POBREZA, DESARROLLO Y POLÍTICA SOCIAL EN MÉXICO

Hilario Barcelata Chávez

FOX: SIN VOLUNTAD PARA EL CAMBIO

¿Alianza para la continuidad?
Fox gano las elecciones con el emblema de la Alianza para el Cambio. Pero su gestión como Presidente obliga a preguntarnos si Fox realmente quiere el cambio. Si su gobierno no constituye una Alianza para la Continuidad.
Se ha dicho (por ejemplo, Lorenzo Meyer) que para evaluar la gestión de Fox hay que tomar en cuenta que los partidos de oposición tienen la mayoría en el Congreso y que esta realidad ha limitado a Fox. Por ejemplo, la no aprobación de su iniciativa de reforma fiscal. Pero hay otras realidades que también podrían ser limitantes si Fox quisiera hacer cambios. Por ejemplo, la institucionalidad continuista del Banco de México. Guillermo Ortiz, como gobernador del Banco de México, no hubiese constituido obstáculo para que Zedillo, al que le debía lealtad, si lo hubiese deseado introdujese cambios en la política económica. Pero si Fox desease llevar a cabo un cambio en la política cambiaria para atender las fundadas críticas de importantes analistas económicos (destacadamente de José Luis Calva) o los justísimos reclamos de empresarios ante la pérdida de competitividad de sus empresas, es muy probable que Ortiz resistiese el cambio.
Estos son datos del país en el que es presidente Fox. Igualmente, es una realidad que el contexto económico mundial ha pasado de la expansión rápida a la recesión. En ese ámbito, Fox ha hecho evidente, desde el nombramiento de su equipo económico, la defensa reiterada de la política económica fundamentalista, que no desea el cambio.

Una política fiscal para concentrar la riqueza
El único planteamiento de cambio que Fox ha hecho en política económica es la iniciativa de reforma fiscal, que busca aumentar la recaudación a costa del nivel de vida de la población. La propuesta consiste en la generalización de la tasa de 15 por ciento al IVA a todos los bienes y servicios y, aunque se proponen mecanismos compensatorios, éstos son (como en los programas focalizados) sólo para los más pobres. Es decir, se trata de ahondar las políticas neoliberales que, como se sabe, sólo consideran necesaria la protección de los pobres extremos y no de los pobres en general ni de las clases medias. Al mismo tiempo, se propone reducir las tasas del ISR para empresas y personas físicas, particularmente las tasas más altas, beneficiando así a los más ricos, con el argumento que son ellos los que ahorran, invierten y crean empleos. Fox lo ha dicho descarnadamente: "mi gobierno es de empresarios y para empresarios", lo cual se contradice con su política cambiaria que, al mantener sobrevaluado el peso, perjudica a muchos empresarios.

Neoliberalismo fiscal contradictorio
Muchos neoliberales explican la incapacidad de crecimiento sostenido de la economía mexicana por la insuficiencia de las reformas realizadas. Sugieren, por tanto, completarlas y hacerlas irreversibles. Zedillo propuso aumentar las facultades del Banco de México para que éste manejara de manera exclusiva la política cambiaria del país, en vez de compartirla con la SHCP. De lo que se trataba era de garantizar la continuidad de la política cambiaria e independizarla de los cambios políticos, en forma similar a lo logrado en política monetaria. Fox ha intentado hacer algo semejante en materia fiscal, colocando un candado en la Constitución. En su paquete de iniciativas hacendarias se incluyó una propuesta de reforma (que ha pasado inadvertida) al artículo 126 de la Constitución, que establecería como principio constitucional el equilibrio presupuestal, sujeto a excepciones temporales solamente. En la entrega de esta columna del 11 de mayo pasado analicé esta iniciativa. Concluí que la aprobación de esta reforma "constituiría el harakiri de lo que queda de política económica. Con el control de la inflación convertido en el objetivo casi único del B de M y el equilibrio presupuestal en el casi único de la SHCP, el estrechamiento de miras de la política económica sería total. Las personas y su bienestar quedarían oficialmente fuera de los objetivos de la política económica. Lo único que importaría serían la inflación y el déficit."

