NATURALEZA DE LA PLANEACIÓN ECONÓMICA. RECUENTO DE LA PLANEACIÓN ECONÓMICA EN MÉXICO Y EL MUNDO.

Rodrigo Hernández Gamboa

Venezuela.

Podemos remontar el fenómeno de la planeación en Venezuela hasta las décadas de los cincuenta y sesenta, cuando en un primer momento se intentó acelerar el crecimiento manufacturero, que ya había despegado desde años anteriores, pero es en 1955 que el Ministerio de Fomento creó la Dirección de Planificación Industrial y Comercial, con el fin de buscar incentivar un desenvolvimiento económico, industrial y comercial de las producciones del sector primario que fueran principalmente consumidas por la industria nacional, en un intento por proteger y orientar a la industria venezolana. El segundo ensayo de planificación se originó en el apuntalamiento de un proceso de sustitución de importaciones de Venezuela, que al mismo tiempo lo inmiscuyó en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) con el fin de promover un programa de liberalización y de integración de las regiones (Mendoza, 2004: 13).

En 1958, tras movimientos bruscos en el aparato gubernamental, se crea la Oficina Central de Coordinación y Planificación, organismo que se facultó para establecer las políticas económicas conforme al periodo presidencial en turno. El primero estudio que se elaboró comprendió los años de 1960-1964, con la finalidad de precisar tanto el desarrollo económico como el impulso de la industrialización y modernización de la agricultura, todo ello bajo la acción promotora del Estado nacional. En lo referente a la industria, se impusieron unas medidas arancelarias conjuntadas con el otorgamiento de créditos para fomentar su desarrollo. En lo concerniente a la parte agraria, se indujo a la asistencia técnica y financiera, al mismo tiempo que se atacaban los latifundios con fundamentos legales del propio gobierno promotor, como es el caso de la Ley de la Reforma Agraria dictada en 1960 (Banko, 2007: 7).

Se complicó el desarrollo al advertir paralelamente dos factores que moverían al país al desarrollo; uno inicial sería la industrialización manufacturera que tenía serios desarrollos en marcha y que promovía a la industria con un tasa de crecimiento superior al PIB nacional, sin menoscabar que el PIB era muy alto en ese momento. Pero el segundo aspecto que paralelamente fecundó a la economía, fue la utilización de las propias materias primas nacionales, tanto agrícolas como mineras, en la industria pujante, correspondiendo a estos dos momentos, una tasa cercana al pleno empleo, un ingreso nacional alto y una distribución más equitativa del propio ingreso. Entre los retos que se aglutinaron en este plan para que la industria se trasformara en el factor clave del desarrollo nacional, se encontraron; la competencia desleal con los productos extranjeros, la falta de trasportes, la poca mano de obra calificada y la inadecuada organización de un gran número de empresas sin estructura conjunta. Pero con lo que se contó para que la planificación, en cuanto a la industria se refiere, ganara terreno, se encuentra; la existencia de un mercado interno que se hacia cada vez mayor y con buenas perspectivas a largo plazo, la disponibilidad de capitales para el desarrollo y las fuentes de energía que eran mayores en Venezuela (Banko, 2007: 9).

El PIB durante estos años del plan creció en un 9.1%, pero la progresiva desaceleración en los subsecuentes años se debió tanto a las limitaciones del mercado interno como a la poca distribución del ingreso. Además, el proteccionismo que había ayudado a las industrias nacionales a desarrollarse, se convirtió poco a poco en un factor que frenaba la expansión de estas mismas industrias, sin elevar la competitividad.

El segundo plan que corrió de 1963 a 1966 fue elaborado por la oficina Central de Coordinación y Planificación, durante el mandato del ejecutivo encabezado por Rómulo Betancourt. Este plan estimuló sobre todo el desarrollo integral, haciendo hincapié en el equilibrio para utilizar los recursos que antes se derrochaban de manera más descuidada. Se retomó la búsqueda para que la planeación estuviera compuesta por núcleos regionales más amplios, y que igualmente intervinieran en la lucubración de objetivos y en la toma de decisiones; utilizando para ellos las zonas de vanguardia de Guayana y las más pauperizadas de los Andes (Maigualida Bejas, 2009: 12). 

