Contribuciones a las Ciencias Sociales
Diciembre 2009

 

APUNTES PARA UN ESTUDIO ESTÉTICO DE LAS VIVIENDAS DE INICIATIVA ESTATAL FRANQUISTA EN LAS MINERÍA LEONESA DEL CARBÓN


Ignacio Casado Galván (CV)
dphicg@yahoo.es

 


 

Resumen: En España la intervención estatal en el problema de la vivienda ha sido escasa y muy tardía, estando en manos de asociaciones benéficas, al menos hasta 1911 cuando se produjo la primera intervención legislativa con la promulgación de la Ley de Casas Baratas. Las clases bajas ocupaban los peores espacios de las casas de vecinos, los corrales, o serán desplazados de la ciudad conformando arrabales, formados por chabolas e infraviviendas que darán lugar al barraquismo, fenómeno que ha permanecido enquistado hasta nuestros días. En la postguerra, en el marco de las secuelas que la Guerra Civil dejó en la población española, y en concreto en la pérdida de hogar de numerosas familias, el naciente Estado franquista elaboró una serie de políticas para la reconstrucción de las ciudades y la construcción de nuevas viviendas.

El hábitat minero de la provincia de León se va a convertir en objeto de la intervención del Estado franquista ante el problema que la escasez y penosa condición de la vivienda suponía para el reclutamiento de mineros imprescindibles para el aumento de producción de carbón vital para la economía del país en el régimen autárquico. Sobre todo a partir de 1950 se produce una una intervención específica del Estado a través del INV y que, posteriormente, a partir del Segundo Plan de Desarrollo se va a plasmar en un específico Plan de Mejora del Hábitat Minero, aunque éste se centró exclusivamente en la zona hullera, sin incidir en la antracitera, ni en la del hierro.

Palabras clave: Dirección General de Regiones Devastadas, Instituto Nacional de la Vivienda, Obra Sindical del Hogar, Ministerio de la Vivienda
 



Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:
Casado Galván, I.: Apuntes para un estudio estético de las viviendas de iniciativa estatal franquista en las minería leonesa del carbón, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, diciembre 2009, www.eumed.net/rev/cccss/06/icg25.htm



En España la intervención estatal en el problema de la vivienda ha sido escasa y muy tardía (Hernando, 1989). La primera intervención legislativa no se produce hasta 1911 con la promulgación de la Ley de Casas Baratas, por lo que las asociaciones benéficas seguirán supliendo durante mucho tiempo “la labor de un Estado que se desentendió de un problema que amenazaba fuertemente su propia estabilidad”, pero cuyo fracaso fue total, la más importante de todas fue la Constructora Benéfica y solo había logrado construir 86 viviendas en 1890.

Uno de los proyectos más interesante fue el de la Ciudad Lineal de Madrid que no lograría rematarse, y eso que no se planteó como una entidad caritativa, ni estaba limitada a las clases menos favorecidas. La clase baja “continuará ocupando los peores espacios de las casas de vecinos, los corrales, por ejemplo de secular tradición, que continuarán construyéndose; o en el peor de los casos serán desplazados de la ciudad conformando arrabales, formados por chabolas e infraviviendas que darán lugar al barraquismo, fenómeno que ha permanecido enquistado hasta nuestros días” (Hernando, 1989, 379).

En la posguerra, en el marco de las secuelas que la Guerra Civil dejó en la población española, y en concreto en la pérdida de hogar de numerosas familias, el naciente Estado franquista elaboró una serie de políticas para la reconstrucción de las ciudades y la construcción de nuevas viviendas. Serán varias instituciones, creadas para tal fin, la Dirección General de Regiones Devastadas (D.G.R.D.), el Instituto Nacional de la Vivienda (I.N.V) y la Obra Sindical del Hogar (O.S.H.) las encargadas de construir las nuevas viviendas junto a otros como Patronatos de Casas Militares o municipales, pero su importancia queda bastante relativizada si tenemos en cuenta que la media de viviendas construidas en España de 1939 a 1954 apanas sobrepasó las 2.500 viviendas por año (Mingo Pinacho, 1999).

La Ley de abril de 1939 de vivienda protegida ofreció ventajas y beneficios para quienes edificaran viviendas higiénicas de renta reducida (que se denominarían “viviendas protegidas” ), creando para ello el citado Instituto Nacional de la Vivienda (INV), que venía a unirse a la institución, creada poco antes por la Secretaría General del Movimiento, llamada primero Obra Nacional del Hogar y poco después Obra Sindical del Hogar y Arquitectura. Diferenciando entre promover y construir viviendas, protegerlas, conservarlas y administrarlas, lo que dio lugar a una paradoja ya que el Director General del INV era a su vez, el Jefe de la Obra Sindical del Hogar, pero el INV dependía del Ministerio de Trabajo mientras que OSH se encuadraba en la Secretaría General del Movimiento y en la Delegación de Sindicatos.

