calidad de vida. Se teme por que algunos avances en la concienciación social se conviertan en retrocesos, por ejemplo, los provenientes del cambio cultural, donde las transformaciones en el estatus económico de los grupos indígenas puede generar modificación, sustitución u olvido de los conocimientos y prácticas culturales y, por ende, alterar sus relaciones con la naturaleza. Esto es, la persistencia de un modelo económico basado principalmente en el crecimiento de producción y de consumo puede romper el ancestral aislamiento de las comunidades campesinas y amenazar su equilibrio con el entorno natural, para derivar no sólo en la uniformización de su cultura, sino también de su naturaleza.
No obstante, aunque se están produciendo cambios, y hasta un cierto debilitamiento, en los mecanismos de acción colectiva, México es un país rico en tradiciones comunitarias, de modo que, como señalan algunos estudios, el ejido y la comunidad siguen siendo las principales instituciones locales, creadas para dirimir los asuntos que afectan más de cerca al campo. Además de ello, dada la insuficiente penetración de políticas sociales oficiales, sobre todo en zonas pobres y marginadas, el papel de la organización social es primordial para elevar el nivel de bienestar de las comunidades, ya que desempeñan otras funciones como la construcción y provisión de bienes públicos, que son fundamentales para mejorar la calidad de vida en el medio rural.

5 Participación social en la definición de su modelo de desarrollo

Indudablemente, las políticas públicas del nivel nacional marcan las directrices que luego se van a seguir a nivel local en su estrategia de desarrollo. Sin embargo, no puede obviarse cómo las percepciones y los valores compartidos por la sociedad en este nivel local son quienes van a terminar de definir, a través de los propios usos, su modelo de desarrollo.

5.1 Parque Natural de las Sierras Subbéticas: Imposición de la protección natural, oposición social

Es incuestionable el valor natural y cultural del territorio que configura el Parque Natural de las Sierras Subbéticas, en Córdoba (España), lo que se traduce en la existencia de uno de los elementos fundamentales del desarrollo sostenible, la riqueza medioambiental. En él se encierra una serie excepcional de elementos naturales y culturales, que hace obligada la necesidad de su conservación (Consejería de Medio Ambiente, 1990, 1991, 1997 y 2000). Debido a ello, y en respuesta al cambio de función productiva que la Unión Europea promueve para algunas zonas rurales marginales, en 1989 la Junta de Andalucía declara la creación de la figura de protección de Parque Natural (Consejería de Medio Ambiente, 1988). Esta intervención pública sobre el territorio responde a la necesidad de preservar su riqueza natural, dotándolo de una forma estable de ordenación territorial y de gestión medioambiental.
Así, la gestión del Parque Natural de las Sierras Subbéticas, del mismo modo que cualquier otro parque andaluz, conlleva una serie de disposiciones que, bajo el objetivo final de conservación, condicionan las actividades privadas a través de sus tres figuras de planeación: el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión pasan a ser instrumentos de la política ambiental para la zonificación, la caracterización territorial y la planificación, y para la organización interna de carácter administrativo, al tiempo que el Plan de Desarrollo Sostenible pretende conseguir el aprovechamiento ordenado de los recursos naturales y el fomento socioeconómico.
Sin embargo, lo que ha resultado más evidente en la actividad humana de éste, al igual que de otros parques naturales de Andalucía, son las limitaciones en aprovechamientos y derechos de la población local, mientras quedan sin compensación con otras medidas de dinamización social y económica, pues hasta el año 2003 no se ha elaborado el Plan de Desarrollo Sostenible. Ante esta situación, en el territorio de Subbéticas se genera un especial rechazo hacia lo que se entiende como una gestión errada de la política pública de medio ambiente. En primer lugar, es necesario atender al conflicto abierto con la propia declaración de Parque Natural y, más en concreto, con la forma de llevarla a cabo.
Y es que, en esta decisión, de implicaciones tan importantes para el territorio, no se hizo partícipe a la población, no se buscaron consensos locales, ni tan siquiera se transmitió información sobre los nuevos condicionantes de la conversión del territorio en espacio protegido. Por otra parte, en lo que respecta a los límites del Parque Natural y a la zonificación –elemento fundamental en la planificación integral del territorio– surgieron enconadas críticas desde prácticamente todos los sectores sociales; críticas centradas en su escasa definición, así como en la extensión e incumplimiento de los objetivos marcados. Y en tercer lugar, la declaración representó severas limitaciones –no siempre entendidas por la población– para actividades que se habían desarrollado hasta la fecha, sin que se aplicara ningún tipo de compensación.
La percepción que queda a la población del Parque Natural es de haberse convertido en perjudicada directa de una política ambiental únicamente centrada en la conservación, frente a la que se manifiesta una actitud de clara hostilidad. El objetivo de un desarrollo socioeconómico paralelo queda en mera declaración de voluntades, pues aunque sí es un instrumento innovador, llega con excesivo retraso. Durante los quince años transcurridos desde la declaración, la percepción que va instalándose entre la población local es de fuerte hostilidad por una figura impuesta sin que haya existido transmisión de información y búsqueda de consenso. Todo ello se convierte en razón de primer orden para el escaso valor que actualmente concede la población local a la riqueza ambiental como activo de desarrollo.
Pese a la apreciación original que la sociedad pudiera tener de su entorno y de la identidad con un paisaje cotidiano, la declaración del Parque Natural de las Sierras Subbéticas no ha logrado generar una percepción positiva del medio ambiente, ni crear una identidad social vinculada a un territorio delimitado desde la Administración. En el momento de la declaración no se tiene en cuenta un elemento central para garantizar la conservación, esto es, las relaciones entre naturaleza, sociedad y cultura, la lógica histórica de la organización y aprovechamiento del territorio, en definitiva, el medio ambiente como resultante del modelo social. Ni tan siquiera se tienen en cuenta las interacciones territoriales, las lógicas de relación de unos municipios con otros, o lo que es lo mismo, la vertebración territorial y la cohesión e identidad frente a un nuevo proyecto en común. De este modo el espacio del Parque Natural nunca ha logrado convertirse en icono o símbolo aglutinador del territorio afectado, no existe relación entre este espacio protegido y el territorio creado por la sociedad.
