NATURALEZA DE LA PLANEACIÓN ECONÓMICA. RECUENTO DE LA PLANEACIÓN ECONÓMICA EN MÉXICO Y EL MUNDO.

Rodrigo Hernández Gamboa

La planeación en los gobiernos neoliberales.

En 1982 se propuso el plan de rescate del FMI, retomando posturas eficientitas-monetaristas, que se habían desplegado desde la anterior recesión mexicana en 1976, pero que ahora parecían inevitables. Entre estos nuevos reajustes, podemos mencionar; una reducción del gasto público, asegurando ser la principal fuente de inflación en el país; una nueva faceta de la reproducción de capital, con nuevas reglas en las relaciones de producción y una reinserción del país en la economía mundial de mercado, que ya se empezaba aponer en boga en Latinoamérica después de ser postulados primarios del gobierno norteamericano y británico. Estas intenciones se manifestaron en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y en el Programa Interno de Reordenación Económica (PIRE). Pero este reordenamiento no sólo fue basado en un reajuste de las políticas económicas, sino que además fue necesario modificar la Constitución Política Federal para su aplicación de fondo.
Se puede entender a la Constitución de 1917 como la norma garante de los ideales que dieron origen a la revolución, aunque de igual manera era fundamento de los principios e ideología dominante, tanto de los triunfadores de la revolución, como de las formas de acumulación y reproducción capitalista, que sustentaba la propiedad privada, pero que daba mucho espacio a otras formas de propiedad tanto estatal como comunal-social. Pero en ese momento se rompía el paradigma nacionalista, populista, etc. de la economía. Se originaba un reacomodo del capitalismo con nuevos modelos y estrategias en un nuevo esquema de reproducción del capital, que tenía como fundamento a la planeación como organizador de este reacomodo -y no tanto de la economía-,  con reformas aplicadas a los artículos 25 y 26 de la Constitución.
El planeamiento jurídico que se modificó en estos años sobre la planeación se explicara más adelante, pero es necesario decir que en lo referente al artículo 25 de la constitución, dio paso a que se facilitara un nuevo modelo, en el que se constituyó al Estado como rector del desarrollo nacional. Esta noción que no sugeriría cambio alguno por la preeminencia del Estado en las relaciones económicas nacionales desde por lo menos la concepción del Estado post-revolucionario institucionalizado, sin en cambio sí se adhiere a una reconstituida concepción, en la que el Estado obtiene prestancia primigenia para decidir los destinos de la economía con la legitimidad suficiente que dicta las modificaciones a la Constitución, y la planeación fungirá entonces como un instrumento fundamental en la búsqueda de la modernización y reajuste de la economía. El enfoque critico, no supone en esta nueva fase interventora un planteamiento de tipo Keynesiano que en todo caso ya se daba por cierto, y sí una nueva formulación que no corresponde del todo al espíritu de lo planteado. Es decir, en su afán de reajustar las relaciones económicas, aseguraron al Estado una nueva faceta encaminada a hacer de esta participación, desde un ángulo especifico, permisivo a nuevos modelos de acumulación de capital para que se expresaran sin anclajes la nueva noción del liberalismo rampante que se venía reformando en Latinoamérica y en el mundo occidental.
El PND de este sexenio fue presentado dentro de las nuevas delimitaciones contenidas en la Constitución Federal, y tenía como objetivos prioritarios concebir una estrategia que modificara las relaciones del sistema capitalista preponderante, con la finalidad de atacar las manifestaciones causantes de la crisis de ese momento.
El PND de 1983-1988, fue novedoso en tanto su nueva concepción dentro de los ordenamientos legales ya reformados, así como su génesis desde un amplio dialogo entre el Estado y la sociedad, que se realizó a través de los foros; de igual manera los gobierno Estatales y municipales hicieron parte de los diálogos en foros de consulta popular en los Estados.
