NATURALEZA DE LA PLANEACIÓN ECONÓMICA. RECUENTO DE LA PLANEACIÓN ECONÓMICA EN MÉXICO Y EL MUNDO.

Rodrigo Hernández Gamboa

La planeación en los gobiernos de 1940-1982

La homogenización de este lapso de tiempo por medio de una conceptualización económica resulta complicado, Más aún cuando se contempla que, dejando atrás la fase de acumulación de capital, que podemos apresar entre los años en que se aplican las Leyes de Reforma y el inicio del régimen institucionalizado de la revolución, es decir, principios de los años cuarenta -entre otras cosas por su nimio cambio posterior de las relaciones de producción y por ende de las relaciones sociales-, se podría localiza el posterior desarrollo extensivo de la acumulación de capital que podemos ubicar desde 1940-1960, y que se especifica por el incremento en la composición orgánica del capital. Esta fase se identificó por la subordinación formal del trabajo al capital, debido a que se desarrolló el modo de producción capitalista en función de su técnica propia, socializando el proceso de producción a la luz del desarrollo de las fuerzas productivas, que devienen en una organización superior del propio capital que incrementa su producto (Vargas Larios, 1986: 61). Después de este periodo puede ser reconocido, en alguna medida, el efecto sobre la acumulación de capital, que propiciando un descenso en las tasas de ganancia y en la estructura estatal, condujo a una crisis, modificando el paradigma estructural por otro, uno nuevo. Así es que tampoco, por un análisis somero de las faces capitalistas, que puede resultar un tanto arbitrario, se puede capturar este periodo de tiempo, pues se intercalan en espacios diversos de referencia.
Es así que con el fin de la institucionalización del régimen revolucionario, además del término de la acumulación primaria del capital, se estableció una confirmación tanto política como económica del modelo. La Secretaría de Gobernación por orden del Presidente Cárdenas, realizó el segundo plan sexenal, que se especificó contemplara los años 1940-1946, y que en esencia continuaría por la misma ruta nacionalista y desarrollista, y defendiendo la primicia del desarrollo industrial como consecuencia lógica del modo de producción. Con esta postura, se anunció dentro del plan, una política proteccionista, en cuanto a la competencia internacional, colocando impuestos y aranceles a las importaciones. Además, se condujo por la misma línea en cuanto a la creación de infraestructura pública, en apoyo a la industria y con los mismos soportes en las tasas impositivas al empresariado nacional.
Este plan también se encausó en la misma senda que el anterior; sólo planeando la acción gubernamental para la trasformación progresiva del país, entendiendo que el Estado no estaba en condiciones de intervenir decididamente en la producción industrial, es decir, no intervendría cambiando las relaciones de producción, ni tampoco podía planear la economía de forma centralizada. Esto fue efecto del recambio gubernamental y de la comprensión de que el modelo no estaba diseñado para abolir la propiedad privada ni modificar las relaciones de producción, pues el cardenismo había creado una nueva burguesía industrial y financiera que no estaba dispuesta a trasformar las relaciones que ahora se establecían y equilibraban (Guillen Romo, 1983: 62). 
La estructura fue similar a la presentada en el plan cardenista, con un capítulo introductorio que enmarcó los objetivos del plan y una síntesis del proceso revolucionario. Podríamos señalar su intento de reafirmar los logros del cardenismo en todos los aspectos, pero en esencia se igualaron en la nula planificación de la económica nacional, mas sólo planeaban la acción gubernamental para la transformación revolucionaria de la vida social (Guillen Romo, 1983: 62). 
En cuanto a la política agrícola, que fue pilar del anterior plan sexenal, se constató que en esta planeación se alejarían de los avances de la reforma agraria; desacelerándose la producción agrícola, sí bien por el efecto de la división de latifundios que eran terrenos productivos a gran escala, también por el abandono del Estado al campo en su búsqueda cooperativista del ejido, procurando ante todo un proceso de acumulación de capital en post de la industrialización, y dejando morir de inanición y burocratización al campo ejidal (Vargas Larios, 1986: 68).
