Breve aproximación a la intervención penal ante la lacra de la siniestralidad laboral

 

Rosa M. Gallardo García
Profesora de Derecho penal
Universidad de Cádiz

 

RESUMEN: La siniestralidad laboral es un problema social que persiste en el tiempo a pesar de que vivamos en una sociedad desarrollada científica y tecnológicamente. Dada la naturaleza de esta problemática y su alcance, precisa de un estudio multidisplinar, ya que resulta evidente que ni la siniestralidad laboral es un problema exclusivamente penal, ni su entendimiento pleno puede conseguirse desde las estrictas categorías de la reflexión dogmática. En estas líneas se exponen  de forma sucinta lo argumentos para la intervención penal en este ámbito, y se explica la relación con otras ramas del Ordenamiento jurídico.

PALABRAS CLAVE: Accidente - Laboral- Penal - Crisis

I

El Derecho penal como herramienta de control social debe adaptarse a los procesos de transformación de la sociedad, para así ofrecer una respuesta adecuada una vez que se han confirmado determinadas tendencias criminógenas. La sociedad moderna actual ha evolucionado en los últimos años de forma rápida en según que ámbitos, y por supuesto, en según en qué zona del planeta nos encontremos. El progreso se ha convertido en el adalid de todos estos cambios, que ha venido transformando el mundo en aras de toda una serie de beneficios que deberían suponer un avance en positivo para el ser humano. Sin embargo, el desarrollo tecnológico que prometía ser la vía para conseguir mejorar la calidad de vida de la sociedad tiene una serie de costes; alguno de estos costes se empiezan a vislumbrar, y otros ya se están sufriendo.
El mercado laboral es uno de los principales objeto de preocupación  en plena crisis económica. En la actualidad  parece que el problema de la siniestralidad laboral ha perdido el protagonismo de otra época. Sin embargo, la disminución o incluso ausencia de noticias en los medios no tiene como origen un descenso de la accidentalidad, ni mucho menos una instauración de la cultura preventiva en las empresas, al contrario la precariedad laboral auspiciada por la crisis aumenta la asunción de mayores cotas de riesgo por parte de los trabajadores.
Precisamente la siniestralidad laboral se presenta como una lacra del mercado laboral en el denominado Estado de bienestar, que amerita una solución. Los avances tecnológicos deberían derivar en una mejor protección de la seguridad e higiene en el trabajo, sin embargo no ha sido así, puesto que en ocasiones lo propios medios de protección pueden suponer nuevos riesgos en el trabajo, sobre todo si no se informa sobre su correcto uso. De ahí la necesidad de crear delitos que protejan los derechos de los trabajadores, incluyendo la vida y la salud de los mismos. Estos delitos se ubican en el denominado Derecho penal del trabajo que a su vez se incluye dentro del denominado Derecho penal económico.
A causa de los citados cambios en la sociedad y por ende, en la criminalidad, se ha impulsado la creación de nuevos tipos penales; resultado de la nueva configuración de la sociedad y, por tanto, de la delincuencia, siendo un ámbito clave precisamente el citado derecho penal laboral, que exige proteger a la parte más débil y vulnerable del mercado económico, el trabajador. De ahí, la necesidad de creación de nuevos delitos que protejan el orden socioeconómico, las relaciones laborales, o inclusive el medio ambiente1 .

