La propuesta
En la tarde y noche del miércoles, en una maquina de
escribir prestada por la administración del hotel el computador portátil aún no
estaba disponible- me encerré en la habitación para preparar un documento que
podría orientar las discusiones que debían realizarse en la reunión del jueves.
En el documento resumía los cuatro argumentos que, en nuestro personal
criterio, respaldaban la idea de unificar las gestiones de los países deudores
para lograr negociar en un nivel de igualdad frente al unificado Sindicato de
Acreedores.
El primer argumento puntualizaba la eficiencia que podría
obtenerse al concentrar las negociaciones en una sola entidad administrativa, en
lugar de que cada país tenga que organizar sus propias oficinas y cuerpos
burocráticos. Este argumento en realidad se limitaba a plagiar uno de los
razonamientos que ya habían sido utilizados por los acreedores para unirse entre
sí.
En efecto, a partir de la
moratoria declarada por México, los acreedores es decir, los bancos
transnacionales asociados en el Club de Londres, los gobiernos agrupados en el
Club de Paris y los organismos financieros integrantes del Grupo Multilateral-
habían justificado su accionar monopólico arguyendo que si cada prestamista
comenzaba a renegociar individualmente con los deudores se produciría una
caótica mezcolanza de tasas de interés, plazos de amortización y condiciones de
pago, que podría quebrantar el equilibrio existente en los mercados financieros
y de capitales.
Para evitar esa posibilidad,
el Chase Manhattan Bank había reunido a un grupo de acreedores en el centro de
conferencias ubicado en el Ditchley Park de Londres, con el propósito de
planificar las acciones necesarias para que los bancos, en lugar de competir
entre sí tratando de ser los primeros en cobrar las deudas, más bien puedan
negociar y enfrentar juntos la poca capacidad de pago de los países deudores.
Una de las primeras
resoluciones adoptadas por el Grupo Ditchley -como inicialmente se denominó-
fue la de organizar un instituto capaz de centralizar toda la información
referente a la deuda del tercer mundo. Efectivamente, en un plazo más bien
corto, el 12 de enero de 1983 se inauguró en Washington el Instituto de Finanzas
Internacionales el IFI- cuyos fundadores fueron los 35 bancos más grandes que
entonces contabilizaban una acreencia en el tercer mundo superior a 270 mil
millones de dólares.
Sobre la base de ese
antecedente ya en Panamá- creímos que el mismo argumento de eficiencia
administrativa utilizado para crear el Grupo Ditchley, podía servir para
unificar a 18 países latinoamericanos cuya deuda conjunta superaba los 320 mil
millones de dólares.
El segundo argumento también se inspiró en el accionar de
los propios bancos. Al atardecer del lunes y como consecuencia del discurso del
banquero orador que puso en evidencia un posible conflicto entre acreedores-
cruzando información con varios asistentes nos percatamos que a lo largo de los
siete meses transcurridos desde la declaración de la insolvencia de México, los
acreedores habían evitado realizar ninguna gestión de cobro individual;
abstencionismo que resultaba insólito en virtud de que los contratos de la deuda
sí habían originalmente sido negociados de manera individual entre acreedor y
deudor.
Ese abstencionismo, entonces, solo podía indicar un pacto
informal entre acreedores para evitar que entre ellos se realice cualquier
competencia desleal.
Eventualmente ese pacto fue
formalizado y reubicado bajo la responsabilidad de los deudores, a través de los
contratos de renegociación de deudas suscritos a partir segundo semestre de
1983, en los cuales se prohíbe a los deudores dar preferencia de pago a ningún
acreedor en particular. Esta prohibición se oculta bajo la denominada cláusula
del
pari passu,
Así, en nuestro segundo
argumento aceptábamos como un hecho consumado la decisión de los acreedores de
no negociar individualmente con nosotros los deudores; pero concluíamos que los
deudores tampoco debíamos negociar individualmente con los acreedores.
En el tercer argumento rebatíamos la tesis expuesta por
los acreedores, para quienes el unificar las gestiones del Club de Paris, del
Club de Londres y del Grupo Multilateral bajo un solo cartel o sindicato, tenia
como único propósito el de posibilitar una
negociación de suma
positiva.
Es decir, una negociación en la cual todos los participantes ganan
o, en un caso límite, el participante que no gana tampoco pierde.
Nosotros replicábamos que en
el sector financiero cualquier
negociación de suma positiva, es
factible únicamente cuando ambos participantes están en el mismo lado: acreedor
con acreedor, deudor con deudor, inversionista con inversionista, etcétera; pero
que cuando los participantes se encuentran en lados opuestos -como es el caso de
acreedores versus deudores- la creación de cualquier cartel o
club,
necesariamente tendría como resultado final una
negociación de suma cero.
Es decir, una negociación donde la mayor ganancia de un participante,
forzosamente requiere una mayor perdida del otro.
El cuarto argumento el más trascendente- recalcaba el
hecho de que si los acreedores negociaban en bloque y los deudores lo hacíamos
individualmente, quedaríamos excluidos de participar en él -hasta ese entonces-
mercado
libre de capitales.
Para explicar este cuarto argumento, destacábamos que el
mercado internacional de capitales esta constituido por dos segmentos: el
mercado
primario y el mercado
secundario.
El
mercado primario
corresponde a aquella instancia en la que el prestamista le entrega dinero al
prestatario quien, en garantía, suscribe los pagarés en los cuales se especifica
el monto, el plazo y los intereses del préstamo.
El
mercado secundario,
por otro lado, se genera cuando los pagarés recibidos por el prestamista son
puestos a la venta y adquiridos por un tercero que pasa a ser el nuevo acreedor.
Desde luego, en un mercado libre los pagarés también pueden ser comprados por el
propio deudor que desee rescatar parte de su deuda.
Así, la principal diferencia entre el
mercado primario
y el
secundario, es que en el primero la transacción se realiza entre el
acreedor y el deudor; mientras que en el
secundario la transacción puede
realizarse entre dos acreedores o también entre acreedor y deudor. Era esta
última alternativa la que se eliminaba con la cláusula del
pari passu,
que en definitiva prohibía a los deudores intervenir en el
mercado
secundario.
Nuestra preocupación, desde luego, no se limitaba a
tratar de preservar el buen funcionamiento del mercado libre, sino que la crisis
financiera nos hacia prever una drástica caída en el precio de los pagarés.
Desde esa perspectiva, si es que los deudores quedábamos excluidos de negociar
en el
mercado secundario, la caída en los precios beneficiaría
exclusivamente a los nuevos acreedores.
En virtud de que esos cuatro precedentes el
Grupo
Ditchley, el pacto del
pari passu, la
alianza suma cero
y el cierre del
mercado secundario- concentraban el poder de negociación
en manos de los acreedores al impedir que el mercado funcione; presumía que en
la reunión una mayoría de asistentes apoyaría nuestra propuesta a favor de que
los países deudores también nos unamos.
El vocablo Pagaré se origina en la frase Debo y pagaré... que consta en
los documentos de crédito. Según la clase de transacción, pueden usarse
otros vocablos: bonos, certificados, títulos, cupones, opciones y
otros más sofisticados; pero el concepto es el mismo: aceptar por escrito el
compromiso de pagar en cierto plazo un determinado monto de capital e
intereses.