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VENEZUELA, CAPITALISMO DE ESTADO, REFORMA Y REVOLUCIÓN

Edgardo González Medina

 

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El deslizamiento de la economía

De 1963 a 1967 encontramos un país narcotizado por el éter no tanto de complacencia pero si de cansancio social, mientras que una burguesía enana bien alimentada simulaba exhalar un aire de alivio, que permitirá un deslizamiento de la economía, sin impulsos ni grandes éxitos pero sin obstáculos significativos. La inversión bruta fija en la manufactura tiene un crecimiento medio anual de 1965 al 69 de 0,48%, muy inferior al período 58-64, que fue de 2,97% interanual, pero sin embargo el promedio anual de esa inversión es de 781,4 millones, superior al período anterior cuyo promedio fue de 635,4 millones, todo tomado a precios constantes de 1968. El crecimiento medio anual de las inversiones petroleras aumenta, del decrecimiento promedio de -14,9% entre 1958 al 64 a un incremento de 4,7% promedio interanual entre 1965 y 1969, a los mismos precios constantes de 1968.

Esta situación se correspondía con la elevación del grado de confianza de los inversionistas, ya que no obstante sus presiones, las petroleras invertían, y si ellas lo hacían aumentaban la confianza. La inversión neta global realizada resulta inferior a la inversión esperable de crecimiento histórico, diferente a los períodos anteriores en que la inversión se sitúa por encima, cuando analizamos la larga serie 1950-2.002. Ello puede indicar que la tranquilidad económica se basaba en las pocas presiones inflacionarias de capital excedente. En el período 1950-58, así como en el quinquenio betancurista se habían producido algunas bajas inter-anuales en el ahorro nacional, pero se había observado un incremento promedio, debido a la recuperación del ahorro en varios de sus años. Pero en el quinquenio de Leoni las bajas en la observación conllevaron una tasa promedio regresiva del ahorro respecto el crecimiento promedio del producto, lo cual tiene cierta explicación en el incremento proporcional del consumo, posible sobre la base de una mayor tranquilidad social, que hizo factible una mayor confianza en el corto plazo para los consumidores, disminuyendo el motivo precautelativo del ahorro.

El crecimiento seguía dependiendo del ingreso petrolero, como era de suponerse. Según un análisis hecho por el Partido Revolucionario Nacionalista (PRN) en 1967, el petróleo constituía para 1966 el 87% de la inversión extranjera, el 93% del valor total de las exportaciones, y el 85% de las divisas. No se podía confiar en las fuerzas productivas internas aún, para despegarse de esa tendencia. Las petroleras invertían a un ritmo superior pero en menores cantidades para alcanzar los mismos fines que en períodos anteriores, debido a una mayor productividad de las operaciones. La industria petrolera ocupaba 31.837 trabajadores frente a 44.335 en 1950. Las inversiones netas, deducidas las remesas al exterior habían disminuido sensiblemente. La agricultura ocupaba un tercio de la población activa, mientras el sector terciario aportaba un 51% del PTB, según el Informe de PRN.

