DEBATE DEL MULTICULTURALISMO Y FILOSOFÍA. MIRADAS CRUZADAS.

Nicolás Gerardo Contreras Ruiz
Juan Francisco Novoa Acosta

LA SUBORDINACIÓN DE LOS PUEBLOS: NI DETERMINISMO TEOLÓGICO NI FÍSICO. RAFAEL ANDRÉS NIETO GÖLLER

Resumen

El ser humano es por demás complejo: unidad en la diversidad. Complejo en su carácter, en su epistemología, en su alteridad y sus redes socioculturales. Sin embargo, su necesario y pragmático gregarismo lo hace establecer relaciones inequitativas, disfuncionales, mórbidas que, irremediablemente, nos conducen a generar relaciones de poder: amo-esclavo, fuerte-débil, etc. Hablamos de un darwinismo exacerbado en donde los poderosos arrollan a los desprotegidos, los domeñan y asfixian hasta rendirlos en lo que se ha dado en llamar, a lo largo de la historia de la humanidad, un determinismo ya sea teológico o físico. Nada más alejado de la verdad.
La cultura, aparejada al eclecticismo humano, como claves del desarrollo de los diversos pueblos, grupos y Estados, se ha visto notablemente influida en los últimos años por la economía que, junto con sus principales puntas de lanza, tales como los mercados, el marketing, el consumismo, la productividad, etc., entre otros, sin descontar a la eterna política, han desarticulado y dislocado el ethos propio de una humanidad que se dice globalizada. En otras palabras, lo particular, la economía, hoy rige la vida de la humanidad entera; mientras que lo general, la cultura, se ve inmisericordemente sujeta y esclavizada a los cánones que aquella le impone, cobijada bajo el liberalismo económico y político.
En esta semblanza nos proponemos radiografiar la compleja y mórbida trama entretejida por la economía y la política, en detrimento de la CULTURA, en general, mal traducida e interpretada como determinista subordinación, teológica o física, así como proponer un necesario e imperioso cambio de timón.

       Quien quiera ir más allá, salvar la última frontera,
alcanzar la tierra prometida –sea cual sea la naturaleza y el oropel con el que se exhiba-,
debe estar preparado no para el imprevisto, sino para el sacrificio.

José María Ridao

México es un país marcado históricamente por la desigualdad.
La característica más notable de México, es su polarización social y económica. Extremos de miseria y opulencia se observan y contrastan cotidianamente y en todas partes.
Y lo han hecho durante siglos.

Carlos Tello

Introducción

El ser humano es por demás complejo, como refieren tanto Wagenberg (2003) como Morin, Roger y Motta (2006; Morin, 2007): unidad en la diversidad. Complejo en su carácter, en su epistemología, en su alteridad y sus redes socioculturales. Sin embargo, su necesario y pragmático gregarismo lo hace establecer relaciones inequitativas, disfuncionales, mórbidas que, irremediablemente, nos conducen a generar relaciones de poder: amo-esclavo, fuerte-débil, etc. Como dirá el Ex Rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Manuel Pérez Rocha (Periódico La Jornada 25/08/11):

Semejante efecto desesperanzador es generado también por la historia centrada en los avatares e intereses de las clases dominantes. En ella no aparecen las acciones y las vidas de los pueblos; se implica que éstos nada tienen que hacer en la historia, que en el acontecer histórico son observadores pasivos y sufrientes y que es imposible cambiar la realidad.

En La elección de la barbarie, José María Ridao (2002). Nos dice que hablamos de un darwinismo exacerbado y hasta “bárbaro”,1 en donde los poderosos arrollan a los desprotegidos, los domeñan y asfixian hasta rendirlos en lo que se ha dado en llamar, a lo largo de la historia de la humanidad, un determinismo ya sea teológico o físico. Sin embargo, no hay nada más alejado de la verdad. Pues, como reitera Morin (1999), sólo se trata de la creación de imaginarios, de sus representaciones y de estereotipos diversos que refuerzan y vigorizan una concepción del mundo “tuerto”, occidental, generando verdades parciales y distorsionadas de la realidad, que se aceptan y adoptan con toda la naturalidad y el convencionalismo social de las elites oligárquicas.

La cultura, aparejada al eclecticismo humano, como claves del desarrollo de los diversos pueblos, grupos y Estados, se ha visto notablemente influida en los últimos años por la economía que, junto con sus principales puntas de lanza, tales como los mercados y su laissez faire, laissez passer –dejar hacer, dejar pasar”-, el marketing, el consumismo, la productividad, etc., entre otros, sin descontar a la eterna política, han desarticulado y dislocado el ethos propio de una humanidad que se dice globalizada. En otras palabras, lo particular, la economía, hoy rige la vida de la humanidad entera; mientras que lo general, la cultura, se ve inmisericordemente sujeta y esclavizada a los cánones que aquella le impone, cobijada bajo el liberalismo económico y político. Se trata, pues, de lo que Montse Ulloa (2011:6-8) denomina una Obsolescencia programada: motor secreto de nuestra sociedad de consumo.