Por otro lado, se trata del parque natural más poblado de Andalucía y, a su vez, el de mayor superficie de propiedad privada, lo cual deriva en la fuerte presión de la actividad productiva sobre los recursos naturales del territorio. Así, a pesar de que la riqueza natural se puede considerar un bien público, la propiedad privada en prácticamente todo el espacio físico y el concepto amplio de propiedad que todavía tienen sus habitantes (los derechos vinculados a la propiedad individual dan vía libre al propietario), provocan múltiples conflictos para su conservación. Estos conflictos se convierten en la característica singular del Parque Natural de las Sierras Subbéticas.
A ello se añade que la población sostiene que precisamente ha sido la actividad de sus antepasados la que ha permitido la configuración de lo que es hoy el Parque Natural, y que, del mismo modo, la continuación de esta actividad permitirá su conservación. Sin embargo, la verdad es que la actividad productiva que se lleva a cabo en el territorio del Parque Natural tiene, sin duda, un impacto negativo sobre el equilibrio de los recursos naturales. Las prácticas agrarias han sido, y siguen siendo en la actualidad, las de mayor notoriedad debido a su estrecha vinculación con el medio físico en el que se desarrollan, pero también debido a la gran superficie que ocupan: el monocultivo del olivar resta diversidad a la flora y fauna del entorno; el empleo de abonos, pesticidas y herbicidas artificiales destruyen esta misma diversidad y contaminan suelos y aguas (De Pablo, J. y Montoya, B. 2000: 59); el cultivo en pendientes pronunciadas y con el suelo desnudo provoca una fuerte erosión y pérdida de los nutrientes del suelo (Louwagie, Gay, Sammeth y Ratinger, 2011: 11). La ganadería extensiva provoca, en algunas zonas, el agotamiento de la flora autóctona y la intensiva, casos puntuales de contaminación de suelos y aguas. La explotación de canteras, por su parte, supone un importante impacto, con la destrucción de la geomorfología, así como de la flora y la fauna del territorio.
En estas actividades, caracterizadas por su directa vinculación con el medio en el que se desarrollan, la naturaleza se concibe únicamente como soporte de actividades productivas o suministrador de recursos. No se tienen en cuenta sus limitaciones, y los objetivos de producción se defienden por encima de los de conservación.
También existe una relación directa entre otras actividades económicas y el medio ambiente: entre ellas la producción agroalimentaria y, más concretamente, la extracción de aceite de oliva y aderezo de aceituna. En esta relación el medio natural es considerado, principalmente, como contenedor de residuos, pues sólo la rigurosa normativa al respecto y los avances técnicos evitan que la gran cantidad de efluentes puedan perjudicar la calidad de las aguas y los suelos.
Por otra parte, aún son escasas las actividades económicas que consideran el medio ambiente como activo de desarrollo, pero ya comienzan a tener su relevancia en el sistema productivo local. La belleza del paisaje y las manifestaciones culturales se convierten en factores de atracción tanto para visitantes, como para personas de ciudades cercanas que deciden establecer aquí una segunda residencia. Los efectos de estas actividades sobre los recursos naturales no se corresponden, sin embargo, con esta valoración positiva. El medio natural no se aprecia por su valor en sí mismo, sino por convertirse en un recurso productivo altamente demandado por el consumidor urbano. De este modo, las actuaciones humanas vuelven a representar un impacto negativo sobre el equilibrio natural: por una parte, se incrementa la oferta de establecimientos hosteleros y actividades de ocio en la naturaleza sin considerar la capacidad de carga del espacio natural (Danciu y Serbu, 2007: 144); por la otra, la proliferación de construcciones residenciales ejerce una fuerte presión sobre suelos y aguas, tanto por el incremento de su demanda –para nuevos edificios e infraestructuras viarias–, como por elevar su contaminación –sobre todo debida a la construcción de fosas sépticas inadecuadas– (Pulido, 2010: 153).
Sí debe destacarse, sin embargo, el uso que la producción agroalimentaria está haciendo de la imagen natural del territorio. En este momento, en el que aún están presentes las crisis de seguridad alimentaria vividas en Europa, el consumidor se inclina por productos sanos y naturales, que tienden a identificarse con la producción más artesanal de las pequeñas empresas del territorio (Delgado, 2002: 73). Para consolidar esta imagen de calidad, los productores se ayudan de instrumentos comerciales como las denominaciones de origen, los certificados de producción ecológica o el uso del nombre ‘Parque Natural de las Sierras Subbéticas’ (Consejería de Medio Ambiente, 2000), que dan mayor tranquilidad y confianza al consumidor final; y ésta se convierte, por tanto, en una forma de valorar los activos naturales y culturales de su entorno. Es importante destacar, sin embargo, la escasa aceptación de la marca ‘Parque Natural de Andalucía’ entre los productores, debido, en primer lugar, al desconocimiento de su existencia, y, en segundo, a que es difícil y costoso responder a los requisitos y compromisos que ésta exige.
No obstante, a las distintas consideraciones que los productores han generado en torno a su medio ambiente como factor económico, debe sumarse la que se ha originado por la declaración de espacio protegido. Aunque no existe oposición a la existencia de esta figura de protección, su gestión sí ha suscitado una fuerte confrontación entre intereses económicos y ambientales. La oficina del Parque Natural se ha convertido en la personificación de trabas y restricciones escasamente comprendidas por los productores. Y es que, a pesar de que la normativa vigente dentro y fuera del espacio natural es la misma, su aplicación es más estricta dentro de los límites del Parque Natural y a ella se suman otras normas específicas que crean una situación que la población entiende como un agravio comparativo frente a otros terrenos inmediatos al espacio natural. La forma de trabajo de la Oficina del Parque Natural se basa en un sistema de denuncias y sanciones, todavía muy ligado a un enfoque puramente conservacionista en el fondo e impositivo en la forma (Equipo de Desarrollo Rural. Universidad de Córdoba, 2002: 142). No se propicia un ambiente de conciliación a través de la información, el asesoramiento, el diálogo o la participación; muy al contrario, la relación entre administración y productores se deteriora todavía más ante la excesiva burocracia y lentitud en trámites y autorizaciones.