Pero esta Ley de “viviendas protegidas” de 1939 tuvo poca influencia en la situación de la vivienda, puesto que ni la OSH, ni el INV disponían de recursos económicos y era muy difícil acceder a materiales de construcción. Fue poco más que mero voluntarismo frente a una situación muy precaria, lo que unido a la falta de coordinación con el sector privado (ya que no había límite para los precios de las viviendas y surgió un mercado ilegal) hizo que la promoción de viviendas protegidas se estancase y se retrayeran los medios financieros para la construcción de éstas. La política de vivienda del INV resultó poco eficaz ya que no era un banco, porque no prestaba dinero, pero tampoco era un empresario, porque solo tenía la capacidad de sustituir a la iniciativa privada cuando fuera preciso.

De hecho la gran aportación del INV, en un momento de escasez de materiales, fue el Concurso para Viviendas Rurales que buscaba soluciones para diferentes comarcas y regiones naturales, que dio como resultado varios tipos de vivienda rural (pequeña vivienda con huerto) según regiones, entre ellas dos tipos para León: uno para la montaña y otro para el llano, en las que no solo se retomó el modelo de la arquitectura popular sino que, tras analizar puertas, ventanas y carpinterías... se propusieron elementos constructivos como prototipos que luego se estandarizaron.

Entre 1939 y 1943 apenas hubo actividad en la construcción/reconstrucción de viviendas, ese último año se elabora el ambicioso Plan Nacional de la Vivienda para el Decenio 1944-54 que se proponía construir casi millón y medio de viviendas, pero que “en realidad solo alcanzó a construir, en toda España, la cifra de 16.000 viviendas” (Sambricio, 1999, 21), por lo que se puede considerar que fue solo “una guía o instrucción de interés para el propio INV, carente en consecuencia de fuerza vinculante” (Villar Ezcurra, 1981,185-198).

Este fracaso se enmarca en su mal planteamiento, pues aunque ya se plantea el problema más allá de la arquitectura, concibiendo el sector de la construcción como motor para incentivar la industria, se va a impulsar sobre todo la construcción de viviendas para el mercado de alquiler para clases medias al abrir paralelamente un frente complementario de las denominadas viviendas “bonificables” .

En resumen “entre 1939 y 1948 la política de vivienda desarrollado consistió, en una primera fase, en retomar el debate sobre la arquitectura popular esbozado antes de la guerra: no hubo una política de construcción de nuevos núcleos y la preocupación fundamental fue eliminar posibles focos de miseria. En 1944 la propuesta de establecer un plan nacional de Vivienda fracasó cuando el privado optó por centrar su atención en la construcción de viviendas para alquiler de las clases medias (Sambricio, 1999, 26).

La intervención estatal en la inmediata posguerra en el hábitat minero de la provincia de León viene definido desde esta perspectiva , de investigación de la vivienda rural tradicional, en particular del referido tipo definido para la montaña leonesa, ámbito donde se sitúan las cuencas mineras de la provincia. Y es que como afirma Carlos Sambricio “la reconstrucción de la España destruida no se planteó en la inmediata posguerra, desde la voluntad de reedificar las viviendas de quienes las habían perdido sino que fue reconstrucción de riqueza, reconstrucción, por lo tanto, de una economía basada en la agricultura” (Sambricio, 1999, 13). Por eso en un momento de ruina económica, Regiones Devastadas asumió la edificación de los núcleos rurales (hubiesen quedado o no destruidos).

Y aunque el espacio minero de la provincia de León debido a su gran dispersión presenta una importante presencia de lo rural, con muchos núcleos dominantemente agrarios o mixtos, sus necesidades habitacionales eran muy superiores y lo serían cada vez más a partir de ese momento, cuando merced a la autarquía y la consideración del carbón nacional como sector estratégico se produce un fuerte desarrollo de la minería leonesa.

La situación del hábitat minero leonés fue, por tanto, agravándose en la posguerra con la llegada de nuevos trabajadores a las minas, lo que continuó en la década de los cincuenta, presentando una grave falta de viviendas, inexistencia de infraestructura y dotaciones y deficiente urbanismo, haciéndola insostenible.

