Revista: DELOS Desarrollo Local Sostenible. ISSN: 1988-5245


INCIDENCIA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DESARROLLO REGIONAL DE LA AMAZONIA COLOMBIANA

Autores e infomación del artículo

Lina Paola Garzón-Garzón
Fundación Universitaria Los Libertadores
lina.garzong@hotmail.com


Resumen

El desarrollo ha estado presente en posturas de tipo económico a lo largo de la historia, las cuales se enmarcan dentro elementos de productividad y renta per cápita. Desde el siglo XX, se ha analizado este concepto desde una visión multidisciplinar, en donde se contempla el crecimiento económico y la calidad de vida como aspectos determinantes de su carácter, a partir de dimensiones enfocadas en el ámbito social, político, ambiental y económico. El desarrollo regional en Colombia bajo un análisis de la evolución reciente del conflicto armado, mostró que las políticas impuestas por los gobiernos de turno han incidido directamente en la configuración y actuación de los grupos al margen de la ley como las FARC, el ELN y las AUC. Más específicamente, se determinó que en la región Amazónica hubo cambios en las dinámicas poblaciones y la configuración territorial, los cuales giraron en torno a la masificación de los cultivos de coca. Para superar estos impactos negativos en una etapa de postconflicto, es necesario establecer criterios de desarrollo local basados en el manejo simultáneo de la transformación productiva y el desarrollo institucional.
PALABRAS CLAVE: Configuración territorial, Desarrollo sostenible, Crecimiento económico, Dinámicas migracionales, Postconflicto.

Abstract

Development has been in an economic positions throughout history, which are framed inside elements of productivity and income per capita. Since the 20th century, this concept has been analyzed from a multidisciplinary perspective, where referred to the economic growth and quality of life as crucial aspects of his character. This is focused in the field of social, political, environmental and economic dimensions. Regional development in Colombia based on the analysis of recent armed conflict developments, showed that the policies imposed by the different Governments have influenced directly in the configuration and performance of the groups on the fringes of the law as the FARC, ELN and AUC. More specifically, it was determined that there were changes in dynamic populations and territorial configuration, which revolved around the massification of coca crops in the Amazon region. To overcome these negative impacts in a post-conflict phase, it is necessary to establish criteria of local development based on the simultaneous management of productive transformation and institutional development.
KEYWORDS: Territorial configuration – Sustainable development – Economical growth – Migration dynamics - Post-Conflict


Para citar este artículo puede uitlizar el siguiente formato:

Lina Paola Garzón-Garzón (2015): “Incidencia del conflicto armado en el desarrollo regional de la amazonia colombiana”, Revista DELOS: Desarrollo Local Sostenible, n. 22 (febrero 2015). En línea: http://www.eumed.net/rev/delos/22/conflicto-armado.html


1 Introducción

El desarrollo es un tema que ha sido ampliamente tratado a lo largo de la historia y al cual se le han dado diversos significados, a partir de múltiples enfoques enmarcados en contextos históricos determinados. Actualmente se reconoce que el desarrollo implica procesos relacionados con el crecimiento económico y la calidad de vida, bajo dimensiones de sustentabilidad social, económica, política y ambiental; y que en especial, el desarrollo regional se fundamenta en la apropiación territorial y la identidad local.
Los procesos de desarrollo en Colombia han sido permeado por el conflicto armado, especialmente de los últimos 30 años, al estar sujetos a una serie de periodos históricos marcados por enfrentamientos entre fuerzas armadas estatales y grupos al margen de la ley, a causa de disputas por poder, apropiación territorial y dominio social. Esto ha generado que en territorios con configuraciones ancestrales como la región Amazónica, se haya transformado la relación sociedad-naturaleza conforme a la expansión de los grupos armados y su vinculación con una economía ilegal, basada en los cultivos ilícitos.
El presente artículo tiene como finalidad analizar la incidencia del conflicto armado en el proceso de desarrollo regional, a través de una mirada a la situación de la región Amazónica. Para esto, el tema será inicialmente abarcado a través de las nociones de desarrollo y crecimiento económico, así como las dimensiones del desarrollo: concepto y naturaleza. Luego se hará una aproximación al concepto de desarrollo regional, la evolución reciente del coflicto armado y el impacto del conflicto en el desarrollo de la región Amazónica. Finalmente, se mencionarán algunas posibles alternativas de desarrollo en un proceso postconflicto. 

1.1 Nociones de desarrollo y crecimiento económico

El desarrollo ha sido un concepto ampliamente debatido en las últimas seis décadas, especialmente por su persistencia en las reflexiones económicas soportadas en elementos conceptuales que lo identifican con el crecimiento económico (Guerrero & Fuentes, 2008:20). Bajo una postura de la economía clásica del siglo XVIII, adoptada por economistas como David Ricardo y Adam Smith, se trató de hacer un primer acercamiento a componentes históricos y humanistas para la realización de herramientas de análisis y de pronóstico; no obstante, esa abstracción de la realidad estuvo limitada por la falta de una visión integral de las cuestiones sociales (Lares, 2007:23).  
Posteriormente, el industrialismo del siglo XIX formado bajo un modelo capitalista, sentó las bases para el surgimiento del desarrollo económico enmarcado en una producción a escala global y una alta especialización (Lares, 2007:24). Este concepto fue debatido desde sus bases conceptuales por economistas como Max-Neff (1965:7), quien afirmaba que no es posible tomar el término de desarrollo como un sinónimo del crecimiento económico, ni fragmentarlo en palabras como desarrollo económico o desarrollo social, ya que este concepto tiene un sentido integral de todos sus componentes (social, económico, institucional y ambiental).
Esta noción limitada de crecimiento económico sólo contempla la forma como se incrementa la riqueza y la renta, pero no la manera como éstas se distribuyen entre la población (Álvarez & González, 2006:2). De esta forma, el modelo de crecimiento económico mal entendido como desarrollo puede llevar a las economías a ser inviables, pues el afán de la tecnificación e industrialización hace que se contemple este tipo de crecimiento como única medida real de desarrollo, y por ende, no se asocia la necesidad de conseguir la calidad de vida de toda la sociedad como otro punto igualmente clave, sino como un resultado que debe arrojar el crecimiento económico per se (Escobar, 2004:148).
El enfoque de desarrollo como concepto multidimensional, abarca el crecimiento económico sumado a la calidad de vida y le otorga un carácter más cualitativo, complejo e intangible (Becerra & Pino, 2005:90). Por consiguiente, el desarrollo se basa en el empleo del capital humano, el uso sustentable de recursos naturales y la preocupación de la distribución equitativa de la renta generada (Álvarez & González, 2006:3).