Se propusieron estrategias encaminadas a desarrollar la capacidad de crecimiento y la calidad del desarrollo en función de dos líneas fundamentales de acción, la reordenación económica y el cambio estructural. La primera estrategia hizo referencia a la respuesta del Estado para enfrentar las manifestaciones de la crisis, y a la búsqueda constante de originar las condiciones de un normal funcionamiento de la economía. El cambio estructural se refirió a las trasformaciones en el aparto productivo y distributivo de manera categórica, haciendo hincapié en los mecanismo de participación de capitales privados que garantizaran superar los desequilibrios que la estructura económica pudiera tener.
Este reordenamiento económico se protagonizó a través del Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE), que en el marco del PND se proyectó a partir de abatir la inflación, proteger el empleo, garantizar la planta productiva y crear un mercado interno sustentable. En cuanto a las condiciones mínimas del funcionamiento adecuado de la economía, se sustentaban en; corregir los desequilibrios económicos y financieros, distribuir los costos del ajuste con equidad y hacer una recuperación económica que se sostuviera en firmes, perdurables y justas condiciones de la actividad económica nacional.
Pero el énfasis del cambio estructural se planteó en el PND como trasformaciones del aparato productivo y distributivo en concordancia a las causas que originaron las crisis, es decir, planteando seis puntos de afluencia. En primer lugar se enfatizó la atención a los aspectos sociales distributivos del crecimiento; también se intentó consolidar un moderno aparato productivo que estuviera integrado en el sector social y se volviera competitivo hacia el exterior; se aludió a una descentralización que fortaleciera el desarrollo igualitario de las regiones; se buscó potencializar los recursos humanos disponibles mediante la preeminencia de la ciencia, la tecnología y la cultura; y por último se promovió un fortalecimiento de la rectoría económica del Estado en una búsqueda constante de alentar el sector privado y social de la economía.   
Se puede interpretar todo este proceso de nuevos paradigmas de la política económica y de la planeación conforme a una postura primaría de reorganización del Estado y sus relaciones con los estamentos dominantes, en su intención de capitular la crisis y establecer una nueva forma de acumulación de capital que se sustente en mejores pilares para la consolidación de este proceso de desarrollo capitalista. Esta nueva planeación de manera indicativa, y que más bien pareciera una guía de organización de las nuevas relaciones económicas, se basó en estrategias enarboladas por el propio FMI, conforme a una noción de sustentabilidad y no de crecimiento, de seguridad y no de desarrollo. Es decir, se apalastró en la reducción y control de la tasa inflacionaria, del déficit financiero público y el déficit externo. Esto puede ser ubicado tanto en los objetivos del PND como del PIRE, que tuvieron como objetivo fundamental reducir el déficit de la cuenta corriente.
Esta tarea abanderada por el Estado, entendiendo su nueva faceta de Rector de la economía, se basó en una primera apreciación política, es decir; el control de la crisis repercute directamente en el control de los conflictos políticos y sociales, y en su posible desactivación o neutralización al no existir politización o causa legitima alguna económicamente para un levantamiento contra las instituciones -y la clase dominante que lo detenta, no de manera determinista ni fatalista, sino en plena lucha ideológica y política- ya que el detentador del interés general se coloca por encima artificialmente para manejar la economía conforme a la noción de mediador de los antagonismos de clase, dándole una apariencia más neutral de la que verdaderamente tiene. La otra causa que tiene el Estado para insistir el apaciguamiento de la crisis, se debe a que tanto la reorganización de las relaciones de producción se ponen en peligro al existir y actuar en un constante escenario de riesgo para la reproducción y acumulación de capital, como para la consolidación de la propia clase dominante y su manifestación estatal, corriendo el riesgo de desaparecer su hegemonía por la profundidad del deterioro estatal. Sin embargo, también hay que señalar que la desactivación de un conflicto social se debió a las muy mermadas bases sociales contestarías refugiadas sólo en mínimos focos universitarios, sindicalistas, campesinos o sociales. La maquinaría del estado autoritario pudo fragmentar la organización social incluso antes de que se pudieran en marcha estas medidas económicas neoliberales.  