Al terminar la década de los cuarenta se produce un cambio, cuando los arquitectos de OSH y INV asumieron el debate de la reconstrucción, que se estaba planteando a escala europea: a partir de ese momento se entiende que para resolver el problema del déficit de vivienda existente era necesario aplicar la experiencia extranjera, diferenciar la problemática de las viviendas de clase media y definir unos modelos de vivienda mínimos , lo que suponía retomar l debate racionalista esbozado en los años anteriores a la guerra.

Así las revistas profesionales abrirán sus páginas a los modelos de viviendas sociales que Alemania, Holanda, Inglaterra, Bélgica o los Países Bajos proponían como alternativa . O, por ejemplo, en 1949 se celebra la V Asamblea Nacional de Arquitectos, para conmemorar el décimo aniversario del Gobierno franquista en el que al margen de las evidentes muestras de satisfacción de los reunidos, se plantearon temas relacionados con la política de vivienda” entre ellos el de la prefabricación (aunque, en general, “ante el temor de que pudiese fomentar el paro existente”, se optaba solo por la normalización y un sistema mixto), y el de, retomando la reflexión anterior a la guerra, definir la planta de las viviendas sobre la base de programas racionales, definiendo unos tipos de vivienda en función de los materiales y del costo.

Ese mismo año el Instituto Eduardo Torroja convocó un concurso de arquitectura para obtener un prototipo de vivienda prefabricada que pudiese producirse en serie hasta lograr la cifra de 50.000 al año, buscaba incentivar la prefabricación en la construccíón para solucionar el déficit de viviendas económicas y su intención no era tanto buscar una solución en planta como abrir el horizonte de una posible industrialización de la construcción” . Pero no tuvo una incidencia real: “conviene no olvidar que frente a quienes defendían la prefabricación , la actitud del Régimen era clara: en un país con abundante mano de obra no cualificada y barata, prefabricar suponía aumentar el paro y, en consecuencia, agravar los serios problemas sociales existentes..

El debate se plantea también en concursos como el convocado por el Colegio de Arquitectos de Barcelona par reflexionar sobre la vivienda de alquiler en el Ensanche y que pretendía incentivar la construcción de viviendas para la clase media y en el cual se produce una propuesta de recuperación del GATCPAC y también otra de aumentar la construcción de viviendas a 60.000 al año y con un alto porcentaje dedicadas a los trabajadores y a los “económicamente débiles” .

También el Colegio de Arquitectos de Madrid convoca en 1949 un Concurso de propuestas para viviendas de renta reducida en el que participa Fisac con una propuesta muy novedosa respecto con las construcciones del INV. Fisac considera necesario abandonar las referencias a la arquitectura folclorista, rechazando “el falso tradicionalismo español [que] tenía tantos deseos de grandilocuencia como cualquier otro” y optando por una arquitectura moderna , valorando la la arquitectura desde criterios de funcionalidad, dando gran importancia a la organización y a la circulación. Define un espacio mínimo de vivienda (de 37,6 m2) para una familia tipo , con una organización en planta basada en los sistemas constructivos , y en bloques de tres plantas según el modelo sueco de bloque lineales, soluciones retranqueadas y normalización de los elementos constructivos.

“Su postura abría el debate el debate en numerosos frentes: cuestionaba en primer lugar la idea de los poblados [...] y apuntaba la necesidad de sustituir los modelos propuestos por el INV (viviendas agrícolas [...]) por viviendas urbanas, organizando bloques abiertos en tres alturas –según el modelo nórdico que definiesen una nueva imagen de ciiudad; estructuralemen [...] rechazaba la prefabricación y reclamaba un sistema tradicional constructivo que era utilizado en esos mismos momentios por la nación más rica. Y analizando la idea de vivienda mínima, su propuesta se ajustaba a lo que Gropius o Ridolfi habían definido como viviendas ampliables, idea expuesta en Berlín como pradigma de una normativa alemana que estudiaba como definir viviendas con una superficie menor de 52 m2” (Sambricio, 35).

Todas las propuestas arquitectónicas defendidas a comienzos de 1950 muestran la voluntad de modificar el tipo de viviendas antes utilizado, se pretende un nuevo paradigma arquitectónico basado en un tipo de espacio interior coherente con la arquitectura estadounidense que rompiese con los modelos propuestos desde la reconstrucción oficial. Se trata de proponer una alternativa de vida, tomando como modelo el bloque abierto en altura, rompiendo con un folclorismo mal entendido, en suma una nueva forma de entender y valorar el espacio. Como afirmaba F.J.Barba no tenemos derecho a seguir encajonando nuestras familias... ha llegado el momento... de acabar con la manzana cerrada, el patio cerrado y las profundas casas entre medianeras. Ha llegado el momento de la verdadera arquitectura humana.

