Las políticas neoliberales, el pulpo del mercado y la globalización han sido fenómenos que en la última mitad del siglo han incidido en el resquebrajamiento del estado nación a favor de decisiones supranacionales, de carácter financiero, económico, militar, político, expresión de la crisis que sufren en la actualidad los fundamentos teóricos del Estado democrático, lo que favorece aun mas que los pueblos se alejen de los centros de poder.
Se hace necesario que las naciones implanten formas alternativas de participación popular en el ejercicio del poder, así como vías que favorezcan la gestión y solución de los problemas a nivel de las localidades. Es imprescindible la búsqueda de métodos que resuelvan las necesidades directas de las comunidades y con ello que el pueblo sea sujeto de los procesos de desarrollo y actor central en la toma de decisiones de cada acción a favor de la localidad.
El ejercicio del poder por el pueblo no debe ceñirse a su participación en los órganos superiores del poder estatal por vías representativas, ni bastan tampoco las formas usuales de democracia directa que el constitucionalismo moderno asume, por lo general, prácticas electores viciadas que distorsionan la expresión de la voluntad popular y deslegitiman a los gobernantes, ni bastan las asociaciones espontáneas de la sociedad civil: es una necesidad ineludible la municipalización de las decisiones .1
En su dimensión material está dirigida a favorecer mediante la institucionalización y la creación de mecanismos directos de participación, la plena realización del ejercicio del poder popular. Es la búsqueda del reconocimiento de identidad y autoridad decisiva del pueblo, de manera tal que este participe directamente decidiendo y disponiendo de los recursos materiales y financieros con el fin de promover el empoderamiento de la población en los municipios.
Esta perspectiva de descentralizar las funciones no se traduce en excluir al estado del juego político, del control económico, ni de las funciones sociales que debe desarrollar. La descentralización supone la distribución de los asuntos públicos en dos niveles: el central (estatal) y el local (municipal) para lo cual resulta imprescindible armonizar el proceso descentralizador con la unidad de los fines estatales y su fundamento, el centralismo democrático. Se persigue pues un desarrollo relacional y ajustado de ambas funciones, de manera tal que los órganos inferiores funcionen bajo la supervisión de los superiores, los que a su vez garanticen el control y unidad estatal a través de disposiciones de carácter general y obligatorio, que promuevan la responsabilidad de los órganos locales y favorezcan iniciativas populares que contribuyan a la armonía de las acciones, en lugar de limitarlas y reprimirlas.
Esta ampliación de la capacidad decisiva de los municipios no debe ceñirse a la toma de decisiones locales solo cuando los problemas sean de su interés, sino influir también en las decisiones más generales de carácter provincial y nacional. Para ello es imprescindible lograr armonía suficiente entre la centralización y la descentralización.
La descentralización por tanto podemos entenderla como activa participación de los entes locales en las decisiones de los niveles superiores. Una intensión de realzar el papel del pueblo como centro de poder, así como concebir un consenso activo consolidando la legitimidad gubernamental, la eficacia de los mecanismos y la capacidad del sistema en general.
La participación social se torna determinante en el logro de políticas públicas eficientes, que estimulen acciones locales donde la población actúe de manera conciente y se realce el intercambio voluntario entre organizaciones públicas y beneficiarios. Es medular la comprensión, generalización y regulación de cómo, por qué, dónde y para qué participar, en la búsqueda de un adecuado nivel de movilización social.
Cuando se habla de descentralización se le califica como la trasferencia de atributos, recursos, desde un centro de dediciones hacia las instancias intermedia o base .Es considerado como un paradigma de las sociedades actuales e implica siempre una circulación y redistribución de poder. Incluye varias instituciones, normativas así como conductuales y valorativas. Se expresa a diferentes niveles, y depende de los tipos y cualidades de los órganos implicados, de la amplitud de los poderes transferidos y de cómo se desenvuelven los sistemas de relaciones verticales y horizontales.2
Las instituciones, las asociaciones paralelas, los movimientos espontáneos, son factores que hacen de cada sociedad un escenario particular, con una red de espacios participativos diferentes. La estructura de cada sistema favorece la diversidad de alcances, posiciones, objetivos, así como una disímil intensión temporal y sociológica. Se produce así la restricción o ampliación participativa en dependencia del tipo de sociedad y del sistema que rija.
Es innegable que la participación social constituye la premisa fundamental para la legitimación de los procesos descentralizadores. La misma en su riqueza y diversidad se convierte así en fundamento del accionar social cuando se pretende fortalecer y redimensionar las relaciones horizontales. La participación presupone tomar parte y decisiones a lo largo de todo el proceso. Ahora lograr una participación social activa compromete proceso volitivos, educativos y organizacionales por lo que es imprescindible querer participar, saber participar y que existan la estructuras organizativas que permitan y canalicen la participación.3
2 Linares Cecilia. Cuidad, Desarrollo Cultural y Participación, en: Domínguez Dávalos, Roberto (compilador). Desarrollo Local y Descentralización en el contexto urbano. Universidad de la habana, julio 2000. pag163
3 Mujal Guerra, Carlos A. Participación y proyectos Comunitarios, en: Domínguez Dávalos, Roberto (compilador). Desarrollo Local y Descentralización en el contexto urbano. Universidad de la habana, julio 2000.(pag179).
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