1.2 Dimensiones del desarrollo: concepto y naturaleza

La forma reciente como ha sido empleado el concepto de desarrollo en círculos académicos y políticos hace evidente su versatilidad de acuerdo con la intención de quien lo expone, dándole una riqueza de matices y una multiapropiación que lo convierte en un eje transversal de variados estudios en el mundo (Becerra & Pino, 2005:87). No obstante, la necesidad de darle una mayor claridad a la definición conceptual del desarrollo, ha llevado a que se contemplen otras dimensiones que le brinden un soporte epistemológico y metodológico, para que éste vaya más allá del enfoque económico y adopte una visión más realista y sostenible (Guerrero & Fuentes, 2008:40).
El concepto de desarrollo sustentable, propuesto por la Comisión de Brudtland en 1987 (González, 2008:2), es considerado como “el punto de equilibrio de la interacción grupo social - territorio, influenciado por la innovación (la capacidad de cambio) y el nivel de organización (la gobernabilidad)” (Mazurek, 2006:12), por lo que se basa en cuatro dimensiones de análisis: político-institucional, social, económico y ambiental.

2 Desarrollo regional

2.1 Territorio y desarrollo

En las últimas dos décadas el proceso de globalización parece haber logrado disipar las barreras espaciales y territoriales, tornando irrelevantes las distancias. No obstante, la dimensión espacial está surgiendo con mayor fuerza como elemento determinante de la escala política y económica, en términos de localización de la producción, los flujos de comercio y aspectos sociopolíticos (Moncayo, 2003:39), por lo que ha adquirido un rol como mediador en la teoría social de los intercambios humanos (Mazurek, 2006:14).
De igual forma, el concepto de territorio se suma a este proceso de revalorización de lo local, al entenderse que el comportamiento social esta intrínsecamente ligado a éste, y por ende, no puede concebirse la formación de grupos sociales sin territorio (Mazurek, 2009:59). El proceso de apropiación de las comunidades y la construcción de identidad, reflejado en el manejo y transformación del espacio, permite construir, configurar y dinamizar un territorio determinado (Mazurek, 2006:46).  Esta concepción se ve reflejada a través de la generación de políticas de ordenamiento enfocadas a la relocalización de actividades productivas, cambios en la distribución poblacional, la descentralización política, la gestión de recursos naturales, la demanda identidaria y la gobernabilidad (Pérez, 2006:4; Mazurek, 2006:57).

2.2 Concepto de Desarrollo Regional

De acuerdo con Diez (2004:1) el desarrollo regional puede entenderse como “un proceso de crecimiento y cambio estructural que, mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio, conduce a elevar el bienestar de la población de una localidad o región”. En este sentido, las características de las actividades sectoriales influyen en la configuración de la dimensión territorial pero a su vez sus elementos básicos son condicionados por esta misma (Moncayo, 2003:56).
Los procesos de desarrollo regional que se han llevado hasta el momento parten de la regionalización de los países, la descentralización de las decisiones políticas públicas y privadas en ámbitos territoriales y el desarrollo mismo de la región. No obstante, los países Lationamericanos aún presentan un panorama poco alentador en terminos de regionalización, lo que implica la predominancia de una cultura centralista en la zona (Bosier, 1998:56).
De igual forma, Moreno (2005:1) señala que existen variados determinantes que poseen un rol fundamental en el crecimiento y desarrollo de las regiones, entre los que se encuentran la infraestructura (transporte, comunicación, salud, energia y educación), migración (análisis de movimientos poblacionales), localización y aglomeración (sectores de agrupamiento y distribución geográfica), recursos humanos (aumento del stock de capital humano) y productividad (determinante de la renta per cápita).
A partir de estos determinantes es posible enfocar el desarrollo regional  hacia un proceso de concertación entre el estado y los actores regionales, para que éstos logren formular políticas públicas específicas acordes para un territorio determinado. En este sentido, las políticas de desarrollo tienen que ser generadas desde abajo, para que puedan establecer una conexión entre ellas mismas y derivarse en procesos de apropiación territorial de la población local (Agatón, 2008:347).