En 1949-50 se celebraron en Alemania varias exposiciones sobre la reconstrucción que van a influir a los arquitectos del INV y de la OSH, tanto en los repertorios de plantas de vivienas, como en los criterios de financiación de las obras sociales: “frente al sueño de una arquitectura próxima a la Unidad de Marsella, el ejemplo alemám mostraba una forma distinta de afrontar la necesidad y más próxima a la realidad española. Se proponían viviendas de doble altura, esquemáticas en su construcción y edificadas con materiales de fácil obtención. [...] La experiencia de Hannover mostró que el problema de la falta de vivienda debía resolverse desde la arquitectura” (Sambricio, 1999, 37-38).

Por primera vez tras la guerra civil, los arquitectos españoles abandonan la referencia a lo vernáculo o a la arquitectura monumental y, con la presencia de arquitectos como Aalto, Nervi, Ponti, Sartoris o Lucio Costa, se abren las puertas al nuevo debate arquitectónico donde se discuten los modelos propuestos en Holanda, Italia o Alemania al tiempo que se estudia la gestión, se polemiza sobre si conviene o no seguir componiendo con bloques cerrados, o si por el contrario es preferible recurrir a bloques abiertos capaces de ajustarse a las curvas de nivel. Y es en este sentido como se difunden las primeras referencias tanto a la obra de neutra en California, los proyectos de Costa o Niemeyer en Brasilia o las propuestas de Le Corbusier.

El debate arquitectónico de esos años se va a materializar en España en dos alternativas asumibles para la arquitectura española: quienes como Fisac buscaba nuevas referencias dirigieron sus miradas a la experiencia suramericana y el INV o la OSH que lo hicieron hacia la experiencia alemana. Pero por cuestiones de tipo económico había numerosas obras paralizadas, por la reducción de los créditos a la construcción: “en un momento en que la iniciativa oficial de construcción de viviendas solo se centraba en la reflexión sobre las propuestas vistas en Alemania o América, el sector privado se limitaba, en el mejor de los casos, , a terminar las obras iniciadas mientras que las obras de infraestructura mantenían, languideciente, el sector” (Sambricio, 1999, 40).

En torno a 1953 se hace evidente la necesidad de establecer un nuevo régimen sobre la vivienda obrera y se plantea cual debe ser la intervención de los poderes públicos, considerándose fundamental el papel del Estado pero considerando que las viviendas deben ser construidas por particulares . Superadas algunas de las necesidades existentes en momentos anteriores, se hacía imprescindible tanto modificar la legislación como centralizar en un único órgano la política sobre vivienda económica. Por ello el 15 de julio de 1954 se publicó la Ley de viviendas de Renta Limitada que asignó al INV un nuevo protagonismo, su función va a ser a partir de ahora: “orientar socialmente la construcción de viviendas; dirigir técnicamente; proteger económicamente; atraer y fomentar la iniciativa privada, y, por último establecer concursos entre empresas constructoras españolas, con carácter experimental... para adjudicar entre las seleccionadas la construcción de un determinado número de viviendas”.

Si entre 1939 y 1954 la labor del INV no había sido satisfactoria fue por la escasez de materiales de construcción, pero también por la limitación de recursos financieros, ahora “en un momento en que la tarea del Estado era aproximar los precios del mercado a los de la libre competencia, [...] se vio la necesidad que era necesario poder garantizar el suministro de materiales , conservar la facultad de la expropiación forzosa de los terrenos [...] y reducir los costes: y que en estas circunstancias era posible ofertar en concurso a inmobiliarios privados la construcción de viviendas protegidas” (Sambricio, 1999, 47).

La nueva ley que diferenciaba claramente entre una vivienda de Protección Oficial y las del mercado libre, englobaba todas las tipologías de viviendas, al tiempo que limitaba los precios de venta y alquileres: Viviendas de Renta Limitada serían aquellas construidas con arreglo a proyecto o anteproyecto aprobado por el INV, diferenciándose las que en su construcción no se solicitaba auxilio económico directo del estado y aquellas otras que sí, en cuyo caso se establecían tres categorías.