Coincidentemente, así también lo conceptuará Louis Althusser en su Ideología y aparatos ideológicos de Estado (2008:21-22), al citar: Todas las formas directas o indirectas de explotación y exterminio de las masas populares (las guerras imperialistas); aclara esa sutil dominación cotidiana en la cual estalla (por ejemplo en las formas de democracia política) lo que Lenin llamó después de Marx la dictadura de la burguesía.

Así pues, en esta semblanza nos proponemos radiografiar la compleja y mórbida trama entretejida por la economía y la política, en detrimento de la CULTURA, en general, mal traducida e interpretada como determinista subordinación, teológica o física, así como proponer un necesario e imperioso cambio de timón (Cervántes, 2011).

Los sistemas sociales y el determinismo: cúlmen ideológico

Existen multiplicidad de teorías, o mejor dicho de ideologías, que postulan alguna forma de determinismo para la evolución y estructuración de los sistemas sociales y, por ende, del status –“clases”, en palabras de Marx- de los seres humanos. En general, ellas postulan alguna forma de determinismo no tanto referidas a que el comportamiento de los individuos pudiera ser determinista sino, más bien, en el sentido de que la propia estructura y las restricciones de los sistemas son los generadores de dicho fenómeno. Althousser (2008:120-121) lo explicara de la siguiente manera:

Todo sucede como si para existir como seres sociales y activos en la sociedad que condiciona toda su existencia necesitaran disponer de cierta representación de su mundo, la cual puede permanecer en gran parte inconsciente  y mecánica, o al contrario ser consciente y reflexiva más o menos ampliamente. La ideología aparece así como una cierta representación del mundo, que liga a los hombres con sus condiciones de existencia y a los hombres entre sí en la división de sus tareas, y la igualdad o desigualdad de su suerte.
En una sociedad de clases, la ideología sirve a los hombres no solamente para vivir sus propias condiciones de existencia, para ejecutar las tareas que les son asignadas, sino también para “soportar” su estado, ya consista este en la miseria de la explotación de que son víctimas, o en el privilegio exorbitante del poder y de la riqueza de que son beneficiarios.

Ahora bien, toda vez  que la ideología “pasa desapercibida”, continuará el argelino Althousser (2008:122-123), “torna su percepción de las cosas y del mundo por la percepción de las cosas mismas, sin ver que esta percepción no le es dada sino bajo el velo de las formas insospechadas de la ideología, sin ver que está de hecho recubierta por la invisible percepción de las formas de la ideología”.

Así pues, se trata de lo que José María Ridao (2002:11) denomina “prescindir de la naturaleza, fundando otra paralela”. Surgiendo, de esta forma, pseudo realidades de toda índole. Desde el determinismo económico que afirma que la evolución de las sociedades está gobernada o restringida por factores económicos, en donde ya Karl Marx había sugerido que las estructuras sociales están fuertemente condicionadas por factores económicos y por los modos de producción, que a su vez son determinados por la tecnología, es decir, las fuerzas productivas. El determinismo tecnológico de las fuerzas técnicas (Jennings y Haughton, 2008), a su vez, determina los cambios sociales y culturales. Sin embargo, como cuestiona el propio Ridao (2002:10):

Los avances tecnológicos sobrecogen por su capacidad transformadora del mundo, por el poder que ponen en manos de los más emprendedores. Sin embargo, ni la dimensión de esos avances ni la multiplicación de la capacidad de acción que representan aclaran, por sí solas, una cuestión quizá más relevante: el sentido, la determinación de hacia dónde nos conducen.

Pero también el medio físico, del determinismo geográfico, determina a las sociedades humanas como colectivo, al hombre como individuo y a su nivel de desarrollo socioeconómico y cultural, por lo que los seres humanos deben adaptarse a las condiciones impuestas por el medio. Siendo otra forma de determinismo geográfico, el geoestratégico o biopolítico (Cebrián, 2004), tan en boga hoy en día, el que sugiere que ciertos recursos naturales en ciertas regiones han tenido un impacto decisivo en la expansión de las civilizaciones antiguas y modernas.

Asimismo, parece existir un determinismo de carácter social planteado tanto por Rousseau, en su Contrato Social (1998), como por Thomas Hobbes (1999), el cual niega la libertad en virtud de la convivencia social, donde en el caso del primero el buen salvaje es pervertido por las desigualdades sociales de la misma sociedad que lo abriga (Rousseau, 1923), mientras que el segundo sostiene que si no existe una sociedad que imponga reglas o leyes necesarias para equilibrar los intereses y deseos individuales, el hombre  desembocaría en un caos generalizado que atentaría contra todos y cada uno de sus congéneres, puesto que Homo homini lupus (“El hombre es un lobo para el hombre”).