Los delitos contra la vida y salud de los trabajadores, tiene rasgos coincidentes con el denominado Derecho penal moderno, cuyas características definitorias, son: nuevos tipos en materia económica y del medio ambiente, entre otras, un uso mayor de la técnica de delitos de peligro, una internacionalización y europeización del Derecho penal, además de una mayor flexibilidad en la imputación y en las garantías políticocriminales.
Efectivamente estos delitos se alejan del Derecho penal clásico adecuándose a las exigencias de una sociedad que evoluciona y avanza tecnológicamente y que por ende, precisa de una respuesta punitiva diferente. Sin embargo, no siempre la respuesta adecuada nos la ofrece el Derecho penal, en el ámbito objeto de estudio en la presente investigación, la solución de este problema pasa por una implementación de la cultura preventiva en todos los sectores de la sociedad. Este camino exige una comunicación entre los agentes sociales que directamente se ven afectados por esta problemática.
En este sentido, se pone en evidencia la necesidad de que las diversas ramas del Ordenamiento Jurídico que regulan esta materia se coordinen para conseguir una mayor efectividad de las normas. La mejor forma de ofrecer una solución óptima a la alta accidentalidad laboral es plantear soluciones de carácter multidisciplinar, y para ello es necesaria cierta coordinación.
En un orden sancionador obvio, el paso previo a la sanción penal debiera ser la sanción laboral. Así pues, en primer lugar, nos encontramos con el Derecho laboral, en el se encuentran una serie de sanciones administrativas en el caso de que no se adopten la medidas de seguridad adecuadas y estipuladas en la normativa de prevención de riesgos laborales. La consecuencia jurídica habitualmente prevista en esta rama del Ordenamiento Jurídico es la multa, y mediante la misma se pretende motivar al empresario, deudor de la seguridad, haciéndole gravoso en términos económicos omitir las medidas de seguridad pertinentes.
Pese a todo esto, la vía administrativa no consigue los niveles de motivación necesarios para que el empresario deje de poner en peligro la vida y la salud de sus empleados. El empresario, cuando no facilita las medidas de protección, no busca provocar daños a sus trabajadores; aunque considere probable el riesgo de accidente, normalmente no cree que se vaya a producir o al menos no es su intención. Su finalidad es básicamente empresarial por lo que busca la reducción del gasto, es decir, omite la adopción de estas medidas de seguridad por el ahorro económico que supone. Por tanto, para el empleador prima el ahorro, para él mismo y para la empresa, de los costes que supone la elaboración de un plan de riesgos laborales y su puesta en práctica, por encima del coste humano, aunque éste conlleve la puesta en peligro para la salud y la vida de sus trabajadores, a causa de la omisión total o parcial de las medidas de seguridad.
En este sentido, y ante este debate TERRADILLOS BASOCO nos muestra la importancia de “...no sucumbir a la fascinación administrativista, en cuya virtud la sanción administrativa, directa contundente, especializada, se nos presenta siempre preferible a la lenta, formalizada e irreal intervención jurisdiccional. Las sanciones administrativas, ciertamente contundentes, no son nada cuando se las compara con los costos (no realizados) en materia de prevención. Su eficacia preventiva no puede ser alta, y más en un contexto en que las multas realmente pagadas se alejan notoriamente de las impuestas” 2.
Así pues, existe una priorización de las vías administrativa y civil ante el problema de la siniestralidad laboral, que puede hacer peligrar los fines preventivos en este ámbito3 . Por lo que podemos intuir que además de las sanciones de naturaleza pecuniaria, se necesitan otro tipo de sanciones, como son las penas privativas de libertad, exclusivas del Derecho penal, para conseguir así motivar-obligar al empresario, bajo la amenaza de cárcel, a la adopción de las medidas de prevención de riesgos laborales.
Así pues, queda plenamente justificada la intervención penal mediante la creación de los delitos contra la vida y la salud de los trabajadores, dada la importancia del ámbito en el que se reproduce el riesgo antijurídico -el trabajo constituye la base del sustento humano-; y la relevancia que obviamente tienen los bienes jurídicos puestos en peligro, la vida y la salud, soporte ontológico del resto de derechos.
Lo determinante para el legislador es que debe primar la necesidad de que estos cambios en el Derecho penal se adecuen a un Estado de Derecho y democrático, y a los principios generales proclamados en su seno, con intención de que de una forma u otra no se salgan del marco garantista, asentado en la mayoría de la doctrina, crítica o no con el Derecho penal moderno. Efectivamente no se niega el temor o la preocupación de que un exceso criminalizador, que atiende a las demandas de seguridad, puede tener consecuencias indeseables. No es la primera vez que un parlamento, ante un problema social que provoca gran alarma, acude al Derecho penal para así solucionar la demanda de seguridad que exigen los ciudadanos, obviando el carácter de ultima ratio de éste4 . El uso, o en este caso abuso, desmedido y autoritario de la vía penal no favorece en absoluto al propio Derecho penal.