A mediados del quinquenio hay elevaciones moderadas de la producción agrícola, debido al fortalecimiento de cierta economía capitalista en el agro. Existe una tendencia favorable a los rubros de agroindustria. Dentro del consumo privado de bienes, la parte de producción nacional se eleva sostenidamente, sobre todo el componente industrial. El gasto en alimentos de la población aumenta a un ritmo de 1,74% entre 1965 y 1969. Existen factores favorables de expansión de la liquidez en manos del público, siendo principalmente relevantes la actividad crediticia y algunas veces las operaciones cambiarias. A partir de 1967 la liquidez de la banca cruza los dos mil millones de bolívares y se expande sucesivamente. Llegan a existir 34 casas matrices de bancos comerciales, y aunque el número era inferior al período 58-64, no obstante tenían una actividad significativa. Sus colocaciones e inversiones pasan los seis mil millones y en particular se elevan los préstamos y descuentos. La cámara de compensación llega a procesar en este año más de 58 mil millones de bolívares, de los cuales corresponde a la ciudad de Caracas más de 50 mil. Los fondos hipotecarios colocados en el mercado financiero aumentan día a día. En general las cifras podían demostrar un proceso de expansión de las actividades terciarias que se aceleraría en los años siguientes. El índice general de cotizaciones con base 1968 sube de 97,3 en 1965 a 107,5 en 1969, especialmente en los rubros bancario, financiero, y energía. El petróleo representa entre el 60 y el 66% dentro del total de ingresos fiscales ordinarios. El impuesto sobre la renta de estas actividades petroleras representa entre el 68 y el 70% de esa parte de los ingresos. Para 1964 la deuda pública disminuye, y aunque aumenta en los años siguientes, no lo hace estrepitosamente como lo hará a partir de los años setenta. El índice de precios al por mayor de los productos agropecuarios baja en el quinquenio con respecto a 1964, excepto 1969 en que asciende ligeramente (con base 1968). El saldo corriente de la balanza de pagos se mantiene en un recorrido favorable aunque en 1968 y 1969 arroja el saldo rojo en razón de que el saldo de la balanza de servicios es altamente negativo, pese a que el saldo comercial es positivo. En líneas generales podemos decir que la estabilización política alcanzada ejercía influencias positivas en el clima económico. El problema estribaba en que el sector agrícola seguía empobrecido y alcanzaba mediocres niveles de crecimiento del producto. Si el sector rural empobrecido no adquiría los productos del proceso de sustitución de importaciones, éste y el crecimiento económico en general sería una ilusión. Había un sector más o menos capitalista en el agro que utilizaba cerca del 40% de la mano de obra agrícola y aportaba el 60% del producto, y era dominante en Zulia, Portuguesa, Carabobo y otras privilegiadas zonas.

Para entender el problema había que remontarse a la evolución del sector. Para 1941, de un número aproximado de 59 mil propietarios de fundos, el 4,4%, es decir alrededor de 2.500 propietarios, tenían en su poder 2,7 millones de hectáreas, es decir el 78% de la tierra bajo censo. De 3, 44 millones de hectáreas registradas como privadas, solamente estaban bajo cultivo 708.773 hectáreas. En 1950, nueve años después, de un total de 22,13 millones de hectáreas y 102.732 propietarios, había en manos de 5.286 propietarios la cantidad de 18,63 millones de hectáreas, es decir que el 0,51% de propietarios poseían poco mas del 84% de la tierra. El resto de 97.446 propietarios tenían 3,5 millones de hectáreas, vale decir un promedio de 36 hectáreas/pc, mientras que en el grupo anterior cada propietario poseía un promedio de 3.523 hectáreas/pc. El área bajo cultivo era de 1,5 millones de hectáreas, y la población rural activa se estimaba en 625.505 personas. Para 1956 fueron censados 29,6 millones de hectáreas, un total de 100.000 propietarios y casi 300.000 arrendatarios. Bajo cultivo habían 2,92 millones de hectáreas, y de ellas, 691.181 pertenecían a cultivos industriales explotados por empresas capitalistas que empleaban asalariados, mientras el resto estaba bajo sistema de arrendatarios, aparceros, conuqueros, etc. Existían 397.893 unidades de explotación: 320.790 eran fundos inferiores a 10 hectáreas, y de éstos el 83% eran inferiores a 5 hectáreas, es decir miserables conucos.

AD se había propuesto cambiar este sistema de tenencia de la tierra, quebrando el latifundio pero luchando contra el minifundio, que redundaba – según el programa de AD – en deficiente aprovechamiento de la tierra. En un bullicioso evento realizado en el Campo de Carabobo, Betancourt había estampado el ejecútese a la Ley de Reforma Agraria. Se elegía el Campo de Carabobo, pobre víctima de la hojalata militar y la charlatanería civil en muchos momentos de la historia, por ser, según Betancourt “...el lugar común donde las armas patriotas ganaron la batalla decisiva para la Independencia...”. Hablaron Betancourt, Leoni, Caldera, Jóvito Villalba, Víctor Giménez Landinez, quien era Ministro de Agricultura, y Ramón Quijada, Presidente de la Federación Campesina, militante de AD que se iría con el grupo ARS y terminaría al lado de Uslar Pietri en el FND. Todos a su vez encomiaban el paso dado de la aprobación de la Ley, ciertamente de las más avanzadas de la América Latina, que proponía quebrar el latifundio, fraccionar las propiedades dotando de tierras a quienes no la tenían, facilitando el mercado, organizando un tipo de producción netamente campesina, en que la médula serían los centros agrarios, que servirían para el establecimiento de nuevas relaciones de producción en el campo. El primer paso significaba expropiar tierras privadas y distribuir parcelas a los campesinos suministrándoles créditos. Algo que parecía tarea factible, dado que al refrendarse la Ley todas las tierras de la Nación quedaban automáticamente afectadas a los fines de la Reforma Agraria.

