PLANTEAMIENTO DE LA NECESIDAD DEL CAMBIO ESTRUCTURAL EN AMÉRICA LATINA

Luis Gutiérrez Santos

Los capitales del exterior y la subordinación

Entre las dificultades que caracterizan la fase actual de la evolución de América Latina están las relaciones económicas de la región con la economía mundial y la acentuación de su posición dependiente. En efecto, además de los problemas tradicionales del comercio con los estados ricos, en los últimos tiempos ha tendido a cobrar mayor relieve la situación del crónico y creciente endeudamiento externo, que afecta a varias repúblicas latinoamericanas. El desequilibrio exterior, casi secular de estas naciones, tiende al extremo de que las nuevas obligaciones contraídas no supongan ninguna contribución neta a la capacidad para importar, sino que apenas alcancen a cubrir el servicio de la deuda de los compromisos adquiridos.
Ante esto los gobiernos latinoamericanos, viéndose presionados por una parte a aceptar la dependencia respecto de los recursos externos de capital, incluyendo el capital privado, por la supuesta o real escasez de ahorro interno y enfrentándose, por la otra, a una amplia hostilidad interna derivada de la noción de creciente dependencia económica respecto de intereses extranjeros, han considerado más conveniente abstenerse de realizar investigaciones profundas sobre el asunto.
De lo anterior se desprende que las cifras con que se cuentan en muchos casos adolecen de errores. Sin embargo, con los datos que se manejan en el presente trabajo, se podrá formar una idea de la situación de América Latina en relación a las inversiones del exterior.
La principal fuente de capitales y financiamientos de América Latina está constituida por Estados Unidos. Aproximadamente el 80% del total de capitales y financiamientos que recibe la región proviene de ese país. Inclusive, en algunos casos como el del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), buena parte de los préstamos que conceden a América Latina, sobre todo en los de muy amplio plazo, se hacen con fondos dados en fideicomiso por el gobierno norteamericano,1 y con los mismos opera los créditos de la Alianza para el Progreso.
En lo que se refiere a los capitales de corto y largo plazo, se ha venido observando una tendencia a disminuir los créditos a largo plazo. En el caso de México, es probable que el capital a corto plazo supere el 90% del capital total en los últimos años de la presente década.2 Esto es un hecho que preocupa, pues los créditos a corto plazo vienen bajo condiciones inconvenientes a los intereses de los países solicitantes y significan una mayor dependencia al país prestamista.
Las condiciones de los empréstitos varían de acuerdo al prestamista. Por ello, conviene precisar quiénes son los principales acreedores de los países iberoamericanos, exceptuando a Cuba: a) el Banco de Exportación e Importación del gobierno de los Estados Unidos, b) los bancos internacionales BID y BIRF, respectivamente Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, c) los bancos comerciales americanos, de Europa y, en parte, de Japón y d) la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) del gobierno de los Estados Unidos.
Como se puede ver, de las cinco fuentes de créditos extranjeros, dos son agencias del gobierno de los Estados Unidos, otras dos son organismos internacionales con sede en Washington y la restante está formada principalmente por bancos privados norteamericanos. Esto significa que los factores determinantes en el otorgamiento de capitales a América Latina están influenciados casi totalmente por los intereses de Estados Unidos.
Las condiciones bajo las cuales se conceden los préstamos de las agencias de crédito de un país y los bancos privados hacen que se les denomine “créditos atados”. Esto quiere decir, entre otras cosas, que el país deudor se obliga a comprar las mercancías en el mercado del estado prestamista. Las condiciones del crédito cada vez son más estrictas, de tal manera que los empréstitos son muchas veces simples programas de exportación de la nación acreedora. Así, estos préstamos se convierten en créditos circulares otorgados por los Estados Unidos que pasan por el país latinoamericano y regresan a Estados Unidos en forma de utilidades incrementadas doblemente: ingresos por exportaciones aseguradas y ganancias por intereses.3