A su vez, el determinismo de clase dice que el nivel social en el que morimos, es decir, aquel en el cual llegamos al término de nuestra existencia, está ligado o correlacionado probabilísticamente, al nivel social en el que nacimos, de manera tal que en términos sociales existe inamovilidad. Por ello se le considera un antónimo o la contra parte del American Dream, o sueño americano, donde la sociedad no mide el valor de las personas en función de sus ideas, pensamientos o logros personales, es decir, del “ser”, sino por su nivel social, el “tener” o aparentar, siendo entonces imposible la escalada social a menos que se esté destinado para ello.

Finalmente, siendo quizá el más grotesco, llegamos hasta el determinismo religioso, contaminante y contaminado de todos los anteriores y cuyos dogmatismos más frioleros y exacerbados, desde la Inquisición, Las Cruzadas, el Holocausto Nazi, etc., son expresados por el Destino Manifiesto2 de los estadounidenses, desde los mismos cimientos de aquellas trece colonias fundantes, eminentemente pías que, a partir del 11 de septiembre de 2001, se han dado a la tarea de establecer, fundamentalistamente, un supuesto nuevo orden global. Al respecto, dirá Juan Luis Cebrián (2004:19) que:

El término fundamentalismo atañe, primordialmente a las convicciones de los seguidores de las religiones monoteístas cuando, por su propia naturaleza, se convierten en intolerantes e intransigentes. Esa intolerancia conlleva un deseo apostólico inherente a todo aquel que está convencido de poseer la verdad. Si uno es dueño de la palabra de Dios ¿cómo no querer transmitirla a otros?, ¿cómo no tratar de imponérsela, a veces incluso por la fuerza, si con ello ha de producirles la felicidad eterna?

Y proseguirá dicendo: “(...) pero las raíces y el origen del comportamiento fundamentalista se remontan a la Biblia y a la civilización judeocristiana” (Cebrián, 2004:12).

Será por todo ello, por todos estos excesos, que debemos estar pendientes de la sentencia que nos hace Anthony Giddens (2000): “Nunca seremos capaces de ser los amos de nuestra historia, pero podemos y debemos encontrar maneras de controlar las riendas de nuestro mundo desbocado”.

La triste realidad

Como dirá Juan Luis Cebrián, (2004:25), respecto a los fundamentalismos ideológicos, incluso, los democráticos:

La democracia de actual, heredera lejana del movimiento de los ilustrados, se aparta con peligrosa insistencia de los senderos de la duda, para revestirse de certezas cada vez más resonantes: mercado, globalización, competencia, son conceptos que describen esa nueva realidad en la que, finalmente, las diferencias entre tecnocracia y teocracia resultan simplemente alfabéticas, pues se reducen a dos consonantes.

Pues, “al hacer de la democracia una ideología, los representantes del fundamentalismo democrático pretenden investirse de su condición  de apóstoles de la misma, y son capaces de emprender la más sangrienta de las cruzadas en nombre de la libertad” (Cebrián, 2004:29).

Ya lo esboza Ridao (2002:16), se pretende: “(...) insistir en la rancia y recurrente retórica de la nueva época y del nuevo comienzo(...)”. Aun a pesar de las tres versiones, de fines del siglo XX e inicios del XXI,  sobre “la generalizada convicción de que se generaba una historia rigurosamente inédita, sin posible parangón con el pasado”. Resumidamente, “ese era el mensaje Francis Fukuyama (2003; 1996) y su fin de la historia. Pero también el de Huntington (2005) y su choque de civilizaciones o el de Giddens (2000) y su globalización desbocada y a la vez repleta de esperanzadoras perspectivas”.

Más, como el laconismo de Althusser (2008:125) expresa: “el conocimiento de las diferentes regiones existentes en la ideología, el conocimiento de la región ideológica dominante (sea religiosa, política, jurídica, moral, etc.) es de primera importancia política para la estrategia y la táctica de la lucha ideológica”. Pues, aunque la cultura sea hoy “un término elástico que apenas deja nada fuera de él”  (Ridao, 2002:64; Eagleton, 2001:63).

Al respecto dirá Arístides Torres (1985) qué en la medida en que se ha operado un deterioro en las percepciones y evaluaciones de los ciudadanos sobre los sistemas democráticos en la última década, cabría suponer un modelo escalonado de elasticidad de las evaluaciones políticas en relación con las condiciones adversas, donde primero se modifican las opiniones, menos esenciales a la comunidad política –por ejemplo, hacia los políticos- y, por otro lado, se cuestiona finalmente la democracia como sistema de gobierno –por ejemplo, hacia las instituciones políticas: partidos, congreso o parlamento, etc.-. Dichas percepciones y evaluaciones pueden resumirse en tres:

• Pérdida de fe en las personas que asumen los roles políticos;
• Pérdida de fe en las instituciones
• Pérdida de fe en la legitimidad del sistema político.