El objetivo político de esta modificación sin duda fue fructífero, pues no se registró un estallido social que pudiera poner en vilo al sistema. En lo referente al objetivo económico, se puede apreciar un desmejoramiento de este rubro, pues la deuda, la baja del petróleo, la disminución del flujo de divisas y la reducción del erario y de los ingresos públicos no contribuyeron en la mejora de la percepción económica. Hay que subrayar el suceso de septiembre de 1985, que devasto a buena parte de la ciudad de México y de las zonas productivas de la misma. También se cumplió con un cambio estructural que llevó a compactar el aparto público del Estado de Bienestar, dando fin y vendiendo a entidades propiedad del Estado, para dar paso a una nueva forma de acumulación, en el que sectores que podrían ser productivos para el nuevo capital se cedieron cambiando las relaciones económicas (Villarreal, 1997; 10).
En el PND de 1989-1994 se intento elevar el nivel de vida de población apoyándose en tres estrategias en política económica que dinamizara el crecimiento y la distribución. Estas fueron; la ampliación de los recursos destinados para las inversiones productivas, la modernización económica y la estabilización continúa de la economía. Las guías que determinaron las acciones fueron ocho: estabilidad de precios, protección del poder adquisitivo de los salarios, recuperación de la economía, saneamiento de las finanzas públicas, reducción de las transferencias de recursos al exterior, ejecución prioritaria de los programas de gasto social, promoción de la eficiencia productiva, combate a la pobreza, apertura comercial, fomento al ahorro y eficiencia en la intermediación financiera (Balance Sexenal, 1994: 20).
La base de este modelo se sustentaba en la modificación de las estructuras y articulaciones de regulación económica que impedían la eficiente operación de empresas, abriendo el mercado nacional indiscriminadamente, haciendo de éste el más abierto del mundo. El Tratado de Libre Comercio fue el elemento culminante de la inserción de la economía mexicana en el economía internacional. Esto era lo que se denominaba la modernización económica (Villarreal, 1997: 11).
Los resultados de esta planeación si se miden en concordancia a los resultados macroeconómicos, es posible que salgan favorecidos; pues se dio un crecimiento sostenido con estabilidad económica, también la inflación se hubo neutralizado como una válvula de presión y las finanzas públicas dejaron de constituir una fuente de amenaza y de grandes déficit fiscal (Villareal, 1997: 12). Pero esto no constata el bienestar de la población que resulta era el eje primordial del plan, más bien se denota una pauperización de los niveles de vida por los bajos niveles adquisitivos de los salarios como forma de atenuar la demanda y reducir la inflación, la perdida de empleos por el cierra de industria que no pudieron competir con el exterior por tener factores endémicos que las envilecían, pero aún así, pauperizaron el nivel de los salarios al existir un ejercito de reserva que buscaba vender su fuerza de trabajo a un costo mucho menor de lo que se acostumbraba.
También el campo se vio afectado, no sólo por la competencia internacional que en ese momento se volvió crucial, sino por la sacrificio del ejido como forma de producción comunal, pues sí bien esta forma no era del todo productiva y tenia un germen burocrático  en su financiamiento que impedía su desenvolvimiento; con las reformas constitucionales que eliminaban por una parte su futuro desarrollo y la liberaban por otro lado para poder comerciar con la tierra, se condenó al campesinado a una condición de peón en el mejor de los casos, pues la inmigración succiono esta fuerza de trabajo inutilizada que era un polvorín para el Estado mexicano. Tal vez por estas razones se puede decir que no se cumplieron con los objetivos planteados en el sexenio de Salinas de Gortari.