Fueron, en efecto, adquiridos algunos fundos y distribuidos títulos y créditos. Las tierras fueron canceladas a sus propietarios anteriores, debido a la convicción arraigada, y más que ello el compromiso político adquirido en la campaña electoral, así como lo establecido en la propia Constitución Nacional de 1961, de que toda expropiación debía ser hecha previa indemnización. Para septiembre de 1961, habían sido en realidad afectadas solo 1,38% de las tierras contabilizadas, y habían sido adjudicadas un 36,25% de las afectadas, es decir 663.056 hectáreas. Las tierras contabilizadas ascendían a 27 millones de hectáreas. Las áreas afectadas o adjudicadas se orientaban en cuatro estados llaneros (Apure, Portuguesa, Barinas y Guárico) y tres centrales (Aragua, Carabobo y Miranda), más el estado Zulia. Al estado Apure correspondía mas del 70% de las adjudicadas en los estados llaneros, habiéndose adjudicados en éstos el 58% del total nacional de adjudicación. La mayor adjudicación se había hecho en una región con una población de 707.521 habitantes, mientras que en los estados centrales se contaba con 1,19 millones de habitantes y en el Zulia 919.865 habitantes.

De los 23 y tantos millones de hectáreas apropiadas por particulares (25% aproximadamente del territorio nacional), fueron adquiridos 167 fundos con un total de 389.564 hectáreas, siendo tocado solamente el 1,67% del sistema latifundista. Habían sido dotados 35.000 parceleros, alrededor de los cuales se estimaba una población de 178.110 habitantes, es decir un 6,32% de la población rural estimada para 1961, que era de 2.818.711 habitantes, equivalente al 37,6% de la población nacional. Para 1965 el cuadro de la Reforma Agraria ya era sombrío, y posteriormente el Inventario Nacional de Tierras realizado por el IAN en 1975 lo que deja es oportunidad para sentarse a llorar: Abandono del campo, miseria, éxodo campesino. A un solo año de la Reforma Agraria, habían abandonado los asentamientos más de tres mil familias campesinas, de las cinco mil ochocientas que el gobierno había informado como asentadas en centros agrícolas en 1960 y de las 24.000 que había informado como asentadas en 1961.

Ahora, sin avalar en absoluto el proceso de ejecución de la Reforma Agraria, hay que decir que el Estado hizo esfuerzos pertinentes. En el solo estado Miranda, para principios de 1960 se habían otorgado 1.885 créditos, de monto unitario promedio aproximado a los cuatro millones de bolívares ( mas o menos un millón de dólares) en rubros de cacao, café, maíz, arroz, y aves. Se estableció una prioridad en construcción de carreteras y vías de penetración agrícola, al grado que en el primer año del gobierno de Betancourt se habían construido 1.800 kilómetros, cifra igual a las construidas en los tres últimos años del gobierno de Pérez Jiménez, que fue de 1.040 kilómetros entre 1955 y 1956, y 851 entre 1956 y 1957. Así mismo, se habían pavimentado cerca de 12.000 kilómetros. Se construyeron once acueductos en localidades rurales; se construyeron alrededor de 1.500 casas rurales y se dieron créditos de autoconstrucción para poco más de dos mil familias.; se construyeron 24 kilómetros de riego y drenaje en Guárico; y otros.