En definitiva, se acrecienta la pugna entre las limitaciones de algunas prácticas agrarias y uso de fitosanitarios, y la defensa de incrementos en la producción agrícola; el cierre de canteras que no tienen los correspondientes permisos de explotación, y el coste social de los puestos de trabajo destruidos; la falta de límites y vigilancia hacia la actividad turística, y la creación de agravios comparativos con la población local, que se ve excesivamente controlada; el derecho de tanteo que ejerce la Consejería de Medio Ambiente en las compra-ventas privadas, y la pérdida de plusvalías del terreno comprendido dentro del Parque Natural; y las restricciones y prohibiciones en la construcción de nuevas viviendas, y la laxitud de la normativa fuera de los límites protegidos. Es decir, de la gestión del espacio natural surgen dos implicaciones fundamentales: en primer lugar, se echa en falta una amplia ordenación territorial, pues aunque la existencia del Parque Natural de las Sierras Subbéticas sí cumple esta función, únicamente se circunscribe a su ámbito territorial, desatendiendo el espacio exterior a sus límites, y contribuyendo a crear situaciones de discriminación. En segundo lugar, se recrudece el conflicto de intereses y la valoración ambiental negativa que queda a la población, y en concreto a los propietarios, tras la imposición de esta figura de protección natural. Así, se podría decir que el respeto dispensado al medio ambiente se sostiene más en la normativa y las sanciones impuestas que en una estimación positiva del medio natural. Es decir, se trata de una forma de conservación pasiva, que requiere implicar a la población en procesos de gestión del territorio para transformarla en activa y convertirla, así, en agente proactivo del desarrollo sostenible.
Todas estas prácticas de uso tienen una correlación directa sobre las posibilidades de otro de los elementos del desarrollo sostenible, el sistema productivo. El equilibrio ambiental requiere conocer y entender la relación entre el espacio natural y el espacio socioeconómico y cultural (Van Berkel y Verburg, 2011: 152). Ésta es una exigencia que no se satisfizo en el momento de la imposición de la figura de protección y que la población todavía está demandando, porque la sociedad local no está dispuesta a renunciar a su propio desarrollo. No obstante, a pesar de que hasta ahora no se había elaborado el Pan de Desarrollo Sostenible ni puesto en marcha medidas de dinamización y compensación socioeconómica, el sistema productivo ha logrado cierta diversificación, adaptando los recursos locales al sistema productivo global y a las exigencias del mercado.
Sin embargo, la falta de planificación en este proceso no permite garantizar que este pequeño crecimiento económico se traduzca en desarrollo sostenible. En otras palabras, la introducción de avances tecnológicos puede promover el incremento de la producción y, de ahí, el crecimiento económico, pero no siempre la sostenibilidad. Las subvenciones provenientes de la Unión Europea pretenden ayudar al desarrollo rural, aunque la forma de incentivar el monocultivo del olivar no contribuya al desarrollo sostenible. Los incentivos de un mercado de productos naturales, tanto alimentarios como turísticos, pueden animar a la oferta derivando en una sobreexplotación, contraria a los intereses ambientales. En definitiva, a pesar de que se está consolidando un sistema económico diversificado, es necesario poner las reservas oportunas para que esto se produzca en consonancia con la capacidad de carga del medio natural.
No obstante, no debe confundirse la percepción que la población local ha creado en torno a un Parque Natural impuesto, con la sentida por su medio ambiente más cercano. Frente a la unánime oposición que genera el primero, surgen discrepancias en cuanto a la apreciación del segundo. Pero estas discrepancias no son diferentes a las que se producen en el seno de cualquier sociedad económicamente desarrollada, pues son fruto del propio modelo socioeconómico: mientras una parte de la población –los productores, normalmente– anteponen el incremento de la producción y la maximización del beneficio al cuidado medioambiental, la otra parte aboga por un medio ambiente sano como artículo o factor fundamental en su consumo (Corraliza, Martín, Moreno y Berenguer, 2002: 31).
Como ya se ha señalado, la mayoría de los productores locales se preocupa principalmente por  su beneficio individual, mostrando su rechazo a aquellas disposiciones que puedan limitarlo. Sin embargo, conforme las actividades productivas se van orientando hacia el aprovechamiento del medio natural en sí mismo, la percepción se va tornando más positiva, aunque siempre inmersa en un sistema social y económico que antepone la producción y el consumo a otro tipo de objetivos. La percepción social de los problemas ambientales es débil aún; se ven lejanos, y no justifican su esfuerzo por un proyecto comunitario y global, sobre todo si éste significa renunciar a un desarrollo económico del que se han visto privados históricamente.
Al mismo tiempo, también se observa cómo la sociedad local se hace permeable a estilos de vida y concepciones propias del medio urbano, que, por una parte, aportan una valoración especial de la estética del entorno, pero, por la otra, abandonan la tradicional relación que en este medio rural se había mantenido entre naturaleza y sociedad. Es decir, por una parte la sociedad local va tomando conciencia de la riqueza de su medio ambiente y calidad de vida a través de apreciaciones que vienen de fuera, pero, por la otra, las costumbres y hábitos de consumo se alejan de la naturaleza para insertarse en el mercado.