Plantea dos tipos de vivienda, denominados “reducida” (con superficie comprendida entre 60 m2 y 100 m2 y costo aproximado de 1.000 pesetas m2) y “mínima” (con superficie entre 35 y 58 m2 y costo de 800 pesetas m2); que venían a sumarse a la llamada “vivienda de tipo social” que el INV había planteado ya en junio de ese mismo año para resolver el problema de las clases económicas más débiles, cuya superficie máxima no debía exceder de 42 m2 (copn tres dormitorios, cocina-comedor-estancia y aseo) no superando su costo total las 25.000 pesetas. Se definió el denominado “Primer Plan Siondical de Vivienda Francisco Franco” que programaba la construcciónm de 10.000 viviendas “de tipo social” anuales al tiempo que establecía la necesidad de construir otras 20.000 también anuales “mínima” y “reducida”, mediante peticiones que debían ser sellcionadas por el INV, dando preferencia a las tramitadas por la Obra Sindical del Hogar.

En el Reglamento de la Ley de Vivienda de Renta Limitada publicado al año siguiente se establecen las normas que debían seguir esas construcciones: “se prohibía edificar este tipo de viviendas en zonas urbanas artísticas; recomendaba disponer los bloques siguiendo las curvas de nivel; sugería, para evitar composiciones monótonas, retranqueo de las fachadas; prohibía las construcciones pretenciosas, refiriéndose tanto a composiciones modernas como aquellas otras de tipo regional y, por último, especificaba como no debían proyectarse grupos de menos de 25 viviendas. [...] Se introducían conceptos tales como normalización de los elementos constructivos, plantas tipo, superficies o costos. Se debatía no solo la integración de las viviendas en el medio sino que se obligaba a que estas formaran bloques abiertos, prohibiendo los patios y buscando con movimientos mínimos que los bloques se ajustaran a las curvas de nivel. Se planteaba la necesidad de modificar las construcciones en dos plantas abriendo la posibilidad (caso que fuese viable) a edificaciones en altura.

La OSH convoca un concurso de vivienda que se convirtió en pauta de la nueva forma de entender la vivienda, definiéndose el mobiliario y una nueva racionalidad en las distribuciones en las nuevas viviendas de renta limitada que refleja una forma distinta de valorar el espacio, “un nuevo arte de vivir” .

Se esbozó una política de creación de nuevos núcleos de población conocida como la Política de los Poblados que define cuatro tipos: “poblados dirigidos”, “de absorción”, “mínimos” y “agrícolas”, con la intención de intentar solucionar el chabolismo y la escasez de viviendas de las grandes ciudades y fundamentalmente, en un primer momento, de Madrid .

“Aparecían distintos tipos de vivienda (no solo con mayor o menor superficie, sino con distinto programa) según el futuro ocupante perteneciera a una categoría económica u otra. Se prohibía taxativamente que las viviendas de tipo social [para las que se señaló una superficie media de 42 m2] pudieran edificarse dentro del casco urbano; se recomendaba disponer los bloques siguiendo las curvas de nivel; se sugería recurrir, en la composición a retranqueos de fachada, buscando evitar monotonías; se prohibían gestos de modernidad, del mismo modo que se condenaba el empleo de referencias regionalistas y se establecía por último, que en ningún caso debía buscarse la edificación de grupos de menos de 25 viviendas. La ciudad se señalaba debía dejar de ser un ente abstracto situado en determinado lugar geográfico para irradiar, buscando integrarse en el campo que la circundaba. [...] Ajenos a la imagen pintoresquista que durante años caracterizara a la arquitectura española, poco a poco estas nuevas viviendas, más económicas, se apartaron de los modelos definidos por la OSH o el INV debido, fundamentalmente, a su alto costo (¡)” (Sambricio1999, 49).

Los “Poblados dirigidos” se concibieron para emigrantes que llegaban a la ciudad carentes de alojamiento, que si querían vivir en uno de ellos debían aceptar estar lejos del centro, asumir la vivienda asignada como domicilio permanente que no podría alquilar, vender o ceder. El Estado facilitaba los terrenos urbanizados, la dirección técnica, los materiales de construcción (escasos esos años), anticipos sin intereses y la opción de una bonificación tributaria; el ocupante debía pagar el terreno y los honorarios del proyecto y una pequeña parte de los materiales y si aportaba su trabajo personal a la construcción de la vivienda solo debía pagar el terreno y los gastos generales. Generalmente se organizaron en edificios de una o dos alturas .