Prosiguió al igual Venezuela, como la mayoría de las naciones de latinoamericanas, en un proceso de sustitución de importaciones, e igualmente participó en un modelo de composición en el que se reconoció a la integración de estos mercados comunes mediante el ALALC, en la búsqueda de nuevos mercados que por tanto supondrían un mayor intercambio entre los países latinoamericanos. No demostró este plan intencionalidad alguna de adelantar un proceso de integración más allá de los aspectos comerciales. También se amplió la visión del Estado sobre el Desarrollo Comunal como un medio por el cual se podría promover la participación social, siendo éste un elemento estratégico para las políticas públicas concernientes.

El tercer plan que corresponde a los años de 1965-1968, fue elaborado bajo la tutela de Raúl Leoni, reconociendo igualmente la importancia al proceso de integración, que a pesar de la oposición empresarial protegido, continuaba por la misma senda, pues se percibió a esta integración como la única alternativa para la creación de un orden que fuera más allá de la sustitución de importaciones (Mendoza, 2004: 5).

Se percibió también en este tercer plan la preocupación por fenómenos que generalmente se presentaban después de un repunte en los índices de desarrollo y su respectiva caída, es decir, se buscó aumentar los niveles de ocupación, además un mayor grado de estabilidad para no comprometer las condiciones de vida, aunado a una más justa y equilibrada repartición del ingreso. También se presentó el enfoque por el cual se desarrolló la noción de crecimiento regional como un elemento estimulante para la distribución y abastecimiento de la población regional, en función del aprovechamiento de sus propios recursos para promover su bienestar y el de toda la población, satisfaciendo sus necesidades y las de la economía venezolana en su conjunto. Expresando por último, que cada región debería ser una unidad económica delimitada y orientada a la utilización de estos mismos recursos para su beneficio (Maigualida Bejas, 2009: 14).

El cuarto plan se desarrolló entre los años de 1970 y 1974, presentado bajo el gobierno de Rafael Caldera, basándose casi en su totalidad en una estrategia para promover exportaciones nuevas, paralelamente con la sustitución de importaciones viejas. Los objetivos de política comercial estuvieron encaminados a mejorar las condiciones de las exportaciones petroleras y reducir la dependencia mono exportadora, por esta razón todas las metas, se involucraban en las industrias exportadoras no tradicionales, para darle un realce necesario (Mendoza, 2004: 7).

También se reflejó en este lapso del plan una imperiosa necesidad de manejar tres aspectos básicos; la desconcentración, el acondicionamiento físico y la regionalización y descentralización, que implicaban equilibrar a los Estados y lograr adquirir un desarrollo equiparable con la democratización territorial (Maigualida Bejas, 2009: 15).

El quinto plan se elaboró bajo la dirigencia de Carlos Andrés Pérez que se ubicó en la época del boom petrolero, caracterizado por un crecimiento de los precios del petróleo y por tanto ingresos a las arcas estatales. En lo referente a la integración regional, se insertó esta noción en el discurso presentado ante los países de Tercer Mundo, al señalar que coadyuvaran para el mejoramiento de esta noción, en especial en América Latina, apoyando Venezuela los problemas de la balanza de pagos de algunos países en vías de desarrollo, no productores de petróleo, haciendo más factible la asimilación de mercados comunes (Mendoza, 2004: 6).

Se proyectaron también ambiciosos programas de desarrollo del aparato productivo, principalmente en las áreas de petroquímica, siderurgia, aluminio y electricidad. Radicalmente se transformaron los papeles, de ser un país que constituía una planeación para promover el desarrollo y complementar al crecimiento, para actuar bajo la noción de ser un “agente por antonomasia del proceso de acumulación”. Esto fue lo nominativo, y de ahí se transitó por el desarrollo y la participación directa del sector público en la propiedad y dirección de empresas, siendo este un nuevo mecanismo de protección, que se combinaba con incentivos fiscales para la producción interna y las exportaciones (Banko, 2007: 10).

A partir de la segunda mitad de los años setenta se tuvo que enfrentar una disminución de la renta petrolera por la previsible ciada del precio. El país se internó en una crisis económica, y es en ese mismo momento que se elaboró el sexto plan de 1981-1985 durante el gobierno de Herrera Campins (Mendoza, 2007: 6).