Así, aunque escasos colectivos comienzan a defender que el beneficio individual no puede ir en contra del bien común y que el concepto amplio de propiedad debe ser sustituido por otro donde la responsabilidad privada tenga una función especial para la conservación del medio ambiente, la tónica general en el Parque Natural de las Sierras Subbéticas es la destrucción de las relaciones comunitarias de cooperación y solidaridad que podían beneficiar a ese bien común, y la imposición de unas formas de producción y consumo muy poco preocupadas por las responsabilidades derivadas de su impacto sobre el medio ambiente natural.

5.2 Reserva Comunitaria de Santa Cruz Tepetotutla: Protección propiciada desde la población

La riqueza ambiental que encierra la Comunidad de Santa Cruz Tepetotutla, en Oaxaca (México) está fuera de toda duda, fruto de la interacción entre la riqueza natural y la cultura de la etnia chinanteca, que ha sabido conservarla y potenciarla. La baja densidad de población y la difícil comunicación con el exterior son factores que han jugado un papel fundamental para permitir el actual estado de conservación (Geoconservación, A.C., 2003) (Estudios Rurales y Asesoría Campesina, A.C., 2000a, 2000b y 2000c). Sin embargo, ya comienzan a observarse los primeros signos de cambio, ante los que la Comunidad ve la necesidad de anticiparse.
La conclusión de un camino, como vía de comunicación terrestre, va a permitir la apertura del territorio al sistema económico imperante a nivel mundial, caracterizado por la sobreexplotación de recursos en busca de la máxima productividad. Esta nueva situación exige reflexionar sobre el territorio y sobre una forma de protección que se anticipe a los posibles riesgos del intercambio comercial hacia el exterior. Es por ello que la propia Comunidad, consciente de la riqueza que posee y ratificada por el Ordenamiento Ecológico Comunitario, ha resuelto convertir su territorio en Reserva Comunitaria, con el objeto de preservar los valores biológicos que aún se conservan. Ésta es una categoría de protección natural que no está impuesta desde la Administración pública y que, por ello, no incluye decreto oficial en su declaración; sin embargo, la Reserva Comunitaria es una figura perfectamente reconocida, donde se especifica que la SEMARNAT, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, deberá expedir la respectiva declaración y establecer con la Comunidad cuál va a ser el manejo del territorio.
Así, el establecimiento de la Reserva dispone que 7.000 ha pasen a ser Área Comunal Protegida y plantea la zonificación del territorio –donde se determinan distintas zonas (Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 1996: 15) en función del aprovechamiento o de la protección a la que están destinadas (Gómez, 1995: 59) –, así como las directrices generales para la protección y aprovechamiento de los recursos naturales. Todo ello está recogido en el Ordenamiento Ecológico Comunitario, que junto con la Planeación Comunitaria del Manejo del Territorio y el Programa de Manejo Forestal Persistente para los Bosques de Pinus Chiapensis, se convierten en los instrumentos de planeamiento del Estatuto Comunal (SEMARNAP y PAIR-UNAM, 1997: 32) (SEMARNAP, 2000: 3).
Tanto en la decisión de preservar el territorio con esta figura de protección natural como en la elaboración de todos los planes e incluso del Estatuto Comunal, ha sido fundamental la fortaleza de las instituciones que aún conserva la Comunidad. El Comisariado de Bienes Comunales, como órgano de gobierno, y la Asamblea, como órgano de representación, han sido los protagonistas del proceso. A través de ellos se ha establecido un canal participativo que ha facilitado el inventario de los recursos, la exposición de problemas, la discusión de distintas soluciones y el establecimiento de la solución definitiva (Comisariado de Bienes Comunales, 2003: 14). La población ha estado presente en la toma de decisiones y deberá estarlo también en el momento de llevarlas a cabo (Bartra, 2000: 93).
El valor que la población concede al medio ambiente natural como factor de producción está estrechamente vinculado a su propia subsistencia. La difícil orografía que rodea al territorio no ha permitido el suministro ni el intercambio con otros lugares, de modo que la población se ha abastecido de los recursos del entorno para atender sus necesidades de alimentación, salud, vestido y vivienda. La función que se le exige a la naturaleza es, ante todo, la de fuente de recursos, aunque teniendo muy presentes sus condicionantes y limitaciones. Así, esta singular relación entre naturaleza y sociedad es posible gracias al conocimiento acumulado por el pueblo chinanteco a lo largo de generaciones; conocimiento que no sólo encierra formas de aprovechamiento de los recursos naturales, sino prácticas respetuosas para su preservación y mantenimiento (Barabas y Bartolomé, 1990). Esto es, la cultura indígena se conforma por valores, costumbres y creencias ligadas a una gestión conservacionista de su medio natural, de modo que haga posible el desarrollo futuro.
El bosque de pinus chiapensis es el único que permite el aprovechamiento forestal maderable (Estudios Rurales y Asesoría Campesina, A.C., 2000c: 15). La Comunidad tan apenas ha iniciado su explotación maderera, debido a las difíciles condiciones de comunicación de Santa Cruz Tepetotutla para poder sacar su producción hacia el mercado (Geoconservación, A.C., 2003: 12). Así, en síntesis, la población de la Comunidad utiliza los bosques para recolección de leña y especies silvestres no maderables así como la extracción de madera para uso familiar (construcción de la vivienda y el mobiliario), aunque éste último está estrictamente controlado por el Comisariado de Bienes Comunales (Comisariado de Bienes Comunales, 2003: 14) (Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño, A.C., 2003: 49). Junto a estos usos eminentemente tradicionales, desde el año 2000 se ha implantado otra forma de aprovechamiento mucho más innovadora: por la captura de carbono, la Reserva Comunitaria de Santa Cruz participa en un programa que le proporciona un pago por el cuidado de sus bosques (Estudios Rurales y Asesoría Campesina, A.C., 2000b: 19).