Así también, se localizó por primera vez la concordancia con los gobiernos estatales y municipales, con el federal, con el fin de centralizar los objetivos de la planeación. También se intentó hacer participe a la población en el plan, consolidando el Consejo Nacional Consultivo, que tuvo precedentes en la organización de masas del cardenismo. De igual manera, se orientó un plan delimitado en la distribución regional de las actividades industriales, intentado hacer factibles los costos de producción y por ende la extensiva acumulación de capital, para reorientar el desarrollo económico nacional (Aguilera, 1982: 49).
Durante estos años del segundo plan sexenal, se organizaron las instituciones estatales que se responsabilizaron de la política económica, teniendo como pilar tácito a la planeación. Entre ellas se localizó el Consejo Mixto de Economía Regional, a la Comisión Federal de Planeación y a la Comisión Nacional para el Estudio de los Problemas de México en la Postguerra. Esta organización desde el Estado buscó solucionar los conflictos económicos, tanto de la nueva restructuración de capitales producto de la Segunda Guerra Mundial que afectó a toda Europa, como de las necesidades de importaciones que se veían clausuradas, sobreponiéndose estos conflictos a la planeación que el Estado desarrolló para racionalizar el progreso económico del país (Vargas Larios, 1986: 71)  
El desarrollo en la economía fue sólo obra de la demanda que al mismo tiempo fue resultado de la necesidad intrínseca de la Segunda Guerra Mundial, y de la nula producción que estos países en pleno problema bélico reprodujeron. Al final de esta coyuntura, se estabilizaron y modularon estas tendencias, ocasionando que los países que se habían beneficiado del conflicto, sufrieran desempleo, afectaciones a la ganancia del capital, desajuste en los salarios reales, elevadas tasas de inflación y la disminución de la demanda externa, imposibilitando de nueva cuenta el desarrollo acelerado y esta extensiva acumulación capital que procuró en un inicio un excedente al salario real. Es ineludible la afectación al costo de las relaciones de producción; situación que originó una utilización de técnicas propias del sistema capitalista para estabilizar la ganancia; como la plusvalía relativa, que era la permitida por la ley, además de un decrecimiento en el salario real, haciendo igualmente insatisfactorio para el capital la tasa de ganancia, poniendo así trabas a la industrialización que se intentaba estimular desde el Estado mexicano (Vargas Larios, 1986: 73).    
En cuanto los logros de los objetivos de este plan, se encuentran; sus conquistas en el terreno industrial, que fue en gran medida obra de las inversiones norteamericanas en el país, que tuvieron como finalidad surtir al mercado estadounidense, y que en realidad su estadía se debía en buena parte a la coyuntura pasajera, y no tanto a los esfuerzos por parte del Estado y su plan sexenal. Tal vez la mayor ventaja que se puede despojar de este plan, es el intervencionismo del Estado para logara objetivos en la acumulación extensiva de capital, aunado a esta misma índole, el proceso de construcción de infraestructura que va encaminada a esta misma singularidad. Finalmente, es valido decir que este planteamiento, es decir la planeación económica, no se fundamenta, como ya lo hacían otras naciones, en metodologías más completas y herramientas que verificaban la concepción y funcionalidad del plan en todo momento, atendiendo por ello a las condiciones materiales que se presentaban. Sino más bien era un proyecto que se traducía en guía base para encarar las propósitos más o menos claros del rumbo económico del país, que sin embargo no se reduce a meras intenciones, y si a una firme visión política y económica del rumbo establecido, pero claro, sin ser esta una incitación directa y formal a una planeación real.
De 1947 a 1958, la política económica y por ende los planteamientos en el plan sexenal se modificaron y se trasladaron hacia nuevas nociones que se encaminaron por reconocer la importancia de elevar el ritmo de crecimiento industrial, esta vez haciendo gran ahincó en la sustitución de importaciones para su impulso. Pero también esforzándose en establecer sectores territoriales que se estrecharan con esta industrialización de nuevo tipo,  formulando mayores potencialidades de crecimiento. Inscribiendo estas posibilidades de crecimiento en otras que se desarrollaban a la par, como los factores de endeudamiento del Estado, la redistribución del ingreso, el intervencionismo medular en tanto participaba en el mercado con empresas paraestatales de gran nivel, además de los ya acostumbrados prototipos desarrollistas, como lo son el impulso a la infraestructuras y las políticas a favor de la industria nacional (Vargas Larios, 1986: 83).