Frente a los “poblados dirigidos” donde el acceso a la vivienda era en propiedad, en los “poblados de “absorción”, “mínimos o “agrícolas” las viviendas se adjudicaban en régimen de alquiler a los chabolista. Se trataba ahora de dar solución a los chabolistas que habitaban en los suburbios en cuevas, chozas o chabolas, para lo que se define el denominado poblado de “absorción” caracterizado por estar configurado por viviendas de “tipo social” de 42 m2. Hubo poblados de este tipo que por necesidad tuvieron que acentuar su carácter provisional con viviendas mínimas, de ahí que tomaran el nombre de poblado “mínimos”. En otros se buscó que la población de origen rural conservara alguna de sus actividades agrícolas, compaginándolas con su empleo en la ciudad: esta viviendas disponían en su programa de una cuadra donde cabía un carro y una caballeriza, de un pequeño patio que servía de corral y aunque en un principio fueron objetivo de los traperos que utilizaban la cuadra pronto esta se transformó en una habitación más de la vivienda.

Nacía así una respuesta arquitectónica que llevó la economía de la fábrica al límite y buscó la funcionalidad no desde las consideraciones formales o estéticas sino desde la necesidad .[...] Ante el alto costo de los materiales de construcción se abandona la reflexión alemana esbozada en 1951 y, retomando los modelos definidos por Lucio Costa, las propuestas optaban por viviendas con una o dos alturas que asumían el concepto de casa patio esbozado en los proyectos sudamericanos.

El julio de 1955 entra en vigor un Plan Nacional de Vivienda (siguiendo lo dispuesto en la Ley del 54) para construir en los siguientes cinco años, 550.000 viviendas de renta limitada, aprobándose a los pocos días las Ordenanzas Técnicas y las Normas Constructivas para la construcción de las “viviendas de renta limitada”.

El Plan que “se formuló tras analizar el déficit cuantitativo de viviendas y estudiar las tendencias demográficas, los ingresos periódicos y “status” de los posibles locatarios; la necesaria sustitución normal de las viviendas; la calidad y condiciones técnicas y urbanísticas de las viviendas; las necesidades de factores de producción; la cuantía y distribución de las ayudas y, por último, la repercusión del plan en la economía nacional” diferenciaba diferentes actitudes para quienes no solicitasen ayuda del Estado (se calculó serían 100.000 viviendas), a quien solicitase solo auxilio parcial (y entre estos se establecían cuatro categorías, calculando un total de 375.000 viviendas) y para quienes dependiesen por completo de la ayuda del Estado (para ellos se presupuestaron 50.000 viviendas de “tipo social”) al tiempo que se asignaban al INC 25.000 viviendas rurales.

Particularmente nos interesa señalar que para ayudar al desarrollo efectivo del Plan por Decreto de 1 de julio de 1955 se obligó a todas la empresas con un censo laboral superior a los cincuenta obreros o empleados a construir, en el plazo de cinco años, un número de viviendas de renta limitada equivalente al 20% de su plantilla.

A pesar de lo ambicioso del plan, lo realmente construido fue bastante poco, porque no estaba coordinado con la política económica del país con lo que se produjo un estrangulamiento de los productos básicos para la construcción; tampoco estaba coordinado con los planes de ordenación urbana; y, sobre todo, se primó la construcción de las viviendas de primera categoría financiadas, incluso, con el ahorro voluntario o forzoso de las clases modestas .

El Reglamento de la Ley de 1955 introducía la posibilidad de convocar –con carácter excepcional- concursos para empresas constructoras españolas para adjudicar la construcción de un determinado número de viviendas para ensayo y práctica de los sistemas edificatorios, organización del trabajo y aprovechamiento, por lo que en 1956 el Ministerio de Trabajo a través del INV convocó un Concurso de Vivienda Experimental con la intención de normalizar elementos prefabricados para forjados, encofrados tabiquería, peldaños, carpintería solados, tabiques de instalación, nuevos modelos sanitarios, griferías... planteando estudiar y comparar técnicas constructivas sobre la base de un mismo proyecto. A partir de una planta tipo dada para dos tipos de bloque y unas superficies fijas, el punto a valorar debía ser la construcción de la vivienda, planteando ésta desde su posible industrialización, se pretendía obtener prototipos y seleccionar de ellos los que mejor se ajustaran a los proyectos del INV para realizar encargos de 200, 500 o 1.000 viviendas , por lo que el concurso fue en realidad una adjudicación de obra.