También en la Comunidad se practica otra estrategia de manejo agroforestal, que incluye una variedad de especies forestales no maderables como café, barbasco, pita, palma camedor, caña de azúcar, tepejilote y vainilla, y permite la conservación de una parte importante de la biodiversidad florística. Los chinantecos poseen un conocimiento antiguo de la dinámica de regeneración y conservación de las especies vegetales, lo que les permite un manejo equilibrado en un sistema de plantación conocido como policultivo tradicional. Con él se consigue la utilización de cerca de doscientas especies, ya no sólo como alimento, sino también como árboles de sombra y tutores para el café o la vainilla. Investigadores biólogos coinciden en resaltar las ventajas ecológicas de esta práctica, que permite la protección de cuencas hidrológicas, la conservación de suelos, el mantenimiento de la biodiversidad, la retención de carbono (Anta, 1992: 32) (AMBIO y Fideicomiso Fondo Climático, 2003) y el nulo uso de agroquímicos.
La agricultura y la recolección ocupan, por lo tanto, el lugar más destacado dentro del sistema productivo local. La difícil comunicación con el exterior ha exigido, históricamente, que la mayor parte de la producción comunitaria se limitara a productos para consumo propio, como es el caso del maíz. Aunque la introducción del cultivo del café produce un reordenamiento de todos los aspectos del sistema productivo, pues se necesitaban todos los recursos orientados a la producción comercial para cumplir con las obligaciones con el Instituto Mexicano del Café. Más tarde, la baja rentabilidad del cultivo de café, derivada de su baja e inestable cotización en el mercado y de los elevados precios de los agroquímicos, obliga a que en el año 2000 se introduzca un programa para la producción de café orgánico (Martínez, 2000: 27) (CEPCO, 2003) (Grupo Mesófilo, 2008: 15).
La valoración económica del medio ambiente ha sido, en el caso de Santa Cruz Tepetotutla, algo que ha acompañado su historia y ha determinado en gran medida la conformación de su sistema productivo. La riqueza biológica contrasta con la pobreza de sus suelos y las difíciles condiciones para la agricultura y la ganadería. A pesar de que la diversidad de animales y vegetales permite su caza, recolección y explotación forestal para una economía de uso múltiple, la base del sistema productivo se encuentra, fundamentalmente, en la actividad agrícola, para la cual la productividad resulta especialmente baja. Tanto la agricultura de subsistencia como la comercial obtienen escasos rendimientos, que no permiten el sostenimiento económico de la Comunidad y obligan a su población a emigrar. No obstante, ésta es una situación sobre la que se espera un cambio, ya que son numerosos los proyectos que se están iniciando o esperan ser puestos en marcha en breve, de modo que se ven posibilidades para revertir el actual estado del sistema económico comunitario y alcanzar el desarrollo del que la Comunidad siempre ha estado relegada.
En síntesis, se puede resaltar que es una estructura productiva basada eminentemente en el sector primario, con excesiva dependencia de recursos naturales, y escasamente diversificada. No existe una división del trabajo dentro de la Comunidad que permita generar mercados locales donde se intercambien productos también locales; quizás debido a que todos sus miembros cuentan con los mismos medios y los mismos conocimientos, y, en definitiva, los mismos productos (Lazos, 1999: 115) (Holden y Birnswanger, 2000: 65). La producción se queda, por lo tanto, en el ámbito doméstico y sólo el cultivo comercial del café se inserta en un mercado más amplio.
La enorme distancia, tanto física como en objetivos perseguidos, que ha habido tradicionalmente entre el Estado y este tipo de comunidades campesinas ha derivado en el abandono de éstas a su suerte. La experiencia pasada no permite esperar beneficios de las políticas de desarrollo para el futuro rural, lo que sitúa a la Comunidad en una realidad en la que sólo cabe confiar en su propio trabajo y en los medios que proporciona la naturaleza (Flores y Rello, 2002: 78). Las escasas iniciativas públicas que se han puesto en marcha a lo largo del tiempo no han dado los resultados esperados, de modo que los productores han quedado siempre a expensas de sus propios recursos naturales (Sastré y Rey, 2008: 199), obligándose a conservarlos para no perder sus ya escasas opciones de futuro.
Por otra parte, esta transformación del sistema productivo lleva consigo un cambio de la relación entre el espacio natural y el socioeconómico (González, 2008: 17): surgen nuevas actividades productivas para las que la población no tiene pleno conocimiento de sus prácticas de uso ni sus implicaciones con el medio natural. La transferencia del saber-hacer, que hasta ahora tenía lugar en el territorio a través de sucesivas generaciones, en este momento proviene del exterior, de organismos públicos o asociaciones civiles que se encargan de poner en marcha las iniciativas, proporcionar la formación técnica de los productores y realizar un seguimiento con el fin de alcanzar los resultados planteados (Anta, 1992: 32); en definitiva, prestar el apoyo necesario para lograr diversificar el sistema productivo y hacerlo sostenible (Zorrilla, 2003: 112).
El último agente que interviene en la valoración local del medio ambiente es el mercado. Éste, en cambio, puede ejercer una influencia que actúa en dos sentidos opuestos. Por un lado, reforzando la gestión proteccionista, dada la creciente demanda externa de productos orgánicos, respetuosos con el medio ambiente y sanos para el consumidor, así como reconociendo y valorando los servicios ambientales que presta el territorio, con la captación de agua y carbono (Pair y Grupo Mesófilo, 2000: 49). Por el otro, animando a la sobreexplotación de otro tipo de recursos, sobre los que no se había ejercido presión alguna y ahora pasan a convertirse en elementos de intercambio mercantil y mayores ingresos monetarios.