Este nuevo impulso estuvo afincado en gran medida en la fase extensiva del desarrollo capitalista, en el que se constituyó ya un mercado interno favorable al consumo, una absorción de la producción manual y una proletarización de la fuerza de trabajo. Esta fase se conjugo con el mercado mundial, del cual se desprende ser sólo un exportador de materias primas y un importador de bienes de capital, para, a partir de la concentración de capital, encuadrarse en el proceso de substitución de importaciones, apoyándose para ello en el Estado, que con políticas proteccionistas tomó partido a favor del capital nacional.
La planeación como instrumento de la organización racional del desarrollo económico, intervino en gran medida para establecer las características de este modelo, que se utilizó para darle independencia a la estructura productiva en favor del capital nacional. Pero esto no fue sólo en función de un apego progresivo del Estado mexicano a las estructuras económicas de la burguesía nacional, se debió también a la salida de capitales extranjeros por el terminó de la Segunda Guerra Mundial, obligando al Estado a actuar en función, utilizando a su favor la intensidad del capital nacional, y aplicando desde el Estado sus propias formas de potencialidad económica, basadas en el endeudamiento externo y en el déficit presupuestal.
Las inventivas del plan para alentar la redistribución del ingreso, argumentando el beneficio inherente de la sustitución de importaciones, no modificaron en mucho el paradigma de la acumulación de capital, pues el motor de la producción dentro modo de producción capitalista se fundamenta en la tasa de ganancia y no en la producción de bienes de consumo de la economía nacional. Y esta tasa de ganancia depende mucho de la relación con la fuerza de trabajo y no tanto con las demás industrias nacionales (Cabral, 1978: 73).
Aún así, la enunciación del Estado en materia de economía política se decantó por desarrollar la producción de bienes de consumo para la industria nacional y un poco menos en la construcción de infraestructura pública para su mismo crecimiento. Tales fueron estas nuevas condicionantes, que el plan, que anteriormente sólo se exhibía como guía primaria y con poco valor metodológico y detallado, se tuvo que reformular en un plan global no fragmentado y sí minucioso. El primer exponente de esta nueva categoría se puede encontrar en el Proyecto de Inversión del Gobierno Federal y de las Dependencias Descentralizadas de 1947-1952. En general, se buscó como objetivos primarios el detener el crecimiento inflacionario, evitando un déficit público y retrayéndose de buscar recursos financieros externos. Pero en la particularidad del proyecto, se centró en dirigir los esfuerzos totales del sector estatal en su conjunto, aunado a la participación del sector privado, exceptuando dentro de este marco delimitado a las exportaciones del sector público. El resultado fue una ejecución eficaz del programa, que en gran parte se debió no a las benignas propuestas del programa, sino a las condiciones estructurales de la fase extensiva del capital, provenientes del proteccionismo y del papel jugado dentro de la economía por parte del Estado (S.P.P., 1989: 264)
En la década de los cincuenta se notó un estancamiento que detonó un cambio en la concepción de la economía política que repercutió en la planeación, constituyendo para esta situación el Programa de Desarrollo Económico y Social de 1958-1960. Aunque su principal misión residió en corregir las desigualdades en la distribución del ingreso, gestionando a favor de un crecimiento uniforme y equilibrado.
La poca disposición en los años cincuenta a planificar considerablemente, se debió al poco margen de maniobra que tuvo Estado para intervenir en la económica y en la producción, esto causa de la crisis que se heredo del presidente Miguel Alemán al terminó de su administración en la cuestión del déficit público. Se redujo el gasto público y las instancias encargadas de la planeación gubernamental, en este caso la Comisión de Inversiones consolidad por la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda, constituyeron una buena forma de organizar los esfuerzos gubernamentales, pero nunca en concordancia a criterios más allá de la propia función de control estatal; sin objetivos predeterminados, marcando en poco su impacto en el desarrollo económico y social del país (Guillen Romo, 1983: 62).  