3 Evolución reciente del conflicto armado

Colombia es un país que ha estado marcado por una historia de confrontación armada como la revolución de los comuneros en 1781, la independencia en 1810 y la batalla Boyacá en 1819, seguido de 23 guerras civiles que han dejado una huella indeleble en el desarrollo de la nación (Márquez, 2009:207). En este sentido, el conflicto armado ha tenido un impacto significativo en la configuración territorial, especialmente con lo relacionado al derramamiento de sangre, la crisis social y una imagen internacional negativa como uno de los países más violentos del mundo (Márquez, 2009:207).
En el siglo XIX la confrontación armada surgió de la reacción de organizaciones campesinas desde los años 20, producto de la hegemonía conservadora enfocada a instaurar medidas para el “desarrollo económico”, que se intensificó luego en los años 50 por un modelo de desarrollo que buscaba romper con el modelo de crecimiento demográfico en las áreas rurales de América Latina (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013:128). De esta manera, el gobierno colombiano empezó a adoptar las medidas propuestas por Lauchlin Currie en 1950 para el aceleramiento del crecimiento urbano y la industrialización, así como la expedición de una reforma agraria estructural (Rengifo, 2012:3).
Este modelo de desarrollo, que se justificaba bajo la premisa de un uso irracional de la propiedad territorial en Colombia especialmente en la ganadería extensiva, generó la necesidad de explotar la tierra mediante una organización productiva adecuada (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013:130). No obstante, para promover el desplazamiento de los campesinos a zonas urbanas la guerra fue tomada como un “programa de movilidad acelerada” (Pérez, 2004:75).  
Estas medidas de cerrar las entradas y salidas al proceso de colonización, sumada a la arremetida latifundista, se vieron reflejadas en un despojo de aproximadamente dos millones de hectáreas, es decir, el 11% de la frontera agraria de la época (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013:120). Debido a esto, los levantamientos campesinos se impulsaron en el centro, sur y oriente del país al punto que condujeron a la formación de los primeros grupos guerrilleros (Pérez, 2004:75).
Las razones del conflicto armado interno de los últimos 60 años no provienen de identidades religiosas, étnicas o regionales como en otras áreas del mundo; en consecuencia, se ha generado un patrón de victimización y de actores de conflicto que es heterogéneo (Pizarro, 2004:35). Esto ha llevado a que la conformación de los territorios en Colombia se delimite en torno a prácticas de dominio, poder y apropiación de áreas geográficas específicas, dando origen a espacios físicos de concentración de capital y relaciones conflictivas (Pérez, 2004:63).
Igualmente, la dinámica del conflicto ha respondido a las diversas políticas de seguridad de los gobiernos de turno, sumado a los actores involucrados como la guerrilla, los paramilitares y las fuerzas de seguridad del Estado, en periodos de tiempo determinados (Restrepo & Aponte, 2009:36). De acuerdo con Durán (2011:4), la evolución del conflicto puede analizarse desde cuatro periodos (Ver figura 1): Periodo de ajuste (1988-1991), Periodo de estancamiento (1992-1995), Periodo de recrudecimiento (1996-2002) y el Periodo de reacomodamiento (2003 en adelante).

3.1 Periodo de ajuste (1988-1991)

El primer periodo corresponde a una época de reajustes financieros y estratégicos posteriores a la Guerra fría, en donde se dieron los primeros acercamientos entre las guerrillas y el gobierno de Belisario Betancourt a través de amnistías para los delitos políticos de sedición y asonada (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013:135). A pesar de las primeras negociaciones, las confrontaciones armadas se intensificaron con los grupos guerrilleros pertenecientes a las FARC y el ELN, lo que llevó a que algunos ganaderos y hacendados se asociaran con grupos paramilitares y formaran frentes de autodefensas que fueron posteriormente amparados por la Ley 48 de 1968 (Durán, 2011:5).
Para el año de 1982, las FARC en su VIII conferencia decidieron pasar de ser una guerrilla defensiva a una ofensiva, lo que redefinió su estrategia hacia una expansión a nuevas regiones consideradas cercanas a sus zonas históricas, apoyada por el incremento de secuestros y extorción como forma de hacer fracasar la salida negociada al conflicto (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013:161).  No obstante, otros grupos guerrilleros como el M-19, el Movimiento Quintín Lame, el EPL y el PRT decidieron desmovilizarse e insertarse a la vida política del país con movimientos políticos como la Alianza Democrática M-19, dirigido por Carlos Pizarro (Narváez, 2012:127).
Durante este periodo se dieron dos eventos clave de tipo político y económico que condicionaron el comportamiento de los actores involucrados en el conflicto armado. Por una parte, se instauró el Estado Social de Derecho por medio de la Constitución de 1991 y por otro lado, se profundizó el Modelo de Apertura Económica y Liberación Financiera con el entonces presidente Cesar Gaviria (Durán, 2011:5).

3.2 Periodo de estancamiento (1992-1995)

Esta época se caracterizó por una disminución considerable de la actividad subversiva de los grupos armados al margen de la ley, por lo que se mantuvo un espacio de tiempo de relativa  calma frente al conflicto armado (Durán, 2011:6). Este periodo estuvo sujeto a la ampliación de los espacios políticos de los grupos desmovilizados como parte de los acuerdos de paz; sin embargo, los grupos insurgentes aprovecharon esta época para realizar una reestructuración asociada con cambios en sus fuentes de financiamiento para sus operaciones, su tecnología bélica y la expansión territorial (Restrepo & Aponte, 2009:35). 
Este último aspecto estuvo relacionado con la fuerte expansión que les permitió incrementar su cobertura territorial hacia los Llanos Orientales, la Costa Pacífica y zonas aisladas de los valles interandinos; en consecuencia, las áreas aisladas, marginales y menos pobladas se convirtieron en su centro de actividades para la guerra que vendría los próximos años (Restrepo & Aponte, 2009:35). Estas zonas también fueron epicentro del establecimiento de cultivos de coca y amapola, los cuales han sido considerados como el primer eslabón de la economía del narcotráfico y los principales motores de búsqueda de territorios para la migración de los grupos guerrilleros (Sánchez & Díaz, 2004: 4).