Todo lo anterior indica que en este preciso momento puede estar produciéndose un importante cambio en las formas de la relación naturaleza-sociedad. Hasta ahora el medio natural se valoraba como soporte de vida y abastecedor de recursos de subsistencia para una población que, por su reducido número, no constituía presión alguna sobre el territorio; la actividad agrícola, la recolección de plantas silvestres, la tala de árboles, la caza o la pesca sólo trataban de cubrir las necesidades domésticas. Sin embargo, las iniciativas productivas que surgen en la Comunidad –animadas por el apoyo de asociaciones civiles–, unidas a la mejora en comunicaciones y trasporte pueden llevar a sustituir esta relación de sustento por otra de aprovechamiento comercial, con el cultivo de café orgánico, la extracción de madera, la producción de tepejilote y vainilla, el desarrollo de acuicultura u otros proyectos que se pueden poner en marcha a partir de la gran variedad de recursos del territorio.
Aunque las prácticas productivas de subsistencia llevan aparejadas ciertas agresiones ambientales, por la pérdida de suelos con el cultivo en pendiente, riesgo de incendio al quemar los acahuales, pérdida de nutrientes del suelo por el escaso descanso entre los periodos productivos, etc., lo cierto es que la mayor amenaza de impacto ambiental puede estar en un manejo descontrolado de las nuevas iniciativas productivas (Geoconservación, 2003: 99), con sobreexplotación de recursos, pérdida de biodiversidad, uso de abonos y herbicidas químicos, contaminación de suelos y aguas, etc.
No obstante, en este punto, es necesario resaltar el papel que juega el Estatuto Comunal, como base de la organización social y económica comunitarias, así como el Ordenamiento Ecológico Comunal y los diferentes planes de manejo para cada uno de los recursos, elaborados precisamente como inventarios de lo que existe y limitaciones en sus prácticas de uso. Esto, junto con la función de control y vigilancia que ostenta del Comisariado de Bienes Comunales y la función fiscalizadora de la Asamblea, puede constituirse en mecanismos para la preservación de la actual diversidad natural, evitando la sobreexplotación de algunos recursos.
En otro orden de cosas, en lo que respecta a la participación social en la producción y el ingreso comunitarios es necesario poner en evidencia que, pese a la escasa producción ya mencionada, existe un fuerte equilibrio social derivado de una distribución igualitaria. El sistema comunal de acceso y tenencia de tierras y la forma de transmisión del conocimiento llevan a que todos los miembros de la Comunidad tengan las mismas posibilidades, y las difíciles condiciones del territorio, a que todos afronten los mismos problemas. Además de ello, también es homogéneo el complemento de ingreso que obtienen todas las familias de las remesas de los emigrantes. Así, esta consonancia entre trabajo realizado y renta percibida es la razón principal de las escasas diferencias sociales y la elevada cohesión e identidad territorial (Flores y Rello, 2002: 85). Y, aunque pudiera parecer que esta igualdad podría correr peligro con los nuevos proyectos, es importante destacar que casi todos son puestos en marcha de manera comunitaria, por lo que se espera que la población se implique por igual y participe, también por igual, en los beneficios. Por el momento no han surgido proyectos individuales que pudieran crear recelos y envidias y, en definitiva, escisiones más importantes en el seno de la Comunidad.
Sin embargo, esta cohesión social no permite pensar que la población haya alcanzado una calidad de vida aceptable. Las difíciles condiciones económicas y el elevado grado de marginalidad son los signos más evidentes de la precariedad en la forma de vida. Aunque la población es muy consciente de que la enorme diversidad ambiental permite lo imprescindible para la subsistencia, también percibe su condición de pobreza. Poco a poco se van conociendo en la Comunidad otras formas de vida y otros bienes o servicios a los que la población local no tiene acceso; y así se refuerza el sentimiento de carencia. Ante esta situación, las políticas sociales impulsadas desde el Estado a través de distintos programas no logran revertir el estado de las cosas, sólo lo mantienen, de modo que a la población no le queda otra salida que abandonar su tierra en busca de nuevas posibilidades. La finalización de las obras del camino y la puesta en marcha de algunas iniciativas productivas han permitido a la población albergar cierta esperanza para la creación de puestos de trabajo, el aumento de la calidad de vida y el nacimiento de una nueva ilusión para un proyecto común del territorio.
Pese a que pueda existir alguna manifestación aislada a favor de mayor crecimiento económico y en contra de las limitaciones impuestas, es prácticamente unánime el reconocimiento de la regularización y el control que impone el Estatuto Comunal. La Comunidad de Santa Cruz Tepetotutla ha luchado mucho por su territorio y está muy arraigada al mismo: los escasos apoyos del Estado han exigido esfuerzos adicionales a la población local, que ha debido desarrollar esquemas autogestionarios para procurarse infraestructuras y servicios en el núcleo de población, así como para poner en marcha acciones colectivas de carácter productivo, o realizar actuaciones para mantener los recursos comunes del territorio. Las labores de tequio, la organización de la gestión y del trabajo colectivo y la implicación de la población para elevar su propio bienestar han ido creando un fuerte sentimiento de pertenencia e identidad con un territorio perfectamente reconocido. Por ello, todos los miembros de la Comunidad acatan las nuevas restricciones y exigencias porque ellos mismos las han votado y participan de su control a través de la Asamblea (Comisariado de Bienes Comunales 2003). Todos valoran positivamente su medio natural de modo que tampoco surgen discrepancias dentro de la población según se trate de productores o consumidores, pues básicamente todos representan ambos papeles y todos se atribuyen los mismos beneficios y la misma responsabilidad ante el cuidado ambiental.
En conclusión, la valoración social del medio ambiente es muy alta, pues revela su cercanía, su inmediatez, la dependencia de sus recursos para cualquiera de las actividades humanas. Ello significa tenerlo en cuenta y otorgarle un lugar destacado en el nuevo proyecto del territorio.
No obstante, es previsible que ahora, roto su aislamiento tradicional con la construcción del camino, el sistema productivo de Santa Cruz Tepetotutla se encuentre en un momento de transformación, de búsqueda de nuevas opciones económicas; pero también en un momento de desorientación y temor ante el nuevo panorama que se abre, con sus posibilidades y sus riesgos. Los antiguos esquemas campesinos comienzan a ponerse en cuestión ante su escaso rendimiento, pero sus resultados de hoy son seguros frente a unas alternativas que todavía se perciben inciertas.