El séptimo plan bajo la tutela de Jaime Lusinchi de 1984 a 1988, se orientó a rediseñara la política económica mediante un ajuste del déficit, sosteniéndose una contracción del gasto público. Pero los efectos de la crisis no fueron tan fáciles de atenuar, ya que tanto la inversión pública como la privada se redujeron, originando un alza de los costos de producción a consecuencia de la devaluación. Los insumos importados, tuvieron una muy fuerte caída, por tanto la producción se detuvo, y solamente los programas sociales y el mantenimiento de un programa de obras de infraestructura lograron neutralizar los factores que incidían en la reducción de la demanda agregada (Banko, 2004: 12).

Desde finales de los años ochenta y toda la década de los noventa se dio un viraje en la política económica de Venezuela encabeza por Carlos Andrés Pérez en su segundo mandato iniciado en 1989. Se refinanció la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, con la principal intención de reducir el papel del Estado en la economía por medio de una liberación de precios, las privatizaciones, el recorte del gasto público y la eliminación de subsidios y protecciones arancelarias. El anuncio del nuevo plan y el aumento de la gasolina trajeron consigo el estallido conocido como el “Caracazo” (Banko, 2004: 14).

La situación industrial no mejoró notablemente. Las industrias manufactureras no resistieron la competencia de las importaciones y el asenso por su parte de los costos de producción, aunado a una disminución de la demanda constante dieron al traste con buena parte de la industria venezolana. Esta crisis industrial provocó la desaparición de muchas de las pequeñas y medianas empresas que no tuvieron los recursos para enfrentar la competencia.

Pero para nuestros efectos de sobresaltar los momentos coyunturales de la planeación, se vuelve necesario mostrar la nueva manera de concebir la planeación en la contemporaneidad, con el Presidente Hugo Chávez Frías, que formuló una reforma en el año 2001, con la cual se modificaron las facultades y prioridades, y se transforman los marcos jurídicos constitucionales de la planeación.

Entre los cambios más importantes están; que el Presidente de la República presenta los “Lineamientos Generales del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social”, al final del primer año del periodo constitucional. Este plan originará el “Plan Nacional de Inversiones Públicas, que a su ves se retroalimenta del Marco plurianual del presupuesto y éste del plan operativo anual y del presupuesto anual de la nación. La Ley orgánica de planificación, constituye un hito jurídico en el cual se soporta todo el conjunto de instrumentos de la planeación nacional a sus diversas escalas” (Guerra, 2006: 99).

Lo más interesante del nuevo marco jurídico de la planeación y sus cambios institucionales, se concretizan en la creación del Ministerio de Planificación y Desarrollo, que incluye en su interior al Vice-Ministro de Planificación y Desarrollo Regional, eliminando el binomio de los organismos locales y regionales. Esto es muy importante, ya que la descentralización del poder ejecutivo da cierta libertad a la sociedad organizada para manifestarse en las acciones de la gestión pública. Para este fin se crearon a su vez los consejos locales de Planificación Pública, bajo lo valores de participación y descentralización, que superan la improvisación de la gestión pública y dan sustentabilidad a los sectores que se encargan de enfrentar el desarrollo humano localmente (Scotto, 2003: 143).

Es así que la planificación venezolana resulta ser mayormente novedosa, pues acumula funcionalidades de todas las formas de planificación, desde su perspectiva socialista, hasta la normatividad de la planificación de libre mercado, y un nuevo enrizamiento, que resulta ser la democracia participativa, en la cual incorpora a la sociedad civil organizada para deliberar lo importante de sus comunidades. Es un gran modelo que se desarrolla con cierto éxito, aunque esto se demostrará con el paso del tiempo, en el cual se manifieste no sólo su beneficio económico sino el desarrollo humano que le es intrínseco a la planificación estatal.

Esta descripción somera de la experimentación venezolana, se tendrá que deliberar en otras exposiciones, por lo pronto, sólo es valido apuntalar el esfuerzo y sobresaltar el ímpetu de la tarea que sin duda es compleja, pero que sí resulta revolucionaria en todo el paradigma planificador del mundo.                    

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