3.3 Periodo de Recrudecimiento (1996-2002)

A partir de esta época se da un incremento de las actividades relacionadas con el conflicto armado y se genera un cambio significativo en la dinámica del mismo, por el fortalecimiento de los grupos paramilitares y guerrilleros (Durán, 2011:7). Como resultado de este proceso de reestructuración, se aumentó significativamente tanto la intensidad como la frecuencia de combates y ataques, marcando así un periodo de disputa por las tierras, el territorio y el poder local.  En este escenario de guerra la población civil estaba siendo cada vez más involucrada y la relación de los actores armados con ésta se transformó, pues pasó de emplear estrategias de persuasión a intimidación, agresión, muerte y destierro (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013:285).
Esta dinámica de escalamiento comenzó con el incremento del número de acciones de ataque de los paramilitares entre 1996 y 1998, quienes se unieron en su mayoría en una sola organización denominada Autodefensas Unidas de Colombia – AUC (Durán, 2011:6). Este frente adquirió gran poder al sumar una fuerza cercana a los 8.150 hombres financiada por terratenientes y alianzas con el sector privado, como medida para contrarrestar los ataques de la guerrilla y retomar el poder del territorio, cuyos patrones de victimización se enfocaron a masacres de civiles presuntamente relacionados con la guerrilla (Sánchez & Chacón, 2006:365).
Por otro lado, las guerrillas en respuesta a la iniciativa de las fuerzas estatales, establecieron nuevas estrategias como la de las FARC denominada la Nueva Forma de Operar (NFO), cuyo objeto de ataque fue la base de antinarcóticos de las Delicias, Putumayo en 1996 (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013:89). Estas estrategias marcaron la pauta para los llamados movimientos de guerra hacia la base del Cerro del Patascoy (1997), la base antinarcóticos de Miraflores (1998) y el batallón de contraguerrilla El Billar, Caquetá (1998).
El empoderamiento de este grupo guerrillero se tradujo para el año 2000 en una expansión territorial a 662 municipios (cerca del 60% del territorio nacional), la conformación de 62 frentes guerrilleros y una fuerza armada de 28.000 combatientes (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013:162). Esto se dio en respuesta de la adquisición de una incidencia política lo suficientemente significativa como para empezar a entablar conversaciones con el gobierno del presidente Pastrana, tras el acuerdo del retiro de fuerzas estatales de cinco municipios del sur del país en enero de 1999. 
Por el contrario, el ELN quedó más debilitado por la acción de las fuerzas de los paramilitares contra las guerrillas, lo que se reflejó en los cambios de poder en los territorios históricos de este grupo, principalmente en el nororiente del país, donde fueron desplazados de las zonas planas de las cordilleras y de los cascos urbanos de la subregión norte del Magdalena Medio (Trejos, 2013:195).

3.4 Periodo de Reacomodamiento (2003 en adelante)

La disminución del conflicto armado se dio como consecuencia de la gran arremetida de las fuerzas armadas estatales, conforme a la política de seguridad democrática implementada en la primera administración del entonces presidente Álvaro Uribe (Durán, 2011:7). Esta guerra contra la guerrilla se combinó con la desmovilización de los paramilitares, bajo polémicas negociaciones en el Proceso de Justicia y Paz, permitiendo que el Estado se enfocara en una ofensiva militar, política y jurídica sin precedentes en la historia del conflicto armado colombiano (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013:191).
Esta situación condujo a la generación de un nuevo escenario de guerra en el sur del país, tras el reacomodamiento de la guerrilla en la zona, lo que llevó a la ejecución por parte del Estado del Plan Patriota contra las FARC en el año 2007 (Durán, 2011:6). Tras el fracaso de esta medida, se dio un leve incremento de los ataques de la guerrilla y los combates entre el 2007 y 2008, con un reapunte de acciones unilaterales entre el 2011 y 2012 especialmente en zonas rurales del Caquetá como San Vicente del Caguán, Puerto Rico, el Doncello y Paujil (Vásquez, 2014:30).
Desde la postura de seguridad democrática, Uribe planteó el dilema de la paz o el desarrollo basado en que la seguridad es un pilar estratégico para la viabilidad social, política y económica del país, y por ende, el desarrollo se ve obstaculizado cuando la violencia afecta la confianza de los inversionistas y se pierde la fuente de empleos. Es de resaltar que el auge y fortalecimiento del sector minero, especialmente en el año 2004 donde se reveló un aporte del 7% en el PIB, condujo a que los grupos armados tomaran esta actividad económica como otra fuente de financiación, por lo que se observa una nueva dinámica de conflicto y distribución territorial en zonas del sur de Bolivar, Bajo Cauca Antioqueño, Catatumbo, Chocó, Cauca y Nariño (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013:188).   

4 Impacto del conflicto en el desarrollo de la región amazónica

Existen múltiples teorías para entender las causas del conflicto armado en Colombia a partir de aspectos económicos y políticos. Desde el punto de vista de los factores económicos se encuentra la teoría basada en la codicia, con la cual se destaca los incentivos financieros como fuente de rebelión o como base de intereses particulares de los grupos armados. En este sentido, el conflicto aparece por el resentimiento y la desigualdad para ser posteriormente perpetuado desde la codicia por el acceso a los recursos naturales y financieros (Yaffe, 2011:193).
En el caso de la región Amazónica colombiana, conformada por los actuales departamentos de Amazonas, Caquetá, Vaupés, Vichada y Putumayo, el conflicto armado gira entorno a su importancia como epicentro de cultivos ilícitos, sumado a la inadecuada regulación institucional que afecta social, económica y ambientalmente la región. Bajo estas condiciones, se fue creando un escenario favorable para los actores del conflicto (guerrilla, paramilitares y narcotraficantes) que han desencadenado por décadas una confrontación armada en la zona (Ramírez, 2011:415).