Donde, “La solución prescrita por el sistema democrático (cambiar el gobierno) deja de ser percibida por la población como un instrumento efectivo para el mejoramiento de la situación, pudiéndose caer el círculo vicioso “insatisfacción-voto por la oposición”. (Torres, 1985:52)

Ahora bien, condiciones largas de insatisfacción por parte de amplios sectores de la población pueden conducir en forma escalonada al siguiente conjunto de situaciones, como ya sucede en nuestra supuesta “globalidad”:

• Crítica generalizada hacia los gobiernos;
• Crítica generalizada hacia las personas que ocupan los papeles políticos;
• Ausencia de apoyo y estima hacia las instituciones;
• Pérdida de legitimidad y de apoyo al sistema democrático.

Por mediando los términos de “crisis” o “desastre”, estos a menudo afloran en los medios de comunicación, reflejo de una percepción generalizada y compartida por importantes voceros de opinión –tanto pública como privada-, de que las personas han perdido la fe en las instituciones políticas y el sistema político está a punto de derrumbarse, como ha ocurrido recientemente en varios países de la región del Magreb (Túnez, Egipto, Libia, Siria, etc.). Insatisfacción generalizada por parte del electorado, de corrupción, ineficiencia burocrática, cuestionamiento de la conducción y manejo partidista (Torres, 1985:53; Chenney y Barnett, 2005).

Cuando los índices económicos de prosperidad (Barié, 2003; Bello, 2004) no han mostrado mejoría e, incluso, muestran signos negativos; cuando la ausencia de representatividad y de responsabilidad del sistema, la corrupción política, el despilfarro de los gobiernos, la partidocracia, etc., dejan el anonimato y se les “desvela” (Torres, 1985:54), “(...) se empieza a admitir que las sociedades contemporáneas se están fracturando, tanto por los hechos diferenciales que empiezan a reivindicar los grupos autóctonos como por la masiva llegada de extranjeros” (Ridao, 2002:12).

Hacia un cambio paradigmático indeterminista

Hemos visto, ahora bien, que aun cuando los procedimientos son distintos, los tres autores mencionados líneas arriba, Fukuyama, Huntington y Giddens mantienen las mismas negaciones, es decir, “la de que las cosas hubieran podido ocurrir de otro modo, y, lo que es más importante, la posibilidad de contradecir los pronósticos a partir de la libre voluntad de los ciudadanos y sus gobiernos” (Ridao, 2002:16-17). Dichos tres modelos  “no juzgan a los individuos por lo que lo que los individuos hacen, sino por lo que los individuos son, o peor aun, por lo que se les condena a ser” (Ridao, 2002: 155).

Debemos romper con esta “inteligencia tuerta” (Morin, 1999) de la que hablábamos al principio del presente ensayo. El ser humano tiene grandes capacidades aun no desarrolladas.  Ver al hombre no como una mercancía más, o un factor de producción, exclusivamente, sino en todo su esplendor, esa unión hipostásica de cuerpo, alma y espíritu, de “dignidad” que sólo el hombre posee, y cuya reivindicación le corresponde al humanidad entera.

Debemos combatir la exclusión estructural y sistemática, así como la injusticia social. Reconocer la pluralidad y la multiculturalidad de nuestros grupos originarios, los más desvalidos, “los Olvidados”, etc., no lleva por necesidad a un cambio en el orden social. Noción con carácter intencional y contradictorio. Intencional por que intercultural es propuesta de un proyecto reformador de lo político y lo epistémico; contrariedad debido a la intención política que depende del lugar de procedencia del proyecto, sea para fines del Estado, sea por necesidades de la sociedad civil (Martínez, 2008; Bonilla, 1999).

El saber y el conocimiento están relacionados con la configuración política en tanto que constituyen la cosmovisión de la hegemonía en turno, como en su momento dijera Catherine Walsh. Los centros económicos son a la vez centros de conocimiento, ya que la organización del conocimiento –de las epístemes- tiene su correlato con la organización de las estructuras del poder. Es por ello que un  proyecto intercultural desafiaría ambas estructuras al proponer otro orden epistémico, un nuevo paradigma (Kunhn, 1982). Porque así, un proyecto intercultural desde una iniciativa estatal serviría más bien como perpetuación de la colonización, ya que intentaría absorver las culturas periféricas dentro de la cultura dominante. La interculturalidad, por su lado, debe entendida como un proyecto intercultural y político de otros modos de poder, saber y ser, respetando su propia “autodeterminación”.

Etnicidad y ciudadanía en A. L.

La construcción de la ciudadanía indígena en América Latina es un tema de importancia creciente tanto en la agenda política como en la reflexión académica. La noción de “conflicto indígena” considera, como ejes clave, los conceptos de etnicidad, identidad y acción colectiva. Así pues, la construcción de la ciudadanía indígena es fundamentalmente una lucha por el reconocimiento de derechos específicos en el marco del Estado, como eje organizador de la sociedad nacional, y opera a través de la politización de las identidades, es decir, de una dinámica mediante la cual la identidad cultural se constituye en eje de acción política, de negociación con el Estado y de visibilidad pública del actor-indígena en la sociedad, en otras palabras, la etnicidad (Tello, 2010; Bailón, 2008).