II

En el sistema jurídico penal español existen sendos delitos que protegen la vida y la salud de los trabajadores, mediante la imputación dolosa en el precepto 316 CP, y la imputación imprudente en el 317, introducidos en el conocido como Código penal de la democracia. Aunque, el legislador penal de 1995 se encontró con una serie de antecedentes legislativos en Códigos penales anteriores, en los que se empezaba a vislumbrar un interés por la protección del trabajador5 .

La identificación del bien jurídico en este delito es una cuestión controvertida en la doctrina española, que tras un intenso debate sobre el bien tutelado en el mismo, no ha logrado ponerse de acuerdo. La discusión divide la doctrina en dos grupos, cuyo único denominador común es la defensa de la tutela de un bien de carácter colectivo, los primeros entienden que el bien jurídico es la seguridad en el trabajo6 ; y los segundos defienden el amparo de la vida y la salud No obstante, algunos autores se distancian de estas dos tesis, realizando matizaciones que se alejan de las mismas, sobre todo aquéllas que van referidas a la naturaleza colectiva del bien jurídico objeto de protección en este delito7 .
En la presente investigación se sigue la tesis de que el bien jurídico protegido en estos delitos es la vida y la salud de los trabajadores desde un punto de vista colectivo, ya que la seguridad e higiene en el trabajo son elementos del tipo, pero no constituyen en sí mismo interés suficiente para que el legislador le conceda relevancia penal en orden a considerarlo bien jurídico, puesto que los bienes jurídicos poseen la función de legitimar, explicar y limitar los delitos.
La vida y la salud cumplen una función mucho más importante que dotar de contenido a la seguridad, estudiados desde una óptica colectiva se convierten en el objeto de protección de estos delitos. Esta naturaleza colectiva se otorga en base a que se tutela un interés de carácter público ya que defiende la vida y la salud de los trabajadores, y aunque éstos son bienes de naturaleza individual, ambos se protegen en el ámbito del ejercicio de las diferentes profesiones8 . De esta forma, se entiende que este objeto es de carácter irrenunciable para los trabajadores, reconocido por las disposiciones legales como de derecho necesario 9. La conducta descrita afecta a intereses individuales, tipificados en su dimensión colectiva constituyendo así, un bien jurídico transpersonal y de carácter laboral. Es, por tanto, la protección de la vida y salud de los trabajadores un bien de carácter macro social que afecta al conjunto de trabajadores.

