EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA EN LOS CULTIVOS DE PALMA AFRICANA EN EL DEPARTAMENTO DEL META

Juan Manuel Ochoa Amaya
Ernesto Leonel Chávez Hernández

6.2 UNA SÍNTESIS SALUDABLE

Como puede verse hay impulsores y detractores del cultivo y aunque habría muchos elementos para atacar el cultivo de palma desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental y social, es una realidad que el gobierno y muchos inversionistas están haciendo una apuesta productiva de largo plazo orientada a posicionar los derivados de la palma de aceite en el mercado nacional y mundial.

En este orden de ideas, la política agrícola está orientada a favorecer los cultivos de tardío rendimiento mediante estímulos directos como los otorgados a través del Incentivo a la Capitalización Rural ICR o exenciones tributarias como las establecidas en la ley 818 de 2003 y el decreto 1970 de 2005. Por tanto, ante esta realidad del momento sería no solo absurdo sino irracional oponerse obstinadamente a la expansión del cultivo.

Sin embargo, lo que si se requiere es una análisis de los puntos principales de los críticos con el objeto de buscar la concordia entre los grupos de población involucrados directa o indirectamente en el cultivo de palma, porque la apuesta es muy firme de manera que no se observan en el corto plazo modificaciones que indiquen variaciones importantes sobre este particular.

Por lo anterior, la situación puede resumirse en la propuesta, como política de Estado, de posicionar el cultivo de la palma africana con el objeto de producir aceite para elaboración de alimentos y como biocombustibles porque serviría como uno de los commodities que le permitirían al País posicionarlo con un perfil competitivo. Este renglón contribuiría a la generación de divisas, generaría empleo y posicionaría a Colombia como una de las economías emergentes más dinámicas y con posibilidades de emprender lo que Rostow llamara en su momento el despegue hacia un crecimiento autosostenido.

El cultivo de palma traería además beneficios ambientales porque el oxígeno liberado por los árboles compensaría con creces el CO2 producido por el biocombustible producido a partir del aceite vegetal. Adicionalmente, se utilizarían recursos actualmente ociosos en potreros que actualmente no se estarían utilizando de forma productiva.

Adicionalmente, los ingresos por divisas ayudarían a balancear la balanza de pagos, y en el frente interno generaría ingresos no solo para los inversionistas, sino para los trabajadores y los fiscos municipales y nacionales si se tiene en cuenta que ésta actividad productiva formal, a pesar de las exenciones es objeto del Impuesto al Valor Agregado, el predial, el de Industria y Comercio entre otras contribuciones lo que a su vez se transforma en la dotación de infraestructura y otros bienes y servicios de beneficio general.

Habría también algunos beneficios indirectos como por ejemplo la reducción  de la violencia, pues en la medida en que haya empleos estables y productivos, quienes los tienen son fuerzas que se le restan a la insurgencia, más aún si estas personas tienen además de trabajo un pedazo de tierra de su propiedad, o una participación en una cooperativa de trabajo que de manera colectiva detenta un título de propiedad en una plantación tal como se propuso a finales de los años noventa en las denominadas Alianzas Productivas para la Paz, un proyecto formulado en los inicios de la administración Pastrana Arango y que estaba inspirado en la experiencia que había vivido Malasia a mediados de los años cincuenta cuando ese País asediado por las guerrillas comunistas decidió con el apoyo del gobierno británico emprender una serie de reformas estructurales y una redistribución de tierras para sembrar precisamente palma de aceite. La propuesta para Colombia estuvo asesorada por Arturo Infante Villarreal, quien como ex embajador de en Malasia conocía en detalle el proceso.

Sin embargo, los detractores señalan que si bien la competitividad podría lograrse, los costos de ésta se pasarían a los trabajadores vía reducción de salarios y deterioro general de sus condiciones de vida. En otras palabras, se configuraría lo que se conoce en el argot económico como dumping social. Esta reducción se haría mediante formas disfrazadas de contratación como la sustitución de los contratos directos por la compra de servicios a las cooperativas de trabajo asociado u otras formas de intermediación como los contratistas y las empresas temporales.

