Economía de la Oferta

La ‘Economía de la Oferta’ se identifica con el economista Jean Baptiste Say, ciudadano francés que nació en 1767 y vivió 65 años, 15 de los cuales los dedicó a dirigir la producción de una fábrica de tejidos, actividad en la que logró el objetivo que todo productor debería buscar: vender toda la mercadería que pueda producir.

A la edad de 40 años, quizá aburrido al observar que tejido que producía, tejido que vendía; decidió dejar la gerencia de la fábrica para dedicarse a la filosofía económica. En ese trabajo  también fue exitoso: escribió un Tratado, un Catecismo y un Curso Completo de Economía política. Esta última obra – que esta escrita en seis tomos terminados dos años antes de su muerte- permaneció escondida entre el resto de la literatura económica por algún tiempo, seguramente debido a que, en esa época, parecía ser una obra más de aquellas que inútilmente trataban de continuar el trabajo iniciado por Adam Smith. 

Sin embargo, con el correr de los años, alguien descubrió que los escritos del economista Say contenían un mensaje que tenía una invaluable utilidad práctica. El mensaje afirmaba que el dinero que recibe el productor por la venta de sus productos, no permanece en sus bolsillos, sino que esta inevitablemente destinado a financiar los servicios e insumos adicionales que requiere para sustituir el producto ya vendido. Es decir, que ‘la oferta crea su propia demanda’.[1]

En consecuencia, el gobierno debía concentrar sus políticas en incentivar, proteger e, incluso, subsidiar al productor: si este producía más el mercado demandaría más, aun en el caso que el inversionista reduzca su inversión y el consumidor su consumo.

En Latinoamérica, la Economía de la Oferta comenzó a tener importancia en 1983, el momento que se necesitó cubrir con algún ropaje teórico y moral los donativos que se entregaron a través de la ‘nacionalización’ mexicana, la ‘capitalización’ chilena, la ‘chucuta’ venezolana, la ‘sucretización’ ecuatoriana y la ‘desdolarización’ argentina. Y, además, para justificar los otros mecanismos que - ya lo vimos- posteriormente fueron ensamblados para que el Estado continúe asumiendo el riesgo y el pago de las deudas que habían sido libremente adquiridas por algunos individuos y empresas del sector privado.

Encontrar un justificativo ‘técnico’ era urgente y prioritario, no solo porque a través de esos mecanismos impúdicamente se había echado mano del dinero de todos para pagar las deudas de unos pocos, sino porque era demasiado obvio que esos pocos eran los que más dinero tenían.

Así, la Economía de la Oferta latinoamericana se constituyó en la contraparte de la Trickle Down Economics norteamericana que -ya lo vimos- podría traducirse al español como ‘economía del goteo’ o ‘economía del chorreo’, dependiendo del nivel de optimismo del traductor. 

Sin embargo, por mucho dinero que se colocara en la parte de arriba, nada chorrearía –tal vez ni siquiera gotearía- si el nuevo dinero inmediatamente retornase al gobierno vía impuestos. Ese posible retorno podía evitarse con una simple reforma en las tasas de recaudación de impuestos. Así, todos los gobiernos de América Latina estamparon su firma en una lista de reformas tributarias que modernizaban la recaudación fiscal.

La mayoría de esas reformas, ordenadas entre mediados de la década de los 80 hasta mediados de la década de los 90, se concentraron en cinco aspectos: primero, en la eliminación de los gravámenes a la inversión y al capital; segundo, en una drástica rebaja de la tasa del impuesto a la renta de los estratos altos; tercero, en la incorporación de algunos estratos de renta baja al pago del impuesto a la renta; cuarto, en el incremento de las tarifas de los servicios públicos; y, quinto, en el aumento de la tasa de impuestos al consumo y al valor agregado.

 

Finalmente, en la última década del Siglo XX, se descubrió un nuevo uso para la Economía de la Oferta: el dinero puede ser transferido directamente desde los bolsillos del consumidor a los bolsillos del productor, sin necesidad de tener que utilizar las estructuras del mercado.

Ese nuevo mecanismo, además, puede funcionar de una manera muy efectiva a través de tres simples decretos: con el primer decreto se devalúa la moneda sin avisar previamente a quienes no pertenezcan al circulo íntimo; en el segundo decreto se ordena que los depósitos bancarios queden confiscados hasta un próximo aviso; y, con el tercer decreto se dictamina que – cuando ese aviso llegue- a los depositantes se les entregará ya devaluadas la misma cantidad de monedas que tenían antes de la devaluación.

Con esos tres simples decretos se logra que la perdida de los ahorristas por la devaluación de sus ahorros, se trasforme en la ganancia de los deudores por la devaluación de sus deudas. Así se procedió en México durante la crisis del tequila de 1994; así se procedió en el Brasil durante el coletazo de la crisis asiática en 1998, así se procedió en el Ecuador en las semanas previas a la caída del gobierno que fue expulsado por la población en enero del año 2000, y así se procedió con la gente de Argentina y con su dinero que fue férreamente confiscado en el corralito construido a fines del 2001.

Y así continuaran procediendo, así proseguirán gobernando y así seguirán confiscando nuestro dinero mientras permitamos que la equidad económica continúe ausente.