6 Conclusiones: Estrategia de desarrollo definida por el modelo cultural

La función que tradicionalmente se ha exigido al medio rural ha sido básicamente agraria para el abastecimiento de las ciudades, en una relación de servidumbre entre la producción rural y las necesidades urbanas. Sin embargo, en esta relación no todas las zonas rurales han tenido el mismo peso, sino que han destacado y se han apoyado aquellas más productivas, lo que ha dado lugar a una fuerte polarización de las estructuras agrarias y, por ende, a graves desequilibrios territoriales. Las regiones rurales más pobres han quedado marginadas del desarrollo nacional y han vivido serios procesos de abandono de actividad y despoblación, mientras, por otro lado, las regiones ricas han acaparado infraestructuras y apoyos públicos en beneficio de su modernización y, en definitiva, de su incremento productivo. Todo ello da lugar a una nueva situación en el medio rural, y es que precisamente las zonas rurales más deprimidas económica y socialmente son las que ahora conservan, por la escasa presión antrópica a la que se han visto sometidas, algo muy preciado para la actual sociedad: un medio ambiente de gran diversidad y en buen estado de conservación.
La valoración medioambiental lleva a que la definición de desarrollo rural sostenible sea generalmente aceptada por los gobiernos de España y México, y transmitida a la sociedad a través de la elaboración y aplicación de sus distintas políticas y de las instituciones públicas que las implementan. Aunque es necesario guardar las distancias entre las medidas e instrumentos empleados en estos dos países para la realización de sus políticas –pues son distintos sus estadios de desarrollo económico y los condicionantes sociales y culturales– sí se puede afirmar que existe una gran cercanía entre las definiciones y los enfoques para el desarrollo sostenible. Ambos países coinciden en la consideración del carácter horizontal de los problemas y las soluciones ambientales, y en la necesidad de afrontarlos integralmente; de modo que en la definición de desarrollo sostenible siempre debe estar presente la preocupación por el equilibrio ambiental, el fomento de una producción sostenible y la mejora de las condiciones de vida de la población, y todo ello bajo la implicación de la sociedad para lograr la efectividad de sus políticas.
Sin embargo, a la hora de poner en práctica estos objetivos, ambos países coinciden, también, en la misma contradicción. El concepto definido para el desarrollo sostenible no queda claro en su aplicación al medio rural. Las políticas ambientales, como instrumento de este concepto, se utilizan de forma discriminada, dirigiéndose preferentemente a zonas marginales de montaña aquejadas por graves problemas de desarrollo socioeconómico, pero poseedoras de una importante diversidad biológica. Mientras las zonas de agricultura moderna intensifican su producción para garantizar el abastecimiento alimentario, a las zonas de menor producción se les asigna una función eminentemente conservacionista.
En el caso español prácticamente se sustituye una función por la otra, pues los elevados excedentes agrarios europeos permiten destinar estas zonas a la protección natural. La política agraria europea centra, así, su actuación en beneficio de la sostenibilidad, de tal modo que la protección del medio se vincula al mantenimiento de las rentas agrarias, aunque los pagos a los agricultores se realizan, ahora, por la producción de bienes no económicos, como el mantenimiento del paisaje europeo o la protección de la cultura rural.
En México, en cambio, la inseguridad en el abastecimiento agrario no permite limitar la producción en las zonas de mayor valor ecológico, pero sí arbitrar los mecanismos para que el aprovechamiento sea respetuoso con su medio ambiente y posibilite, en última instancia, el desarrollo sostenible. Desde el nuevo enfoque de la política mexicana, los aportes que hace la dimensión ambiental en la búsqueda de estrategias productivas alternativas no sólo están en la definición de los límites de la naturaleza sino también en las distintas potencialidades que se abren para la producción. La política ambiental se define con un enfoque integral, al entender el espacio como hábitat natural, cultural, económico y social. Reconoce, de este modo, que el territorio no es sólo un espacio físico con reserva de recursos naturales sino un engranaje de ecosistemas articulados históricamente con las actividades humanas.
Sin embargo, la claridad con la que los dos gobiernos definen el concepto y el enfoque del desarrollo sostenible se pone en cuestión con las estrategias perfiladas para su implementación y con la distinta concepción de desarrollo sostenible que existe entre las distintas sociedades. El medio ambiente se convierte en foco de conflictos, ya que los objetivos ecológicos del desarrollo sostenible proponen usar los recursos y el entorno natural y cultural de acuerdo con su capacidad de regeneración y conservación, y esto entra muchas veces en pugna con intereses económicos y sociales.
En el Parque Natural de las Sierras Subbéticas, en España, se observa una producción cada vez más alejada de la preservación de los recursos naturales y más cercana a la economía de mercado, al rendimiento y los beneficios particulares, y a la competitividad que exigen los mercados internacionales para estar insertos en el sistema económico global. En este sistema, la naturaleza pasa a ser un bien público, sin precio y, por lo tanto, sin valor. Éste ha sido un territorio desfavorecido en el proceso de desarrollo económico, por lo que ahora no piensa renunciar a esa parte de crecimiento que le corresponde. Aunque sí existe el convencimiento de que este progreso económico, aceptado y deseado socialmente, puede suponer la imposibilidad del sistema, se convierte en un problema que la población del territorio ve todavía muy lejano de su tiempo y espacio, y, en cualquier caso, es un problema que entra en la esfera de lo global y exige soluciones también globales, alejadas de su ámbito de decisión y acción.