La convocatoria no especificaba nada sobre la ordenación de los bloques y la elección del punto donde construir, solo que se pretendía que los bloques presentaran solucione flexibles y sencillas y se propueso proporcionar ventilación transversal a las viviendas y agurparlas para rentabilizar la parcela. Si que imponía presentar dos soluciones de viviendas agrupables: uno multifamiliar (tipo A) y otro unifamiliar (tipo B). El tipo A eran bloques de 24 viviendas en 4 plantas, el 80% de ellas con tres dormitorios de dos camas, una estancia mínima de 18 m2 , una cocina mínima de 6 m2, aseo, duchas, despensas y armario y la superficie total no debía exceder los 80 m2. El tipo B correspondía a viviendas unifamiliares de dos plantas que debían agruparse buscando la rentabilidad de la parcela, discutiéndose la posibilidad de integrar pequeños huertos que facilitasen la supervivencia de los habitantes. A su vez el concurso establecía tres condiciones en la distribución en planta de las viviendas: la necesidad de evitar el paso forzoso de por la estancia principal para ir a los dormitorios; separar el acceso a la circulación del comedor al resto de la casa y dotar a la vivienda de tendedero o lavadero.

El desarrollo de las plantas se basaba en criterios económicos de rápida construcción y realización de los trabajos sin mano de obra especializada. Por lo que a pesar de que las bases imponían criterios de prefabricación la mayoría de los equipos optaron por utilizar muros de carga de ladrillo y forjado de viguetas, con luces en torno a los 4 metros, productos abundantes en el mercado y baratos. La misma preocupación por el suministro de materiales hizo que los concursantes agruparan las instalaciones sanitarias reduciéndolas al mínimo, utilizando una bajante para cada dos viviendas.

Si el objetivo del INV era aprovechar las modernas técnicas constructivas en la construcción de viviendas de renta baja “la idea del concurso quedó, pues, desvirtuada , no consiguiéndose el abaratamiento de los costes y la facilidad constructiva que propugnaba el Instituto al convocar el Concurso” (Sambricio, 1999, 55).

Los proyectos ganadores mostraban una voluntad por simplificar las fases de la obra y definir los elementos prefabricados y reflexionaban sobre la rapidez de montaje realizado por una mano de obra no especializada. Se buscó modular en planta y altura todos los elementos constructivos (intentando evitar una excesiva rigidez), separando las funciones de soporte de las de cerramiento y concibiéndose –en la mayor parte de los casos- la estructura como muro de carga; lo que facilitó una mayor libertad para la apertura de huecos y los huecos rasgados o corridos convertían la construcción del paramento en una alternancia simple entre macizo y hueco, confiriendo en mucho casos un carácter de modernidad y abstracción; lo que posibilitaba también agrupar los bloques de servicio (cocinas y aseos), buscando un ahorro en las canalizaciones de las aguas.

Sin embargo “los estándares esbozados (que no definidos) eran limitados en sus aspiraciones y quienes aportaron soluciones lo que hicieron fue más modular un proyecto que trazarlo desde la idea de la normalización en la construcción. La mayor parte de los concursantes respondieron desde el oficio, desde el saber hacer.

En 1957 se creó el Ministerio de la Vivienda del que pasó a formar parte el INV lo que va a suponer un cambio de la política de la vivienda. Reducidas las consecuencias externas de la crisis, el Estado buscaba desembarazarse de la carga financiera que suponía la construcción, buscando definir los mecanismos para conceder beneficios a un sector, con vistas a atraer así al capital privado; el problema era como incentivar la iniciativa privada no interesada en un suelo no rentable por la escasa capacidad adquisitiva de la emigración. El nuevo ministro Arrese implantó una política de propiedad de la vivienda, que rompía con la política anterior , que se resumía en la frase repetida constantemente: Hagamos un país de propietarios, no de proletarios:

“Frente a la política de vivienda económica entendida como cuestión de Estado, defendía que fuese asunto del privado; frente a una Comisaría que ordenaba suelo y fijaba donde llevar a término cada intervención, cada promotor iba a poder actuar libremente, allí donde dispusiera de suelo; frente a una reflexión sobre la vivienda que buscaba tanto su industrialización como establecer pautas de funcionalidad, tales cuestiones se minimizaban, resultado de unos intereses comerciales; frente a la discusión iniciada por Fisac en 1949 sobre si convenían viviendas unifamiliares o viviendas en hilera de dos o cuatro alturas, Arrese –buscando la máxima rentabilidad del suelo, tal co o deseaban los reticentes inversores- proponía edificios en altura de once o trece plantas, retomando el debate sobre el edificio en altura [...] Y sobre todo, frente a una política preocupada por definir y fijar pautas de acceso a la vivienda, prometiendo ventajas y beneficios fiscales, ahora sería la banca quien asumiría aquel papel, tratando directamente con los futuros propietarios las condiciones de acceso a la vivienda” (Sambricio, 1999, 61-62).