Además, existe la impresión de que estímulos como los establecidos en la Ley 101 de 1991 estuvieron diseñados para transferir cuantiosos recursos públicos a las empresas privadas mediante mecanismos como el Incentivo a la Capitalización Rural ICR, el Certificado de Incentivo Forestal CIF, y otros más recientes como el Agro Ingreso Seguro AIS. De manera que las empresas utilizan mecanismos como las llamadas cooperativas de trabajo, precisamente para maximizar la obtención de subsidios por parte del Estado.  Adicionalmente, las empresas que siembren palma gozan de significativas reducciones de impuestos de manera que la obtención de beneficios, ya mediante la recepción directa de recursos públicos o mediante la exoneración del pago de tributos, constituirían una de las peores injusticias sociales lo cual explicaría las asimetrías en la distribución del ingreso que caracterizan al País entre los peores del mundo en este aspecto si se considera el coeficiente Gini como el indicador adecuado.

De otra parte, al cultivo de la palma se le asocia con la expansión del paramilitarismo de lo cual dan cuenta las masacres de Mapiripán, San Carlos de Guaroa, varias poblaciones de Córdoba, Magdalena y el Urabá antioqueño y los conflictos por tierra y amenazas en las poblaciones de Tumaco, Jiguamiandó y Curvaradó, solo para nombrar los más conocidos.

Desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental se argumenta que el monocultivo altera los ecosistemas en la medida en que arrasa bosques para dedicarlos a un único cultivo y que esto afecta la fauna y la flora nativas y que algunas tierras actualmente dedicadas a la producción de alimentos se verían reorientadas hacia la palma para la producción de biocombustibles lo que pondría en peligro la seguridad alimentaria de los colombianos.

De otra parte, una de las críticas apunta a mostrar que los cultivos de la palma, aparte de ser muy poco intensivos en mano de obra (se genera un empleo directo por cada 10 hectáreas y se espera llegar a uno por cada 15), las utilidades de las empresas no se ven reflejadas en su área de influencia si se consideran indicadores como la infraestructura de servicios públicos; el estado de las vías y edificaciones públicas y los índices de calidad de vida o el de Necesidades Básicas Insatisfechas NBI. Esta situación, es característica no solo de los municipios aledaños a las plantaciones de palma africana, sino otros como los de la zona bananera.

Finalmente, se argumenta que se estaría violando el derecho de asociación porque al sustituir el contrato de trabajo por la compra de servicios, se atenta contra el derecho de asociación porque en la práctica está proscrita la formación de sindicatos o asociaciones gremiales por fuera de las cooperativas auspiciadas por las empresas. Este es uno de los puntos más controversiales y que se ha puesto muchas veces como elemento de discusión desde las mesas de concertación salarial con el gobierno, hasta en el Tratado de libre comercio que Colombia espera firmar con los Estados Unidos de Norteamérica siempre y cuando el presidente Obama decida incluirlo dentro de su agenda.

Estos son, en síntesis, los principales argumentos que se esgrimen para justificar o para atacar los cultivos de la palma de aceite y seguramente la situación no es una realidad de blanco o negro, sino que la realidad está conformada por una gama de grises con diferentes matices. Dicho de otra manera, quizás ni las plantaciones son responsables del atraso y la miseria por eludir el pago de impuestos ni todas se han valido de la violencia paramilitar para imponer su dominio, pero seguramente se pueden reconsiderar las nuevas formas de contratación y respetar el derecho de asociación de los trabajadores sin poner en entredicho la sostenibilidad económica, social y ambiental de la palma, la cual se puede constituir en una importante fuente de divisas para el País y el Gobierno podría revisar la estructura tributaria de manera que se corrijan las asimetrías y la arquitectura actual que los críticos suponen injusta y sumamente regresiva.

Con base en esta serie de argumentos, a continuación se presentan algunas evidencias que contribuyen a ilustrar cada punto de vista, a partir de información oficial o de información primaria obtenida directamente  en las plantaciones.


Véase La economía del subdesarrollo. Madrid, Tecnos, 1973.

El argumento se explica porque el Fondo Financiero Agropecuario Finagro, establece como requisito para otorgar hasta el 40% del valor del proyecto, a que los beneficiarios sean pequeños productores; en tal caso, una cooperativa presenta el proyecto como suyo, pero el operador y quien controla los recursos es la empresa, mecanismo muy conocido en todas las empresas palmeras del País.

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