Por otro lado, a la Comunidad de Santa Cruz Tepetotutla se le sigue exigiendo la misma función productiva para el abastecimiento alimentario de la población local y, ahora también, para volcarse en la comercialización de sus productos hacia el exterior. El Estado sigue priorizando la función agraria del medio rural sobre otro tipo de funciones, que desestima ante la imperiosa necesidad del abastecimiento nacional; al mismo tiempo, la política agraria da un giro hacia la liberalización de mercados, reduciendo la presencia del Estado e incrementando la competencia de productos foráneos. Aunque las ayudas públicas son escasas y alejadas de cualquier tipo de estrategia integral, sí se dota a la comunidad de mecanismos para la autogestión y la toma de algunas decisiones concernientes al territorio. De modo que, la reducida confianza en las políticas públicas y el control de la Comunidad sobre los recursos de los que depende introducen, también, un componente de responsabilidad compartida sobre la conservación de éstos y, de ahí, la necesidad de regular su aprovechamiento a través de la creación de la Reserva Campesina. La inserción en el sistema económico global se ve todavía con cierto escepticismo y, mientras tanto, todavía se antepone la necesidad de preservar el factor de subsistencia que se conoce bien y hasta ahora ha respondido a sus necesidades básicas: su riqueza ambiental.
Pero, en el concepto de desarrollo sostenible, la percepción del medio ambiente no sólo debe analizarse como factor de desarrollo económico, por cuanto representa como depósito de recursos y soporte de la actividad humana, sino como factor de desarrollo social, por constituir ecosistemas singulares, ricos y bien conservados, y representar todo un sistema de identidades y referencias culturales. Sin embargo, también en este aspecto las concepciones en los dos territorios estudiados son distintas, condicionadas por los valores culturales y estilos de vida de cada sociedad.
Al mismo tiempo que se va consolidando la multifuncionalidad del Parque Natural de las Sierras Subbéticas en la dimensión económica, también se va haciendo más compleja la organización social, y se van adoptado valores y estilos de vida más propios del medio urbano. Todo ello afecta de manera decisiva a su relación con el medio ambiente natural, que se hace más lejana en necesidades e intereses. Cada vez es menor la educación ambiental, el conocimiento sobre los ecosistemas, los procesos de vida e interacción de las especies autóctonas, los ciclos de crecimiento y permanencia de los recursos. Va desapareciendo la conciencia del vínculo que unía a la población con su medio natural, pues las tradicionales formas de vida y consumo también van cambiando, sustituidas por la especialización y división del trabajo, y la extendida presencia del mercado. La distancia con el medio natural se refuerza ante el hecho de que la población se ha ido alejando de la gestión que afecta a su propio territorio, se ha ido delegando en instituciones públicas que no incorporan canales para la participación social, las decisiones se han dejado en manos de la Administración Pública, pero también las responsabilidades ante los problemas ambientales y el papel fundamental en su resolución. En definitiva, pese a que en la sociedad puede ir calando una creciente conciencia sobre la necesidad de un medio ambiente sano, ésta se limita a la calidad ambiental como producto de consumo, a través de un disfrute estético y de ocio; todavía no se traduce en el reencuentro de la sociedad con su medio.
En Santa Cruz Tepetotutla la conciencia social sobre su medio ambiente es distinta, aunque no puede garantizarse que ésta se mantenga tras los cambios que actualmente se están introduciendo. En este momento los valores de la cultura indígena son todavía muy fuertes, tan sólo se han implantado tímidamente ciertas costumbres urbanas que aún no afectan a la relación con su entorno más cercano. Se trata de una sociedad con un sistema productivo casi exclusivamente centrado en el sector primario y sin apenas comercio con el exterior, donde pervive de manera intensa una dependencia hacia los recursos naturales del territorio; de una sociedad con economía de uso múltiple, con escasa especialización del trabajo, donde prácticamente todos sus miembros son productores agrarios y, al mismo tiempo, consumidores. Y es precisamente esta doble condición la que proporciona mayor conciencia de la estrecha relación entre la Comunidad y su medio natural. A partir de ella se autorregulan las prácticas de uso, se limita el consumo en función de las posibilidades ambientales y se asume la responsabilidad individual para seguir manteniendo el bien colectivo. En todo ello, es muy importante el amplio conocimiento sobre el medio natural y las interacciones que se dan en él. Es transcendente que la gestión de los recursos recaiga sobre la Comunidad, pues automáticamente se descarta la responsabilidad del Estado para la solución de problemas ambientales y se asume por sus miembros.
El modelo cultural de cada sociedad es quien determina el modelo económico, a través de las formas de asignación y uso de los recursos escasos, de su relación con el medio natural, y a través, también, del valor que se concede a cada uno de estos usos. En definitiva, de todo ello se concluye que los valores culturales son quienes determinan la definición última de desarrollo sostenible.
Para alcanzar el objetivo de un concepto único y compartido de desarrollo sostenible es necesario actuar en profundidad sobre el factor humano y, más concretamente, sobre su ámbito cultural. Se deben descubrir valores y creencias, entender mentalidades y motivaciones, y, desde ellos, modificarlos adaptándolos a las consideraciones de equilibrio ambiental, eficiencia económica y equidad social, planteados por el desarrollo sostenible. Mientras este cambio no se haga en profundidad, hablar de desarrollo sostenible seguirá siendo una falacia.
Sin embargo, al hilo de todas estas conclusiones y de la reflexión que llevan detrás, la autora de este artículo no cree que esté descubriendo nada nuevo, o nada que cualquier persona no haya advertido en la observación de la realidad más cotidiana. El verdadero aporte de este análisis está en presentar dos estudios de caso que permiten la comparación y la plasmación concreta de aquello que puede estar en muchas mentes, pero no ha sido antes expresado. Otro aporte, también importante, está en plantear el enfoque del desarrollo local para abordar un cambio fundamental en la cultura del desarrollo sostenible, pues la cultura que liga al ser humano con el medio ambiente que le rodea debe modificarse de abajo a arriba y a través de la participación e implicación directa de los actores locales para lograr un cambio integral, que afecte a todas las dimensiones.

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Recibido: Diciembre 2014 Aceptado: Febrero 2015 Publicado: Febrero 2015


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