En los años sesenta la formación de las estructuras del modo de producción se afianzó en toda su magnitud. Significación del desarrollo de la gran industria como propulsor de toda la economía, dejando por fuera a los pocos reductos de economía tradicional-artesanal, y a la mediana y pequeña empresa, en cuanto a su trascendencia nacional. Fue una trasformación de la base productiva y de las relaciones sociales de producción, que se modificaron en tanto que se notó un crecimiento de la participación monopólica del capital, además de un Estado sumado como capitalista colectivo, creador de infraestructura y productor de bienes industriales y de consumo. Estos factores sin duda se dirigieron a la integración con el capitalismo mundial, es decir, a la internacionalización del capital, y a su vez, a la relación con el Estado, sobretodo en referencia a la participación del capital extranjero como prestamista del desarrollo industrial nacional (Vargas Larios, 1986: 91).
Además se localizó un cambio en la estructura del mercado que terminó por explicar el desarrollo de la economía en ese momento; es decir, la producción no se estableció teniendo en consideración el salario real para su crecimiento, no giró alrededor de los bienes salarios, sino que se estableció conforme a las necesidades de producción de la nueva industria de bienes de consumo duradero, que debido al atraso del propio mercado interno se vio incapaz de desarrollarse con estímulos propios. Es decir, toda la industria se afincaba en el Estado como protector de la misma industria y generador del mercado interno, creando con ello graves problemas deficitarios que más tarde se detonarían.
Este desarrollo económico que tuvo sus características particulares, tuvo como consecuencia; un crecimiento de los núcleos urbanos-industriales para beneficio del propio desarrollo de la industria y la creación de mercados ampliados, redundando con ello en la transformación del campo al exigir mayores bienes agrícolas para el consumo urbano.
El Estado, inmerso en esta lógica, se delimitó a garantizar y afianzar nuevas demandas del capital, como fueron cubrir los nuevos riesgos del capital en su constante búsqueda de innovación industrial y la inevitable reducción de su tasa de ganancia a consecuencia del crecimiento de la propia industria (competencia) y su necesidad de supervivencia al incurrir en estas innovaciones tecnológicas. Pero a la vez, generaron en la población atrasos, específicamente por este modelo de desarrollo ubicado en la manufactura para la exportación, en el poco mercado interno para el consumo de los bienes duraderos y en el reajuste de los salarios por la reducción de la tasa de ganancia. Estas reacciones condicionaron al Estado para participar en la industria directamente, tanto con paraestatales, como con instrumentos de intervención que regularan estas modificaciones.
La planeación economía fue de gran importancia; en 1955 se estableció la Ley de Industrias Nuevas y Necesarias, que apoyaba en diversos aspectos las nuevas industrias del país. También en 1958 se crea la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, dando por resultado la creación de la Secretaría de la Presidencia, con amplias facultades en la planeación, siendo este un esfuerzo sobresaliente en la búsqueda por consolidar un órgano central de la planeación. Pues dentro de sus atribuciones se encontraba de manera sobresaliente el elaborar el plan sobre el gasto público y las inversiones emanadas del poder ejecutivo, además de proyectar, planear y coordinar las inversiones públicas de las paraestatales y los organismos descentralizados. Su función no se constreñía al poder Ejecutivo Federal, pues aglutinaba los programas de acción de las diversas dependencias del sector público, para que la Secretaría de la Presidencia los coordinara y vigilara (Pérez Castañeda, 2007: 24).
Se creó en esta misma capitulación la Comisión Intersecretarial, con la finalidad de considerar planes de desarrollo en su conjunto, utilizando esta herramienta para alcanzar los objetivos nacionales; dando por resultado de esa acción un esfuerzo primario en el Plan de Acción Inmediata 1962-1964 y el Plan de Desarrollo Económico y Social 1966-1970. En el Plan de Acción Inmediata se localizó una compenetración entre la Secretaría de la Presidencia y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para establecer los objetivos conforme a las necesidades en la inversión del sector público y privado, con una proyección a mediano plazo; a 1970. Su finalidad inicial fue revertir la tendencia de estancamiento y organizar los recursos disponibles para estimular la inversión privada.