En 1960 el Banco Agrícola y Pecuario, propiedad de la Nación, otorgó a nivel nacional 99.000 créditos al sector campesino y 9.000 créditos al sector de pequeña y mediana empresa agrícola. En 1959 había otorgado 51.000 créditos campesinos y 39.000 a las empresas.

¿Qué nos pasó?, se preguntaban ansiosos los dirigentes de AD frente al fracaso de la Reforma Agraria. Para 1966 o 67 la primera reacción fue de descontento y frustración de los dirigentes de la provincia. Dentro de AD se hacen críticas permanentes al fracaso del programa. El fracaso histórico de AD puede identificarse con el fracaso de la Reforma Agraria. Se denunciaba que las obras de infraestructura venían realizándose por imposición de grupos económicos fuertes o para favorecer determinados rubros agrícolas de una incipiente burguesía agraria. Se denunciaba sobre todo la pillería del funcionariado del Instituto Agrario Nacional, quienes servían más bien de plataforma política interna para controlar las convenciones o asambleas partidistas. La Reforma Agraria se había intentado en 1945 y no se logró, según declaraban tiempo después los dirigentes adecos, por la alianza de los latifundistas con las compañías petroleras. Y por segunda vez fracasaba, ahora que muchos sectores sociales medios podían comprender mejor la necesidad de un sistema de producción agropecuaria cónsono con los intentos de despegue económico.

El sistema latifundista a estas alturas de los años sesenta se encontraba, sin embargo, ya endeudado con la banca nacional e internacional, y una clave sociológica rige la explicación del fracaso de la Reforma Agraria: Había sido concebida a un estilo colectivista no bien diseñado. En primer lugar, el campesino venezolano jamás tuvo o adquirió una cultura colectivista de producción agrícola, debido a la indiferencia frente al trabajo concreto agropecuario y a la ancha disponibilidad de tierras que siempre tuvo, a tal grado que los inventarios de tierras reflejaron muchas veces millones de hectáreas solo formalmente bajo propiedad, ya que en verdad gran parte de ellas se encontraron, y hasta se pueden encontrar hoy día, ni siquiera colonizadas desde la conquista española, reproduciendo la misma indiferencia que pudieron tener los conquistadores españoles o los Welsares, en el uso agropecuario de la tierra. Por ello, la producción colectivista agropecuaria, sin las posibles ventajas de cuando se presenta amparada o sometida al Estado, sino al contrario, bajo un régimen de propiedad privada con solo rasgos colectivos, como la disposición de medios de trabajo comunes, en un mercado mundial competitivo mucho mas avanzado, estaba destinada al abandono.

Otros rasgos, económicos, nos dan otras claves del fracaso. La Reforma Agraria fue intentada dentro de una economía proteccionista, con escasa vinculación al mercado mundial, incapaz de percibir en forma directa los beneficios de la movilización internacional del capital. Tampoco tuvo correspondencia con los éxitos esperados de la política de sustitución de importaciones en rubros mecánicos, petroquímicos, etc., y de otros que garantizaran un consumo intermedio agrícola regular e independiente, y finalmente la expansión monopolística interna de alimentos concentrados para animales y de distribución de alimentos de consumo humano.122 En pocas palabras, el sector a quien estaba dirigido la Reforma Agraria no tendría ninguna alianza con el resto de otros sectores productivos nacionales en una época en que los empresarios nacionales, así como las empresas transnacionales, pensaban por encima de todo que el programa adeco de la Reforma Agraria era un resabio comunistoide de una AD a la que esperaban lavarle el cerebro. Por el contrario, los recelos anticomunistas de los dirigentes de AD elevados al control del Estado en ese sector, surgidos en el enfrentamiento con el PCV, el MIR, y una Cuba vinculada ya con la política de Guerra Fría a favor de la URSS, frenaron toda tendencia de apoyo del Estado a un sistema colectivista de producción agropecuaria. Paradójicamente, AD adoctrinó a su numerosa base campesina contra toda forma económica comunista, algo de lo cual tocaba a cualquier forma de propiedad colectiva como era la forma diseñada en la Ley de Reforma Agraria.123

