El ‘club’ de Deudores

Todas las delegaciones estaban presididas por el ministro de finanzas o por el presidente del respectivo Banco Central. En consecuencia, los argumentos a favor de una estrategia conjunta debían concentrarse en las ventajas financieras y de estabilidad monetaria que podrían obtenerse para cada país. Desde luego, presentíamos que en varios casos se considerarían mucho más importantes las ventajas de imagen personal o de tipo político que los propios delegados creyesen poder usufructuar.

De conformidad al tamaño de la deuda de cada país se podían diferenciar cuatro grupos: el primero integrado por México, con una deuda superior a los 80 mil millones de dólares, Brasil con 83 mil millones, Argentina con 43 mil millones y Venezuela con 32 mil millones. Un segundo grupo podría formarse con Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Costa Rica, países que tenían deudas de tamaño intermedio, entre los tres mil y los quince mil millones de dólares. Un tercer grupo formado por Paraguay, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá y la República Dominicana, con deudas de alrededor de 2 mil millones de dólares cada uno. Y, un cuarto grupo, el formado por aquellos países que, no obstante su ubicación geográfica, sus gobiernos preferían excluirlos de la geopolítica de América Latina, tales como Belice, las Guayanas holandesa, inglesa y francesa, Haití y las colonias caribeñas. 

En el caso de Cuba, resultaba osado inscribirla en alguno de esos grupos. Por un lado, Cuba no constaba en la información financiera entregada por el FMI, el Banco Mundial o el BID. Por otro lado, quizás precisamente por esa falta de información, se presumía que Cuba no tenía ninguna deuda pendiente con la banca internacional. De todas maneras, cualquier elucubración habría resultado inútil. Ningún delegado cubano había sido invitado a la reunión de Panamá.

Al principio creímos que los 4 países ubicados en el primer grupo -México, Brasil, Argentina y Venezuela- serían los más entusiastas en apoyar una negociación conjunta. Al tener las deudas más grandes, en una acción global cosecharían los mayores beneficios. No obstante, la situación particular de sus gobernantes los predisponía en contra de nuestra propuesta.

En el caso de México, la nacionalización había convertido a su gobierno en la vedette mimada por la banca internacional. Esa luna de miel podría agriarse al integrar un bloque con el resto de América Latina. En el caso de los regímenes militares de Brasil y Argentina, estos se encontraban en franca retirada y, es de suponer, preferían que sean sus sucesores quienes asuman la responsabilidad de unirse con otros gobiernos civiles. Por último, en el caso de Venezuela, a pesar del gran tamaño de su deuda, esta podía ser fácilmente amortizada con sus abultados ingresos petroleros. Por lo tanto, su gobierno no visualizaba ninguna ventaja para integrarse al resto de América Latina.

El cuarto grupo también tenía que descartarse, por cuanto sus países se excluían de la geopolítica de América Latina o porque oficialmente carecían de deuda externa. Así, nuestra tarea tendiente a tratar de unificar a los deudores alrededor de una propuesta global, tendría que concentrarse en los catorce países que conformaban el segundo y tercer grupo.

De acuerdo a la nómina de los participantes, cada delegación estaba presidida por el ‘Gobernador ante el BID’, que había adquirido ese status por ser el ministro de finanzas de su país. En cada delegación, además, participaba algún funcionario técnico que, por su trabajo, era quien más conocía las cifras y la problemática de la deuda externa.

Decidimos que nuestro primer contacto debía efectuarse a través de esos funcionarios técnicos porque -así suponíamos- su conocimiento los tornaba sensibles a las ventajas económicas que cada país obtendría al ser parte de una estrategia común.

Por otro lado, los ‘gobernadores’ generalmente permanecían acompañados de sus asistentes y –en algunos casos- hasta de sus guardaespaldas, lo cual hacia difícil tratar de establecer con ellos algún diálogo informal en los pasillos del hotel, en el comedor o en el ascensor.

La otra alternativa, solicitar una cita formal y por escrito, quedaba de plano descartada, en virtud del escaso tiempo que teníamos antes de que la Asamblea concluya.

Desde el mismo día lunes 21 de marzo -en que se inauguró la Asamblea y nos percatamos que los acreedores ya se habían  organizado para actuar en bloque y por fuera del mercado- empezamos a planificar nuestra reunión. Así, para la tarde del miércoles ya habíamos logrado contactarnos con la mayoría de las delegaciones del segundo y tercer grupo.

Nuestro primer objetivo se limitaba a conseguir que los jefes de delegación o ‘gobernadores’, acepten asistir a una sesión conjunta en donde -así esperábamos- pudiésemos persuadirlos de la conveniencia de analizar entre todos la posibilidad de formar un Consorcio de Deudores que, eventualmente, fuese capaz de negociar con el Sindicato de Acreedores en un mismo nivel jerárquico, diplomático, técnico y político.

La mayoría de los funcionarios que contactamos expresaron estar dispuestos a asistir a dicha reunión. Además, ofrecieron informar lo más pronto posible a sus ‘gobernadores’ sobre el propósito que tendría la reunión a fin de que tuviesen tiempo para, desde Panamá, comunicarse con sus respectivos países en caso deseasen realizar cualquier consulta técnica o política. De esta manera, cada delegación podría contar con algún criterio oficial de manera previa a la reunión que, así se programó, se efectuaría a las tres de la tarde del jueves, antes de la clausura de la Asamblea del BID.