El desembolso de este tipo de empréstitos por EE. UU. y organizaciones crediticias a América Latina totalizó 9,190 millones de dólares durante el período 1961-67, pero la afluencia de capital neto en el mismo lapso fue de sólo 4,331 millones de dólares, debido a los pagos de intereses. Además de los intereses, Latinoamérica pagó (de 10% a 20% más por las mercancías compradas con los préstamos de EE. UU., porque los mismos están condicionados necesariamente a compras de productos norteamericanos.4
En algunos casos de créditos atados, los países de la zona pagan hasta el 50% sobre el costo de las más baratas mercancías disponibles en otros mercados y los costos aumentan debido a que se deben de usar barcos norteamericanos en lugar de otros transportes más económicos.
El otro factor agravante de la situación latinoamericana, o sea, el encarecimiento de los créditos, se ha tornado más significativo a partir de 1965. En el año de 1960, la tasa de interés promedio que América Latina pagaba por tal concepto al sector externo era de 6.5%, en tanto que en 1967 la tasa promedio ascendió al 8%.5
Esto ha traído consigo que el total de pagos de servicios financieros –ganancias, intereses y amortizaciones– al exterior, que absorbía alrededor del 26% de los ingresos corrientes de exportaciones de bienes y servicios al comenzar la década actual, en 1966 representase más del 30%.6 La deuda externa de la región, que en 1960 se elevaba a los 6,580 millones de dólares, aumentó a 12,620 millones de dólares en el año de 1966. De esto resulta que el 75% de las entradas brutas de capitales en América Latina es absorbido por los servicios e intereses de la deuda, por lo que se está en vías de llegar a un callejón sin salida en materia de financiamiento del exterior.
Ante lo anterior, si las tendencias observadas continúan, los nuevos préstamos a América Latina representarán un serio problema, pues su capacidad para cumplir futuros compromisos financieros externos parece un tanto limitada, en cuanto que una fracción mayor de sus ingresos corrientes en divisas es absorbida ya por el servicio de capital precedente invertido en la región.7
Dentro de este orden de ideas, a pesar de todo, las inversiones directas e indirectas extranjeras siguen aumentando año con año. Las necesidades del desarrollo requieren financiamiento externo dado que el ahorro interno de los países latinoamericanos es insuficiente, pero hay que tratar de reducir sus efectos negativos con una buena política de inversión y crédito externo.
Las inversiones directas son positivas cuando entran sin protección arancelaria, cuando la puerta de entrada está abierta para rivales propios y externos. Solamente la amenaza de la competencia y/o de las importaciones, hace que las empresas produzcan de manera eficiente y vendan a precios competitivos. En cambio, cuando se le concede protección a las inversiones directas cerrando las fronteras a la importación y los sectores a la entrada de nuevos productores, se engendra la ineficiencia y la dependencia.
Las inversiones indirectas pueden ser –de acuerdo al prestamista– creadoras de subordinación. Es preferible contratar un préstamo a largo plazo con un organismo internacional, que las otras opciones. Los créditos internacionales son convenientes porque permiten: a) un mayor grado de iniciativa de los gobiernos receptores, b) son más transparentes y limitan la corrupción, c) no están atados a la compra de los insumos de una sola empresa o de los proveedores de la nacionalidad del banco que presta, d) permiten la adquisición competitiva de los bienes y servicios del proyecto, e) ofrecen tasas de interés más bajas y periodos de amortización más largos. En otras palabras, los créditos de proveedores, agencias de desarrollo y fomento a las exportaciones de países desarrollados y bancos comerciales extranjeros aumentan los costos del desarrollo, limitan el margen de maniobra y restan independencia al país subdesarrollado que recibe tales préstamos.
Los préstamos para el desarrollo siempre serán necesarios. Así como las empresas exitosas no financian sus inversiones con sus ingresos corrientes, sino con préstamos productivos o capital de riesgo, las naciones financian sus proyectos de infraestructura, sus inversiones de largo plazo, con créditos al desarrollo.