Más que rebeliones separatistas, conflictos o estallidos anómicos, las luchas de los grupos étnicos durante las últimas décadas se han caracterizado por un conjunto de demandas y prácticas políticas que apelan a la profundización de la democracia y la participación, al rompimiento con el clientismo y, sobre todo, a la búsqueda del reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales (DESC) dentro del marco de los Estados nacionales, como refiere Alan Arias (2008).

Sólo en los últimos años se comenzó a considerar el estrecho vínculo que existe entre las demandas indígenas y los contextos y políticos en que éstas se han construido. Los movimientos indígenas demandan no sólo la restitución de sus bienes materiales, como la propiedad y el goce real de la tierra y los recursos naturales, sino también autonomía territorial y autodeterminación, derecho a expresar y mantener sus identidades colectivas, educación bilingüe intercultural, reconocimiento constitucional como pueblos indígenas, participación política, y derechos preferenciales sobre las aguas y el subsuelo, entre otras demandas, es decir, exigiendo el pago de la “deuda histórica” contraída por el Estado (Arias, 2008; Tello, 2010; Balión, 2008).

Así pues, desde un sentido político y cultural, la realidad de toda hegemonía es que, mientras por definición es siempre dominante, nunca lo es o puede serlo de modo absoluto o exclusivo. Siempre y en todo momento las formas de oposición o alternativa de la cultura y la política constituyen elementos significativos de la relación de fuerzas general de la sociedad, entendiendo lo alternativo u opuesto como formas que han tenido un efecto decisivo en el propio proceso hegemónico (Almorín, 2006).

El caso mexicano

México, nuestra patria, es un país de cerca de dos millones de kilómetros cuadrados geopoliestratégicamente ubicado en la zona intertropical de la Tierra, contando con todo tipo de climas y una de las mayores biodiversidades del planeta. De ser un país subdesarrollado, hoy se le considera uno en vías de desarrollo, o emergente, según la denominación en boga, con alrededor de 112 millones de habitantes (INEGI, 2011). Se trata, de hecho, de un país con profundos desequilibrios económicos y sociales, con una herencia colonial clasista que no puede ocultarse y que se manifiesta en la problemática específica de los pueblos originarios o indígenas. País eminentemente urbano, en el que se ha dado un notable crecimiento de grandes las ciudades desde sus orígenes. Asimismo, sus límites fronterizos de más de tres mil kilómetros con los Estados Unidos de Norteamérica se dejan sentir en todos los aspectos de la vida nacional (Coll-Hurtado, 2005), como irremediablemente lo sintetiza la expresión “ser el traspatio” del referido vecino país.

De allí la referencia de Atlántida Coll-Hurtado en su Geografía Económica de México (2005:15): Pierre George empezó su importante tratado por las actividades industriales por considerar que eran el factor de diferenciación fundamental de la economía de los siglos XIX y XX y porque la producción industrial creaba las enormes disparidades en que vive la humanidad: la de los países ricos y la de los países pobres (George, 1979).

Cambio direccional para México, América Latina y El Caribe

Dice Raúl Villegas (2003:55), citando a Abelardo Mariña:

El paulatino pero continuo abandono de las funciones de gobernabilidad por parte del Estado neoliberal –que se expresa, entre otros procesos, en la desregulación de las relaciones y de las actividades financieras, en el debilitamiento de los sistemas de seguridad, en las privatizaciones- ha agudizado los conflictos sociales al mismo tiempo que ha impuesto la hegemonía de la ganancia financiera y especulativa como eje rector de funcionamiento de la economía mundial capitalista

Y, ya en sus propias palabras, continúa diciendo (2003:68): “La sociedad capitalista pretende gobernar al sujeto social en sus comportamientos, valores, actitudes, hábitos y creencias, controlando la protesta social y organizando la vida de acuerdo a los flujos y necesidades de la economía”.

México, América Latina y el Caribe presentan actualmente extraordinarias e inverosímiles paradojas. Por ejemplo, en nuestro país, México, se encuentra el hombre más rico del mundo –según datos de diferentes publicaciones, entre ellas Forbes-, mientras que entre 60 y 70 millones de mexicanos se debaten en la extrema pobreza, es decir, intentando sobrevivir con menos de $ 1.00 USD diario. Dice Jacquard en su Pequeña filosofía (2004:49) que, “Debido a su pobreza, los países pobres no pueden desarrollar su sistema educativo y se hunden en una <espiral perversa>: la pobreza alimenta la explosión demográfica que, a su vez, alimenta la pobreza”.

Por un lado, estas regiones pueden mostrar orgullosamente casi dos décadas de gobiernos democráticos mientras que, por otro, enfrentan crecientes y recurrentes crisis sociales. Se mantienen profundas desigualdades, existen serios niveles de pobreza y precariedad, el crecimiento económico ha sido insuficiente y no se ha logrado llegar a los grupos menos favorecidos y ha aumentado la insatisfacción ciudadana con esas democracias expresada, las más de las veces en muchos lugares, por un extendido descontento y una acuciante desilusión popular que ha generando, en algunos casos, consecuencias desestabilizadoras e, incluso, la añoranza y el retorno a regímenes autoritarios anteriores donde, al menos en apariencia, las cosas marchaban mejor y las aguas eran menos turbulentas. Como relata Macín sobre uno de los sermones dominicales del obispo de Cuernavaca, Morelos, Sergio Méndez Arceo (1972:9), “Sin un destino material que permita al pueblo una forma humana de vivir, no habrá tampoco destino espiritual ni cultural para nadie”.