4.1 Cultivos ilícitos, dinámicas migracionales y conción territorial

Inicialmente el narcotráfico en Colombia se basaba en el procesamiento de la pasta de coca, ya que ésta era traída al país desde Iquitos, Perú para ser transformada en cocaína y posteriormente comercializada por los estadounidenses. A finales de los años 70, los narcotraficantes empezaron a sembrar sus propios cultivos de coca en el suroriente colombiano, pues encontraron que estos cultivos podían adaptarse fácilmente a las selvas húmedas y que los indígenas tenían un conocimiento ancestral sobre la siembra de estas plantas (Ramírez, 1998:98).
A partir de esta época los cultivos comerciales se extendieron a lo largo de la vertiente del río Vaupes hasta Miraflores, Guaviare y los cultivos tanto familiares como comerciales se expandieron por las áreas de colonización de la vertiente amazónica, Caquetá y Putumayo. De esta manera, en el Putumayo se establecieron pequeñas parcelas mientras que en el Guaviare y Caquetá se ubicaron cultivos a mediana y gran escala. Para el año de 1990 se habían reportado 23.300 Ha en Miraflores (correspondientes al 13% de la producción mundial), que se incrementaron a 43.000 Ha en 1993, en contraste con las 21.600 Ha en Caquetá y las 7.000 Ha en Putumayo para la misma época (Ramírez, 2001).   
Con la caída de los carteles de Medellín y Cali en los años noventa, la guerrilla empezó a expandirse en la región Amazónica y a tomar control de la producción cocalera, como parte de su estrategia de fortalecimiento en el periodo de estancamiento del conflicto armado. Basado en esta situación, el Gobierno colombiano llamó a estos grupos armados narco-guerrillas para ser tratados como narcotraficantes que perdieron su ideología política revolucionaria, lo que promovió la intensificación del paramilitarismo en el país y la arremetida bélica de las fuerzas estatales en la Amazonía amparada por el Plan Patriota.
El fracaso de los procesos de conversación con los grupos armados en 1997, hizo que la búsqueda de una salida negociada quedara paralizada en el periodo del recrudecimiento. Sin embargo, la dinámica del conflicto con el desarrollo regional en el suroriente del país se trasformó, especialmente en los ámbitos político y social, por la movilización de campesinos cocaleros provenientes de todo el país entre 1996 y 1998 (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013:162).
A esta entrada de colonos a la región se le sumó la migración de población de los resguardos indígenas, especialmente de jóvenes provenientes del bajo Putumayo y Trapecio Amazónico, hacia zonas cocaleras para trabajar como raspachines que colectaban las hojas de coca por un jornal superior al que podían obtener en sus comunidades. En consecuencia, este desplazamiento indígena representó un abandono de los cultivos tradicionales, la ruptura de la apropiación ancestral del territorio y nuevas formas de relaciones interculturales (colonos-indígenas), por la posibilidad de tener un mejor ingreso a corto plazo (Preciado, 2003:115).  
Para contrarrestar el poderío económico de las FARC por el narcotráfico, los paramilitares entraron en el medio y bajo Putumayo para hacer masacres selectivas en los cascos urbanos de los municipios de Puerto Asís, San Miguel y Valle del Guamués entre 1998 y 2002. Esto les permitió sumarse a la cadena de producción de coca en el sur de país e incrementar junto a los grupos guerrilleros las zonas cultivadas a 144.807 Ha en el año 2002 (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013:177).
Esta permanencia de los cultivos de coca en la región ha generado cambios en la configuración territorial, en términos de su distribución geográfica. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC (2013:17), entre los años 2002 y 2012 el Departamento del Amazonas presentó 25.050 km2 de área cultivada (correspondiente al 10% del territorio), de los cuales 450 km2 se encuentran afectados de forma permanente, 13.025 km2 de forma intermitente y 2.850 km2 han sido recientemente afectados. En el Putumayo y Caquetá se encuentran 46.350 km2 de zona cocalera (correspondiente al 18% del territorio), con 10.925 km2 de territorio afectado permanentemente, 21.125 km2 de tierra con afectación intermitente y 1.050  km2 de tierra sembrada recientemente.