El Plan de Desarrollo Económico y Social de 1966-1970, durante el gobierno de Díaz Ordaz, tuvo como objetivo primordial un enfoque que se centraba en tratar de resolver las contradicciones evidentes del sistema. Elevando el crecimiento económico, con estabilidad de precios y paridad cambiaria -según la formula del desarrollo estabilizador-, con aumentos a los recursos destinados a la inversión, extensiones en el desarrollo productivo, crecimiento de los salarios reales; en fin, un desarrollo sostenido y estable. Pero no se orientó en darle pujanza a la participación agrícola que fue el gran talón de Aquiles durante el posterior desarrollo económico, tampoco se miraron los desequilibrios en los asentamientos urbanos que causaban marginación, provocando un lumpen industrial en crecimiento.
Entre otros objetivos de este plan se encontraron; el alcanzar un crecimiento económico del 6.5% anual, fortaleciendo el mercado interno con impulso a la industria privada; así como financiar el desarrollo por medio del ahorro interno; equilibrar las regiones económicas del país; reformar la administración pública; mejorar la distribución del ingreso. De estos objetivos se pudo considerar que se cumplieron los referentes a la industria y el desarrollo económico con estabilidad económica, pero los desequilibrios entre campo-ciudad se agudizaron, y los conflictos sociales también repuntaron cuantitativa y cualitativamente.
Las empresas públicas representaron buena parte de este crecimiento industrial, pues el Estado destinaba cerca del 40% del gasto público federal para intervenir en ellas; fortaleciéndose el Estado en el ramo energético, con la nacionalización de la industria eléctrica, además de otras de gran importancia, como los fertilizantes o los de procesos petroquímicos. Este desarrollo presentó un déficit del gasto público que pasó del 1% del PIB al 4.6% (Vargas Larios, 1986: 96).  Pero estos instrumentos también le dieron al Estado mayor control sobre la economía, teniendo como uno de estos beneficiarios al capital internacional, que usufructuó los prestamos hechos al Estado con una tasa de interés mayor de la nominal, además de que las tasas impositivas del Estado mexicano favorecieron ampliamente al sector industrial y más aún al sector financiero, al controlar el crédito y por ende a las empresas medianas y pequeñas principalmente.       
El problema estructural agrícola estuvo asentado en el olvido al sistema ejidal, que respondió en un primer momento a las demandas revolucionarias, pero que terminando su funcionalidad política, no fue concebido al mismo nivel dentro del desarrollo económico y la acumulación de capital, como sí lo fue la industria. Este hecho determinó el olvido del campo, pues el 60% de la tierra cultivada era en esta modalidad colectiva, trayendo como consecuencias del abandono agrícola, la aglomeración de los centros urbanos y el desabastecimiento de materias primas y alimentos en las zonas urbanas, aumentando los costos de producción y de reproducción de la fuerza de trabajo.  
Al déficit en el gasto público y en la balanza de pagos, se sumaron a los elementos cíclicos del capitalismo, pues devino una crisis que se expresaba también en un descontento social generalizado en parte por las reivindicaciones económicas-sociales, pero gran medida este enfado se debía por las cuestiones políticas que no terminaban por esclarecerse en esta revolución institucionalizada.
El recambio del Ejecutivo en 1970, también repercutió en la estrategia utilizada para fortalecer la economía y hacerla crecer. Esta nueva política estuvo basaba principalmente en la intervención del Estado con mayor contundencia, encaminado sobretodo a tener mayor participación en el PIB. Esta política que se denominó “Desarrolló Compartido” estuvo sustentada en que; la intervención estatal en el Producto Interno Bruto, estimularía el crecimiento sostenido y la estabilidad a largo plazo, resolviendo desde esta intervención estatal los problemas estructurales de desempleo y estancamiento económico. Pero en un segundo término, pretendía aumentar la participación de los salarios en el PIB, espoleando con ello al mercado interno. Estas inquietudes estaban sustentadas políticamente desde una noción populista, y económicamente, desde un gasto público desmedido, proveniente en su mayoría en el crédito externo, que tenían unos excedentes de capital disponible, con bajas tasas de interés y buenas condiciones para el préstamo, pero esto no siempre sería así.