Dicha dicotomía parece obedecer al hecho de que la democracia es un proceso, es sólo un medio para alcanzar un fin: el Estado de Derecho, el Bienestar Común. Las nuevas realidades de nuestros países reclaman un Estado de Derecho democrático competente, eficiente y eficaz, que responda a las necesidades ciudadanas y no se quede en mera retórica demagógica. Se evidencia, asimismo, que dicha competencia, eficiencia y eficacia en la relación entre el Estado y el mercado depende, en gran medida, de un tramado de instituciones democráticas que garanticen que la acción del Estado no sea y se vea distorsionada por la intervención de intereses particulares (Castañeda, 1998). A su vez, y como decíamos, la apenas incipiente realidad democrática de México, América Latina y el Caribe se encuentra vulnerada por innumerables factores e intereses que la hacen tambalearse y cuestionar sus propias raíces.

Existen varias razones para esta tendencia. La más importante es que la democracia es, por primera vez en la historia de América Latina y el Caribe, la forma de gobierno en el poder. Así, como lo enuncia Mark Malloch Brown, Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los gobernantes son culpados cuando las cosas van mal en materia de empleo, ingreso y muchos servicios básicos que no alcanzan a satisfacer el desideratum3 social, es decir, las crecientes expectativas de la ciudadanía.

El corazón del problema es que si bien la democracia se ha extendido ampliamente en América Latina, sus raíces no son profundas si no apenas superficiales. Así, la proporción de latinoamericanas y latinoamericanos que estarían dispuestos a sacrificar un gobierno democrático en aras de un progreso real socioeconómico supera el 50 por ciento.

Existen, sin embargo, en el trasfondo de esta situación algunos signos muy alentadores. Primero, a pesar de las crisis, los países de la región no han buscado un regreso al autoritarismo; en cambio, han ampliamente sostenido sus instituciones democráticas e, incluso, desarrollado otras nuevas. Segundo, las ciudadanas y los ciudadanos empiezan a distinguir entre la democracia como sistema de gobierno y el desempeño de los gobernantes en particular. Muchos de estos ciudadanos son simplemente “demócratas insatisfechos”, un fenómeno bien conocido en muchas democracias establecidas que explica parcialmente por qué los movimientos de oposición no tienden hoy hacia soluciones militares sino hacia líderes representativos, carismáticos, populistas y reformistas que se presentan como ajenos al poder tradicional y que prometen perspectivas innovadoras. Tal es el caso de los gobiernos de Lula en Brasil, Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Tabaré Vázquez en Uruguay, Hugo Chavez en Venezuela y Andrés Manuel López Obrador en México.

Asimismo, la gente diferencia cada vez más entre las distintas instituciones a la hora de identificar responsables. Mientras los cuerpos legislativos y los partidos políticos reciben el apoyo de menos de un cuarto de la población, el Poder Judicial, el Ejecutivo y los servicios de seguridad muestran una imagen algo mejor.

Para que la democracia no languidezca y crezca, América Latina necesita trabajar sin descanso para que las instituciones democráticas -desde las legislaturas hasta las autoridades locales- sean transparentes, den cuenta de sus acciones y desarrollen las habilidades y capacidades necesarias para desempeñar sus funciones fundamentales.

Esto significa que hay que asegurar que el poder en todos los niveles de gobierno se estructure y distribuya de tal forma que dé voz y participación real a los excluidos y provea los mecanismos por los cuales los poderosos –sean líderes políticos, empresarios u otros actores- estén obligados a rendir cuenta de sus acciones, tansparentándolas. En esta tarea, no hay atajos, consolidar la democracia es un proceso, no un acto aislado.

Pero hacer que las instituciones públicas se desempeñen efectivamente es sólo una parte del desafío. La otra es demostrar a ciudadanas y ciudadanos que los gobiernos democráticos trabajan en las cuestiones verdaderamente preocupan a la gente, que son capaces de dar respuesta a esas cuestiones y que están sujetos al efectivo control ciudadano cuando no cumplen. Porque como nos recuerda Sartori (1993:238):

El planteamiento económico se puede resumir así: cuanto más una democracia se apoye sobre el bienestar y se espera que lo distribuya, igualmente exige una economía creciente, es decir, un pastel que crezca de tal modo que permita, cada vez más, un reparto mayor. En cuanto al planteamiento político, los ciudadanos con derechos y voz sólo en el contexto de estructuras políticas, económicas y sociales deberán romper el poder concentrado mediante una multiplicidad de poderes intermedios y equilibrados.