4.2 Afectaciones del conflicto armado vistas desde las dimensiones del desarrollo

Las personas que habitan estos territorios con una historia de conflicto y violencia, sufren de los impactos de la guerra que se reflejan con desplazamiento, bajos niveles de educación, poca cobertura en salud y bajo ingreso para subsistir. Estas afectaciones individuales se magnifican cuando se consideran los diferentes grupos sociales, pues la violencia agudiza los problemas de desigualdad, pobreza, aculturización, falta de gobernabilidad e insostenibilidad ambiental (Durán, 2011:18).  De esta manera, se entiende cómo los procesos de desarrollo regional se obstaculizan cuando las consecuencias de estas afectaciones, que se encuentran interrelacionadas, se reflejan en la calidad de vida y crecimiento económico de la región.
4.2.1 Impacto social
Es importante resaltar que la región Amazónica ha sido poblada ancestralmente por indígenas, los cuales representan gran parte de la población local, especialmente en los departamentos del Amazonas y Putumayo donde más del 40% de la población se reconoce indígena. Dentro los resguardos legales, el 11% de los indígenas se encuentran en la Amazonía donde conviven alrededor de 70 grupos étnicos, entre los que se destacan: Tikuna (7.102 habitantes en Amazonas), Coreguaje (2.063 habitantes en Caquetá), Kurripaco (7.118 habitantes en Guainía), Tucano (2.062 habitantes en Guaviare), Inga (13.916 habitantes en Putumayo) y Kubeo (6.222 en Vaupés) (Meisel et al., 2013:36).
La apropiación ancestral del territorio por parte de estas comunidades, ha hecho que se creen tradiciones que se manifiestan en una identidad cultural y agrupan el conocimiento acumulado en el tiempo sobre el uso y manejo de los recursos, su historia y la experimentación con cada especie (Triana-Moreno & García, 2006:159). No obstante, la disminución del modo tradicional de vida indígena y de su lengua, han incidido significativamente en la pérdida del conocimiento tradicional (Garzón, 2014:32) que ha marcado una tendencia a la aculturización en la región por la alteración de los equilibrios sociales de poder, ruptura de costumbres ancestrales y la reconfiguración de la apropiación territorial.
La violencia y el poder ejercido por lo grupos armados ha alterado significativamente la propiedad y el uso de la tierra, pues la guerra no les ha permitido ejercer su autonomía legal y ancestral para realizar sus actividades productivas y el uso social de espacios. Asimismo, se han trastocado los tiempos de caza y pesca y se han afectado los intercambios de provisiones entre comunidades (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013:279). 
Este paulatino proceso de aculturización ha estado marcado también por el desplazamiento, la desaparición forzada y el reclutamiento de personas dentro de la economía de la coca (Ver figura 2). La violencia ha llevado a que esta región tenga la mayor población desplazada de Colombia (principalmente en Putumayo y Caquetá), con un flujo de migración fuertemente marcado en el periodo de recrudecimiento del conflicto entre 1995 y 2005 (Meisel et al., 2013:50).
La dinámica geográfica actual muestra que hay un “desplazamiento interétnico”, pues las comunidades indígenas se desplazan dentro del mismo territorio o a otros resguardos (Pardo, 2005:134); sin embargo, los movimientos masivos se han hecho hacia territorios no indígenas especialmente en cascos urbanos. De acuerdo con datos de ACNUR, entre 1997 y 2011, 106.562 indígenas han sido desplazados de sus territorios, lo que corresponde al 3,4% de la población desplazada interna en el país (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013:278).
Adicionalmente, las problemáticas sociales asociadas con el conflicto se pueden evidenciar con la cobertura de educación más baja de Colombia, donde los peores desempeños se concentran en los departamentos de Amazonas, Putumayo, Caquetá y Vaupés (Cortés & Vargas, 2012:12). La precaria cobertura de salud en la región, ha llevado a que se presentan altas tasas de mortalidad infantil y a que las tasas brutas de mortalidad de los departamentos de la Amazonia sean mayores a 6,7 por mil, cuando el promedio nacional es de 6,1 (Meisel et al., 2013:44).
4.2.2 Impacto político
Esta región ha estado marcada por una escasa presencia estatal y debilidades en las instituciones gubernamentales, con respecto a la dimensión del territorio, lo que ha facilitado la captura del poder local por parte de los grupos al margen de la ley (Cortés & Vargas, 2012:26). De esta manera, la guerrilla y las autodefensas ejercen en sus zonas de influencia las funciones que el Estado no ha podido cumplir.
Bajo un escenario de conflicto, el Estado ha procurado fortalecer políticas de seguridad para la recuperación de la soberanía nacional, más que formular políticas públicas para el desarrollo regional y para mantener la autonomía de los pueblos indígenas desde un reconocimiento de su diversidad cultural (Pardo, 2005:127).
Un análisis de la eficiencia judicial promedio de los departamentos de Colombia entre 2002 y 2010 reveló que la región Amazónica presenta una deficiencia institucional al tener los promedios más bajos del país: Amazonas (0.55), Putumayo (0.40), Guaviare (0.31), Vichada (0.19) y Vaupés (0.19). En este sentido, la relación entre la desigualdad de la tierra y las instituciones es positiva, pues muestra claramente que la falta de gobernabilidad en la región está directamente asociada con mayores niveles de analfabetismo, menores coberturas de la educación media, altas tasas de mortalidad infantil y esperanzas de vida más bajas (Cortés & Vargas, 2012:29).
4.2.3 Impacto económico
El auge de la coca en la Amazonía en las últimas tres décadas, ha tenido un efecto inflacionista dentro de la economía local, lo que ha generado altos niveles de pobreza y desempleo. Con el aumento de los precios sobre los alimentos, las comunidades locales han adquirido gran dependencia a alimentos importados y se ha reducido considerablemente la autosuficiencia alimentaria en la región (González, 2000).
De acuerdo con el Observatorio DESC Amazonía (2007:38) la calidad de vida de los pueblos indígenas calculada en el 2004 por Departamento Administrativo de Planeación Nacional, muestra que en general la región tiene un alto índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (73.59) que responde a la falta de electricidad, médicos, colegios, agua potable y alcantarillado en las áreas rurales. Dentro de esta medición, se destacan los departamentos de Vaupes y Guanía con una índice de 100, Vichada con 89.8, Guaviare con 80 y Amazonas con 73.4.
No obstante, la medición del Índice de Calidad de Vida muestra un valor de 64.34 el cual revela una situación contradictoria, pues a pesar de que la pobreza se agudiza las condiciones de vida mejoran, en parte por el acceso a la educación y la cobertura de salud en algunas áreas urbanas. La movilización de colonos al territorio por el narcotráfico en los años noventa, ha generado un desarrollo en pobreza por el fomento de actividades productivas no rentables, luego de buscar otras alternativas económicas diferentes a los cultivos ilícitos. Esto a su vez ha impactado a las comunidades indígenas que han modificado sus economías tradicionales por modelos introducidos carentes de tecnología, infraestructura y reglas económicas sustentables (Observatorio DESC Amazonía, 2007:40).

4.2.4 Impacto ambiental
El recrudecimiento del conflicto armado en la Amazonía ha sido responsable de un inmenso daño ambiental, pues la guerra ha llevado a una gran parte del territorio fuera de las políticas del Estado y ha generado un proceso de colonización a la periferia de las áreas protegidas (Andrade, 2004:28). Para el año 2008 se encontraron 3.448 hectáreas de coca en Parques Nacionales Naturales, las cuales corresponden al 12.2% del total del territorio con cultivos ilícitos en Colombia (Meisel et al., 2013:95). Lo anterior, es un reflejo de la problemática asociada con la pérdida de la cobertura vegetal en zonas estratégicas por la deforestación de los ecosistemas.
Adicionalmente, el auge de la explotación minera en la época de reacomodación del conflicto, llevó a los grupos armados ubicados en la región a buscar nuevas formas de financiamiento a través de la minería ilegal, especialmente en el Bajo Caquetá, repercutiendo directamente en la sobreexplotación de especies animales para la alimentación de altas concentraciones de personal.
La apertura de fronteras (físicas y comerciales), sumado al intercambio cultural y de costumbres con el mundo occidental, ha conducido a las comunidades indígenas hacia un fenómeno de de-territorialización y de-localización de la cultura (Colajanni, 2005:237). En este sentido, los elementos culturales de los indígenas del Amazonas se han mezclado fuera de su contexto de origen y siguen perdiendo su carácter tradicional, lo que conlleva a desequilibrios ecosistémicos por la sobreexplotación del territorio por poblaciones como los raspachines que se concentran en zonas de frontera agrícola (Meisel et al., 2013:92; Garzón, 2014:132).

5 Alternativas de desarrollo en un proceso postconflicto

Un escenario de postconflicto requiere como primera medida un balance completo de las relaciones entre conflicto armado y ambiente, para prever las posibles situaciones presentadas en el momento que eventualmente cese el conflicto y desaparezcan los cultivos ilícitos en la Amazonía. En muchos casos se ha encontrado que los daños ambientales han sido superiores a los registrados en la época de guerra, a causa de procesos desordenados de apertura de la frontera agrícola bajo políticas deficientes, que desencadenan impactos sociales y económicos en la población local (Meisel et al., 2013:96).
Debido a lo anterior, el desarrollo en la Amazonía debe tener en cuenta una serie de criterios basados en un contexto regional y en la reestructuración institucional hacia una gobernabilidad democrática, que permita establecer políticas eficientes para incorporar la diversidad étnica y biológica de la región en procesos productivos sostenibles. Si se parte de la premisa que “el conflicto en el país tiene desde sus inicios una dimensión ambiental” (Andrade, 2004:28), entonces se deben coordinar políticas agrarias con políticas ambientales para cerrar la puerta a nuevos escenarios de conflicto armando en la región.