Se continuo por el sendero neoliberal, avanzando en materia de planeación y programación técnicamente, pero no sucedió lo mismo en la aplicación de los sus objetivos. Los objetivos que se plantean en el PND de 1995-200, fueron el avanzar en el desarrollo social, con el fin de propiciar oportunidades de superación individual y comunitaria, además de promover el crecimiento económico sostenido y elevar la productividad. Las estrategias con las que se enfrentó estos objetivos, fueron de nueva cuenta; priorizar el ahorro interno para financiar el desarrollo, establecer condiciones de estabilidad y certidumbre a la actividad económica, promover la eficiencia en los recursos, y aplicar políticas sociales pertinentes (Pérez Castañeda, 2997: 70). De nueva cuenta estamos ante un plan que impone los intereses de estabilidad y productividad, al de crecimiento y desarrollo humano sustentable. Matiza de nueva cuenta sus intereses en la búsqueda de continuar con esta política, sólo conteniendo postulados medianamente sociales, sin revestir en ninguno de los casos un compromiso esencial para erradicar la marginación humana y el deterioro de la estructura social que carcomía las bases de la sociedad mexicana, a la vez que se derruirán las formas de lucha social y sólo se contemplaba la arena electoral para dirimir conflictos que atañen a toda la población.  
En el año 2000 se abrió una nueva disyuntiva con la alternancia en el Ejecutivo Federal, en donde el partido hegemónico hasta ese momento perdió la Presidencia de la República, modificándose en algunas partes el diseño institucional y la correlación de fuerzas, dando paso a una rejuvenecida perspectiva de política económica, que se puede traducir en el PND dado a conocer por el nuevo presidente Vicente Fox Quezada en un planteamiento que no modifica en gran medida la ruta trazada de antemano. Éste -el plan- responde más a juicios y definiciones ideológicas-políticas del mandatario y del nuevo grupo en el gobierno, que a un proyecto de nación diferenciado de los antecedentes más cercanos, cuyo sustento es la doctrina del libre mercado ortodoxo (Urías Germán, 2001: 3).
El plan señala textual, “los mexicanos habrán construido una democracia solida y logrado reducir las inequidades sociales, políticas y económicas, con lo cual tendrán acceso a una mejor calidad de vida” (PND 2001-2006: 37). La simple transición, recambio, traspaso, como se le quiere llamar a esta nueva detentación del Ejecutivo federal, no fue sinónimo de democracia, esto es muchísimo más extenso que un siempre recambio institucional, además la democracia no asegura un bienestar colectivo, esta es otra tarea que acompañada con la democracia puede sustentarse en un plazo más largo; así que la gran algarabía por el triunfo de la oposición y sus deseos bienhechores tuvieron que ser complementados por una política económica que modificara las relaciones económicas para ser realidad sus objetivos.
Algunos autores sostienen que este plan “carece de compromisos” pues no tenía metas especificas ni plazos que den temporalidad a los cambios que se prometen en salud, educación, vivienda, cultura y alimentación, entre otros (Urías Germán, 2001: 5). También remarca el papel imparcial del Estado en las relaciones de productivas “en una convivencia pacifica…que reduzca la lucha entre ricos y pobres” (PND 2001-2006: 27), fomentado la equidad y tolerancia. Habla de igualdad de oportunidades, de fomento al empleo, de desarrollo social humano, y de otros ejes que igual remarcan estas características de desarrollo integral humano y demás caracterizaciones similares, pero se vuelve muy discutible su aplicación, pues notamos que estos enunciados, sólo son contenido de un esquema que no ilustra ni plantea con coherencia los recursos disponibles y su reformada aplicación para modificar las problemáticas sociales, económicas y políticas del país. Son sólo un recuento de problemas y de acciones que se quedan en el tintero como ya lo hemos venido observando en estos planes de desarrollo teñidos por planteamientos neoliberales y de libre comercio.
El plan presentado por Felipe Calderón para los años 2007-2012, esta dirigido a establecer una estabilidad cambiaria a costa de todo, además de una apertura comercial más amplia y otros ejes que resultan evidenciar esta similar apatía por hacer de la planeación un eje de desarrollo con fortaleza, y no con nimiedad y sin muchas respuestas, más allá de diagnósticos austeros y compromisos sin temporalidad ni demora.