Temerosa del programa socializante de AD en el campo, un hilo unía a la burguesía nacional con los viejos latifundios, y era el lugar común del parasitismo del Estado. Contraído el sector agrícola, el industrial no podía progresar a menos que se iniciara un proceso de masivas importaciones de productos agrícolas. Ello estaba diagnosticado en los famosos cuellos de botella que tanto argumentaron los economistas de la CEPAL. La industria requiere de componentes agropecuarios y minerales para poder realizarse en rubros de mercado donde Venezuela pudo desarrollar capacidad competitiva. Por el contrario, valiosos capitales fueron empleados en industrias de ensamblaje de partes manufacturadas en otras latitudes de América y Europa. Grupos de la burguesía incipiente que habían apoyado a AD comienzan a retirarle apoyo al percibirse la incapacidad de AD de salirse de esa disyuntiva entre sectores izquierdistas que seguían germinando en el viejo partido, que presionaban medidas populistas o le agüaban la fiesta a los ministros de la burguesía. El gobierno de Leoni favorece a ciertos grupos regionales medios, como aquel grupo Guayana cuyo eje era el ministro de Obras Públicas, Leopoldo Sucre Figarella y algunos elementos de la propia familia presidencial. Sectores capitalistas que habían pugnado por controlar a AD desde afuera, abandonan su tarea y se inclinan a apoyar al partido COPEI, donde parecía florecer mucho mejor el pensamiento sobre el desarrollo del capitalismo tercermundista, como el grupo Tinoco y la corte que haría entrada con Rafael Caldera y se plegaría luego a Carlos Andrés Pérez a partir de 1973 metamorfoseados en una presunta burguesía emergente.

En 1966 los comandos que entraban en contacto directo con las masas fueron llevados – casi por virtud de una fuerza centrípeta -, a posiciones fuera del gobierno. AD había logrado controlar a sectores de la burguesía mediante una estrategia simultánea de control de los sectores de izquierda. Pero ahora, retirados de la lucha armada el PCV y el MIR, el partido estaba puesto a la defensiva por una Burguesía que exigía mayores cuotas de poder a cambio del apoyo institucional. Los pacistas conformaban un equipo variado y disperso. Paz Galarraga nutría su grupo con despedidos de la administración pública. La división se produce casi por inercia, en contra de quienes quisieron resguardar sus posiciones burocráticas y desalentaban el conflicto y con la división quedan estupefactos: No es posible! Una tercera división!. Hay muchos defraudados, contando a los que no querían dividirse. El movimiento juvenil –factor fundamental de esta división- trinó de alegría al desembarazarse de un gobierno al que no querían seguir apoyando, pensando que se llevaban al partido y que había carta franca para iniciar una ofensiva de oposición revolucionaria, pero por otra parte vio cortadas sus emociones cuando la dirección nacional del ahora prietismo comenzó a cuidarse de la desviación comunista y sobre todo del remoquete de comunistas endilgado por los betancuristas, reprimiendo las manifestaciones ideológicas. A la vez, algunos dirigentes postularon una actitud de consideración hacia el gobierno de Leoni, creyendo poder ser bien pagados y seguir con el gobierno sin sufrir los despidos masivos de empleados públicos que ocurrieron y seguirían ocurriendo en las semanas siguientes.

En la división prietista se reproduce el desaliento que existía ya dentro de AD frente a los hondos fracasos ideológicos de un partido que propuso la revolución venezolana durante quince años, desde 1945 a 1960, y que en el gobierno fue aplastado por las realidades de un país sometido económica y culturalmente.