En 1960 se cierra un ciclo que había comenzado al acabar la posguerra, se abandona voluntariamente la posible industrialización de la vivienda y la arquitectura se entiende, desde este momento, como símbolo y monumento de una nueva cultura. A partir de 1960 la arquitectura olvida el debate sobre la vivienda (su pasado inmediato) y abre puertas a una cultura donde prima el monumento, donde la búsqueda de la singularidad o de la originalidad oculta el largo camino recorrido por quienes, tomando la vivienda como pretexto, recuperaron la cultura arquitectónica existente antes de la Guerra.

Las construcciones en la minería leonesa del carbón.

El hábitat minero de la provincia de León se va a convertir en objeto de la intervención del Estado ante el problema que la escasez y penosa condición de la vivienda suponía para el reclutamiento de mineros imprescindibles para el aumento de producción de carbón vital para la economía del país en el régimen autárquico. Sobre todo a partir de 1950 se produce una una intervención específica del Estado a través del INV y que, posteriormente, a partir del Segundo Plan de Desarrollo se va a plasmar en un específico Plan de Mejora del Hábitat Minero, aunque éste se centró exclusivamente en la zona hullera, sin incidir en la antracitera, ni en la del hierro.

Entre 1950 y 1965 se produce la construcción de viviendas por parte del Instituto Nacional de la Vivienda en colaboración con las empresas mineras interesadas en paliar la escasez del momento. Según Roiz (1973) son un total de 1106, teóricamente en propiedad del Estado pero, en general administradas por las empresas de cada zona, con algunas excepciones:

- 48 en Cistierna y 10 en Vidanes (Cistierna) administradas por el INV

- 72 en Sotillo (Sabero) y 228 en Olleros (Sabero) administradas por Hulleras de Sabero y Anexas

- 48 en Pobladura de las Regueras (Igueña) por Rafael Alba S.A. (empresa que ya había desaparecido en 1973 cuando Roiz realiza su estudio)

- 232 en Tremor de Arriba (Igueña): 80 fueron administradas por Heras y García Nieto S.A., 80 por Alto Bierzo S.A. y 72 antes de 1973 por Antracitas Quiñones luego abandonadas.

- 52 en el Escobio de Santa Cruz del Sil (Páramo del Sil) por Victoriano González S.A:

- 46 en Matallana por la Hullera Vasco Leonesa

- 152 en Ciñera (La Pola de Gordón) por la Hullera Vasco Lenesa

- 218 en Villablino, 152 en Colominas por la Minero Siderúrgica de Ponferrada y otras 66 por el Ayuntamiento en construcción en 1973.

Son construcciones de tipo “vivienda barata” en bloques de cuatro a seis pisos, de calidad bastante baja, que en general se han ido despoblando poco a poco a medida que fue habiendo disponibilidad de mejores voviendas en la misma zona o en cercanas, por lo que hay un alto porcentaje de viviendas vacías (ya en los setenta en el Valle de Tremor, Sotillos o Santa Cruz del Sil).

El Sindicato vertical franquista a través de la Obra Sindical del Hogar también construyó entre 1958 y 1963 un total de 815 viviendas principalmente en las zonas mineras antraciteras (653 viviendas) y en las hulleras (162) bajo su propia administración y en régimen de amortización por mensualidad muy pequeña, con una mayor aceptación por los mineros, lo que se ha manifestado en las mejoras que introducen en la vivienda arreglando estructuras, pintando, mejorándolas en general.

- 54 en Bembibre (barrio Santísimo Ecce Homo construido en 1959).

- 108 en Vega de Espinareda (barrio de San Andrés en 1959).

- 179 en Toreno (barrio Manuel García Casas de en 1959)

- 146 en Matarrosa (Toreno) barrio Santa Bárbara en 1959

- 54 en Cistierna, segunda fase del barrio Santa Bárbara en 1961

- 54 en Carrocera en el barrio General Yagüe 1958

- 166 en Fabero en el barrio San Nicolás en 1963

En general tanto los barrios y bloques del Instituto Nacional de la Vivienda, como los de la Obra Sindical del Hogar y Arquitectura contrastan exteriormente en formas con las estructuras de los pueblos campesinos a los que intentan integrarse, son bloques de tres a cinco plantas, en forma de cuarteles típicos de la época político-urbanística de las “viviendas baratas”.

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