En la práctica, el desafío también implica construir instituciones legislativas y judiciales que protejan los derechos humanos y generen un espacio para un debate político vigoroso pero pacífico; una fuerza policial que garantice calles y fronteras seguras; un poder descentralizado para que la gente en cada localidad pueda movilizarse para asegurar escuelas con maestros bien capacitados y hospitales con equipo y medicamentos apropiados; una floreciente sociedad civil y una prensa libre que participen plenamente en la profundización de la democracia y estén en la vanguardia de la lucha contra la corrupción y la mala administración de los gobiernos y empresas por igual. A este respecto, dice Sartori (1993:317): “El hombre es una criatura débil que resiste mal la tentación. Y el político es, para caer en la tentación, el más débil de los hombres”.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de las Naciones Unidas –que van desde reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre, a asegurar que todas las niñas y los niños asistan a la escuela para el año 2015- brindan un vehículo para ayudar a atender estas cuestiones a nivel nacional y regional. En un sentido muy real, los ODM constituyen el primer manifiesto global para mujeres y hombres, niñas y niños de todo el mundo: un conjunto de cuestiones concretas, sintéticamente enunciadas y medibles que cualquiera puede comprender y honrar.

Como parte de un pacto global entre países ricos y pobres y por el compromiso asumido por el mundo desarrollado de apoyar a las naciones en desarrollo que realizan reformas de buena fe, los ODM ofrecen una oportunidad real para canalizar el apoyo externo en términos de acceso a mercados, alivio de la deuda y mayor asistencia, que tantos países latinoamericanos necesitan desesperadamente para impulsar sus propios esfuerzos.

Si México, América Latina, El Caribe, y el mundo entero, aprovechan esta oportunidad, existe entonces una posibilidad contundente de construir un nuevo círculo virtuoso a través del cual un crecimiento económico renovado empuje los ODM, y simultáneamente ayude a construir y sostener democracias más efectivas y capaces de acelerar un progreso social y económico equitativo. Pero para hacer realidad esta visión, las latinoamericanas y los latinoamericanos y, en especial, los líderes en todos los ámbitos tendrán que confrontar decididamente las cuestiones críticas que afectan la gobernabilidad democrática y deberán asegurar que desarrollo y democracia no continúen siendo entendidos como alternativos sino como dos lados de la misma moneda.

El panorama se torna aún más complejo si se tiene en cuenta que varios factores indispensables para la gobernabilidad democrática, tales como unos medios de comunicación libres, honestos e imparciales, una sólida y real protección de los derechos humanos, un poder judicial independiente, responsable y vigoroso, requieren todavía ser sustancialmente fortalecidos y, más importante aún, legitimados por la ciudadanía. Aunado a esto, muchos grupos tradicionalmente excluidos no tienen acceso al poder a través de los canales formales y por ende manifiestan sus frustraciones por vías alternativas, en algunas ocasiones, por medio de expresiones violentas, ilegales e ilícitas.

Como lo indica el estudio “¿Crecimiento Inequitativo? Distribución del ingreso y pobreza en los países de la OCDE”, recientemente publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2008), la diferencia de ingresos entre ricos y pobres en los países miembros de la organización se ha incrementado de manera notable en los últimos 20 años, ya que esa diferencia ha crecido en promedio 7 por ciento. En otras palabras, en vez de disminuir la brecha entre los ricos y los pobres, esta se ha  ampliado. El informe dice que México se encuentra en el último lugar de la lista en cuanto a las disparidades, ya que “la distancia entre el ingreso de la clase media y el del sector más rico es mayor que la de cualquier otro país”, como ya lo habíamos mencionado. Es inaudito que existan estas profundas diferencias. Los niños y los ancianos son los mayormente vulnerados, ya que “22 por ciento de los niños y cerca de 30 por ciento de la gente mayor de 65 años de edad vive en hogares con un ingreso inferior al de la línea de pobreza”, indica la OCDE (Favre, 1992).

En estas condiciones extremas, el sentido de la vida se pierde en amplios sectores de estas poblaciones. La depresión y baja autoestima se agudizan por la falta de oportunidades de empleo y de estudio, situación que produce apatía que se traduce en deserción escolar, vagancia y en el peor de los casos tendencia al consumo de drogas, a la violencia y a la delincuencia, aparentemente como única opción de vida. Sin vislumbrar un buen futuro, se muestran indiferentes ante la política o la participación en organizaciones sociales, en el voluntariado o en la ayuda a los demás. La vida se convierte en un sinsentido y todo es percibido como gris, opaco y triste.

Por ejemplo, en una encuesta reciente realizada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), se dio a conocer que más de 30 por ciento de las mujeres jóvenes ha pensado que vale más la pena morir que vivir, y casi un 17 por ciento de ellas ha sentido, pensado o intentado el suicidio.

Todo lo anterior demuestra que las consecuencias de las crisis económicas no se reducen a meras cifras o estimaciones macroeconómicas sino que, por el contrario, la brutalidad de la situación se traduce en el aumento de la angustia crónica y creciente de las personas, que se sienten impotentes y abandonadas a su suerte.