5.1 Criterios para un desarrollo regional

Un programa eficiente de desarrollo para la región amazónica debe partir de un primer criterio relacionado con el manejo simultáneo de la transformación productiva y el desarrollo institucional, con el fin de otorgarle un carácter sistémico a la competitividad a esta zona del país. En este sentido, la innovación tecnológica, la construcción de vínculos con mercados dinámicos y las relaciones urbano-rurales, requieren de espacios de concertación entre instituciones y población civil, que permitan el acceso a conocimientos y habilidades para el logro de objetivos compartidos a lo largo de una cadena productiva (Schejtman & Berdegué, 2003:31). Los procesos productivos pueden entonces llegar a ser sostenibles, en la medida que se haga visible su relación directa con el territorio y se reconozca que de éste se adquiere gran parte de las condiciones para su realización (Santos, 1986:25).
Con base en lo anterior, se entiende que una competitividad a largo plazo se sustenta en ventajas competitivas o dinámicas que parten del conocimiento local, por lo que la revalorización de prácticas culturales conlleva a claras ventajas ecológicas y conservacionistas (Bosier, 2001:8). En la medida que las comunidades indígenas revaloricen sus prácticas ecológico-productivas y los saberes tradicionales, es posible preservar su sistema o stock de conocimiento para que se desarrollen nuevas alternativas productivas sostenibles, articuladas a procesos de innovación adecuados para la región (Garzón-Garzón, 2014:20).
Otro criterio clave para el desarrollo se enfoca en la necesidad de convocar los diferentes agentes del territorio, con el propósito de vincular los esfuerzos productivos de la población local con otros agentes económicos y sociales. De esta manera, es posible fortalecer la cadena productiva a través de asociaciones de pequeños y medianos productores para resolver problemas de economías de escala o asociaciones por rubros con una localización geográfica definida, para resolver problemas de infraestructura y servicios (Schejtman & Berdegué, 2003:37).
La superación de la pobreza es un criterio relevante para garantizar la competitividad en la Amazonía, puesto que el impacto, la viabilidad y sustentabilidad de las acciones de desarrollo rural focalizadas en los pobres, son directamente proporcionales al éxito que se tenga en la dimensión de crecimiento regional (Meisel et al., 2013:99). Una posible vía para contrarrestar la pobreza es la protección social que permite desarrollar estrategias para fomentar el autoempleo y el empleo asalariado, partiendo de actividades con ventajas competitivas como el ecoturismo, venta de artesanías y productos a partir de plantas medicinales (Cecchini & Vargas, 2014:122; Garzón-Garzón, 2014:5).

5.2 Gobernabilidad democrática

Una buena gobernabilidad se ve reflejada en la reducción de la pobreza, ya que permite sentar las bases para un crecimiento económico y la mejora del ingreso per cápita de la población. Esta relación de causalidad responde a que la estabilidad política lleva a actuaciones eficientes de las instituciones gubernamentales, basadas en elementos que conducen a la toma de decisión sobre dónde invertir y cómo hacer efectiva la ayuda suministrada (Guzmán, 2003:12).
No obstante, la gobernabilidad en un escenario de desarrollo regional en la Amazonía requiere de un enfoque democrático o participativo, que vincule ideas sobre derechos y empoderamiento de la población local. De acuerdo con Hernández (2006:70), este enfoque se fundamenta en tres tipos de valores: valor intrínseco (la participación social y política forman parte de la idea de desarrollo); valor constructivo (los ciudadanos se involucran en un debate abierto sobre la definición de las necesidades y prioridades sociales) y valor instrumental (los gobernantes responden consecuentemente a las demandas de los ciudadanos, a través de políticas eficientes y eficaces).
Este último valor adquiere mayor relevancia en términos de desarrollo, puesto que las instituciones deben ser más responsables ante las necesidades de los pobres y deben promover la auto-organización de la población, en torno de sus intereses particulares. Asimismo, la participación directa de las comunidades aumenta la capacidad de control sobre las instituciones y genera unas condiciones necesarias para la responsabilización de la administración pública (Fleury, 2005:134).
5.2.1 Formulación de políticas públicas
Las políticas de desarrollo deben apuntar a la creación de condiciones y reglas para la inversión social y económica, así como para la producción y provisión de recursos básicos (educación, salud, vivienda), con el fin de generar una economía formal y legal que eventualmente escude a la Amazonía de una nueva penetración por parte de actores armados ilegales. Dentro de estas políticas, se deben contemplar aquellas encaminadas a la formalización y promoción de mecanismos de mercado, en términos de producción y calidad, para que se garantice la demanda estable de los productos y de ingresos tanto para los productores como para los trabajadores (Leiteritz et al., 2009:223).
Actualmente el Gobierno colombiano ha formulado políticas públicas que reconocen la innovación como una locomotora de crecimiento. En el caso de esta región, la innovación debe ir dirigida a dos polos: zonas intervenidas y zonas conservadas. Por una parte, la tecnología en el área agrícola debe ir orientada al fortalecimiento de la reconversión de cultivos en zonas afectadas por intervención antrópica. Por otra parte, el uso sostenible de los productos de bosques aún conservados, debe ir de la mano con la comprensión y la aplicación de los saberes tradicionales, así como con la vinculación de estudios de biotecnología y bioprospección (CEPAL, 2013:57). 
Lo anterior debe sustentarse en la configuración de una identidad local y de su población, para reestablecer las relaciones intrínsecas de la comunidad con su medio natural y social (Hevia, 2003:23). Por esta razón, es fundamental fortalecer las políticas implementadas sobre legislación indígena, la cual está configurada jurídicamente a través de las Entidades Indígenas Territoriales (ETIS), y sobre procesos de etnoeducación, para consolidación del conocimiento tradicional en las escuelas.
También se debe revalorizar la política de consolidación territorial formulada en el 2012, la cual se encuentra enfocada en el fortalecimiento de actividades de las instituciones gubernamentales, para el ejercicio de los derechos fundamentales de los habitantes que se están ubicados en los territorios afectados por el conflicto  armado (UNODC, 2013:70).