II

Una vez identificado el bien jurídico protegido en este delito, es preciso hacer referencia a las conductas que según el tipo pueden menoscabar estos intereses protegidos. Si nos atenemos al tenor literal del precepto a estudiar, la acción típica consiste en la puesta en peligro grave de la vida y la salud de los trabajadores, mediante la omisión de las medidas de prevención de riesgos laborales recogidas en la normativa laboral.
La doctrina ha esquematizado la conducta típica, evidenciando que son tres los elementos del tipo, un elemento descriptivo, consistente en un no hacer, un elemento valorativo, referido a la creación de un peligro grave para la vida y la salud de los trabajadores, y por último, el elemento normativo, representado por la infracción de las normas de prevención de riesgos laborales10 .
Aunque son dos los ejes de la acción típica, por un lado la omisión de las medidas de seguridad e higiene recogida en el acervo laboral, dado que se configura como un delito penal en blanco, y por otro lado, la necesaria puesta en peligro grave de la vida y la salud de los trabajadores.
En la medida en se configura como un delito en comisión por omisión, la conducta típica recogida en los arts. 316 y 317 CP, va referida a la obligación que tiene el empresario de facilitar al trabajador todas aquellas medidas de prevención y protección tendentes a eliminar el riesgo para su vida o salud en el que caso de que exista, evitando así la materialización del peligro. Por lo que se constituye como un delito de omisión impropia, ya que describe y prohíbe un comportamiento, la no facilitación de las medidas de seguridad en el trabajo, con la intención de evitar un resultado, consistente en la puesta en peligro grave de la vida y la salud de los trabajadores.
El art. 316 dice de forma textual “no facilitar los medios necesarios”, con lo que se estaría incumpliendo la obligación impuesta por el legislador penal, no solo si la ausencia de medios es total, también si es parcial. Es decir, habría delito ya sea por no facilitar en absoluto o por facilitar de forma incompleta los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad y salud adecuadas, lo cual implica en sí mismo el incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, puesto que éstas establecen esta obligación11 .
De hecho, la jurisprudencia sigue exigiendo una actuación activa tendente a garantizar su utilización, de tal forma que no tienen solo la obligación de cumplir con lo estipulado en la normativa prevencionista, también deben “…hacer cumplir las normas de seguridad e instruir a los trabajadores de los riesgos inherentes a cada tarea” 12. Así pues, las obligaciones de cuidado del empresario y de las demás personas obligadas, no pueden escudarse en el no uso de los medios de protección por parte de los trabajadores, puesto que forma parte del ámbito de los deberes de cuidado, controlar que efectivamente el trabajador las usa13 y que además estas medidas se encuentran en buen estado, y que por lo tanto son idóneas para su uso14 .
De tal forma, que la omisión de las medidas recogidas en la normativa prevencionista se convierte, junto con la puesta en peligro grave para la vida y la salud, en el eje central de la conducta típica. Es más, en la medida en que el legislador indica que la omisión de las medidas de prevención de riesgos laborales deben ser aquéllas que vengan recogidas en la normativa laboral, debemos entender que si se produce un peligro a causa de la no facilitación de una medida de seguridad no prevista por la normativa prevencionista, ese riesgo será atípico15 .
Así pues, se estructura como un tipo de omisión en el que se constata la presencia de una situación típica, que debe entenderse como una situación de peligro para el bien jurídico, vida y salud de los trabajadores, consistente en la no realización de la acción exigida que, en este caso es la ausencia de las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, recogidas en el acervo laboral, que resultan idóneas para la salvaguarda del bien jurídico.
A su vez, se tipifica como un delito de peligro concreto, siendo el resultado típico un peligro grave para la vida o la salud de los trabajadores. De esta forma se restringe la acción típica a la puesta en peligro grave de los bienes jurídicos protegidos, dotando de un contenido material a la infracción penal y cumpliendo así con el principio garantista de la ultima ratio 16.
El legislador penal se une a este discurso preventivo en materia de siniestralidad laboral, utilizando la técnica de los delitos de peligro, ya que las políticas desarrolladas para erradicar esta lacra tienen como objetivo principal el de evitar un desenlace en el que se menoscaben los bienes jurídicos vida y salud de los trabajadores, en los que la acción y resultado se subsumen en los delitos de homicidio y lesiones. De ahí que, se configure un delito que proteja estos intereses bajo la formula de los tipos de peligro, puesto que esta técnica adelanta la punición al momento del riesgo, sin que sea necesario que exista un resultado material dañoso.
Se hace inevitable el uso de esta técnica, a pesar de las críticas que recibe por la posibilidad de menoscabo de principios básicos del Derecho penal. No obstante el recelo que pueda suscitar este método por las razones esgrimidas anteriormente en referencia a la expansión del Derecho penal y a su modernización, se hace necesario para poder responder así a las necesidades de prevención general.
Además, el peligro recogido en los artículos 316 y 317, es concreto, por lo que resulta más difícil que queden menoscabadas las garantías constitucionales, respetándose, por tanto, el principio de lesividad, que sería el que en mayor medida pudiera ser atacado.
La mayor limitación con la que se encuentra la configuración como delito de peligro es su falta de aplicación por los Jueces y Tribunales. Así pues, nos encontramos con una elevada cifra negra de criminalidad, que, por muy diferentes razones, no llega al conocimiento de las autoridades policiales, ni judiciales17 . Se puede apreciar, no obstante, que en los últimos años se han comenzado a aplicar cada vez más estos delitos. Por lo que es importante continuar con esta línea y que los Tribunales dejen de asumir como práctica generalizada que la intervención penal en determinados delitos de peligro, se condicione a los casos de materialización del daño, limitando por ende la respuesta penal a los delitos de resultado, como el homicidio o las lesiones18 . TERRADILLOS BASOCO entiende que el recelo de los Tribunales no puede justificarse en atención a la naturaleza expansiva, que supone el uso desmedido de la técnica de los delitos de peligro, ya que es una cuestión previa que corresponde al legislador. Este autor entiende que este exceso de cuidado responde a “la complejidad de la dogmática de los delitos de peligro” 19.