Por otro lado, la crisis generada por  la insuficiencia y falta de seguridad alimentaria a escala mundial, unido al alza de los precios del petróleo, se ha hecho sentir en todos los confines del globo. Los países pobres, de economías débiles y con sistemas políticos democráticos, tanto incipientes como en estado de consolidación –como lo son prácticamente todos los de América Latina y el Caribe, y México-, deben acelerar el paso y acercarse a una búsqueda real de soluciones y esquemas racionales de convivencia y satisfacción  ciudadanas (Hobsbawn, 2005).

El abandono de las actitudes de sometimiento servil a las indicaciones de Washington, los banqueros mundiales y las empresas multinacionales, para adoptar como prioridad los intereses nacionales y sociales, es condición indispensable para lograr un mínimo de efectividad en el combate a la pobreza, la exclusión y el saqueo de los recursos nacionales (Villegas, 2003:92).

Predomina, además, la percepción generalizada de que en gran parte de los países de estas regiones, la dirigencia política y las instituciones, incluyendo el poder legislativo, los partidos políticos, el poder judicial, la burocracia gubernamental e incluso los mismos presidentes, no están respondiendo a la altura de las circunstancias en cuanto al progreso y no retroceso de los procesos democráticos que se dicen postular y defender.
En general, las principales percepciones de rechazo hacia dichos gobiernos se refieren al incumplimiento, cabalmente, de las funciones gubernamentales de representar y legislar, de juzgar y arbitrar, de formular y ejecutar políticas, y de controlarse mutuamente; a esto se suman la deficiencia de medidas efectivas para el  manejo de  los desafíos actuales, tanto como la insatisfacción y aspiraciones de las grandes mayorías por alcanzar niveles de desarrollo más equitativos, más justos.
La gobernabilidad democrática de estos países debe ser defendida a toda costa, teniendo siempre presente que para que se tenga gobernabilidad es necesario gozar de credibilidad y legitimidad. De otra manera,  se cae con facilidad en crecientes sentimientos de incredulidad, de insatisfacción, de descontento, de desilusión y de desconfianza ciudadana en las instituciones políticas, con la consecuente pérdida de legitimidad de la democracia representativa como sistema de gobierno. La pérdida de confianza y el deterioro de la legitimidad de las instituciones y de sus líderes políticos  se evidencian cuando de forma generalizada la ciudadanía pierde el respeto por las autoridades.  Si el estado se halla al servicio de una clase o de un grupo, deja de haber democracia y ese Estado debe ser combatido. (Jacquard, 2004:157)
La coyuntura puede incluir periódicamente, de manera separada o combinada, frecuentes conflictos políticos e interinstitucionales (entre poderes o aún entre sus titulares funcionarios), irrespeto de las leyes, corrupción e impunidad, fraudes electorales, huelgas, protestas y marchas políticas, rechazo a las autoridades, desobediencia civil, violencia, auge de la narcoactividad. Y otras que vendrán si no se hace algo pronto para contrarrestar el desencanto (Hoffe, 2000).

Las sociedades democráticas se sostienen en una sutil y frágil red de confianza. Confianza en que las reglas del juego serán respetadas, en principio, por todos; confianza en que existen instituciones imparciales que garantizan el respeto y sancionan los incumplimientos de las normas; confianza en que las políticas públicas tienden a buscar el bienestar colectivo y no el de unos pocos. Y para que esa confianza exista y se renueve, se requiere, entre otros factores, un gobierno que respete los valores que proclama. Frente a ello, es evidente que una de las mayores amenazas para poder sostener tal red de confianza es la corrupción, en general, y, sobre todo, la corrupción de los gobiernos (Eigen, 2004:133).

Existe pues, un correlato político para la unidad de lo individual y lo universal: el Estado-nación. La forma política fundamental de la modernidad resulta ser, en sí misma, una laboriosa negociación entre lo individual y lo universal (Bennett, 1998). El Estado-nación es aquel ámbito en el que se encarna una comunidad potencialmente universal de ciudadanos libres e iguales (Eagleton, 2001:91-95).

Palabras finales

Concluyendo, podemos decir que la democracia y sus particulares formas de ejercicio, por precarias que parezcan, manifiestan cultura; cultura en toda la extensión de la palabra, es decir, con sus inagotables riquezas. Y, como todo fenómeno cultural,  la democracia es un proceso de aprendizaje. América Latina debe salir de una vez por todas de la trampa maniqueísta que la llevó a creer durante décadas que el protagonista exclusivo de la democracia era el Estado y el actor principal de la libertad era el mercado, como en su momento lo confirmo la propia UNESCO en 1997.
Por lo tanto, el desafío ético en México, América Latina y El Caribe es también cultural y consiste en que se defina simplemente que el fin de la autoridad es el bien común y no el poder, y que la dignidad de la persona es el fundamento claro de la ciudadanía.

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