Déficit malo y déficit bueno
Sin embargo, en los hechos, el déficit presupuestal se ha manejado con un doble criterio. Por una parte, en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) para 2002, se introduce oficialmente la doble terminología de "déficit público tradicional" y el eufemismo de Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP). El primero alcanzaría 0.65 por ciento del PIB en 2002; el segundo, 3.22 por ciento. En su comparecencia de esta semana en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, el secretario de Hacienda sostuvo que hay endeudamientos de diversos grados de calidad. Por una parte, estarían los incluidos en el déficit tradicional, que insinuó no generan los recursos para saldarse. En cambio, los asociados al rescate carretero y los Pidiregas son deudas que se pagan solas, afirmó. Por cierto, no incluyó en esta categoría los desembolsos por el IPAB. El argumento de Gil es que "en economía importan más las percepciones que las realidades" y que en el extranjero no perciben a México como un país que tenga problemas de endeudamiento. Es decir, el déficit no es problema, lo que puede ser problema es que perciban que tenemos un problema de endeudamiento. Por tanto, el tabú del déficit y su relación con la inflación quedan absolutamente matizados. Su efecto "negativo" sería solamente que tiende a elevar las tasas de interés (al absorber recursos del ahorro interno), que es, por cierto, el mismo efecto que buscan lograr los cortos del B de M que, en cambio, son juzgados por la misma sabiduría neoliberal como instrumentos para reducir la inflación. El endeudamiento externo (la fuente a la que acudiría el sector privado para financiar las obras contenidas en los Pidiregas) no causaría efecto negativo alguno, excepto el riesgo de que nos perciban como país altamente endeudado. Como se aprecia, una ambigüedad total en materia de déficit. Aspiran a un fundamentalismo antidéficit en la Constitución, pero en la práctica se manejan pragmáticamente partiendo del principio de que hay déficit bueno y malo.

Continuidad en política salarial
Una de las grandes transformaciones estructurales de los gobiernos priístas neoliberales fue la desvalorización del trabajo. A base de aumentos salariales por debajo de la inflación, "lograron" (como lo presumió explícitamente Pedro Aspe, alumno de Gil Díaz) reducir los salarios reales brutalmente. Con un ritmo de inflación mucho más bajo, el nuevo gobierno parece estar planteando mantener constantes los salarios reales de la población. Aunque en 2001 algunos sindicatos lograron incrementos salariales por arriba de la inflación, recuperando levemente sus salarios reales, hay evidencias de que esto lo ven en el Ejecutivo ahora como un error. Los salarios los siguen concibiendo como un costo de producción y no como el determinante fundamental de los niveles de vida de la población. Se les quiere seguir manejando como anclas de la inflación y los salarios bajos se conciben como condición necesaria de la inversión. Así, en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) se sostiene que la caída muy acelerada en la inversión privada se explica por los factores externos y por "el fuerte incremento en los costos unitarios de la mano de obra" (p.10). De manera coherente con esta concepción, para 2002 se plantea un incremento a los sueldos de los servidores públicos de base de 4.5 por ciento, igual a la inflación esperada.