Para utilizar adecuadamente los recursos que se pretendían racionalizar, y que estos a su vez se convirtieran en el dinamizador de la economía; fue indispensable la planeación para instrumentar adecuadamente la sistematización de los mismos; que orientándose a los proyectos en beneficio social, se configuraron desde la Subcomisión de Inversión y Financiamiento, compuesta por la Secretaría de la Presidencia, la encargada de la planeación del poder ejecutivo, así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, elaborando desde su génesis un programa de Inversión-Financiamiento del Sector Público Federal de 1971-1976. Los objetivos primarios de este plan fueron; el de contribuir a la reproducción de puesto laborales, rurales principalmente; así como acrecentar el bienestar social, basado en la educación, la seguridad social, y demás servicios públicos de primera necesidad; también se intentó promover el desarrollo regional, en gran medida obra del desconcierto con el que se industrializaba al país; así como disminuir la cuenta corriente; y elevar la productividad del gasto. Se propuso una inversión de 240 mil millones de pesos esperando resarcirlos con un 7% de tasa de crecimiento anual (Vargas Larios, 1986: 93).
El otro importante esfuerzo planificador de este sexenio se dejó apreciar en el Programa Nacional de Desarrollo Económico y Social 1974-1980, que siendo obra de varias Secretarías tenía como objetivos principales los de; incrementar el producto nacional de manera acelerada, estimular la planta productiva para la creación de empleos, así como afianzar la independencia técnica y económica del país.
Pero los logros de estos planes se pueden cuantificar conforme a los objetivos inconclusos diseñados en los planes. Es decir, a las contradicciones que se presentaron y que no pudieron ser resueltas por el Estado, porque el propio Estado no las contemplaba en toda su magnitud. Estas son tales como la política ocupacional, que se vio neutralizada por una corriente migratoria, además del empoderamiento de los salarios de manera ficticia, ya que al disminuir la capacidad estatal en la economía y los subsidios que éste otorgaba a los productos de primera necesidad, las presiones inflacionarias se revirtieron. También el elevado déficit originó tensiones en el sector financiero, y este déficit del Estado, aceleró la emisión de la moneda, con su consecuente efecto inflacionario provocando un menor estímulo al ahorro interno. Además, los subsidios a empresas ineficientes acrecentaron la poca competitividad respecto a los productos nacionales frente al extranjero. Todo esto fue corolario de un sistema político ineficiente, cooptado por la corrupción generalizada que creyó que el gasto público se multiplicaría en toda la economía, provocando con ello un auge económico, que en gran medida fue artificial, pues si bien se creció durante los primeros años de esta política económica hasta 1975, los posteriores años se cayó en una espiral de decrecimiento, que ocasionó inflación, una tasa menor de ganancia y el deterior del crédito tanto bancario, como externo, debido a una recesión mundial en 1975.
Este pésimo panorama condujo a una fuga de capitales, a la quiebra del sistema bancario y a la especulación financiera, siendo el Fondo Monetario Internacional y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, los que intervinieron para aplicar recias medidas de emergencia para abatir la crisis. Estas medidas pudieron ser medianamente observadas en el Plan Básico de Gobierno del presidente José López Portillos, de 1976-1982, que se caracterizó este periodo del ejecutivo, por ser un impulsor del sistema de planeación para hacer de éste un fiero controlador de las actividades económicas, políticas y sociales de México. Esto en función de una reforma económica que se dedicó a organizar el aparato productivo, exactamente, el de bienes y servicios, estableciendo algunos estándares mínimos de bienestar para la población en su conjunto, así como también se orientaba hacia a la generación de empleos. En cuanto al planteamiento político reconocía la debilidad de los procesos políticos, e intentó resarcirla basándose en un ensanchamiento de la democracia, estableciendo una rectoría del Estado sobre estos procesos.
Pero alejados del discurso, la reordenación del Estado pasaba por algunos ajustes en la política fiscal y monetaria del Estado. Entre ellas; el ajuste de los pecios respecto a los servicios prestados por el Estado, una aplicación de nuevos impuestos, la adopción de medida tendientes a favorecer el ahorro privado, y el reordenamiento de la actividad bancaria. En las reformas comerciales, se puso un freno a las importaciones, así como una nueva organización del sistema de licencias para la implementación de aranceles, también se restringió la emisión de circulante, se controló el salario y algunos precios, para establecer alguna seguridad sobre la inflación (Vargas Larios, 1986: 97).