III

Hay que citar como rasgo a destacar en estos delitos, coincidente igualmente con los rasgos definitorios del Derecho penal moderno, su internacionalización y la europeización del mismo. La Unión Europea no dispone de un ordenamiento punitivo aplicable a todos los Estados miembros. A pesar de los deseos y propuestas de algún sector doctrinal, en esta materia todavía hay un largo camino por recorrer en este ámbito 20. La razón básica es que el Ius puniendi forma parte de esa soberanía nacional que los Estados tradicionalmente no están dispuestos a ceder. Así pues, en base a la existencia de un deseo de europeización, desde un punto de vista no solo político sino también jurídico, la doctrina penal comienza ya a proponer la creación de los llamados “eurodelitos”, e incluso, de un Código penal europeo21 .
Aunque la Unión Europea no tiene competencia para legislar en materia penal22 , pero sí en otras ramas del Derecho, como la laboral, se puede afirmar que esa competencia en otras materias ha permitido que la normativa europea acabe incidiendo en el Derecho penal de los Estados miembros, mediante la utilización de la técnica legislativa de los tipos en blanco. Este mecanismo obliga a los operadores del Derecho a acudir a normativa extrapenal que previamente ha sido aprobada en base a lo dictaminado en el Derecho comunitario, conformando así la conducta típica de una norma penal en blanco23 .
De hecho, el delito tipificado en los artículos 316 y 317 CP responde a esta estructura típica, es decir, hay que recurrir a otras ramas del Ordenamiento, como es el Derecho pevencionista laboral, para concretar la conducta jurídico-penalmente relevante. Precisamente la normativa de prevención de riesgos laborales se ha modificado en los últimos años al son que marcaban las directivas europeas, de ahí que por tanto, este delito sea una de esas figuras delictivas que ve plasmada esa europeización del Derecho penal, a partir de las directrices propugnadas por el Derecho comunitario.
El Derecho comunitario cada vez tiene mayor protagonismo en los ordenamientos internos de los países miembros de la UE, y de forma muy especial, en el ámbito del Derecho laboral. De hecho, las políticas de armonización que se están imponiendo desde los distintos organismos de la UE, ponen de manifiesto el nivel de preocupación ante distintos problemas sociales, entre otros el de la siniestralidad laboral.
La armonización del Derecho, ha sido y es un proceso o un camino largo, y precisamente es el objetivo de las diferentes políticas comunitarias, sin embargo es una tarea lenta, complicada y en determinadas ramas incluso imposible24 . Ciertamente la seguridad laboral es la clara excepción de la afirmación anterior, ya que es la más abundante y la que hasta ahora más ha incidido en los ordenamientos internos de los Estados miembros de la Unión. A pesar de esto, y tal y como afirma MAESTRO BUELGA “…los derechos sociales son una categoría surgida del constitucionalismo social que tiene como referencia básica el Estado y que como tal categoría son difícilmente extrapolables a otras situaciones, no sólo porque es en esta realidad política en la que actúan las relaciones propias de esta fórmula, sino también por la dificultad de extender los rasgos caracterizadores de la experiencia del Estado Social a la Comunidad Europea” 25.
IV

Como última reflexión, no se puede obviar ni dejar al margen en estas breves líneas, la situación de crisis económica y su relación con la siniestralidad laboral, aunque obviamente no sea el único factor de desprotección. Estas lagunas de protección tienen diferentes razones, entre otras, las formas precarias de trabajo, las carencias generalizadas en la seguridad con intención de ahorrar costes de producción, la ausencia de formación e información, o la indefensión, entre otras.
Si además, a esto se le añade que el mercado laboral está atravesando una profunda y devastadora crisis, materializada en un importante aumento del número de desempleados, nos encontramos ante una situación de difícil solución. Además hay que añadir que la inversión en medidas de seguridad e higiene en el trabajo, en ocasiones precisa de ayuda pública, y precisamente otro de los efectos de esta crisis es la necesidad imperiosa de ahorro del gasto público.
En definitiva, de nuevo debemos estar alertas para evitar que por la vía de recortes de garantías y derechos laborales, que limitan la estabilidad en el empleo, con la falsa promesa de creación del mismo, conviertan a la siniestralidad laboral en un problema sistémico de las relaciones laborales.

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