Corrientes diversas en la política social
En el foro sobre la Pobreza Ignorada realizado a finales de octubre, Enrique Valencia hacía notar que el aparato gubernamental no es una unidad y que en la política social siempre ha habido corrientes diversas. En el gobierno de Zedillo todavía se dio una confrontación, más o menos abierta, entre las políticas sociales neoliberales, encabezadas por el subsecretario de Egresos de la SHCP (donde, se quejaban muchos funcionarios de Sedesol, se "hace la política social") y las que defendían Carlos Rojas y Enrique del Val en Sedesol. Estos resistieron el enfoque del Progresa y defendieron el trabajo tipo Solidaridad, dirigido a comunidades más que a individuos.
Como hipótesis podemos plantear la existencia de diferentes corrientes de política social en el seno del equipo de Fox. Por una parte, Santiago Levy ocupa una posición desde la cual sigue ejerciendo influencia importante en la política de salud y en la de lucha contra la pobreza (ya que forma parte del comité técnico del Progresa). Por otra parte, el equipo de Sedesol lo integran muchos funcionarios que provienen de la Coparmex y que tienen una visión filantrópica empresarial de la política social. Los nombramientos recientes de Rogelio Gómez Hermosillo en Progresa y el de Cecilia Loría en Indesol podrían significar la formación de una tercera corriente, que podríamos calificar de crítica. La existencia de esta corriente se ve reforzada por la declaración que Josefina Vázquez hizo en la reunión del PAN en Puerto Vallarta en el sentido que el Progresa carece de dimensión comunitaria. Una cuarta corriente estaría representada por algunos mandos medios (quizás sobre todo fuera de la ciudad de México) que podríamos llamar "de Solidaridad", porque defienden el enfoque de entonces ante el nuevo.
Las tensiones entre estas cuatro corrientes determinarán, de manera contradictoria, el devenir de la política social. Por lo pronto, los neoliberales parecen ir ganando terreno. Entre la iniciativa de reformas a la ley del IMSS, orientada a la privatización de algunos servicios y a facilitar la subrogación de servicios médicos, y los planteamientos del secretario de Salud sobre el seguro popular, se configuran pasos fuertes hacia la ampliación del mercado de servicios de salud. Hacia su mercantilización (término más exacto que privatización).
Además los neoliberales están empujando la consolidación de un padrón único de beneficiarios, no sólo de los programas asistenciales, sino de todo tipo de subsidios. Esto podría conducir al sueño de Levy: la creación de un solo programa de subsidios para los pobres extremos, que garantice que ningún pobre reciba dobles beneficios y que nadie que no sea pobre extremo reciba beneficio alguno. Una auténtica utopía neoliberal eficientista. Con ella, sería innecesaria la Sedesol. Bastaría con una pequeña oficina en la SHCP que emita cheques y haga encuestas.
Los programas en marcha en la Sedesol en 2001 son la continuidad casi total del sexenio pasado. El programa de piso firme, dotación de pisos de cemento para las viviendas, es un reflejo de la orientación filantrópica-empresarial. Josefina Vázquez Mota anunció programas nuevos para 2002, algunos de los cuales parten del reconocimiento del abandono en que se ha tenido a los pobres extremos del medio urbano. Habrá que ver si implican un cambio significativo o resultan marginales. Como lo comentó Rogelio Gómez Hermosillo en el Foro sobre la Pobreza Ignorada, el Progresa está enfrentando dos nuevos retos: por una parte, qué hacer en el medio urbano, y en segundo lugar, la ampliación del programa a más hogares en las localidades rurales donde ya venía operando, lo que se le llama densificación y que, si se lleva suficientemente lejos, podría cambiar el enfoque de la focalización a hogares individuales que está dividiendo a muchas comunidades de México. Habrá que ver hasta dónde puede la corriente crítica imprimir un nuevo sello al Progresa.

Caos y subordinación de la política social
Por otra parte, la organización de lo social se ha hecho más caótica con la creación del comisionado para el Desarrollo Humano, que no funciona, de una fundación privada (Vamos México), que encabeza la esposa del Presidente, y la fragmentación de la política de lucha contra la pobreza con el traslado de FONAES (Fondo Nacional de Empresas Sociales) a la Secretaría de Economía, donde además se radicó el programa de micro-changarros, una de las grandes promesas, hasta ahora no realizadas, de Fox.
La política social ya estaba fragmentada. Con lo anterior, Fox la ha dividido todavía más. Si en el gobierno pasado la política social se hizo en Hacienda, el peligro hoy es que no se haga en ningún lado. Esta fragmentación e incoherencia de la política social agudiza aún más la subordinación que ha mantenido respecto a la política económica. Los sueños utópicos (del que esto escribe) de una articulación sinérgica entre política económica y política social están más lejos que nunca. También está más lejos que nunca la formación de un equipo de excelencia en Sedesol, que le permitiera a esta secretaría actuar como ombudsman del bienestar de la población en el interior del gobierno federal, evaluando de manera independiente y crítica el impacto de las medidas de política económica en el bienestar de la población. Y la creación de un instituto autónomo que se encargara de evaluar las políticas y los programas sociales.
Todo lo anterior muestra que, hasta ahora, Fox no ha tenido voluntad para el cambio.

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