Estas acciones de reordenamiento desde el Estado, tuvieron su sustento en la organización y control de las estructuras económicas del país. Mas esta coyuntura no fue resuelta gracias a los programas concernientes del Estado, sino a la explotación de manera acelerada de los recursos de hidrocarburo encontrados y resueltos a utilizar poco después. Esta fortuita condición, si se quiere ver así, hizo que la economía mexicana se recuperara de manera notable, devolviéndole confianza desde el exterior, así como una atracción de capitales fugados y una nueva línea de crédito internacional a su disposición. Fue así que los vicios encontrados no se resarcieron, la mala administración y el populismo continuaron, así como los males endémicos de corrupción y nepotismo del sistema político no se atacaron al normalizarse la situación económica y con ella las condiciones políticas.  
La reforma administrativa que sí se rectificó, tuvo como objetivo el modificar las estructuras del aparato burocrático, con cinco objetivos generales; organizar al gobierno, desde una reordenación integral, asegurándole a cada dependencia sus responsabilidades y delimitaciones; pretendiendo que la Secretaría de Programación y Presupuesto, fuera la encargada de lo concerniente a la planeación y al control de las actividades estatales. También se adoptó a la programación como un instrumento del Gobierno, siendo estos dos puntos los más relevantes respecto a lo que a nosotros nos interesa.
En la coyuntura que favoreció a los países exportadores de petróleo, México impulsó esta industria nacionalizada, creando para ello un plan que se dedicara sólo a este sector, desarrollándolo de 1977-1982. Su intención era canalizar las inversiones que se le inyectaban a este rubro, pues la apuesta por este sector para estimular a toda la economía era grande. Se proyectaba en el plan un producción de 2.5 millones de barriles, que un poco menos de la mitad serviría para exportar, pero que se triplicaría la capacidad petroquímica nacional para trasformar esta materia prima en otros enceres industriales y domésticos. Los ingresos por estos conceptos se estimaban en 4,500 millones de dolores teniendo como referencia los precios petroleros de 1977. El resultado de todo el Plan Nacional de Desarrollo industrial de 1977, en el que se contenía el Plan sobre los hidrocarburos, tuvo como resultado evidente un crecimiento del PIB de 8.2%, que significaba una etapa extraordinaria de la economía, creciendo con ello la inversión pública y privada a tasas considerables.
Pero las benignas condiciones externas e internas se desvanecieron por fuertes contracciones de los precios de los hidrocarburos en todo el mundo; aunado a estas calamidades, el excesivo endeudamiento tanto privado como público, seguido de un expansionismo estatal desmesurado, llevaron al país al desastre. Este nuevo colapso provocó una inflación creciente debido a la poca valorización del circulante, y altas tasas de interés a los nuevos prestamos hechos desde el exterior al país debido también a la deficiencia en la concepción de la crisis, que se creía pasajera, y por tanto se contrajo deuda a cortos lapsos de tiempo aumentado con ello el déficit público.
El gobierno respondió con un recorte a su gasto público, pero también se dio un hundimiento de los ingresos fiscales por la imposibilidad de las empresas a cubrir sus compromisos. Los préstamos de gran nivel no se concretaron y se tuvieron que contratar pequeños a corto lapso de tiempo y desfavorables para la economía. También el pánico y la especulación asolaron al mercado financiero nacional y las devaluaciones se siguieron en escalada. La bancarrota era evidente y la suspensión de pagos fue una de las consecuencias. El Fondo Monetario Internacional (FMI), y los Estados Unidos dispusieron un plan que se taso en 8,750 millones de dólares, que le dio un poco de aire al gobierno.
Una situación que afectó grandemente a las finanzas nacionales, se debió al colapso del sistema bancario nacional y su leonino comportamiento en la fuga de capitales, el manejo discrecional con las divisas extranjeras y la evaporación de depósitos a largo plazo. Esto obligó a una nacionalización de la banca y la utilización del control de cambios para matizar estas problemáticas mayores, en especial la especulación que desarmó al gobierno mexicano en su afán primario de reorganizar la economía.

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