5.3 Gobernanza

Un proceso de desarrollo regional en la Amazonía en un escenario de postconflicto requiere de una definición de estrategias, actores sociales e instrumentos que conlleven al fortalecimiento de las instituciones (González, 2005:25). En este sentido, las decisiones políticas deben estar fundamentadas en el reconocimiento de la pluralidad de actores implicados en la acción de gobernar y de las diversas interacciones que se presentan entre Estado, empresa y sociedad civil (Revesz, 2009:37). La gobernanza al abarcar estos elementos, se convierte en un medio para superar la actual crisis de gestión en la administración pública de esta región, siempre y cuando, se tengan en cuenta ciertos factores que influyen en la transformación funcional de la misma.
Según Uvalle-Berrones (2012:120), algunos de estos factores corresponden a: vigor de lo público (empoderamiento e intervención de grupos de la sociedad en las cuestiones públicas), los procesos de corresponsabilidad (inclusión de grupos y redes en la atención de problemas colectivos), el control de los resultados (las tareas gubernamentales deben ser objeto de procesos de implementación puntuales y efectivos), la rendición de cuentas (asumir una responsabilidad política bajo controles democráticos) y la evaluación pública (determinar el avance de las instituciones administrativas en el contexto de las políticas públicas).
La importancia de la gobernanza en el desarrollo radica especialmente en su carácter como eje articulador de la cohesión territorial y la cohesión social para generar acciones colectivas (Navarro, 2009:92). De esta manera, el reconocimiento de lo “propio” es el purnto de partida para construir una visión multidimensional del territorio y orientar la gestión pública hacia el crecimiento económico, la redefinición de estructuras administrativas, la reformulación de políticas públicas y la gestión empresarial (Natera, 2005:59; Revesz, 2009:41).
El reto para reconstruir la gobernanza, dentro de un marco de desarrollo regional, radica en que tanto el gobierno como las administraciones locales se interesen en promover procesos de acción conjunta. Éstas pueden estar inmersas en procesos de cooperación vertical (con entidades privadas o cívicas), en procesos de cooperación horizontal o en ambos sentidos, lo que conlleva a procesos de carácter multi–nivel (Navarro, 2009:93).

6 Conclusiones

La conceptualización del desarrollo ha sido una cuestión altamente permeada por posturas de tipo económico a lo largo de la historia, las cuales se enmarcan dentro elementos de productividad y renta per cápita. Sin embargo, dichos enfoques han hecho que en el desarrollo no se contemple la forma de redistribución de los ingresos en la población, lo que dejó en un segundo plano los temas relacionados con la problemática de desigualdad.
Una visión del desarrollo como un concepto multidisciplinar, ha permitido que desde el siglo XX se adopte el crecimiento económico y la calidad de vida como aspectos determinantes de su carácter, que parte de dimensiones enfocadas en el ámbito social, político, ambiental y económico. Estas dimensiones se articulan con los conceptos de apropiación territorial e identidad cultural, para darle forma a procesos de desarrollo regional. 
Por otro lado, el análisis de la evolución reciente del conflicto armado mostró que las políticas impuestas por los gobiernos de turno han incidido directamente en la configuración y actuación de los grupos al margen de la ley como las FARC, el ELN y las AUC. Lo anterior ha contribuido para que éstos delimiten sus prácticas de dominio, poder y apropiación de áreas geográficas específicas, dando origen a espacios físicos de concentración de capital y relaciones conflictivas.
El periodo de estancamiento fue un punto clave para los procesos de expansión de los grupos armados hacia áreas marginales y menos pobladas, para convertirlas en su centro de actividades operativas y económicas. De esta manera, el suroriente del país se transformó en una fuente de financiamiento mediante cultivos ilícitos, que le permitieron a estos grupos aumentar su pie de fuerza y su actividad bélica en el periodo de recrudecimiento entre 1996 y 2002, lo que repercutió negativamente en la población local.
La situación de la Amazonía en este escenario de conflicto se reflejó en cambios en las dinámicas poblaciones y la configuración territorial, los cuales giraron en torno a la masificación de los cultivos de coca en la región. Esto generó la llegada de colonos a zonas cocaleras y el desplazamiento de indígenas desde sus resguardos para trabajar principalmente como raspachines. Por consiguiente, se dio como resultado un cambio en la densidad demográfica dentro de la región y una ruptura de la apropiación ancestral del territorio.
Las poblaciones locales, en especial las comunidades indígenas, han sido blanco constante de ataques debido a las debilidades en las instituciones gubernamentales y a las acciones armadas entre fuerzas estatales y grupos insurgentes. Esto ha repercutido directamente en los altos niveles de pobreza, baja cobertura de educación y salud, altas tasa de mortalidad y en los altos niveles de desplazamiento forzado, dentro y fuera del territorio Amazónico.
Para superar estas afectaciones de tipo social, político, económico y ambiental en una etapa de postconflicto, es necesario establecer criterios de desarrollo local basados en el manejo simultáneo de la transformación productiva y el desarrollo institucional; la vinculación de los esfuerzos productivos de la población local con otros agentes económicos y sociales; y la superación de la pobreza por medio de estrategias de protección social.
De igual forma, se requiere de la instauración de una gobernabilidad democrática y gobernanza encaminadas a restituir los derechos y el empoderamiento de la población local, bajo la revalorización de políticas de consolidación territorial y la formulación de políticas públicas, asociadas al uso sostenible de los recursos y el rescate del conocimiento tradicional. Con base en estas medidas es posible que en la Amazonía se pueda “reconstruir estructuras obsoletas, renovar recursos agotados, recuperar instituciones vencidas, revitalizar habilidades y reconstruir conocimientos inadecuados” (Bosier, 2001:4)

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Recibido: Enero 2015 Aceptado: Febrero 2015 Publicado: Febrero 2015


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