POLÍTICA Y DERECHO. ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA DIVERSIDAD DEMOCRÁTICA

Mario Jesús Aguilar Camacho

11.- Concepto de  juicio político

          Otra figura jurídica importante es El Juicio Político,  el cual es independiente de la Declaración de Procedencia pero que están íntimamente relacionados, se da bajo ciertas circunstancias previamente establecidas en el artículo 110 Constitucional. Por lo que es importante conocer este concepto.

          “Por juicio político se entiende el procedimiento que se sigue contra algún alto funcionario del estado para desaforarlo o aplicarle la sanción legal conducente por el delito oficial que hubiese cometido y de cuya perpetración se le declare culpable. En el primer caso, a dicho procedimiento se le denomina también antejuicio, puesto que sólo persigue como objetivo eliminar el impedimento que representa el fuero para que el funcionario de que se trate quede sometido a la jurisdicción de los tribunales ordinarios que deban procesarlos por el delito común de que se haya sido acusado. En cambio en el segundo caso, el aludido procedimiento si reúne las esenciales características de un proceso, ya que culmina con un acto jurisdiccional, llamado sentencia, en el que se impone la pena legalmente decretada por el delito oficial del que el alto funcionario haya sido declarado responsable. Dentro del orden constitucional mexicano se prevén las dos especies de procedimiento a las que puede someterse a los altos funcionarios de la federación. Estos dos distintos procedimientos obedecen a la diferente naturaleza del delito que imputa a cualquiera de dichos funcionarios, es decir, el común y el oficial.
Si el delito es común, o sea, susceptible de cometerse con independencia de la función pública o fuera de ella, corresponde a la cámara de Diputados declarar por mayoría absoluta de votos del número total de miembros que la formen, si ha lugar o no a proceder contra el acusado (art. 109 Constitucional). Esta declaración debe estar precedida, en obsequio de la garantía de audiencia instituida en el artículo 14 constitucional. Si la declaración que emita la cámara de diputados es en el sentido de que procede la acusación contra el alto funcionario, este ipso facto queda separado de su cargo y sujeto inmediatamente a la jurisdicción de los tribunales ordinarios y a la acción del ministerio público, por tanto en el caso de delitos no federales como federales (art.109 Const. párrafo tercero). Dicha declaración se llama en el lenguaje usual desafuero porque remueve el fuero de no procedibilidad del que, por razón de su cargo, está investido el alto funcionario.
En el caso de que se trate de algún delito oficial que se impute a cualquier alto funcionario federal que mencione el primer párrafo del artículo 108 constitucional, la acusación respectiva debe presentarse ante la cámara de diputados, la cual debe hacerla valer ante el senado, el que, erigió en jurado de sentencia, puede declara por mayoría de las dos terceras partes del total de sus miembros, que el funcionario imputado es culpable, quedando merced a esta declaración, privado de su puesto e inhabilitado para obtener otro por el tiempo que determine la ley (art.111 párrafo primero). Antes de que el Senado pronuncie sentencia en los términos indicados, el alto funcionario acusado tiene derecho a ser oído en defensa y de aportar y promover todas las pruebas y diligencias que considere pertinentes para desvirtuar los cargos, las cuales se desahogan y practican dentro del procedimiento que marcan los artículos 19 al 62 de la Ley de Responsabilidades vigente.
” ( BURGOA Ignacio, 1991, p. 564 a 566)

 

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