El fortalecimiento del Estado derecho es una de las propuestas más focalizadas y ejemplaras del plan, además de la política económica que defiende esta clase hegemónica en el poder estatal y que establece una perspectiva de seguridad a la inversión y a la propiedad privada, dejando de lado cualquier incertidumbre jurídica y legal que no se exprese en este sentido. Siendo esto así, aseguran, que la inversión no se desenvuelve por otras cuestiones que no se establecen dentro del marco legal que defiende y protege las relaciones de producción existentes (Huerta Gonzales, 2007: 2).
En la cuestión económica planteó una nueva relación con las empresas públicas, ya que señala; “trasformar a las empresas públicas para hacerlas más eficientes y de esta forma obtener menores costos de producción de insumos estratégicos” (PND 2007-2012: 5), esto hace clara referencia a las dos industrias detentadas por el Estado actualmente; la petrolera y la de energía eléctrica. En una clara insinuación de privatizarlas sustentadas en el precepto competitivo, que en raras veces se ha lleva a cabo.
El plan de igual manera colocó un apartado en el que hace clara referencia al combate de monopolios alegando que “son estrategias que contribuyen a reducir los costos de las empresas, lo que contribuye a una mayor competitividad, crecimiento y generación de empleos”, insistiendo que este combate también necesita de una apertura comercial que inhiba el alza de los costos y por ende mejore la capacidad económica del ciudadano. Se mantienen como inamovibles los conceptos convencionalistas de productividad, inversión y crecimiento que están en función de la competencia y de la apertura de los mercados indiscriminadamente, trayendo como consecuencia, de este alegato hacia los monopolios y en favor de la competencia, una destrucción de buena parte de la planta productiva, que provoca una disminución del potencial económico nacional incitando una dependencia del sector externo, así como desempleo y déficit comercial (Huerta Gonzales, 2007: 5).
La manera de incrementar el empleo es a través de “modernizar las relaciones laborales”, con todo lo que esto quiera decir, pues su modernización pasaría por modificar la Ley Federal del Trabajo pretendiendo obtener mayor plusvalía relativa de las nuevas condiciones; como la contratación temporal, la libre movilidad del trabajo al interior de la empresa, la disminución de prestaciones laborales y el incremento de la productividad (Huerta Gonzales, 2007: 7). Son simples modificaciones a las estructuras de las relaciones productivas que favorecen ineludiblemente al patrón, colocándole menos responsabilidades y haciendo de esta modificación una regresión a las reivindicaciones obreras de la institucionalización de la revolución.
En cuanto al manejo fiscal, se intentó en el plan continuar con esta estabilidad macroeconómica que conlleva una disciplina fiscal, baja inflación y estabilidad del tipo de cambio, garantizando con ellos unas finanzas sanas que repercutirían en las inversiones extranjeras y en la de las propias familias y sus créditos. También, en el PND de Felipe Calderón, se busca una política hacendaria competitiva que refuerce las políticas públicas, no con mayor recaudación sino recortando el gasto, para esto reformaron el sistema de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, siendo esta parte de una misma ideológica librecambista de los últimos dos decenios (Huerta Gonzales, 2007: 9).
Esta es la revisión histórica-política-económica de la planeación en México, con sus matices coyunturales y de conceptualización. Aunque por ahora resta decir que en México según mi conclusión, nunca o en muy menor proporción se ha llevó a cabo una planeación económica de desarrollo a mediano y a largo plazo en la historia contemporánea, conforme a la teoría convencional y a los planteamientos divergentes de ella. Este es una conclusión muy espinosa pero que la argumentaré en el siguiente capítulo, por ahora sólo falta comprender las cuestiones jurídicas y sus causes regionales del mismo instrumento planificador para comprenderlo en la totalidad compleja.       

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