Hay que tomar en cuenta otro hecho que permite evidenciar los problemas que se gestan para el futuro latinoamericano si no se adoptan buenas políticas de financiamiento externo. Cada vez que hay una crisis financiera o económica en el país que presta, las condiciones en que sus nacionales prestan o invierten cambian. Así, el plan de austeridad del Presidente Lyndon B. Johnson a finales de 1967, para poder corregir la balanza de pagos de su país, obligó a los inversionistas a repatriar desde los territorios receptores cantidades más o menos fijas, impidiéndoles hacer grandes desembolsos fuera de los Estados Unidos. Esto trajo una tácita “desinversión” en los países latinoamericanos. La limitación en la salida de capital de los Estados Unidos ocasionó que las subsidiarias en nuestros países recurrieran a las fuentes crediticias domésticas, reduciendo y encareciendo el financiamiento interno. Éste intento de EE. UU. de sanear su economía y resolver los problemas de balanza de pagos, no consideró los efectos negativos en los países latinoamericanos y otros subdesarrollados de las medidas adoptadas, pues independientemente de los problemas que nos pudieran causar, están en plano superior sus intereses como metrópoli dominante.
Resumiendo, el principal propósito de los países fuentes de crédito es el de asegurar la movilidad de sus capitales con sus consabidas ganancias, frustrando las políticas nacionalistas, manteniendo sus respectivas áreas de influencia. En esta forma los créditos se convierten en instrumentos legales para impedir los principios de autodeterminación de los pueblos y de no intervención, para el mantenimiento de su statu quo.
No es una casualidad, por lo antes dicho, que paralelamente al aumento de los créditos exteriores se haya ido operando una expansión de las empresas norteamericanas en Iberoamérica. Ambos capitales extranjeros –las inversiones directas a actividades existentes y los empréstitos atados– van cogidos de la mano. De ello proviene el gran peligro de que se dependa en grado tan elevado de éste tipo de créditos externos y la necesidad de que América Latina base su desarrollo en una vigorosa movilización del ahorro interno y el uso adecuado de sus recursos. Las necesidades de financiamiento al desarrollo deberá provenir fundamentalmente de los organismos internacionales para el financiamiento del desarrollo: BID y BIRF.
Es indiscutible que el financiamiento del crecimiento económico debe descansar en los recursos propios de América Latina. De esta manera la riqueza sería explotada por latinoamericanos y se lograría un desarrollo más independiente. Las remesas de utilidades al exterior y los pagos por concepto de amortizaciones e intereses bajarían. Claro está que se debe fomentar, por un lado, la inversión extranjera competitiva cuando traiga aparejado nuevas tecnologías y tenga efectos multiplicadores del ingreso, y, por el otro, la contratación de créditos externos sin ataduras, ajustándolos a la capacidad de pago del país y constituyéndose sólo como recursos complementarios.
Para llegar en la práctica a una política de inversiones complementarias y de desarrollo basada en recursos propios, es necesario que vaya acompañada de medidas que fomenten el uso óptimo de la riqueza. Esto implica políticas racionales y eficaces:

1. una política fiscal eficiente (que grabe más a los ingresos que al consumo, que grabe más al gasto que a la inversión) y justa (que grabe más a los ricos que a los pobres),
2. una política robusta de captación de capitales (que se base más en créditos de organismos internacionales y en inversiones productivas directas a nuevas actividades), y
3. una política racional de gasto e inversión (que canalice los recursos a las actividades más productivas, con criterios de jerarquización económicos y evaluaciones transparentes de proyectos).

Es decir, se requieren las reformas estructurales y la planificación del desarrollo económico, con metas realistas y claras y con una instrumentación ajustada a las condiciones de cada país latinoamericano.

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