En esta tercera división se escinden por primera vez el Buró Sindical y el Buró Agrario. La tercera división se había iniciado en un movimiento interno de masas en pugna por hacer valer consignas revolucionarias fundamentales del partido, y encuentra su cauce en la candidatura de figuras señeras, en dos de sus más auténticos fundadores. A escasos meses de la división la gente tenía una sola pregunta en la mente: ¿Esta decidido el maestro Prieto?. ¿Dará el paso?. Luis Beltrán Prieto tenía una indudable aceptación popular. Hombre honesto y cultivado, pertenecía ya a la historia. Había sido parlamentario antes de existir AD. Anticlerical, masón, era temido entre militares derechistas y sectores burgueses, quienes nunca pudieron penetrar el pensamiento que se abrigaba tras su afable sonrisa. Era un dirigente indomable, hábil, con una alta experiencia política. Los betancuristas anuncian en el CEN que Betancourt ha escrito una carta donde dice que si Prieto queda de Presidente va a tener que venir él personalmente a derrocarlo, que los militares no lo quieren, que la Iglesia lo detesta. No obstante, AD realiza sus elecciones internas por votación general, directa y secreta, y Prieto gana en todo el país, pero unos mediocres incidentes de la Seccional de Cumaná, estado Sucre, dan pie para el desconocimiento del triunfo por parte de los betancuristas. Sin Prieto el partido quizá no se divide. Si hubieran expurgado a Paz Galarraga y a unos cuantos más, y numerosos jóvenes, obreros, campesinos, hubieran ido abandonando la organización. Había un desgaste ideológico extraordinario, aún más, un verdadero shock psicológico de unas masas que durante años fueron animadas para hacer una revolución y que al arribar al gobierno se vieron forzadas a enfrentar toda idea revolucionaria.

La división entraña una movilización de centenares de personas que no se hubieran movido si AD hubiera electo pacíficamente un candidato único, y aun cuando en las elecciones nacionales la suma de votos de Prieto y de Gonzalo Barrios superó en definitiva la del ganador Rafael Caldera, es posible pensar que siendo Prieto el candidato unitario y AD no se hubiese dividido, AD hubiera perdido las elecciones, en razón de la concentración de fuerzas opositoras.

El aparato partidista se va con Prieto. Todo ahora es prietismo. Si Prieto gana, AD se reorganizaría nuevamente desde el gobierno, al igual que si gana Barrios. El vacío dejado por el PCV es ocupado transitoriamente por el prietismo. El PCV regresa de un oscuro túnel de desgaste. Pero la fórmula que pretende desplazarse entre el PCV y AD va a fracasar, atentando contra ella primero la aparición de la organización UPA (Unión para Avanzar), fachada del PCV, que participa en estas elecciones de 1968, así como después en 1970 la fundación del Movimiento al Socialismo(MAS). Luego de la derrota electoral de 1968, en que el MEP queda de tercero respecto a COPEI y AD, conservarían ciertas posiciones en los sectores sindical, agrario, magisterial, y juvenil, siendo una reserva ideológica importante e interesante. AD alcanza a ser primera fuerza en el poder legislativo, y desde el Congreso Nacional ataría de manos a Rafael Caldera, ya en la Presidencia de la República.

El inicial prietismo no tenía planteado ocupar el espacio del PCV. Los partidos de la extrema izquierda eran denominados en la prensa diaria con el eufemismo de organización clandestina.124 No existían como partidos. Otros como el FND, el FDP, URD, etc., se reducían a las oficinas de sus principales dirigentes, y forman una alianza que lleva de candidato a un personaje poco conocido por el pueblo, Aurelio Burelli Rivas, quien llega en cuarto lugar. El prietismo pasa a ocupar un dominio de oposición numérica y cualitativamente importante para la estrategia pluralista de la socialdemocracia. Finalmente, el gobierno de Leoni, aprobada ya la línea blanda del PCV, da entrada a una organización que los represente en la contienda electoral, que adquiere el nombre de Unión Para Avanzar (UPA), admitiendo los comunistas la vieja propuesta de Betancourt. El UPA obtiene pocos votos y alguna representación en el Congreso Nacional.

La división de AD para algunos fue una táctica en la cual convergen, bajo la orientación de Betancourt, con miras a una derrota simultánea de Prieto y Barrios que favorece el liderazgo en ascenso de Carlos Andrés Pérez. La división confirma la estrategia pluralista de AD, y el MEP de Prieto y Paz Galarraga va a quedar a la zaga de la socialdemocracia, asumiendo banderas populistas, desplazando de vez en cuando posiciones ideológicas de avanzada, e interviniendo el universo de partidos de izquierda hasta ganar el apoyo del PCV en 1973 para la candidatura de Paz Galarraga, cuando obtendrá unos trescientos mil votos para ingresar en una subsiguiente desmovilización característica de la izquierda venezolana.


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